Un concejal bonaerense presentó un nuevo amparo colectivo para impedir la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El planteo, que se suma a otro presentado en Córdoba, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la privatización de una empresa rentable y estratégica pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país.

La ofensiva judicial contra el plan de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Fernando Martínez, concejal del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar las tres centrales nucleares del país.

El recurso constituye el segundo amparo presentado desde que se conoció la intención oficial de avanzar con la privatización, y plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, norma que habilita el proceso de enajenación parcial de la empresa. El texto también advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización en un sector altamente sensible para la planificación nacional.

NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema nuclear argentino y activos estratégicos construidos a lo largo de décadas. A contramano de la justificación esgrimida por el Ejecutivo —que sostiene que deben venderse las empresas públicas deficitarias—, la firma no solo no registra pérdidas, sino que es rentable: en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares de superávit.

En su presentación, Martínez fue contundente:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”

El amparo solicita, además, una medida cautelar inmediata para suspender cualquier instancia de «licitación, oferta o transferencia de acciones», de manera tal de preservar la situación actual mientras la Justicia analiza los planteos en curso.

El concejal también advierte sobre los riesgos de una privatización parcial, al considerar que podría derivar en aumentos tarifarios, reducción de inversiones y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, sostiene el escrito.

Este nuevo amparo se suma al presentado semanas atrás por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad del mismo decreto y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Martínez cerró su presentación con un planteo central:
“Nucleoeléctrica es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”

La posible privatización de NA-SA se encamina a convertirse en uno de los debates más complejos del ciclo político actual: involucra soberanía energética, seguridad estratégica, tarifas, inversiones y el rol del Estado en sectores críticos. Con dos amparos en curso y nuevos cuestionamientos de especialistas, legisladores y organizaciones sociales, el Gobierno enfrenta un creciente frente judicial y político que podría frenar, demorar o incluso bloquear su avance sobre una de las empresas más sensibles del entramado energético nacional.

La administración de Javier Milei avanza en un nuevo plan de retiros voluntarios en la Televisión Pública y Radio Nacional, con el objetivo de reducir la planta de trabajadores y reconfigurar el sistema estatal de medios. El proceso estará encabezado por Javier Lanari, reciente secretario de Medios, y se enmarca en un proyecto de vaciamiento, fusión institucional y futura privatización.

La medida alcanzará a los 2400 empleados que componen las dotaciones de la Televisión Pública —con unos 1300 trabajadores— y de Radio Nacional, que suma otros 1100. La intención oficial es que el proceso esté encaminado antes de fin de año, para luego realizar una nueva evaluación interna y definir el destino futuro de las áreas que permanezcan en actividad.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas en la decisión, “la idea es abrir el retiro voluntario, evaluar el nivel de adhesión y, sobre esa base, establecer la escala de indemnizaciones correspondientes”. El Gobierno sostiene que los montos serán “razonables” y proporcionales a la antigüedad y el rango de cada trabajador.

El operativo político-administrativo estará conducido por Javier Lanari, ahora secretario de Medios y Comunicación, quien se convirtió en el principal ejecutor de la política de ajuste en este sector. Su desembarco se produjo luego de que Manuel Adorni asumiera funciones ampliadas como ministro coordinador.

En paralelo, la subsecretaria de Medios, Bárbara Pintelos, fue incorporada meses atrás para supervisar la coordinación general de las políticas sobre los Medios Públicos, convirtiéndose en una pieza clave en el diseño de la reestructuración.

Fusiones y privatización: el horizonte

Más allá del achique de personal, dentro del Gobierno ya se deja trascender la posibilidad de fusionar RTA (Radio y Televisión Argentina) con Contenidos Artísticos e Informativos, con el argumento de que la estructura actual es costosa, desarticulada y poco eficiente.

El oficialismo plantea además una renovación total de la imagen de la Televisión Pública, con cambios en colores, tipografías, identidad visual y una reconfiguración de la grilla de programación, como parte del proceso que consideran un paso previo a la futura privatización del sistema.

Tensión con los gremios

Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta, denunciando que el vaciamiento estructural ya está en marcha y advirtiendo que el retiro voluntario podría transformarse en un mecanismo encubierto de presión hacia los trabajadores. El Gobierno, en cambio, insiste en que la decisión responde a un criterio de eficiencia y sustentabilidad fiscal.

La nueva ofensiva del Gobierno sobre los Medios Públicos confirma una orientación clara: reducir planteles, fusionar estructuras y preparar el terreno para la privatización. Con Javier Lanari como ejecutor, la administración de Milei avanza con una política de recorte que promete tensiones con los gremios y una profunda transformación del sistema estatal de comunicación, cuyo futuro queda atado a la aceptación de los retiros y al margen de negociación que se abra en los próximos meses.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Fatpren denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una política “sistemática y planificada” de ataques a periodistas, que incluye represión en manifestaciones, detenciones arbitrarias, demandas judiciales y hostigamiento digital. Expusieron además el vaciamiento de los medios públicos y organismos de control.

Las organizaciones acusaron al Ejecutivo nacional de llevar adelante “una política de ataque sistemático y planificado” contra periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa, vulnerando derechos consagrados por tratados internacionales. La presentación unifica denuncias previas realizadas por ARGRA, FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional Argentina y otras entidades vinculadas a la libertad de prensa y los derechos humanos.

Un patrón de represión y hostigamiento

En la audiencia, Francisco Rabini —secretario adjunto del Sipreba y tesorero de Fatpren— describió un panorama crítico. Señaló que la administración libertaria busca “impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo: cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar”.

Rabini enumeró una serie de hechos que, según las entidades, configuran un patrón de represión sistemática en protestas y manifestaciones. El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió lesiones irreversibles tras recibir en la cabeza un proyectil de gas mientras cubría una marcha de jubilados en la Plaza del Congreso.

A estos episodios se suma el hostigamiento digital, que incluye ataques coordinados en redes sociales contra comunicadores críticos del Gobierno, alimentados —según los denunciantes— por discursos oficiales de deslegitimación del oficio periodístico.

El dirigente, trabajador del diario Clarín, afirmó que este escenario constituye un “ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información”, con efectos que alcanzan incluso la estabilidad laboral de quienes integran el sector.

Más de cien heridos, detenciones y causas judiciales

El secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, sostuvo que más de cien periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos o detenidos durante protestas a lo largo del último año. También mencionó los casos de los fotógrafos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias, que resultaron heridos en distintas coberturas.

Las organizaciones subrayaron además el uso de acciones judiciales como mecanismo de presión: funcionarios del Gobierno denunciaron por calumnias e injurias —al menos en ocho oportunidades— a comunicadores de distintos perfiles editoriales, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Julia Mengolini, Nancy Pazos y Darío Villarruel.

En ese contexto, Rabini advirtió que la situación de la prensa en Argentina representa una “amenaza directa a los derechos humanos fundamentales”.

Vaciamiento y debilitamiento institucional

La denuncia ante la CIDH no se limita a las agresiones físicas o digitales. Sipreba y Fatpren señalaron un “esquema de vaciamiento informativo” que incluye:

la reducción del rol de los medios públicos,

el intento de cierre de la Agencia Télam,

la intervención prolongada del Enacom,

la paralización de los fondos FOMECA,

y el vaciamiento de la Defensoría del Público.

Estos factores, advirtieron, afectan “directamente la pluralidad informativa y la diversidad de voces”, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.

Con el caso ya ingresado en la agenda de la CIDH, el Gobierno argentino enfrenta un nuevo frente internacional en materia de derechos humanos y libertades públicas. La denuncia coloca bajo escrutinio global la situación de la prensa en el país y abre la puerta a eventuales medidas y pronunciamientos del organismo. Para las organizaciones de trabajadores de prensa, el mensaje es claro: la degradación de la libertad de expresión se ha convertido en una problemática urgente que excede las fronteras nacionales y requiere una respuesta institucional y política a la altura de la gravedad expuesta.