El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

Entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios, 11 beneficiarios percibieron en julio asignaciones vitalicias por $203,8 millones brutos. Los haberes individuales van desde $12,4 millones hasta más de $26 millones mensuales.

El Estado nacional destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios, abonados por ANSES, presentan diferencias sustanciales y alcanzan montos brutos de hasta $26 millones mensuales.

El mayor haber del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, con $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el otro extremo aparece el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con $12.486.621,66 mensuales. La nómina reúne, además, a otros exmandatarios, exfuncionarios de la fórmula presidencial y familiares que perciben pensiones derivadas.

Quiénes cobran

Los 11 beneficiarios incluidos en el relevamiento son:

Alberto Fernández: $26.092.447.

Mauricio Macri: $25.043.153,46.

Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02.

Zulema Yoma: $20.618.733,63.

Gabriela Michetti: $18.192.138,24.

Julio Cobos: $17.999.446,65.

Inés Pertiné: $17.561.990,73.

Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston: $16.214.248,39.

María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68.

Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido: $12.691.238,04.

Daniel Scioli: $12.486.621,66.

La comparación con los haberes previsionales ordinarios permite dimensionar la magnitud de las asignaciones. Según el informe, el ingreso de Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas de aproximadamente $498.000, considerando el haber mínimo más el bono de $70.000 utilizado como referencia.

El listado no contempla a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir la pensión derivada de Néstor Kirchner a partir de una medida cautelar. Ese beneficio, según los datos consignados, ronda los $16 millones mensuales.

Las asignaciones vitalicias tienen un régimen particular derivado de la legislación que contempla beneficios para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, además de pensiones para determinados familiares. Por esa razón, sus montos y condiciones no deben confundirse con los haberes previsionales comunes administrados por ANSES.

El volumen del desembolso vuelve a colocar bajo discusión pública el costo de estos beneficios en un sistema previsional marcado por restricciones fiscales y por una amplia mayoría de jubilados cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de las asignaciones vitalicias. El dato de julio muestra que 11 beneficios concentraron más de $203 millones en un solo mes, mientras continúa el debate político y judicial sobre su alcance y permanencia.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, elaborado con datos del INDEC, advierte sobre el deterioro de los ingresos, el avance de la informalidad y la pérdida de capacidad de compra. El 34% de las ventas en supermercados y comercios de proximidad se realiza con promociones, mientras crece la elección de marcas económicas y envases pequeños.

El consumo cotidiano refleja con rapidez el deterioro de los ingresos. Una de cada tres compras de productos masivos se realiza actualmente mediante promociones, descuentos u ofertas, una conducta que revela hasta qué punto las familias priorizan el precio al momento de abastecerse.

El dato surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y otros indicadores económicos. El relevamiento registra, además, un retroceso de los salarios frente al encarecimiento de las necesidades básicas y un aumento del empleo informal.

Hasta julio, el 34% de las ventas en supermercados y comercios de barrio se concretó únicamente cuando existía alguna promoción. El comportamiento no se limita a esperar descuentos: en más de la mitad de las categorías relevadas, los consumidores modificaron sus elecciones y optaron por marcas de menor precio o presentaciones más pequeñas.

La evolución de los ingresos ayuda a explicar ese cambio. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Total aumentó 9,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 11,6%. En el mismo período, los salarios de los trabajadores registrados crecieron alrededor de 7%, una diferencia que redujo la capacidad de compra.

El mercado laboral tampoco mostró una mejora equivalente. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales, mientras que el trabajo no registrado avanzó 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de los ocupados.

La precarización laboral agrega una dificultad adicional: quienes trabajan en la informalidad carecen de aportes jubilatorios, cobertura de obra social y, en muchos casos, de los mecanismos de negociación colectiva que permiten recomponer ingresos mediante paritarias.

Pobreza e indigencia vuelven a crecer

El ODSA estimó que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, con un incremento de 0,1 puntos respecto del último trimestre de 2025. La indigencia llegó al 6,5%, 0,4 puntos por encima del período anterior.

El deterioro tuvo una expresión particularmente marcada en algunos grandes aglomerados urbanos. La pobreza alcanzó al 52,5% en Concordia, 49,7% en Gran Resistencia, 42,6% en Posadas, 39,7% en Gran Santa Fe y 38,4% en Corrientes.

En indigencia, Gran Resistencia encabezó el registro con 24,3%, seguida por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Los datos trazan una misma secuencia: ingresos que avanzan por debajo del costo de las necesidades básicas, mayor informalidad y consumidores que modifican sus decisiones para preservar el presupuesto. En los comercios, esa transformación se expresa en una conducta cada vez más extendida: comprar cuando hay descuento dejó de ser una oportunidad ocasional para convertirse en una condición de compra para millones de familias.