El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.

Las trabajadores de casas particulares comenzaron agosto con nuevos valores salariales. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos de julio, acompañado por una suma extraordinaria no remunerativa que se abonará por única vez.

La actualización forma parte de un esquema que contempla nuevos aumentos para los meses siguientes y alcanza a las distintas categorías previstas para el personal de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro.

Casas particulares: los nuevos salarios que rigen desde agosto de 2026

Cómo serán los aumentos de los salarios

El primer incremento tendrá efecto retroactivo al 1° de agosto y funcionará como base para las actualizaciones posteriores. El cronograma acordado contempla una suba de:

• 1,9% en agosto,
• 1,8% en septiembre,
• 1,7% en octubre,
• 1,6% en noviembre
• 1,6% en diciembre.

Se trata de un aumento promedio del 8,6% para los próximos cinco meses.

Según indicó Bae Negocios, los porcentajes se aplicarán sobre las escalas salariales vigentes y deberán ser contemplados por los empleadores en cada liquidación mensual.

La actualización alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares:

• supervisores,
• personal para tareas específicas,
• caseros,
• asistencia
• cuidado de personas
• trabajadores de tareas generales.

Las nuevas escalas serán referencia tanto para quienes cobran por hora como para quienes cumplen jornadas mensuales completas.

De cuánto es el bono extraordinario

Además de las subas porcentuales, el acuerdo contempla un bono no remunerativo que se pagará por única vez junto con los salarios de agosto. El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Quienes trabajen menos de 12 horas semanales recibirán $8.000; para quienes cumplan entre 12 y menos de 16 horas, el bono será de $11.500. En tanto, quienes trabajen 16 horas semanales o más recibirán $20.000.

Por tratarse de una suma extraordinaria y no remunerativa, el bono se abonará de manera independiente del salario habitual. Los empleadores deberán contemplarlo al momento de liquidar los haberes de agosto, junto con el aumento correspondiente.

Escala salarial de empleadas domésticas en agosto de 2026

Con la actualización salarial, los nuevos valores estimados son:

Supervisor/a

• Con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 por mes.
• Sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 por mes.

Personal para tareas específicas

• Con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 por mes.
• Sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 por mes.

Caseros

• $4.072,38 por hora.
• $514.903,51 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.
• Sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 por mes.

Personal para tareas generales

• Con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 por mes.
• Sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

El nuevo esquema regirá durante los próximos meses y deberá ser tenido en cuenta en las liquidaciones salariales de agosto y los meses siguientes. Así, el acuerdo establece una actualización gradual de los ingresos del sector hasta diciembre.

Un informe del Instituto Argentina Grande – (IAG) – revela que el 47,7% de los hogares debió utilizar ahorros, endeudarse o vender bienes para cubrir sus gastos durante el primer trimestre. El doble endeudamiento creció 117,9% desde 2023 y afecta a más de 600.000 familias.

La utilización de ahorros alcanzó al 36,1% de los hogares, equivalente a 3.690.760 familias en las que viven alrededor de 11,1 millones de personas. Se trata del registro más elevado de la última década, con excepción de 2024, y representa un incremento del 18,1% respecto del primer trimestre de 2023.

Pero el endeudamiento adquirió una dimensión todavía mayor. Unos 2,5 millones de hogares contrajeron obligaciones para afrontar gastos corrientes. La deuda bancaria alcanzó a 1.505.803 familias, un 55,9% más que en 2023, mientras que 1.655.833 recurrieron a familiares, amigos o conocidos.

El dato más crítico aparece entre quienes debieron utilizar ambas vías simultáneamente. 603.943 hogares se endeudaron tanto con entidades financieras como con personas de su entorno, un universo que aumentó 117,9% desde el primer trimestre de 2023. En apenas tres años, 326.810 familias ingresaron a esta condición de mayor vulnerabilidad financiera.

Otra señal del deterioro aparece en la venta de bienes. Casi un millón de hogares —el 9,8% del total— tuvo que desprenderse de pertenencias para cubrir sus necesidades. La cantidad creció 35,4% frente a 2023, con unos 261.000 hogares adicionales obligados a utilizar sus bienes como fuente de ingresos.

Mujeres y adultos mayores, entre los más afectados

La presión sobre los ingresos tampoco se distribuye de manera uniforme. En los hogares encabezados por mujeres, la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios aumentó 6,4 puntos porcentuales desde 2023, el doble del incremento registrado entre aquellos con jefatura masculina.

Los adultos mayores también enfrentan un deterioro significativo. El informe señala que el 41% de los hogares encabezados por personas de 66 años o más tuvo que recurrir a alguna de estas alternativas, 7,1 puntos por encima del registro de 2023. La combinación de menores ingresos previsionales y mayores gastos en salud y medicamentos empuja a parte de este grupo a buscar nuevamente ingresos laborales.

Entre los hogares encabezados por personas de 51 a 65 años, la proporción llega al 49,8%, el nivel más elevado de todos los grupos etarios relevados.

La presión también alcanza a los hogares de ingresos medios: 51,9% no consigue cubrir sus gastos mensuales con los salarios. Allí, el recurso más utilizado es el ahorro, al que apela el 40,3%, mientras que el endeudamiento bancario alcanza al 18,8%. En las familias de menores ingresos, en cambio, predomina el recurso a familiares y conocidos, utilizado por el 20,4%.

La pérdida salarial detrás del endeudamiento

El IAG vincula este deterioro con la pérdida del poder de compra. Según sus cálculos, durante el primer trimestre el salario real de los trabajadores privados registrados se encontraba 5,4% por debajo de 2023. La pérdida llega al 14,8% entre los empleados públicos provinciales y al 38,2% entre los trabajadores de la administración pública nacional.

La sucesión de datos muestra una transformación en la economía cotidiana de millones de familias: cuando el ingreso laboral deja de alcanzar, primero aparecen los ahorros, luego el crédito y, en los casos más extremos, la venta de bienes. El crecimiento simultáneo de esas alternativas refleja una capacidad de respuesta familiar cada vez más limitada frente al costo de vida.