En una reunión de su Consejo Directivo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó un rechazo absoluto a la reforma laboral que prepara el Gobierno y planteó, en cambio, la necesidad de avanzar en una profunda reforma tributaria. Con Hugo Moyano (h) como enlace parlamentario, la entidad trazó su estrategia legislativa y llamó a la unidad del movimiento obrero.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales sindicatos del sector —con la única excepción de la UTA—, dejó en claro que no habrá margen para negociar la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende enviar al Congreso en diciembre.

El cónclave, realizado en la sede central de la entidad en el barrio porteño de San Cristóbal, reunió a los referentes de la organización bajo un diagnóstico común: la iniciativa oficial constituye una “propuesta regresiva y perjudicial para los trabajadores del sector”, motivo por el cual la Confederación adoptará una “postura firme y unitaria” para enfrentarla.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que el camino para impulsar el empleo no pasa por el “ajuste laboral”, sino por una reforma tributaria integral que dé condiciones reales para la inversión y la generación de puestos de trabajo. “Una reforma laboral que retrotrae derechos esenciales evoca épocas de explotación y desprotección que no podemos permitir”, remarcó.

En sintonía, el secretario gremial, Juan Pablo Brey, afirmó que cualquier transformación del mercado laboral debe estar basada en la dignidad de los trabajadores y el respeto irrestricto de los convenios colectivos, pilares históricos del movimiento obrero argentino.

Por su parte, el secretario adjunto de la Confederación, Omar Pérez, dirigente de Camioneros y hombre de confianza de la familia Moyano, destacó la necesidad de defender en bloque los derechos conquistados, advirtiendo que el sindicalismo del transporte será un actor central en la resistencia a las medidas oficiales.

Estrategia parlamentaria: el rol clave de Hugo Moyano (h)

La presencia del secretario de Relaciones Institucionales de la CATT, Hugo Moyano (h), recientemente electo diputado nacional, dotó a la reunión de un componente estratégico adicional. El Consejo Directivo analizó junto a él la futura disputa parlamentaria, previendo que la reforma ingresará a la Cámara de Diputados alrededor del 15 de diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

El flamante legislador —abogado laboralista y figura emergente en la interlocución del sindicalismo con el Congreso— planteó la necesidad de articular esfuerzos con distintos bloques opositores para bloquear el avance del proyecto. “Debemos garantizar que el Congreso no sea una escribanía del poder ejecutivo en materia laboral”, coincidieron los dirigentes.

Con esta definición, la CATT se alinea con otras organizaciones como las CTA, ATE y los sectores mayoritarios de la CGT, todas coincidentes en que la propuesta gubernamental de flexibilización laboral no es negociable.

Un movimiento obrero que reorganiza sus fuerzas

El encuentro dejó un mensaje claro: el transporte, uno de los sectores con mayor capacidad de presión y organización, se posiciona como un actor central en la disputa política que se viene. La CATT no solo anticipó su rechazo a la reforma laboral, sino que también se comprometió a diseñar una agenda propositiva que contemple la modernización del sistema de transporte, la defensa del empleo y la mejora de las condiciones laborales.

El documento final de la reunión expresó un respaldo unánime a esta hoja de ruta, dejando en claro que el gremialismo del sector afrontará la discusión desde un lugar de unidad, firmeza y convicción.

La CATT se suma así a un frente sindical cada vez más articulado y dispuesto a resistir los cambios que propone el Gobierno nacional. Con una conducción cohesionada, presencia legislativa y un discurso que combina defensa de derechos con propuestas de fondo —como la reforma tributaria—, los gremios del transporte buscan convertirse en uno de los principales contrapesos al proyecto de flexibilización laboral. El escenario político que se abre hacia diciembre será decisivo para medir la fuerza de esta estrategia.

En una reunión clave realizada en la sede de Azopardo, la conducción de la CGT se reunió con los diputados nacionales de extracción sindical para analizar los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y definir un plan de acción conjunto. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello advirtió que la central solo aceptará un debate que implique “más derechos” y reclamó ser convocada de manera formal a discutir cualquier modificación en la legislación vigente.

La conducción encabezada por el renovado triunvirato —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— recibió en la histórica sede de Azopardo a los diputados nacionales de extracción sindical. El objetivo: trazar un frente común en el Congreso y avanzar en la elaboración de un contraproyecto “progresivo e inclusivo”, que se posicione como alternativa a las iniciativas oficiales que, según la central, ponen en riesgo “conquistas históricas del movimiento obrero”.

La previa de la reunión ya había demostrado el peso político de la cita: en la mesa chica participaron figuras de gran influencia interna como Hugo Moyano, Héctor Daer, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, quienes coincidieron en que “cualquier intento de flexibilización deberá contar con la respuesta coordinada de todo el sindicalismo”.

La presencia de los legisladores y la lógica parlamentaria

Entre los diputados presentes estuvieron Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Sergio Palazzo (Bancarios), Mario “Paco” Manrique (SMATA) y Hugo Yasky (CTA-T), todos integrantes del bloque Unión por la Patria. Los legisladores ofrecieron un diagnóstico del escenario parlamentario y detallaron las posibles vías para resistir el avance de un proyecto que el oficialismo presenta como “modernización”, pero que para el sindicalismo implica un retroceso en materia de estabilidad, registración y protección laboral.

Palazzo sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Nos reunió la CGT para analizar estrategias y construir proyectos superadores. Lo que el país necesita es una reforma laboral progresiva, no un recorte de derechos como pretende el Presidente”.

La articulación legislativa será clave en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo necesita alianzas para lograr mayorías. La metáfora que circuló en Azopardo fue elocuente: “Ninguna reforma estructural pasará sin que la CGT haga oír su peso político”.

Las advertencias del triunvirato: diálogo sí, retrocesos no

A la salida del encuentro, el primer triunviro, Jorge Sola, expuso una postura firme pero abierta al debate: la CGT está dispuesta a discutir la modernización laboral, pero no bajo condicionamientos que “reduzcan derechos o debiliten la relación laboral”.

Sola además trazó un diagnóstico inquietante:

el país atraviesa una recesión profunda,

se multiplican los cierres de pymes,

cae el empleo formal,

y el Gobierno “carece de una visión productiva”.

En ese marco, Sola lanzó una advertencia directa: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

También reprochó el discurso reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la UIA, señalando que “no mencionó ni una vez la palabra industria”, un gesto que para la CGT revela la orientación del programa económico.

Por su parte, Cristian Jerónimo, secretario general del Vidrio y uno de los nuevos integrantes del triunvirato, marcó un punto clave en la interna gremial:

“Si quieren discutir, discutamos todo. Una negociación laboral con más derechos, no con menos. Y discutamos también el reparto de ganancias”.

El planteo ubica a la CGT en una posición ofensiva: no sólo rechaza retrocesos, sino que propone avanzar en debates que históricamente incomodan al sector empresario.

Octavio Argüello, representante de Camioneros, acompañó la línea de sus pares y afirmó que la modernización laboral “ya ocurre en cada convenio colectivo”, dejando en claro que no se necesita una reforma de flexibilización generalizada para adaptar la normativa a los cambios productivos.

La cumbre en Azopardo dejó una señal clara: la CGT no solo pretende resistir la reforma laboral, sino también condicionar su contenido y exigir un lugar formal en la mesa de negociaciones. La coordinación con los diputados gremiales refuerza el músculo político de la central obrera y abre la puerta a la presentación de un contraproyecto propio, alineado con la idea de que la “modernización” debe traducirse en más derechos, mayor productividad y un modelo de relaciones laborales equilibrado.

El Gobierno, que necesita avanzar en una reforma estructural para sostener su programa económico, deberá decidir si incluye al sindicalismo en la discusión o enfrenta un escenario de resistencia creciente en el Congreso y en las calles. La advertencia del triunvirato fue explícita y contundente: “Sin diálogo real, chocarán con la pared”.

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.