El Ministerio de Capital Humano resolvió cumplir con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana y transferirá $72 mil millones antes del 7 de mayo. La decisión alcanza a más de 950 mil titulares del programa y reconfigura la relación del Gobierno con los reclamos sociales y judiciales.

El Ejecutivo nacional dispuso finalmente la reactivación de los pagos correspondientes al programa Volver al Trabajo, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana. La resolución implica el desembolso de $72 mil millones destinados a más de 950 mil beneficiarios, quienes percibirán $78.000 antes del 7 de mayo.

La decisión, formalizada a través de la Resolución Nº 317/2026 firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca un punto de crucial en la postura oficial frente a los reclamos vinculados a políticas sociales. Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el Ejecutivo optó por acatar el fallo judicial, en contraste con antecedentes recientes en los que había sostenido una línea más restrictiva frente a resoluciones de la Justicia.

El pronunciamiento judicial se apoyó en el carácter alimentario de la prestación y en la dimensión colectiva del derecho involucrado, argumentos que resultaron determinantes para ordenar la continuidad de los pagos. La intervención del tribunal introdujo un elemento de urgencia en la gestión del conflicto, que había escalado a partir de la suspensión de transferencias y la consecuente reacción de organizaciones sociales.

En este aspecto, la respuesta de los movimientos territoriales contribuyó a acelerar el desenlace. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a decenas de agrupaciones, habían articulado un plan de protesta de alcance nacional, con cortes previstos en numerosos puntos del país. La medida fue desactivada tras conocerse la resolución judicial y la decisión administrativa de avanzar con los pagos.

Desde los espacios organizados que impulsaron las acciones, la determinación fue interpretada como el resultado de una estrategia combinada de judicialización y movilización. Voceros de estas organizaciones destacaron la relevancia del fallo y subrayaron la necesidad de sostener la vigilancia sobre su cumplimiento efectivo, ante la posibilidad de nuevas instancias judiciales que definan la continuidad del programa.

El episodio también deja expuesta la presión entre el enfoque de ajuste promovido por la administración nacional y las demandas de los sectores más desfavorecidos, para quienes estas transferencias representan un ingreso esencial. La decisión de cumplir con la cautelar introduce un matiz en esa dinámica, al evidenciar los límites que imponen tanto el sistema judicial como la capacidad de articulación de los actores sociales.

El Gobierno nacional resolvió sostener sin modificaciones el esquema de refuerzo previsional y confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante el mes de mayo. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

Con el ajuste correspondiente al índice de precios de marzo —que registró un incremento del 3,4%—, las jubilaciones mínimas se ubicarían por encima de los $463.000 en mayo, incluyendo el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno justificaron la continuidad del bono en la necesidad de atenuar los efectos de la inflación sobre los ingresos previsionales. En el texto oficial se cuestiona el funcionamiento de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, señalando que no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios y generaba un desfasaje entre las variables económicas y su impacto en los haberes.

En ese sentido, el Ejecutivo sostiene una política de compensaciones adicionales que se mantiene vigente desde comienzos de 2024. Inicialmente, el refuerzo fue de $55.000 durante los primeros meses de ese año, para luego incrementarse a $70.000, nivel que se conserva hasta la actualidad.

El decreto precisa que el bono tiene carácter extraordinario, no es susceptible de descuentos ni se integra al haber mensual a los efectos de otros cálculos. Asimismo, establece que en el caso de pensiones con más de un beneficiario, el monto será considerado como una única prestación a los fines de su liquidación.

En cuanto al alcance, el refuerzo está dirigido a titulares de jubilaciones contributivas administradas por la ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y perceptores de pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, entre otras.

Con una resolución dictada en tiempo récord, la Sala IV apartó a la Justicia del Trabajo del expediente impulsado por la CGT y ordenó su traslado al fuero contencioso administrativo federal. La decisión contradice el criterio del fiscal general Rodrigo Cuesta y reabre la disputa por la competencia, que podría escalar hasta la Corte Suprema.

La controversia judicial en torno a la reforma laboral sumó un cambio de rumbo institucional. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley 27.802 debe tramitar fuera del ámbito laboral, en una decisión que redefine el encuadre del litigio y altera la estrategia procesal de la central obrera.

El pronunciamiento, suscripto por los jueces Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, fue dictado pocas horas después de que el fiscal general Rodrigo Cuesta recomendara sostener la competencia en la Justicia Nacional del Trabajo. La celeridad del fallo y su contenido configuran un revés significativo para la CGT, que buscaba sostener en ese fuero la discusión sobre la constitucionalidad de la norma.

El núcleo argumental de la resolución se apoya en la vigencia inmediata del artículo 79 de la ley cuestionada, que establece que cuando el Estado Nacional sea parte en litigios de índole laboral, la intervención corresponde al fuero contencioso administrativo federal. Para los magistrados, se trata de una disposición de orden público, plenamente operativa, cuya aplicación no admite postergaciones.

En ese sentido, la Sala IV descartó el planteo del Ministerio Público Fiscal, que había supeditado la eficacia de la norma a la concreción de acuerdos de transferencia de competencias hacia la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces enfatizaron que no existe un derecho adquirido a litigar bajo un determinado régimen procesal y recordaron que el Congreso posee facultades para redefinir la competencia de los tribunales.

La resolución no se limitó a dirimir la disputa técnica. También incluyó objeciones al trámite seguido en el fuero laboral, al considerar improcedente el recorrido procesal que llevó el conflicto hacia la Cámara del Trabajo. Según el fallo, la cuestión debió ser elevada directamente a la Cámara Contencioso Administrativa, en tanto órgano llamado a resolver este tipo de controversias.

Otro punto central radica en la caracterización del caso. Mientras el dictamen fiscal lo ubicaba en la órbita del derecho del trabajo, los camaristas sostuvieron que la acción de la CGT involucra materias de naturaleza federal, vinculadas tanto a la organización del sistema judicial como a la intervención del Estado en el conflicto. Entre los aspectos señalados se destacan el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral y las atribuciones del Congreso para establecer reglas de competencia.

Como respaldo, el tribunal invocó doctrina de la Corte Suprema, en particular el antecedente “Rizzo”, para subrayar que en la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires no existe un fuero laboral autónomo cuando el Estado es parte, lo que refuerza la intervención del contencioso administrativo en este tipo de procesos.

Qué puede ocurrir

El derrotero del expediente aún no está cerrado. La Cámara Nacional del Trabajo conserva la posibilidad de sostener la causa en su ámbito. Si optara por ese camino, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que quedaría habilitada para zanjar la disputa sin ingresar, en esta instancia, al análisis de fondo de la ley ni de la cautelar actualmente sin efecto.

El tribunal laboral, además, se encuentra atravesado por recusaciones planteadas por la CGT, lo que agrega un componente adicional de complejidad al proceso de definición.

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo introduce un elemento decisivo en la disputa judicial por la reforma laboral: no solo traslada el expediente a otro fuero, sino que también redefine el prisma desde el cual se analizará la controversia. Para la CGT, implica una modificación sustancial de su estrategia. Para el sistema judicial, abre un interrogante de alcance mayor sobre los límites y alcances de la competencia en litigios donde confluyen derechos laborales y potestades estatales. La palabra final, en caso de persistir el desacuerdo, quedará en manos de la Corte Suprema.