La Mesa Chica de la Confederación General del Trabajo resolvió no convocar a paro ni movilizar durante el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. El lunes marchará al Palacio de Tribunales para presentar un planteo de inconstitucionalidad, en una decisión que expone matices internos y diferencias con el Frente de Sindicatos Unidos.

En una reunión que se extendió por casi dos horas en la sede de UPCN, con Andrés Rodríguez como anfitrión, la conducción de la CGT definió un giro táctico frente al avance legislativo de la Reforma Laboral. Lejos de profundizar la presión callejera, optó por desactivar cualquier convocatoria a paro general o movilización frente al Congreso y concentrar su ofensiva en el terreno judicial.

La decisión, adoptada por la Mesa Chica, implica descartar una nueva huelga este viernes y evitar una demostración masiva durante el debate en el Senado. En cambio, el lunes la central obrera marchará con sus cuerpos orgánicos al Palacio de Tribunales para presentar un amparo por inconstitucionalidad, replicando el esquema utilizado a fines de 2023 cuando impugnó el Decreto 70/2023.

Cálculo político y expectativas judiciales

La lectura que prevaleció en la cúpula sindical es pragmática. “Si los legisladores no escucharon el paro que fue contundente, no hay forma de que vayan a torcer su decisión”, deslizaron fuentes gremiales. La frase sintetiza el diagnóstico: la correlación de fuerzas en el Congreso no ofrece margen para modificar el resultado y la confrontación en la calle no alteraría el curso parlamentario.

En este sentido, la CGT apuesta a un escenario donde percibe mayores posibilidades de incidencia. El cuerpo de letrados ya trabaja en la presentación que cuestionará la constitucionalidad de varios artículos de la reforma. Entre los argumentos se mencionan la supuesta colisión con garantías laborales consagradas en la Constitución Nacional y el malestar generado en sectores del Poder Judicial por la eliminación de un fuero específico.

La estrategia judicial no sólo busca frenar la aplicación de la norma, sino también ganar tiempo y trasladar la disputa a un ámbito donde el sindicalismo considera que puede encontrar mayor receptividad.

Tensiones internas y diferencias externas

La resolución no estuvo exenta de debate. Algunos sectores plantearon la necesidad de escalar las protestas, no sólo por la reforma sino también por el deterioro salarial y los conflictos sectoriales que atraviesan distintas actividades. Los gremios del transporte, según trascendió, sostuvieron la postura más combativa, aunque sin lograr consenso suficiente para modificar la línea predominante.

La determinación de la CGT contrasta con la posición del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que integran la Unión Obrera Metalúrgica, las CTA, los Aceiteros y ATE, entre otros. El frente había impulsado un paro de 36 horas y finalmente convocó a movilizar este viernes para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.

Desde el entorno de Abel Furlán minimizaron la decisión cegetista: “No esperábamos que hagan nada, pero no importa. Nosotros vamos a seguir en la calle y vamos a federalizar el Frente en los próximos días”, señalaron, marcando una diferencia de método y de intensidad en la respuesta sindical.

Al trasladar el eje a los tribunales, la CGT asume un doble desafío: sostener cohesión interna frente a sectores que reclaman mayor confrontación y convencer a la Justicia de que la reforma vulnera principios constitucionales. La apuesta, en definitiva, no es sólo jurídica sino también política.

Mientras el Senado avanza con el tratamiento de la norma, el movimiento sindical exhibe una escena fragmentada: una central que privilegia la vía institucional y un frente gremial que insiste en la movilización permanente. El desenlace dependerá tanto del voto parlamentario como de la interpretación que, eventualmente, hagan los jueces.

En esa rigidez entre calle y tribunales se juega algo más que una táctica coyuntural: se define el modo en que el sindicalismo enfrentará una reforma que considera estructural. La CGT eligió el expediente judicial como herramienta principal. El resultado dirá si esa moderación estratégica fue una jugada de prudencia o un repliegue que dejó la iniciativa en manos de otros actores.

El comienzo del ciclo lectivo 2026 quedó envuelto en incertidumbre tras la convocatoria a un paro nacional docente anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza, prevista para el lunes 2 de marzo, forma parte de un plan de lucha que incluye movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Ordinario y Extraordinario de la entidad, con participación de delegados de todas las jurisdicciones. Allí, la secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe crítico sobre la situación del sistema educativo y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.

Reclamos salariales y financiamiento en el centro

El eje del conflicto combina demandas salariales y estructurales. Ctera exige la convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el piso salarial y ordena la negociación en las provincias—, la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), componente que complementaba los ingresos de maestros y profesores con recursos federales.

La conducción sindical sostiene que la pérdida de ese fondo y la falta de actualización presupuestaria deterioraron el poder adquisitivo y ampliaron las asimetrías entre distritos. En ese marco, también expresó su rechazo al proyecto oficial de reforma laboral y a la denominada Ley de Libertad Educativa, iniciativa que retomaría la propuesta de campaña de reemplazar subsidios directos a instituciones por un sistema de vouchers destinados a las familias.

Para la organización gremial, ese esquema podría profundizar desigualdades territoriales y debilitar el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Provincia de Buenos Aires y efecto dominó

El escenario se complejiza en la provincia de Buenos Aires. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya había resuelto un paro para la misma fecha tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial. Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) confirmó su adhesión a la medida nacional, aunque aclaró que mantiene abiertas las negociaciones con la administración de Axel Kicillof, lo que deja margen para eventuales cambios de último momento.

Más allá de Ctera —enrolada en la CTA de los Trabajadores—, los sindicatos docentes vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que el inicio de clases también podría verse afectado si no se reabre la paritaria nacional. Aunque todavía no anunciaron huelgas, el riesgo de una convergencia sindical amplía la dimensión del conflicto.

Un frente político en expansión

El paro docente se inscribe en una secuencia de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales. La educación, por su capilaridad territorial y su impacto social, constituye un terreno especialmente sensible.

El Ejecutivo, que ha defendido su política de reducción del gasto público y promovido reformas estructurales, enfrenta así un nuevo desafío en el plano federal. La negociación paritaria no solo implica discutir cifras, sino también definir el alcance del financiamiento educativo y el rol de la Nación en la coordinación del sistema.

Para las provincias, el escenario tampoco es neutro: sin un piso salarial nacional actualizado ni transferencias complementarias, la presión presupuestaria se incrementa en distritos con menor capacidad fiscal.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 32 ordenó suspender de inmediato los sumarios iniciados contra trabajadores del Hospital Garrahan que participaron de medidas gremiales. El juez Herman Mendel consideró que las actuaciones configuraban un obstáculo a la libertad sindical y cuestionó declaraciones públicas de funcionarios que anticiparon sanciones. Los gremios celebraron la decisión y mantienen el estado de alerta.

La disputa salarial y presupuestaria en el Hospital Garrahan sumó un nuevo episodio decisivo. La Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende los 40 sumarios administrativos promovidos por la conducción del centro de salud contra trabajadores y dirigentes que encabezaron protestas en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento.

El fallo, firmado por el juez Herman Mendel a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32, ordena frenar “de inmediato” las actuaciones impulsadas por el interventor designado por el Gobierno nacional, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración. Esos expedientes constituían el paso previo al pedido de desafuero y eventual despido de 11 empleados, además de la suspensión de otros 29.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la apertura masiva de sumarios en el contexto de un conflicto colectivo configura un “obstáculo” para el ejercicio de la libertad sindical y puede presumirse la existencia de “persecución y hostigamiento”. Además, dispuso que el propio juzgado asumirá el tratamiento de las actuaciones cuestionadas.

Un fallo con fuertes críticas al Ejecutivo

El pronunciamiento judicial no se limitó a un análisis formal de los expedientes. En uno de sus tramos más sensibles, cuestionó declaraciones públicas de funcionarios nacionales que, antes de que concluyeran los procedimientos administrativos, adelantaron sanciones contra los trabajadores.

Según la resolución, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, realizaron manifestaciones que anticipaban despidos. Para el juez, ese posicionamiento vulnera garantías constitucionales básicas y pone en duda la imparcialidad del proceso disciplinario, al sugerir que las sanciones ya estaban definidas en el plano político antes de agotarse la instancia jurídica.

El fallo también advierte que el accionar de las autoridades del hospital podía operar como un antecedente “orientado a disciplinar a otros trabajadores”, en un escenario de alta conflictividad gremial.

El trasfondo del conflicto

La disputa se enmarca en la larga negociación salarial que atravesó al principal hospital pediátrico del país durante 2025. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan encabezaron una huelga que, según los gremios, permitió alcanzar una recomposición del 61% para recuperar parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación.

Esa medida de fuerza incluyó la ocupación de oficinas administrativas en un plano de negociaciones fallidas y ausencia de autoridades en reuniones convocadas formalmente. Desde las organizaciones sindicales sostienen que la apertura de sumarios fue una represalia directa por la protesta.

Tras conocerse la cautelar, la APyT celebró la decisión judicial como un “triunfo de la lucha colectiva”. Sin embargo, aclaró que la medida es provisoria y que la batalla legal continúa hasta lograr la anulación definitiva de los expedientes.

En este aspecto, los gremios ratificaron la convocatoria a un nuevo “Abrazo al Garrahan” para el jueves 26 a las 13, con el objetivo de consolidar el respaldo social y enviar una señal política frente a lo que describen como un proceso de ajuste iniciado el 10 de diciembre de 2023, con la asunción presidencial de Javier Milei.

Más allá de los sumarios

El conflicto no se agota en el plano disciplinario. Los sindicatos denuncian además el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y señalan que cerca de 70 profesionales y técnicos fueron reconvertidos a modalidad de monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo.

Para Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital, esa precarización constituye una forma indirecta de presión laboral que agrava la tensión interna y afecta la estabilidad del plantel sanitario.

El trasfondo revela un debate mayor: cómo compatibilizar la administración presupuestaria en un contexto de ajuste con la preservación de derechos laborales en instituciones estratégicas del sistema público de salud.