Profesionales de la salud reclaman por deudas salariales
Este último miércoles, los médicos de clínicas y sanatorios de la provincia realizaron una particular protesta tras no recibir los aumentos acordados para noviembre y diciembre y tampoco el bono autorizado por Nación.
Frente al Cimyn, en calle Santa Fé y Catamarca, apareció un pasacalle con la frase «#MiTrabajoVale, exigimos el pago de los aumentos adeudados del mes de noviembre y diciembre 2022. Personal de la Sanidad tiene derechos a sobrevivir».
Según indicó una de las trabajadoras del Cimyn, una de las profesionales, a Zonda Diario, «están cobrando el mismo sueldo de octubre» y si bien los delegados y la patronal fueron la subsecretaría de Trabajo, no les hicieron ninguna propuesta de pagos. «Ni siquiera propusieron pagarnos por partes. Solo pidieron que la Obra Social Provincia les otorgue un préstamo para hacernos el pago» afirmó la médica.
Ahora, el sector de la sanidad se encuentra en estado de alerta hasta el 16 de enero y de no llegar a un arreglo, harán paro sin asistencia a los lugares de trabajo. «Desde la patronal nos dijeron que no tienen la posibilidad de hacer frente a ningún pago. Somos más de 400 empleados a los que nos deben, algunos todavía no les terminan de pagar el aguinaldo» indicó la consultada.
Si bien la medida de fuerza comenzó en el Cimyn, anunciaron que se desarrollará en el Instituto Médico, Sanatorio Argentino, Clínica Santa Clara, Hospital Privado, CEAC y otros centros de atención privada.
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Minería y empleo: el acuerdo de Vicuña con UOCRA mejora los salarios en la cordillera
Los trabajadores de la construcción que participen en las obras del proyecto Vicuña, en la alta cordillera de San Juan, tendrán una remuneración superior a la prevista para una obra convencional. Según fuentes gremiales consultadas tras el acuerdo firmado entre la compañía y la UOCRA, los adicionales establecidos para las condiciones particulares de la montaña llevarán el ingreso aproximadamente un 40% por encima del esquema habitual.
La cifra no figura en el comunicado oficial difundido por Vicuña, que sí confirma la incorporación de adicionales vinculados con las tareas en altura y compensaciones asociadas a los sistemas de trabajo o rosters que se implementarán durante la construcción. El entendimiento fue suscripto en Buenos Aires por el CEO de Vicuña, Ron Hochstein; el Country Director de la compañía en Argentina, José Morea; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Un régimen específico para la alta cordillera
El convenio establece criterios comunes para las empresas contratistas y subcontratistas que participen en las distintas etapas de construcción de Josemaría y Filo del Sol, los dos grandes depósitos que integran Vicuña. Las tareas se desarrollarán en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con exigencias operativas y climáticas diferentes a las de una obra convencional.
El pacto complementa las condiciones previstas en el convenio colectivo de la construcción y busca evitar que las condiciones laborales queden sujetas a acuerdos diferentes con cada contratista. El plus por altura y las compensaciones relacionadas con los rosters constituyen, en ese sentido, los principales componentes diferenciales del esquema acordado.
La referencia salarial del 40% debe interpretarse dentro de esas condiciones específicas. No significa que todos los trabajadores vinculados al proyecto perciban automáticamente el mismo porcentaje adicional en cualquier circunstancia: la remuneración dependerá de la tarea, categoría y modalidad de contratación, mientras que los beneficios particulares estarán asociados a las características del trabajo en la cordillera.
Un antecedente para las futuras obras mineras
El consenso adquiere especial relevancia para San Juan porque puede convertirse en un punto de referencia para las negociaciones que la UOCRA mantenga con otras compañías mineras. Fuentes gremiales señalan que el acuerdo constituye un antecedente para discutir condiciones laborales en nuevos emprendimientos de cobre, aunque los porcentajes y adicionales no necesariamente serán idénticos en otros yacimientos.
La construcción minera comienza así a incorporar reglas específicas en una provincia que concentra varios de los principales proyectos cupríferos del país. En el caso de Vicuña, la iniciativa contempla una inversión inicial estimada en US$9.700 millones, con el inicio de la construcción previsto para 2027 y una demanda de aproximadamente 12.000 empleos directos durante el pico de las obras, según información difundida sobre el proyecto.
La preparación de mano de obra ya forma parte de esa etapa previa. Vicuña y la Fundación UOCRA acordaron en septiembre capacitaciones en oficios, soldadura, electricidad, montaje y operación de maquinaria pesada, con el propósito de ampliar la disponibilidad de trabajadores formados para las futuras necesidades de construcción.
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Jorge Sola alertó por el “mal humor social” y cuestionó los personalismos del peronismo
El integrante del triunvirato de la CGT advirtió sobre un creciente descontento social y expresó su preocupación por el descreimiento en la política. De cara a 2027, cuestionó los personalismos dentro del peronismo, reclamó una convocatoria más amplia y sostuvo que la dirigencia debe recuperar capacidad de representación.
Sola distinguió tres comportamientos dentro del electorado: quienes mantienen un respaldo firme al Gobierno, quienes se oponen de manera igualmente definida y un tercer grupo al que denominó “ningunismo”. Para el dirigente del Sindicato del Seguro, esa última franja constituye uno de los principales desafíos para la representación política porque no se limita a definir una preferencia electoral, sino que puede derivar en desinterés por participar de los comicios.
“Tenés un doble problema. No solo tenés que convencer a alguien que te vote, sino que tenés que convencerla que vaya a votar”, sostuvo Sola en declaraciones periodísticas, al referirse a lo que considera una pérdida de confianza en las estructuras partidarias.
La crítica al peronismo y los personalismos
El dirigente sindical trasladó ese diagnóstico al funcionamiento del Partido Justicialista. Sola planteó que el peronismo conserva una tradición favorable a las coaliciones, pero cuestionó que esa capacidad de articulación haya quedado condicionada por liderazgos individuales.
“El espíritu de coalición y frentista es afín al peronismo”, señaló. A su entender, el problema comenzó cuando distintas conducciones buscaron interpretar al movimiento desde perspectivas cada vez más personalistas. Esa lógica, sostuvo, termina dificultando la incorporación de dirigentes y organizaciones que podrían participar de una construcción política más amplia.
La crítica incluye también al funcionamiento institucional del PJ. Sola afirmó que nunca fue convocado por las autoridades partidarias para aportar la mirada de los trabajadores y cuestionó que los partidos políticos hayan quedado reducidos, según su interpretación, a estructuras que recuperan protagonismo principalmente durante los procesos electorales.
“El peronismo tiene que ser generoso a la hora de convocar como lo hizo muchísimas veces, pero tiene que ser generoso a la hora de conducir”, planteó. La observación apunta a una diferencia que considera central: ampliar una coalición para ganar una elección no alcanza si luego las decisiones quedan concentradas dentro de una única estructura partidaria.
Una coalición más amplia
Sola también se pronunció a favor de una construcción que reúna a distintas fuerzas con coincidencias programáticas. La propuesta no se limita al PJ, sino que plantea la posibilidad de conformar un espacio capaz de incorporar dirigentes y organizaciones provenientes de otras tradiciones políticas.
El dirigente ya había planteado durante 2026 que el peronismo resulta necesario para cualquier alternativa opositora, pero que, a su entender, no alcanza por sí solo para construir una propuesta política amplia.
Su planteo se inscribe además en una etapa en la que la CGT procura preservar autonomía institucional mientras sus principales dirigentes intervienen cada vez con mayor frecuencia en discusiones sobre el rumbo económico, laboral y político del país. Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello integran desde noviembre de 2025 el triunvirato que conduce la central obrera.
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Nuevo paro en las universidades tras el fracaso de la negociación salarial
Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este martes 22 de septiembre una nueva jornada de paro, en rechazo a la oferta salarial del 3%. Los gremios sostienen que necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario. También convocaron a la quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.
Las universidades nacionales volverán a paralizar este martes 22 de septiembre sus actividades por 24 horas, en la segunda jornada del paro de 48 horas dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida completa la huelga iniciada el viernes 18 y fue definida luego de que las organizaciones docentes y nodocentes rechazaran nuevamente una propuesta de aumento salarial del 3%.
La disputa excede la discusión de un porcentaje mensual. Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en octubre de 2025. Su artículo 5 establece que los haberes docentes y nodocentes debían actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma tomando como referencia, como mínimo, la evolución del IPC, además de disponer actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC.
Una brecha salarial que los gremios calculan en 33,4%
El porcentaje que concentra el reclamo surge de los informes elaborados por FEDUN y CIICTI. El último relevamiento disponible ubica en 33,4% la recomposición nominal necesaria para recuperar, en términos reales, el nivel salarial de noviembre de 2023. CIICTI volvió a señalar ese mismo cálculo en agosto de 2026.
Frente a esa referencia, la propuesta del 3% presentada en la negociación paritaria fue considerada insuficiente por las organizaciones que integran el Frente Sindical. Desde ADIUC, uno de los gremios que participa de la articulación nacional, sostuvieron además que la diferencia acumulada derivada de la aplicación pendiente del artículo 5 equivaldría a unos cuatro salarios. Esa estimación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus argumentos para sostener la continuidad de la protesta.
La FEDUN reclama, junto con la recomposición de los haberes, que el Gobierno aplique la normativa vigente. Su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la nueva propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida acumulada por los trabajadores universitarios.
El reclamo también alcanza becas, hospitales e investigación
El conflicto incorpora además recursos para las funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensión. Los gremios plantean que el financiamiento debe contemplar las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y las condiciones necesarias para sostener la enseñanza y la investigación.
La propia Ley 27.795 establece entre sus objetivos garantizar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de asegurar condiciones laborales y salariales para docentes y nodocentes. También dispone recursos para tecnología, formación y fortalecimiento de las plantas universitarias.
La continuidad de la huelga no constituye una medida aislada. El Frente Sindical anunció un esquema de 23 jornadas de protestas, que desembocará en una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre, acordada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional.
La convocatoria reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, con participación de docentes y nodocentes de universidades de todo el país. En distintas casas de estudios se sumaron actividades de visibilización, clases públicas y otras iniciativas durante las jornadas de protesta.
La huelga de este martes reinstala la controversia salarial entre el Ejecutivo y el sector universitario, donde la brecha entre el 3% ofertado y el 33,4% exigido expone un quiebre profundo. Esta distancia no solo frustra el acuerdo mensual, sino que reactiva el debate de fondo sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 y la garantía presupuestaria para las casas de altos estudios.
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