La CGT y las dos CTA marcharon al Ministerio de Economía y entregaron un documento dirigido a Luis Caputo con propuestas para aliviar el endeudamiento de trabajadores y pequeñas empresas. Reclamaron recomponer salarios, reducir el costo financiero y lanzar un programa de refinanciación. La posibilidad de un quinto paro nacional comenzó a ganar fuerza entre los dirigentes.

Las tres centrales obreras volvieron a mostrar unidad en las calles con una movilización al Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de trabajadores, familias y pequeñas empresas. La protesta estuvo acompañada por un documento dirigido al ministro Luis Caputo, en el que reclamaron medidas urgentes para reducir la presión de las cuotas, recuperar el poder adquisitivo y reactivar el consumo.

La marcha estuvo encabezada por los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristina Jerónimo y Octavio Argüello, junto con referentes de la organización como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. También participaron las dos CTA, en una demostración conjunta que profundizó la agenda de movilizaciones iniciada en las últimas semanas.

Sola fue el encargado de entregar el documento en la mesa de entrada de la cartera económica. Durante la movilización, sostuvo que el endeudamiento dejó de ser un problema exclusivamente financiero y pasó a constituir una cuestión social. “El poder adquisitivo no alcanza y es una responsabilidad de la política económica del Gobierno, que produce el endeudamiento”, afirmó.

El dirigente también reclamó la reapertura del Consejo del Salario para elevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según planteó, el piso salarial debería superar el valor de la canasta que determina la línea de pobreza.

El reclamo sindical parte de una cadena que las centrales consideran directa: ingresos insuficientes, pérdida de capacidad de consumo, endeudamiento, aumento de la morosidad y dificultades para sostener la producción y el empleo. En el documento presentado ante Economía, advirtieron que el deterioro alcanza tanto a los hogares como a las pymes.

“Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones. Para los gremios, la expansión de la morosidad constituye una señal del deterioro de la capacidad de ahorro y consumo de los hogares y de las dificultades financieras que enfrentan las empresas.

Las organizaciones sindicales reclamaron, en ese sentido, un programa de refinanciación de deudas que permita extender los plazos y reducir temporalmente el peso de las cuotas. También pidieron que el Banco Central intervenga sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios y otros mecanismos de financiamiento, incluidas las billeteras virtuales.

El planteo incorpora además la situación de las pymes, cuya capacidad para financiar capital de trabajo —según advirtieron— puede quedar comprometida por el costo del crédito. La intención declarada es liberar ingresos para recuperar el consumo y, a partir de allí, recomponer el circuito entre ventas, producción y empleo.

Una crítica directa al rumbo económico

El documento entregado a Caputo excedió el reclamo puntual por el endeudamiento. Las centrales cuestionaron la orientación general de la política económica y reclamaron que la recuperación de las cuentas públicas no se produzca a costa de los ingresos de trabajadores y jubilados.

En uno de los pasajes centrales, sostuvieron que la salida no puede limitarse a los indicadores financieros y fiscales, sino que debe contemplar medidas destinadas a estimular el consumo y la producción. Para los sindicatos, la pérdida de poder adquisitivo constituye uno de los factores que empujan a las familias a recurrir al crédito para afrontar gastos corrientes.

Roberto Baradel, referente de la CTA de los Trabajadores, reforzó esa lectura durante la marcha. “Sí hay una pistola en la cabeza y es la política económica del Gobierno”, afirmó, en respuesta a la frase utilizada por Javier Milei para describir las decisiones de quienes toman deuda.

El dirigente docente sostuvo que la reducción de los salarios, el nivel de las jubilaciones y el deterioro de determinadas prestaciones obligan a muchas familias a recurrir al financiamiento para cubrir sus necesidades. “No hay solución sindical sin solución política”, planteó Baradel, quien llamó a trabajadores despedidos, endeudados y afectados por la pérdida de ingresos a incorporarse a las movilizaciones.

La jornada volvió a exhibir, además, la coordinación entre las tres centrales. “Logramos la unidad necesaria para marchar y poder parar las políticas de crueldad de este Gobierno”, afirmó el dirigente de la CTA.

El quinto paro nacional vuelve a la discusión

La movilización también dejó instalada una discusión que la dirigencia sindical había evitado formalizar: la convocatoria a un nuevo paro general.

La CGT y las CTA vienen incrementando las acciones callejeras y, aunque todavía no existe una fecha definida, distintos dirigentes comenzaron a mencionar octubre como una posible ventana para una nueva huelga nacional acompañada por una movilización federal.

La definición enfrenta algunos condicionamientos dentro de la propia agenda sindical. La CGT prepara para el 17 de octubre actividades vinculadas al Día de la Lealtad, mientras distintas organizaciones impulsan nuevas movilizaciones durante las próximas semanas. La posibilidad de combinar medidas de fuerza y actos masivos todavía debe ser discutida por las conducciones.

Sin embargo, el reclamo por el endeudamiento agregó un nuevo componente a la agenda de las centrales. La discusión ya no se limita a los salarios o a las condiciones laborales: los gremios buscan instalar el deterioro de los ingresos, la morosidad y la pérdida de capacidad de consumo como parte de una misma cadena económica.

Con la falta de un canal de diálogo sostenido con el Gobierno, la continuidad de las movilizaciones aparece como la principal herramienta de presión de las centrales. La posibilidad de un quinto paro nacional, todavía sin fecha ni convocatoria formal, dejó de ser una hipótesis marginal y comenzó a ocupar nuevamente un lugar central en la agenda sindical.

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo y establecer que ningún trabajador de jornada completa cobre menos que la Canasta Básica Total del INDEC para una familia de cuatro integrantes. La iniciativa reabre el debate sobre el deterioro del salario mínimo y el aumento del endeudamiento de los hogares.

La iniciativa, impulsada por la legisladora pampeana Varinia Lis Marín, propone modificar el artículo 140 de la Ley 24.013 para que ningún trabajador de jornada completa perciba un ingreso inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC para un hogar de cuatro integrantes.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y busca recuperar, según sus fundamentos, la función del salario mínimo como herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. La propuesta toma como referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho a una retribución justa y al salario mínimo, vital y móvil.

Una brecha de casi $1,2 millones

La distancia entre ambos valores expone la magnitud del cambio que implicaría la reforma. El salario mínimo vigente en agosto asciende a $376.600 mensuales, mientras que la última CBT oficial disponible, correspondiente a junio, alcanzó los $1.531.472,91 para una familia de cuatro integrantes.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados, el piso salarial debería multiplicarse por más de cuatro para alcanzar ese parámetro.

La iniciativa sostiene que resulta necesario vincular el ingreso mínimo con los indicadores de pobreza e indigencia del INDEC para evitar que trabajadores registrados permanezcan por debajo de esos umbrales.

El debate coincide con una creciente preocupación sindical por la pérdida del poder adquisitivo. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) planteó esta semana un salario mínimo de $3.065.161, mientras que desde la Mesa Sindical reclaman además una recomposición general del 30% para recuperar parte del poder de compra perdido desde diciembre de 2023.

Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas y referente del FreSU, consideró que cualquier iniciativa orientada a elevar el piso salarial resulta relevante, aunque advirtió sobre la necesidad de construir acuerdos amplios dentro del movimiento obrero.

El Consejo del Salario, en el centro de la disputa

El salario mínimo es determinado por el Consejo del Salario, integrado por representantes sindicales, empresarios y el Estado. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las centrales obreras reclamaron incrementos superiores a los finalmente acordados, mientras que ante la falta de consenso el Gobierno terminó fijando los valores mediante resoluciones de la Secretaría de Trabajo.

Los autores del proyecto cuestionan precisamente ese mecanismo y sostienen que las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos en el Consejo dificultaron la actualización del ingreso mínimo.

El diagnóstico gremial también encuentra respaldo en informes de CIFRA, que estimó que el poder de compra del salario mínimo acumula una caída superior al 40% respecto de los niveles previos al cambio de Gobierno. Según el mismo informe, el deterioro alcanza el 60% frente a 2015.

Un estudio de la Federación del Personal de Vialidad Nacional registró 29 fallecidos y más de 20 heridos en 22 siniestros ocurridos entre junio y julio. El informe vincula los hechos con deficiencias de infraestructura y advierte sobre el fuerte recorte presupuestario aplicado a la Dirección Nacional de Vialidad.

La concentración de los hechos resulta particularmente significativa: 23 de las 29 víctimas murieron entre el 1° y el 16 de julio. El relevamiento abarcó tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226.

FEPEVINA aclara que los accidentes viales tienen múltiples causas y que el estado del camino no puede atribuirse como responsable exclusivo de cada tragedia. Sin embargo, sostiene que una infraestructura deteriorada reduce la capacidad de los conductores para corregir errores y puede agravar las consecuencias de un impacto.

Entre las deficiencias relevadas aparecen baches, ahuellamientos, banquinas deterioradas, iluminación insuficiente, alcantarillas colapsadas, falta de señalización y ausencia de mantenimiento invernal.

Pavimentos deteriorados y menor capacidad de respuesta

El documento cruzó los siniestros con indicadores técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. De los 17 tramos sobre los que existía información acerca del Índice de Estado, 11 estaban calificados como malos.

Uno de los casos señalados corresponde a la Ruta Nacional 12, cerca de San Roque, Corrientes, donde se detectó un ahuellamiento de 35 milímetros. Según el documento, deformaciones superiores a 10 o 12 milímetros pueden favorecer la acumulación de agua y aumentar el riesgo de hidroplaneo.

En la Ruta Nacional 11 se registraron deformaciones de hasta 21 milímetros, además de baches que obligan a los vehículos a desplazarse hacia las banquinas.

“El estado del pavimento rara vez actúa como causa unívoca, sino como un amplificador y desencadenante de errores humanos”, sostiene el informe. Para la federación, la infraestructura dejó de cumplir una función preventiva al no ofrecer condiciones suficientes para absorber las equivocaciones habituales de los conductores.

El ajuste sobre Vialidad

La denuncia gremial se produce mientras FEPEVINA cuestiona el recorte presupuestario aplicado a la Dirección Nacional de Vialidad. Al 31 de julio, el organismo contaba con un presupuesto vigente de $776.756 millones, pero había devengado el 32,6% y pagado el 29,8%, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año.

El crédito para bienes de uso descendió de $394.246 millones a $296.294 millones, una reducción cercana a $98.000 millones.

De los 179 proyectos que originalmente tenían recursos asignados, 112 quedaron con crédito cero o de apenas un peso, según el relevamiento. La federación sostiene que la medida afectó obras de seguridad, reparación de puentes, alcantarillas, mantenimiento y distintos trabajos sobre rutas nacionales.

El ajuste también impactó sobre la estructura de Vialidad. FEPEVINA estima que la dotación pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a unos 4.207 actualmente, una reducción cercana a 1.333 agentes. Entre las áreas afectadas menciona ingeniería, laboratorios, topografía, mecánica y conservación.

La recaudación que no llega a las rutas

Otro de los cuestionamientos apunta al destino del impuesto a los combustibles. Según el informe, entre enero y julio el Estado recaudó $3,8 billones, mientras que la ejecución efectiva destinada a obras viales mediante la fuente específica del SISVIAL fue de $99.572 millones.

FEPEVINA calcula que esos recursos representan apenas 2,59 pesos de cada 100 recaudados en los surtidores y estima que la diferencia entre lo previsto y lo ejecutado alcanzó los $449.039 millones.

La organización sostiene que ese monto habría permitido rehabilitar unos 3.000 kilómetros de rutas o realizar tareas de mantenimiento y bacheo en aproximadamente 22.000 kilómetros.

El Gobierno, mientras tanto, avanza con la Red Federal de Concesiones, que contempla transferir a operadores privados la administración de más de 9.400 kilómetros. FEPEVINA advierte que unos 30.000 kilómetros, equivalentes al 75% de la red nacional, quedarían fuera de esas concesiones.

El reporte concluye que el deterioro vial no puede desvincularse de las decisiones presupuestarias adoptadas por el Estado y reclama la recuperación del mantenimiento de la red. Para la federación, la discusión dejó de ser exclusivamente laboral o presupuestaria: involucra directamente la capacidad de las rutas nacionales para preservar la seguridad de quienes las utilizan.