La Asociación Obrera Minera Argentina inició una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operadora del proyecto Fénix de Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con la seguridad en la alta montaña. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las proyecciones de fuerte generación de empleo asociadas al desarrollo minero.

Un nuevo conflicto laboral paraliza el proyecto de litio Fénix en Catamarca. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operada por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.

El reclamo combina dos cuestiones: una actualización de los ingresos de los trabajadores y mayores garantías de seguridad para quienes cumplen tareas en la Puna, donde las operaciones se desarrollan a gran altura y bajo condiciones meteorológicas que pueden volverse extremas. La medida afecta a una operación que ya había enfrentado una protesta sindical en febrero, durante los primeros meses de Río Tinto al frente del proyecto.

El antecedente más delicado ocurrió en julio. Un grupo de trabajadores quedó aislado durante un temporal de nieve mientras se trasladaba desde el área de Fénix hacia Antofagasta de la Sierra. Los operarios permanecieron varios días en una zona ubicada por encima de los 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a registros cercanos a los 24 grados bajo cero. El rescate demandó maquinaria pesada, equipos de emergencia y apoyo de distintos organismos.

Derivado de dicho suceso, el gremio minero objetó los procedimientos de movilidad invernal mediante presentaciones formales ante los organismos provinciales competentes. En contraposición, la compañía constató la ejecución de sus protocolos de emergencia y el fortalecimiento de los sistemas preventivos en el yacimiento Fénix.

El nuevo paro adquiere relevancia más allá de la disputa salarial porque se produce en una de las operaciones que simbolizan la apuesta argentina por el litio y la llegada de grandes inversiones internacionales. Río Tinto tomó el control de Fénix tras la adquisición de Arcadium Lithium y también desarrolla en Catamarca el proyecto Sal de Vida.

La discusión laboral coincide, además, con las ambiciosas expectativas oficiales sobre la capacidad de la minería para generar empleo. En la apertura de las sesiones ordinarias de 2026, Javier Milei sostuvo que la Cordillera podría generar un millón de puestos de trabajo si la Argentina desarrollara su potencial minero con reglas similares a las de Chile.

Las estadísticas disponibles muestran, sin embargo, una expansión mucho más gradual. Según datos de la Secretaría de Minería correspondientes a marzo de 2026, el empleo minero formal directo alcanzó 40.141 trabajadores, un 1,2% más que un año antes: fueron 491 puestos adicionales en doce meses. La minería representa así alrededor del 0,6% del empleo asalariado privado registrado.

Dentro de ese universo, el litio registró 5.382 empleos, con un crecimiento interanual del 6,5%, equivalente a 327 trabajadores adicionales. La minería metalífera, en tanto, concentró 13.026 puestos y explicó el 32,5% del empleo minero formal directo.

La diferencia entre las cifras actuales y las proyecciones no implica que la expansión minera carezca de impacto laboral. La Cámara Argentina de Empresas Mineras calcula unos 116.000 empleos directos e indirectos vinculados con la minería y proyecta una expansión significativa de esa cifra con el desarrollo de los grandes proyectos de cobre y litio. Son estimaciones empresariales que incluyen empleo directo, contratistas y proveedores, por lo que no resultan comparables de manera directa con el registro oficial de empleo minero directo.

También el RIGI exhibe una magnitud considerable en términos de inversión anunciada. El Gobierno informó en agosto que los proyectos oficialmente aprobados bajo ese régimen alcanzaban los US$46.700 millones, con una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos; al incorporar iniciativas aprobadas pendientes de publicación, la cifra ascendía a unos US$49.000 millones.

Más allá de las cifras de inversión, el conflicto de Fénix abre el debate sobre el empleo en alta montaña. Las mineras buscan la continuidad de sus proyectos, mientras que los trabajadores exigen salarios dignos y protocolos eficaces ante un clima y una geografía extremos.

El sindicalismo argentino ingresará en octubre con una nueva confrontación sobre la modalidad y el alcance de sus protestas. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores confirmaron una jornada nacional de paro y movilización para los últimos días del mes, mientras mantienen conversaciones con la CGT para intentar convertirla en una medida conjunta. La fecha todavía no está definida, aunque en las conversaciones aparece como posibilidad el período comprendido entre el 28 y el 30 de octubre.

La decisión fue adoptada por la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, durante una reunión encabezada por su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy. La central anunció además un cronograma de huelgas, movilizaciones y actividades articuladas con organizaciones sindicales y sociales. Entre los reclamos mencionados por la conducción aparecen salarios, empleo y el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.

La convocatoria de las dos CTA introduce ahora una definición pendiente para la CGT, que este martes reunirá a más de 20 organizaciones en la sede de la UOCRA, a partir de las 16. El encuentro de la mesa chica ampliada contará con la participación de los cotitulares de la central, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del anfitrión Gerardo Martínez. Allí se analizará la continuidad de las medidas impulsadas durante los últimos meses y la posibilidad de una nueva movilización en octubre.

La CGT ya había anticipado que mantiene abierto el debate sobre una eventual medida de fuerza general, aunque su conducción todavía no fijó una fecha. Cristian Jerónimo señaló que la central no descarta un paro si no se abre una instancia de diálogo, mientras que la conducción cegetista viene evaluando distintas modalidades de protesta antes de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

La agenda de octubre comenzará incluso antes de esa definición. El 1° de octubre está previsto el acto de asunción de las autoridades nacionales de la CTA Autónoma para el período 2026-2030. Dos días después, jóvenes de la central participarán de la peregrinación a Luján y, el 6 de octubre, la FENAT acompañará actividades vinculadas con la eliminación del programa Volver al Trabajo.

El calendario también contempla la participación de la CTA en la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para octubre, en una agenda de protesta que incluye los reclamos de docentes y trabajadores de las universidades nacionales. La CONADU Histórica, además, convocó a un paro de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Otro punto será la movilización convocada por FeTERA para el 26 de octubre frente a Atucha, vinculada con la defensa de la soberanía energética. La sucesión de medidas refleja la intención de las centrales de mantener una agenda sindical activa durante todo el mes, aunque cada organización conserva sus propias convocatorias y objetivos.

La coordinación entre las tres centrales será, por lo tanto, una de las principales definiciones pendientes. Las dos CTA ya tienen acordada una jornada de paro y movilización, mientras la CGT debe resolver si acompaña esa convocatoria, impulsa una acción propia o mantiene una modalidad diferenciada. Las conversaciones entre las conducciones permanecen abiertas y todavía no existe una convocatoria tripartita formal.

La discusión llegará además a un mes condicionado por la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. La CGT tiene previsto participar de un encuentro con el Papa el 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, junto con representantes empresariales y de movimientos sociales. Ese compromiso forma parte del calendario que la conducción cegetista contempla al momento de definir sus próximas acciones.

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.