La Quinta de Olivos quedó en el centro de una profunda reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que confirmó el despido de 12 trabajadores civiles y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la residencia presidencial. Entre los desvinculados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente del predio. ATE denunció cesantías sin explicaciones y anticipó posibles medidas de fuerza.

La modificación alcanza también a la estructura administrativa de Olivos. La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, asumirá las funciones de seguridad y administración. El traspaso de funciones y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La explicación pública del Ejecutivo se concentró en la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia para la protección del Presidente y su entorno. El Gobierno vinculó además la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina y con el movimiento de personal externo que demandarán las obras y tareas de acondicionamiento relacionadas con ese acontecimiento.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por medios nacionales señalaron que las cesantías se produjeron luego de una investigación interna relacionada con presuntas filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y de su círculo cercano. Esa explicación no fue incluida en los mismos términos en el comunicado oficial que anunció el nuevo esquema de seguridad.

Entre los empleados afectados hay personal de administración, cocina y jardinería. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, sostuvo que algunos trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas y no pudieron ingresar al predio, por lo que fueron enviados a sus domicilios a la espera de los telegramas de despido. También afirmó que no recibieron explicaciones sobre las razones de las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, inicialmente se había informado sobre diez bajas y posibles reubicaciones de otros empleados. La secretaria adjunta del gremio, María Eugenia Trigo, señaló que la reorganización podría alcanzar a un universo mayor de trabajadores civiles, aunque esa cifra no forma parte de la cantidad de despidos confirmada oficialmente.

El sindicato pasó a estado de alerta y anticipó la posibilidad de medidas de fuerza. Su reclamo apunta a revertir las cesantías y cuestiona que trabajadores con años de servicio hayan sido apartados sin una explicación individualizada sobre las razones de la decisión.

El nuevo esquema modifica de manera sustancial el funcionamiento de la residencia presidencial: la Casa Militar no sólo concentrará la custodia del jefe de Estado y su familia, sino que tendrá bajo su órbita la administración del predio. El Gobierno aclaró que ello no significa necesariamente que todas las tareas civiles serán ejecutadas por personal militar, sino que quienes trabajen en áreas vinculadas con el Presidente quedarán bajo esa estructura de conducción.

La reorganización deja abierto, además, el alcance final de la reducción del personal y las condiciones en que se concretarán las reubicaciones. Por ahora, el único número confirmado oficialmente es el de 12 despidos, mientras el traspaso a la Casa Militar deberá completarse durante los próximos dos meses.

El primer examen del concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan dejó 1.209 aspirantes habilitados para continuar en la selección, después de una semana en la que 1.997 personas rindieron la prueba de dactilografía. De ese total, 788 no alcanzaron el requisito establecido. El concurso se prolongará hasta el 6 de octubre y contempla cinco instancias eliminatorias.

Un dato clave en el arranque de la jornada fue la diferencia entre la convocatoria y la presentación efectiva. La tasa de ausentismo se situó en el 38,36%, dado que 1.243 de los 3.240 postulantes convocados no se presentaron. En consecuencia, el nivel de asistencia alcanzó el 61,64%.

Seis de cada diez personas que asistieron lograron aprobar, lo que se traduce en 1.209 aprobados (un 37,31% del total de convocados en esta primera semana). Al tratarse de resultados parciales de esta tanda, todavía no es posible proyectar un balance definitivo del concurso.

La evaluación constituye el primer filtro de un proceso compuesto por cinco instancias eliminatorias. Los postulantes deben transcribir un texto de contenido jurídico de 100 palabras en un plazo máximo de cuatro minutos, con el cumplimiento de los parámetros fijados por el Poder Judicial.

La proceso se organiza en turnos de unas 40 personas. Cada grupo recibe una inducción previa de 10 a 15 minutos sobre el funcionamiento de la prueba y cuenta con dos minutos para familiarizarse con la plataforma. De este modo, la organización prevé evaluar a cerca de 720 participantes por jornada.

Los postulantes que superaron la prueba de dactilografía avanzarán ahora a la evaluación de ortografía, en el inicio de un proceso de selección estrictamente eliminatorio. Como novedad en esta convocatoria, los aspirantes deberán completar un curso virtual, asincrónico y autogestionado antes de acceder a la instancia de conocimientos teóricos.

El circuito concluirá con una entrevista personal para quienes superen todos los filtros previos. Dado el carácter excluyente de cada etapa, cualquier resultado insuficiente o inasistencia interrumpirá de forma definitiva la participación en el concurso.

El cronograma de convocatorias se desarrollará de manera escalonada hasta el próximo 6 de octubre, por lo que los resultados de esta primera semana representan apenas el corte inicial de un proceso evaluativo que aún tiene por delante sus fases más determinantes.

Con este esquema, la Justicia sanjuanina busca conformar un nuevo registro de aspirantes a partir de un mecanismo progresivo de selección, que combina destrezas técnicas, conocimientos, formación específica y una instancia final de evaluación personal.

La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.