El juez Matías Pallito declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802, que habilita a las mipymes a cancelar condenas judiciales en hasta 12 cuotas. La resolución protege el cobro íntegro de una indemnización de $23,3 millones y se suma a un antecedente similar en la provincia.

La Justicia laboral de San Juan dictó un segundo fallo contra el pago en cuotas de indemnizaciones por despido previsto en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El juez Matías Pallito, del Primer Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802 y rechazó el pedido de una comerciante para cancelar en 12 mensualidades una condena de $23.296.163 a favor de una trabajadora despedida.

La empleadora, propietaria de un local minorista de indumentaria, había argumentado que no podía afrontar el pago íntegro en una sola vez. La norma invocada permite que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen las condenas judiciales laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las grandes compañías establece un máximo de seis.

La trabajadora se opuso a esa modalidad y su abogado solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición. Pallito consideró que el monto no tenía una magnitud que justificara el fraccionamiento y sostuvo que la posibilidad de diferir unilateralmente el cumplimiento colocaba al acreedor laboral en una posición menos favorable que la de otros acreedores.

El magistrado comparó el régimen con las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil. Señaló que quien debe indemnizar por un accidente de tránsito puede quedar obligado a pagar de manera íntegra e inmediata, incluso cuando la condena asciende a varios millones de pesos, sin acceder automáticamente a un esquema de cuotas por ser pequeño comerciante.

Desde esa perspectiva, advirtió que conceder un beneficio de ese tipo para las condenas laborales supondría una desigualdad incompatible con los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que consagran la protección del trabajo y la igualdad ante la ley. También invocó garantías vinculadas con la propiedad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Otro de los fundamentos centrales fue la autonomía provincial. Pallito sostuvo que la modalidad de ejecución de las sentencias y los plazos para cumplirlas corresponden al ámbito procesal local, cuya regulación compete a las provincias. A su entender, el Congreso puede dictar normas de fondo, pero no imponer a los tribunales sanjuaninos un fraccionamiento obligatorio del pago durante la ejecución de una condena.

La sentencia también remarcó el carácter alimentario de las indemnizaciones laborales: esos recursos permiten al trabajador despedido y a su familia cubrir necesidades esenciales. Por eso, el juez entendió que el cobro diferido no puede imponerse contra la voluntad de quien tiene reconocido el crédito. La posibilidad de aceptar cuotas, afirmó, debe quedar en manos del trabajador y responder a una decisión voluntaria.

Dos pronunciamientos y una apelación pendiente

La resolución de Pallito se suma a la dictada anteriormente por la jueza Mariela Berón, del Segundo Juzgado Laboral, que también declaró inconstitucional el régimen de pago fraccionado. Aquel fallo quedó firme porque la parte condenada no lo apeló. En el caso más reciente, la representación de la empleadora todavía puede recurrir ante la Cámara Laboral, que deberá determinar si confirma o revoca el criterio.

La discusión judicial sobre la reforma no se limita a las indemnizaciones. El juez Federico Soria, del Cuarto Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 55 de la misma ley, que reduce en un 33% los intereses aplicables a determinados créditos laborales correspondientes a juicios iniciados antes de su entrada en vigencia.

El artículo 56 modificó el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo para habilitar el pago en cuotas de las condenas laborales. Esta medida ya es objeto de debate en dos tribunales de San Juan, que evalúan su constitucionalidad a la espera de un fallo firme de segunda instancia.

La resolución de estos expedientes resultará clave para delimitar la aplicabilidad del régimen de cuotas, así como las restricciones constitucionales que imponen la tutela del crédito laboral y las autonomías procesales de las provincias.

Más de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula busca retener la Presidencia con el respaldo de sus bases populares y sindicales, en una disputa con consecuencias para la política económica, los derechos laborales y las relaciones internacionales.

Brasil afronta este domingo una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45, se enfrentan en una segunda vuelta que definirá no solo quién gobernará la mayor economía de América Latina, sino también qué orientación adoptará el país en materia social, laboral y diplomática.

La primera ronda dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el actual presidente, del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia obliga a Lula a ampliar su base electoral, mientras Bolsonaro procura convertir el respaldo conservador en una mayoría definitiva. La Justicia Electoral contabiliza más de 158,7 millones de personas habilitadas para participar.

La disputa se desarrolla en un país atravesado por preocupaciones sobre el costo de vida, la inseguridad y el alcance de las políticas sociales. El resultado también tendrá repercusiones regionales: Brasil es una potencia agrícola, industrial y energética, con un peso determinante en el Mercosur y en las relaciones comerciales de América del Sur.

Dos proyectos para la economía y el trabajo

Para el movimiento obrero, la elección tiene una dimensión inmediata. Lula construyó su trayectoria política desde el sindicalismo metalúrgico del cordón industrial del ABC paulista, donde encabezó huelgas obreras a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar. Su historia personal continúa siendo uno de los principales activos simbólicos del PT entre trabajadores y organizaciones populares.

Durante sus primeros mandatos, entre 2003 y 2010, su gobierno impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas orientadas a reducir la pobreza. Ahora busca defender ese legado y sostener el papel del Estado en la protección de los ingresos y la inclusión social, aunque enfrenta cuestionamientos por el costo de vida, la aprobación de su gestión y las controversias políticas que marcaron su trayectoria.

Flávio Bolsonaro, por su parte, propone una agenda conservadora centrada en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Su candidatura también está atravesada por la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Flávio prometió impulsar medidas para beneficiarlo, incluida una amnistía.

La discusión laboral constituye otro punto de contraste. Los sindicatos observan con preocupación la posibilidad de que un gobierno alineado con el bolsonarismo profundice las reformas flexibilizadoras, en un país que ya atravesó una amplia modificación de su legislación laboral en 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Para las organizaciones gremiales, el desenlace determinará buena parte de su capacidad de negociación en los próximos años.

Una elección con impacto internacional

La política exterior también divide a los candidatos. Lula reivindica el multilateralismo, la autonomía diplomática y los vínculos comerciales con China, principal socio comercial de Brasil. Su gobierno mantiene, al mismo tiempo, diferencias con la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente por los aranceles aplicados a productos brasileños.

Flávio Bolsonaro plantea una relación más estrecha con Washington y comparte afinidades políticas con el presidente estadounidense. Un eventual triunfo reforzaría la influencia conservadora en América Latina y podría modificar las prioridades brasileñas en los organismos internacionales y en la integración regional.

Independientemente del resultado electoral, la nueva gestión asumirá el reto de gobernar un país polarizado y gestionar crisis socioeconómicas latentes. Este desenlace no solo definirá el futuro de Brasil, sino que también reconfigurará el mapa geopolítico de la región.

Desde el jueves 22 de octubre, la Dirección Provincial de Vialidad incorporó un turno de 1 a 7 para trabajar sin interrupciones en el anillo interno, con cuadrillas que operan durante las 24 horas para ampliar el ritmo de ejecución y reducir los plazos de intervención.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), contempla una renovación integral de la calzada y de sus sistemas de contención. Además del tendido de una nueva carpeta asfáltica, incluye reparaciones estructurales, limpieza de los tramos intervenidos y adecuación de las defensas metálicas.

En el anillo interno, uno de los trabajos de mayor extensión será la colocación de aproximadamente 9.000 postes nuevos. Para instalarlos es necesario excavar hasta un metro de profundidad, una tarea que se complica por la presencia de piedra y que, en determinados puntos, exige completar los pozos manualmente o con herramientas específicas.

La altura de cada poste debe ajustarse al nivel definitivo de la calzada para garantizar que las barandas queden a 70 centímetros sobre el pavimento terminado. Las defensas que se encuentran en buenas condiciones se mantienen, mientras que los componentes dañados se reemplazan.

Reparaciones debajo del pavimento

Durante los trabajos se detectó un socavón bajo la losa de aproximación del puente de calle España, causado por una filtración de agua que hundió 30 metros de pavimento.»

Para resolverlo, los equipos retiraron el asfalto, reconstruyeron la base y rellenaron la cavidad con hormigón. La reposición de la carpeta asfáltica se realizará una vez concluida la preparación de la superficie.

En el anillo externo se reparan las losas de hormigón rotas y se nivelan los accesos a los puentes. En estos puntos se reconstruyen las bases con suelo-cemento y se aplican capas niveladoras con geogrillas para impedir que las fisuras del pavimento viejo pasen a la nueva superficie.

Las tareas concluyen con la sustitución de los elementos de contención deteriorados, así como con la implementación de señalización vertical y marcas viales horizontales en calzadas y banquinas.

Los cortes de circulación abarcan, en el anillo interno, el tramo comprendido entre la salida hacia calle General Acha y el retorno posterior a calle 9 de Julio. En el externo, la intervención se extiende entre la salida hacia calle Mendoza Norte y avenida Libertador.

La incorporación de tareas nocturnas busca aprovechar cada franja horaria para acelerar una obra que combina renovación superficial, reparación de estructuras y mejoras en la seguridad vial. La continuidad de los trabajos deberá optimizar los tiempos de entrega sin comprometer la calidad de las soluciones aplicadas.