Entre el 29 de junio y el 3 de julio, el programa provincial llegará a Zonda, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, valores que buscan aliviar el impacto del incremento del gas envasado durante la temporada invernal.

Con la llegada de las temperaturas más bajas y una mayor demanda de gas envasado, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del operativo Garrafa Hogar, una política destinada a facilitar el acceso a un insumo esencial mediante valores inferiores a los del mercado. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con la Dirección de Defensa al Consumidor, recorrerá durante cinco jornadas distintos puntos de la provincia.

El esquema contempla la comercialización de garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, exclusivamente bajo la modalidad «garrafa vacía por llena». Los envases deberán encontrarse en condiciones aptas para su recarga, requisito que apunta a preservar los estándares de seguridad durante la distribución.

La planificación oficial alcanzará cinco departamentos en igual cantidad de días. El recorrido comenzará el lunes 29 de junio en Zonda, con tres puntos de atención: el CIC de Zonda (9.30 a 10.30), la Plaza del Barrio Esperanza (10.30 a 11.30) y la Plazoleta Cielo Alto (12 a 13).

El martes 30 el operativo llegará a Santa Lucía, donde funcionará entre las 9 y las 11 en la Unión Vecinal Villa 12 de Octubre, y entre las 11.30 y las 13.30 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, sobre Ruta 20, kilómetro 7.

La distribución continuará el miércoles 1 de julio en Rivadavia, con atención en el Merendero Corazones Valientes, del barrio Marquesado II, entre las 9 y las 11, y posteriormente en la Comuna de Marquesado, de 11.30 a 13.30.

El jueves 2 será el turno de Caucete, donde las unidades estarán primero en la Unión Vecinal Bermejo y luego en la Unión Vecinal Difunta Correa, ambas en el horario comprendido entre las 9 y las 13.30, dividido en dos franjas.

La última jornada se desarrollará el viernes 3 de julio en Pocito. Allí el programa atenderá de 9 a 11 en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14, mientras que de 11.30 a 13.30 se trasladará a la Unión Vecinal Rinconada, sobre calle Aberastain, a pocos metros de calle 14.

Frente al reciente incremento en los gastos de suministro, la iniciativa procura amortiguar el impacto sobre la economía de los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, fortaleciendo una política de cercanía que combina presencia territorial, control de calidad y alivio para el presupuesto familiar.

El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fortalece la posición de docentes, no docentes y estudiantes, mientras profundiza el revés judicial sobre la estrategia oficial para frenar la norma aprobada por el Congreso.

La controversia entre el Estado y las casas de estudio sumó un nuevo capítulo con alto voltaje institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ratifica la obligación de actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer las becas destinadas a estudiantes de todo el país.

El pronunciamiento representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo frente a una norma que el Congreso sancionó con una mayoría agravada tras revertir el veto presidencial. Al desestimar el recurso extraordinario presentado por la administración nacional, el máximo tribunal entendió que la resolución cuestionada carecía del carácter de sentencia definitiva requerido para habilitar su revisión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente mientras avanza el debate sobre el fondo del expediente.

La polémica abarca aspectos que van más allá de lo económico. El caso pone a prueba el margen de maniobra del Ejecutivo frente a una ley ratificada por el Parlamento y consolida, al menos de manera provisoria, la posición de las universidades nacionales que reclamaban el cumplimiento efectivo de una norma cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto 759/2025.

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas casas de altos estudios, luego de que el Gobierno supeditara la ejecución de la ley a la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal coincidieron en que existían fundamentos suficientes para ordenar su cumplimiento inmediato, criterio que ahora quedó respaldado por la Corte Suprema.

En sus resoluciones previas, la Cámara había advertido que la falta de actualización salarial podía comprometer el funcionamiento del sistema universitario y afectar el ejercicio efectivo del derecho a enseñar y aprender. Los magistrados también señalaron que el ahorro fiscal derivado de incumplir la ley resultaba marginal frente al presupuesto nacional, argumento que debilitó la justificación económica presentada por el Ejecutivo.

Respaldo institucional al reclamo gremial

La decisión fue recibida como un espaldarazo por las organizaciones sindicales del sector universitario, que desde hace meses sostienen que la pérdida del poder adquisitivo deterioró gravemente las condiciones laborales y académicas.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» para incumplir la legislación vigente y remarcó que la resolución judicial constituye también el resultado de la movilización sostenida por docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.

La dirigente afirmó además que el conflicto permanecerá abierto hasta que el Ejecutivo materialice plenamente las obligaciones establecidas por la ley, al considerar que el pronunciamiento del máximo tribunal consolida jurídicamente un reclamo que ya contaba con amplio respaldo político y social.

Una resolución que reconfigura la negociación

El fallo llega en un momento de relativa distensión luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales, acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, mayores partidas para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Ese consenso reduce parcialmente el efecto económico inmediato de la cautelar, aunque no modifica el significado político de la decisión judicial. La Corte reafirma que una ley sancionada y ratificada por el Congreso conserva plena eficacia mientras no sea declarada inconstitucional, limitando así el margen del Ejecutivo para diferir su aplicación mediante decisiones administrativas.

La cautelar no comprende la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, ya que quedaron fuera de esta instancia aspectos vinculados con la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. No obstante, el pronunciamiento fortalece la posición procesal de las universidades y de las organizaciones gremiales de cara a la resolución definitiva del litigio.

La gestión del Gobernador Marcelo Orrego continúa acercando herramientas que fortalecen los distintos sectores de la matriz productiva diversa de San Juan. En este caso, se trata de créditos para actividades agrícolas.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, anunció la disponibilidad de nuevas líneas de créditos para acompañar al sector agrícola.

En este caso, se trata de herramientas financieras que contemplan la poda, la compra de agroquímicos y la adquisición de tractores.

En cuanto a la línea de créditos para poda, contempla un financiamiento de hasta $750.000 por hectárea, con un tope de hasta $30.000.000 por productor.

Además, incluye meses de gracia para que los beneficiarios comiencen a devolver el dinero una vez que mejoren sus condiciones de liquidez y perciban los pagos adeudados por la uva entregada.

A diferencia de otras líneas de créditos, en este caso el dinero se le entrega al productor, en lugar de al proveedor, como ocurre con otros créditos.

De esta manera, se apunta a evitar demoras en labores esenciales y brindar previsibilidad a un sector que atraviesa un escenario de fuerte presión económica.

En Punto Pyme también se habilitó una línea para capital de trabajo, que permite al sector agrícola acceder a la compra de agroquímicos.

Esta iniciativa ofrece hasta $30.000.000 por solicitante. De esta manera, se autorizará una porción en efectivo al tomador de hasta $10.000.000, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil, el que sea mayor.

La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.

Además, se anunció una línea de crédito para la compra de tractores. Esta línea contempla inversiones para adquirir ese tipo de bienes de capital y la cifra total máxima a prestar es de $150.000.000.

Para la devolución del dinero la Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Cabe recordar que Punto Pyme se encuentra en la esquina de Avenida Córdoba y Jujuy. Es un espacio que integra en un solo lugar las herramientas que brindan las cuatro agendas del gobierno provincial: Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y Agencia Garantía San Juan. Los sanjuaninos que deseen recibir asesoramiento para acceder a las líneas de créditos pueden acercarse por Punto Pyme de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.