El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.

El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.

Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.

El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.

La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.

El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.

A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.

Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.

La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.

La Secretaría de Trabajo volvió a modificar su segunda línea en un momento especialmente sensible de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Claudia Testa presentó su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y Mariano Sartoris fue designado para ocupar su lugar, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del área conducida por Julio Cordero.

Testa había llegado al Gobierno a fines de 2024, después de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, con vigencia desde el 10 de diciembre de 2024. Durante su gestión intervino en negociaciones colectivas, mediaciones y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales.

La salida se produjo mediante una renuncia indeclinable. Desde el Gobierno fue presentada como parte de un proceso de reestructuración interna, mientras que otras versiones periodísticas consignaron diferencias y motivos personales como parte de las explicaciones que circularon alrededor de la decisión. No existe, hasta el momento, una explicación oficial que permita atribuir el alejamiento a una disputa específica.

El reemplazante introduce un dato político-administrativo relevante. Mariano Sartoris, abogado y hasta ahora subsecretario Legal de Capital Humano, es identificado como un funcionario de confianza de la ministra Sandra Pettovello. También había tenido funciones dentro de la propia estructura laboral antes de pasar al área jurídica de Capital Humano.

La Subsecretaría ocupa un lugar central en la relación cotidiana del Estado con el mundo del trabajo: participa en paritarias, conflictos colectivos, mediaciones y vínculos entre sindicatos y empresas. Por eso, el reemplazo no se limita a un movimiento administrativo. Para las organizaciones gremiales, la principal incógnita será conocer qué perfil tendrá Sartoris en la interlocución con dirigentes y qué grado de continuidad tendrán los canales construidos durante la gestión anterior.

El cambio también vuelve a poner de relieve la alta rotación de funcionarios en la segunda línea de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, seis nombres ocuparon esa posición: Liliana Archimbal, Mariana Hortal Sueldo, Horacio Pitrau, Martín Huidobro, Claudia Testa y ahora Sartoris. La sucesión contrasta con la permanencia de Julio Cordero, quien continúa al frente de la Secretaría.

Testa, además, había mantenido actividad hasta los últimos días de su gestión. El 29 de septiembre, encabezó una audiencia con trabajadores despedidos de Flybondi que buscaban la mediación del Estado por salarios e indemnizaciones pendientes. La proximidad entre esa intervención y su salida contribuyó a que el relevo generara atención entre los actores que mantienen negociaciones habituales con el organismo.

El recambio se produce mientras el Gobierno y la CGT mantienen diferencias en torno a las políticas laborales y al alcance de las reformas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, cualquier modificación en el equipo que interviene directamente en las relaciones colectivas es seguida de cerca por los sindicatos, especialmente ante las discusiones pendientes sobre convenios, salarios, representación y legislación laboral.

Las versiones que vinculan la salida de Testa con una eventual ofensiva contra las organizaciones sindicales no fueron confirmadas oficialmente y, por ahora, forman parte de interpretaciones políticas sobre el cambio. Lo verificable es que el Gobierno colocó en una posición clave a un funcionario proveniente del núcleo de Capital Humano y cercano a Pettovello, mientras mantiene a Cordero al frente de esa cartera.

La crisis comercial en San Juan provoca nuevos cierres y afecta el empleo, según advirtió el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) tras las bajas de la sucursal de Vea en Villa Krause, el mayorista Cabral y el inminente cierre de Niko Calzados

El caso de Vea involucra directamente a 12 trabajadores. Según explicó la secretaria general del SEC, Mirna Moral, los empleados fueron notificados del cierre aproximadamente 15 días antes de concretarse y comenzaron a recibir propuestas de desvinculación. Algunos analizan aceptar los acuerdos ofrecidos, mientras otros evalúan alternativas vinculadas con la continuidad laboral, la cobertura de salud y el acceso al seguro de desempleo.

La situación del mayorista Cabral suma otros 18 puestos de empleo. El local de calle Nuche dejó de funcionar el 4 de octubre y, según la información transmitida por el gremio, la decisión estaría relacionada con la necesidad de reducir costos y achicar la estructura de la empresa.

Entre los factores determinantes se encuentran los costos operativos del establecimiento, destacando un alquiler mensual aproximado de $14 millones, además de la planilla salarial y los servicios públicos. Al respecto, voceros de la firma indicaron que se estudia la reubicación de una parte de la plantilla en el futuro local de Rawson, el cual se encuentra en fase de construcción.

Asimismo, trascendió que Niko Calzados planea clausurar una de sus sedes en la peatonal sanjuanina, una decisión que ya habría sido informada a sus dependientes. Ante esto, el SEC anunció que intervendrá para revisar las propuestas de la empresa y gestionar posibles traslados.

El impacto laboral de los cierres todavía no puede traducirse íntegramente en despidos efectivos, ya que en algunos casos continúan las negociaciones y existe la posibilidad de trasladar trabajadores a otros establecimientos. Sin embargo, los tres episodios comprometen más de 30 puestos de trabajo y vuelven a instalar la preocupación por la capacidad del comercio para sostener sus estructuras.

Moral vinculó esta sucesión de cierres con el deterioro del poder de compra y el aumento de los costos que deben afrontar las empresas. “Estamos pasando épocas bastante malas, de crisis grande, donde ni siquiera los supermercados se están salvando”, sostuvo la dirigente mercantil.

El problema excede la pérdida inmediata de un empleo. Para los trabajadores, una desvinculación implica afrontar alquileres, servicios, deudas y gastos familiares con ingresos que ya vienen condicionados por la evolución de los precios. La eventual pérdida de cobertura médica y el tiempo necesario para conseguir una nueva ocupación agregan presión sobre los hogares.