El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de los planteos impulsados desde La Rioja y aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro de territorio sanjuanino. El funcionario rechazó la posibilidad de una explotación compartida, defendió la legalidad ambiental del emprendimiento y acusó al gobierno riojano de instalar una controversia sin sustento jurídico.

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Lunahuasi volvió a escalar con fuerza y sumó un nuevo episodio de confrontación política, institucional y territorial. Luego de que desde el gobierno riojano insistieran con avanzar judicialmente para frenar actividades vinculadas al emprendimiento y propusieran un esquema de administración compartida en zonas limítrofes, la respuesta sanjuanina no tardó en llegar.

Perea, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por su par riojano, Ernesto Pérez, y defendió la jurisdicción plena de la provincia sobre el yacimiento. El funcionario sostuvo que Lunahuasi se encuentra completamente dentro del territorio sanjuanino y afirmó que la discusión planteada desde La Rioja carece de sustento legal.

“El Gobierno de La Rioja está generando un conflicto inexistente desde el punto de vista jurídico. San Juan defiende su territorio con la ley”, expresó el ministro, al fijar posición frente a una controversia que volvió a tensar la relación entre ambas administraciones provinciales.

La discusión no es nueva. Desde hace años persisten diferencias históricas alrededor de límites y áreas de influencia en sectores cordilleranos donde existen importantes expectativas mineras. Sin embargo, el crecimiento de proyectos estratégicos y el creciente interés inversor sobre la región elevaron considerablemente la sensibilidad política alrededor de esos territorios.

En esta oportunidad, el detonante fue la propuesta formulada por Ernesto Pérez para conformar una especie de área común de servicios y explotación minera entre San Juan y La Rioja, tomando como referencia experiencias compartidas entre otras provincias del norte argentino en desarrollos vinculados al litio.

Perea desestimó completamente esa alternativa y sostuvo que el caso de Lunahuasi no puede compararse con emprendimientos donde los recursos efectivamente atraviesan distintas jurisdicciones provinciales. Según explicó, no existe ningún elemento técnico, geológico ni legal que justifique un esquema conjunto de administración.

“No existe ninguna norma que obligue a compartir la administración de recursos que pertenecen exclusivamente a una provincia”, afirmó el ministro sanjuanino.

El funcionario apoyó su postura en la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino, normativa que —según indicó— delimita claramente la pertenencia territorial del área donde se desarrolla el proyecto.

Además de rechazar los planteos territoriales, Perea también respondió a las objeciones ambientales deslizadas desde La Rioja. Particularmente cuestionó las declaraciones que vinculaban el proyecto Lunahuasi con el glaciar El Potro, uno de los puntos utilizados por sectores riojanos para justificar futuras presentaciones judiciales.

El ministro aseguró que no existe conexión física ni ambiental entre el emprendimiento y esa área glaciar, debido a que ambos sectores se encuentran separados por una cadena montañosa perfectamente identificada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional.

La aclaración buscó desactivar uno de los argumentos que comenzaban a ganar espacio dentro de la ofensiva política riojana: la posibilidad de impulsar acciones legales vinculadas a presuntas irregularidades ambientales o inconsistencias en informes técnicos relacionados con tareas de exploración minera.

Perea también remarcó que Lunahuasi cuenta actualmente con todas las autorizaciones necesarias para avanzar en etapa exploratoria y sostuvo que la única autoridad competente para emitir permisos sobre esa zona es el Gobierno de San Juan.

El endurecimiento del discurso provincial aparece estrechamente ligado al momento que atraviesa la minería sanjuanina. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de atracción de inversiones mineras del país, especialmente en cobre y oro, y busca fortalecer su posicionamiento dentro del mapa extractivo sudamericano.

En ese proceso, el Distrito Vicuña —donde se encuentran proyectos de enorme relevancia geológica y económica— pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para empresas internacionales como para la planificación económica provincial.

Por eso, detrás de la controversia territorial también se mueve una discusión mucho más amplia vinculada a regalías, control de recursos naturales, infraestructura y capacidad de negociación frente a futuros desarrollos multimillonarios.

La reacción de San Juan dejó en evidencia que la provincia no está dispuesta a abrir ninguna instancia de discusión sobre jurisdicción minera ni sobre eventuales esquemas compartidos de administración territorial. La postura oficial apunta a blindar jurídica y políticamente los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina, en un momento donde la minería se convirtió en uno de los principales motores económicos de la provincia.

“San Juan está construyendo el polo minero más importante del país”, aseguró Perea al cerrar su respuesta pública, en una definición que no sólo buscó defender el proyecto Lunahuasi, sino también reafirmar el liderazgo provincial dentro de una actividad que concentra expectativas económicas, disputas políticas y crecientes intereses estratégicos en toda la región andina.

La administración nacional dispuso una fuerte reasignación de partidas que impactó de lleno en la Autopista Ruta 40 Sur, uno de los proyectos viales más relevantes para la conexión entre San Juan y Mendoza. La quita de más de $2.000 millones vuelve a encender las alarmas sobre la continuidad de una obra atravesada por demoras, indefiniciones y objeciones al esquema de paralización de la infraestructura pública.

La decisión del Gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre distintas áreas del Estado volvió a colocar a la obra pública en el centro de la discusión política y económica. Esta vez, el impacto alcanzó a la Ruta Nacional 40 Sur, particularmente al tramo Tres Esquinas, una intervención considerada estratégica para la conectividad cuyana y que desde hace meses arrastra un escenario de virtual estancamiento.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo en el Boletín Oficial, donde se estableció una redistribución presupuestaria superior a los $2,4 billones. El recorte alcanzó a múltiples áreas sensibles, entre ellas infraestructura, salud y educación, en línea con la política de reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo nacional.

El proyecto contaba originalmente con una asignación de $24.755 millones para el ejercicio 2026 y parte de ese financiamiento provenía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que respaldaba la ejecución de la obra. Sin embargo, pese a ese sostén financiero internacional, la Nación resolvió quitarle $2.025.729.177, una decisión que profundiza las dudas sobre los tiempos de avance y sobre la viabilidad real de continuar con los trabajos en el corto plazo.

El dato adquiere además un fuerte contenido político por la cercanía temporal entre el anuncio del recorte y las declaraciones oficiales formuladas días antes. Apenas doce jornadas previas a la publicación de la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había expuesto ante la Cámara de Diputados un informe donde ratificaba distintos proyectos viales y describía perspectivas de continuidad para obras consideradas prioritarias, entre ellas el tramo de la Ruta 40 ahora afectado por la poda presupuestaria.

La contradicción entre el discurso oficial y las decisiones administrativas alimentó nuevas críticas de sectores políticos, empresariales y vinculados al transporte, que desde hace meses vienen advirtiendo sobre las consecuencias del freno en la infraestructura vial.

En San Juan, la Ruta 40 Sur representa mucho más que una conexión interprovincial. Se trata de un corredor determinante para el movimiento de la producción regional, el transporte de cargas y la integración logística con Mendoza. A ello se suma un aspecto especialmente sensible: la seguridad vial. Diversos sectores vienen alertando desde hace tiempo sobre el deterioro de varios tramos y la necesidad de modernizar una traza que registra un tránsito intenso y permanente.

La reducción de partidas vuelve a instalar interrogantes sobre el futuro inmediato del proyecto y refuerza la percepción de que gran parte de las obras nacionales quedaron subordinadas a la lógica de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno a una infraestructura considerada esencial para el desarrollo productivo y la conectividad del oeste argentino.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos dentro de los tribunales laborales. La Justicia de Mendoza dictó una resolución inédita en la provincia al autorizar que una empresa cancelara una indemnización por despido mediante un esquema de pagos mensuales, aplicando uno de los puntos más controvertidos incorporados recientemente a la legislación laboral argentina.

La decisión fue adoptada por la Sexta Cámara del Trabajo y lleva la firma del camarista Diego Cisilotto, quien admitió el pedido formulado por una empresa de seguridad privada para abonar el capital de condena en doce cuotas consecutivas, luego de acreditar formalmente su condición de pyme.

El fallo representa el primer antecedente mendocino vinculado a la aplicación práctica de la modificación introducida en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformulado tras la sanción de la Ley 27.802. La normativa habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas a cancelar condenas judiciales laborales en hasta doce pagos mensuales, mientras que las grandes compañías pueden hacerlo en un máximo de seis cuotas.

La medida, sin embargo, permanece bajo fuerte discusión jurídica. Diversos sectores del derecho laboral cuestionan la constitucionalidad del nuevo esquema, al considerar que podría afectar el principio de protección integral del crédito alimentario que representan las indemnizaciones laborales.

La causa tuvo origen en la demanda presentada por un trabajador de seguridad privada despedido en agosto de 2023. El empleado reclamó indemnización por despido sin causa y diferencias salariales derivadas de la relación laboral mantenida con la firma demandada, que prestaba servicios en distintos establecimientos comerciales del Gran Mendoza.

Tras analizar el expediente, la Cámara declaró injustificado el despido y condenó a la empresa al pago de una indemnización actualizada de aproximadamente 9,4 millones de pesos.
Luego de conocido el veredicto, la firma solicitó acogerse al nuevo régimen previsto por la reforma laboral. Para ello presentó el certificado oficial que acreditaba su encuadramiento como pyme y acompañó el depósito correspondiente a la primera cuota del plan de pagos.

Uno de los puntos centrales del dictamen fue la interpretación realizada por el tribunal respecto del momento procesal en que puede aplicarse el beneficio. La Cámara entendió que el mecanismo sólo resulta válido mientras no se haya iniciado la etapa de ejecución forzada de la sentencia.

En este caso, el pedido fue presentado dentro del plazo fijado para cumplir voluntariamente con la condena y antes de que existieran medidas compulsivas de cobro, circunstancia que llevó al magistrado a considerar admisible la solicitud.

A partir de esa evaluación, el juez autorizó el pago fraccionado en doce cuotas mensuales consecutivas, con vencimientos programados hasta abril de 2027. El fallo también incorporó una cláusula de caducidad automática especialmente estricta: el incumplimiento de una sola cuota provocará la pérdida inmediata del beneficio y habilitará la exigibilidad total del saldo pendiente junto con los intereses correspondientes.

La resolución abre ahora un nuevo escenario dentro de la litigiosidad laboral argentina. El esquema podría comenzar a replicarse en otras jurisdicciones, particularmente entre pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades financieras y buscan mecanismos para afrontar condenas judiciales sin comprometer su continuidad operativa.

Al mismo tiempo, el antecedente promete profundizar el debate jurídico y sindical alrededor de la reforma laboral y sus efectos sobre los derechos de los trabajadores. Para sectores gremiales y especialistas en derecho laboral, el fraccionamiento de indemnizaciones modifica sustancialmente la lógica histórica de reparación inmediata prevista por el sistema laboral argentino.