El canciller Pablo Quirno respaldó el espíritu de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras rurales y aseguró que una mayor participación de inversores extranjeros generaría beneficios para el país. Sus declaraciones se produjeron en la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el canciller Pablo Quirno defendiera la posibilidad de ampliar el acceso de ciudadanos extranjeros a inmuebles y campos argentinos. Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la llegada de inversores del exterior representa una oportunidad para el desarrollo económico y afirmó que incluso la adquisición de «pueblos y provincias enteras» podría traducirse en beneficios para el país.

Al ser consultado sobre el alcance de la propuesta original impulsada por el Gobierno nacional, Quirno respondió que el ingreso de capitales extranjeros para adquirir tierras, edificios o desarrollar emprendimientos constituye un aporte positivo para la economía argentina. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos parlamentarios para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, que será debatida en el Senado, originalmente contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El objetivo inicial era eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque posteriormente el Gobierno introdujo cambios para facilitar acuerdos legislativos.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país y fija, además, límites para la concentración de superficies y restricciones vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Esas disposiciones fueron incorporadas con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos naturales y territorios de valor productivo.

Más allá de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Para el Gobierno, la reforma apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor extranjerización de la tierra y ampliar el margen de intervención de actores privados sobre recursos considerados estratégicos.

La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán este jueves frente al Congreso. Consideran que la eliminación del capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros no modifica los aspectos centrales del proyecto, al que continúan rechazando por entender que afecta derechos sociales, patrimoniales y ambientales.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no alcanzó para desactivar la protesta convocada por el movimiento sindical. La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) y diversas organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso, donde se debatirá una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Desde la conducción cegetista confirmaron que la concentración se desarrollará desde las 14 frente al Palacio Legislativo, al sostener que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo no alteran el contenido de fondo del proyecto. «Se sostiene la movilización», señalaron dirigentes de la central obrera, que consideran que la propuesta continúa incorporando disposiciones que afectan derechos adquiridos y el patrimonio nacional.

En la misma línea se expresó el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a organizaciones gremiales críticas de la actual conducción de la CGT. Sus referentes anunciaron que comenzarán a concentrarse desde el mediodía y advirtieron que el texto conserva artículos que califican como perjudiciales para amplios sectores de la sociedad.

Entre los puntos más cuestionados mencionan mecanismos que agilizan desalojos de inquilinos, comunidades indígenas y familias campesinas; restricciones a las facultades del Estado para disponer expropiaciones por razones de utilidad pública y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la comercialización de terrenos afectados por incendios.

Las dos CTA también confirmaron su participación en la protesta. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores sostienen que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras no modifica el espíritu general de la iniciativa, por lo que consideran necesario mantener la presión sobre el Congreso durante el tratamiento legislativo.

La convocatoria fue respaldada además por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ratificó su presencia en la movilización y llamó a confluir con las centrales sindicales en una manifestación unificada. Desde la organización indicaron que la convocatoria permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión de sostener la protesta ya había sido anticipada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo. Allí participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante ese encuentro, los dirigentes cuestionaron con dureza el proyecto oficial y afirmaron que la propuesta original para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros significaba «ponerle un cartel de venta al país» en beneficio de intereses económicos concentrados. Aunque ese apartado fue finalmente eliminado para facilitar el tratamiento parlamentario, las organizaciones sindicales consideran que el resto de la iniciativa mantiene cambios de fondo que justifican la continuidad del plan de protesta.

La movilización volverá a colocar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en el centro del debate político mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con una de las reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. El resultado de esa pulseada parlamentaria y la magnitud de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país.

La Libertad Avanza decidió eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido al régimen de tierras rurales, luego de perder el respaldo de gobernadores aliados y quedar sin los votos necesarios para aprobar esa parte de la iniciativa. La modificación busca preservar el tratamiento del resto del texto durante la sesión prevista en el Senado.

A pocas horas del debate en el Senado, el Gobierno nacional se vio obligado a reformular uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa. La Libertad Avanza retiró el capítulo vinculado al régimen de tierras rurales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de comprobar que no contaba con los votos suficientes para sostener esa iniciativa en el recinto.

La decisión se adoptó tras una reunión de urgencia convocada por la ministra de Seguridad y senadora con licencia, Patricia Bullrich, junto a legisladores oficialistas presentes en el Congreso. El objetivo fue evitar que el rechazo al polémico capítulo terminara comprometiendo el tratamiento del resto del proyecto.

El apartado eliminado proponía modificar el régimen de propiedad de tierras rurales e incluía un límite del 25% de titularidad extranjera, porcentaje que el oficialismo había incorporado recientemente en un intento por contener las críticas y sumar adhesiones. Sin embargo, la propuesta no logró revertir la resistencia de varios mandatarios provinciales, quienes consideraron insuficientes los cambios y ratificaron su oposición.

La presión de los gobernadores resultó determinante para alterar el rumbo de la iniciativa. El neuquino Rolando Figueroa fue uno de los primeros en manifestar públicamente que su provincia no respaldaría ninguna reforma que favoreciera la extranjerización de la tierra. Su posición tuvo un efecto inmediato sobre el voto de la senadora Julieta Corroza, cuya adhesión era considerada clave por el oficialismo.

Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza mantendrían su rechazo al proyecto. En la misma línea se expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien sostuvo que la provincia defenderá sus recursos estratégicos y no aceptará modificaciones que faciliten el acceso de capitales extranjeros a la propiedad de tierras.

El revés político no se limitó al pronunciamiento de los mandatarios provinciales. En las últimas horas también se pronunciaron en contra los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes permanecían indecisos hasta el martes. A ellos se sumaron los senadores José María Carambia y Flavia Royón, consolidando una mayoría contraria al capítulo cuestionado.

Con ese panorama, el oficialismo reconoció que resultaba imposible revertir el resultado de la votación y optó por retirar el punto más conflictivo antes de exponerlo a una derrota parlamentaria.