La pérdida de empleo y el aumento de los costos médicos están generando una fuerte presión sobre las finanzas de las obras sociales sindicales. La advertencia llegó al Ministerio de Salud de la Nación a través de Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y presidente de la obra social de los conductores del transporte colectivo de pasajeros, quien alertó al ministro Mario Lugones sobre el deterioro de las prestaciones.

En una comunicación dirigida al funcionario, Fernández sostuvo que las entidades de la seguridad social atraviesan una situación económica crítica, con consecuencias potenciales sobre la cobertura de millones de trabajadores y sus familias. El problema combina una menor base de aportantes con mayores gastos en medicamentos, consultas, prácticas médicas, internaciones y servicios contratados.

El colapso del sector privado —marcado por la pérdida de cobertura y profesionales— está desviando pacientes al sistema de salud público. Representantes gremiales estiman un alza de entre el 30% y el 35% en las consultas de jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, aunque advierten que la falta de un registro nacional impide generalizar la cifra.

Medicamentos importados: una discusión por los costos

Otro foco de preocupación surgió con la disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada el 28 de agosto y vigente desde el 1 de septiembre. La norma aprobó nuevas pautas arancelarias para trámites vinculados con medicamentos y productos médicos, incluidos determinados procedimientos de importación.

El esquema establece alícuotas del 1,5% y del 1,25% sobre el valor FOB de determinadas importaciones, con condiciones y topes según el tipo de operación. La posibilidad de que esos cargos se trasladen a los precios finales encendió alertas entre actores del sistema sanitario, que ya deben afrontar tratamientos de alto costo.

Sin embargo, la ANMAT rechazó que la medida implique un aumento generalizado de los aranceles. Según el organismo, la actualización busca corregir distorsiones y mejorar la proporcionalidad de los cargos; además, señaló que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarían a pagar menos que con el esquema anterior. Por eso, el eventual impacto sobre los costos de las obras sociales dependerá de cada operación y de cómo se trasladen los cargos a lo largo de la cadena.

La Superintendencia cambia de conducción

La discusión se produce, además, mientras la Superintendencia de Servicios de Salud atraviesa un recambio de autoridades. El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman, efectiva desde el 6 de octubre, y designó al ingeniero Horacio Guevara al frente del organismo desde el día siguiente, mediante el Decreto 1152/2026. La Superintendencia fiscaliza y controla a los agentes del sistema nacional del seguro de salud, incluidas las obras sociales.

La administración nacional señaló que la nueva conducción dará continuidad a las políticas de reorganización del sistema, con énfasis en la libertad de elección de los beneficiarios y la competencia entre prestadores. Para las entidades sindicales, la capacidad de supervisión y la disponibilidad de recursos serán determinantes para sostener las prestaciones en medio de las dificultades financieras.

El presupuesto sanitario, otra fuente de preocupación

Las proyecciones para 2027 sumaron cuestionamientos. De acuerdo con un análisis de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), el proyecto presupuestario eleva nominalmente los recursos del Ministerio de Salud de $3,10 billones, aprobados originalmente para 2026, a $10,46 billones para el año próximo. Sin embargo, la entidad advierte que la comparación está distorsionada por la incorporación de programas que antes dependían de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al ajustar la base de comparación, FESPROSA calcula que el incremento nominal se reduce al 25,9%. Por su parte, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estima que los recursos reales del Ministerio y sus organismos dependientes serían en 2027 un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

El análisis también advierte sobre la evolución de los presupuestos hospitalarios: proyecta que el Hospital Posadas dispondría de recursos reales un 33,4% inferiores a los de 2023, mientras que la reducción alcanzaría el 45,3% en el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental. Se trata de estimaciones elaboradas por organizaciones independientes a partir de las partidas previstas, no de recortes ya ejecutados en 2027.

La combinación de menores ingresos contributivos, costos médicos elevados y restricciones presupuestarias amenaza con profundizar las dificultades de financiamiento de la atención sanitaria. La evolución dependerá tanto de la capacidad de las obras sociales para sostener sus prestaciones como de las decisiones nacionales sobre recursos, regulación y asistencia al sistema público. Para los sindicatos, el desafío inmediato es evitar que el deterioro financiero termine trasladándose a los trabajadores mediante una menor cobertura o mayores gastos de bolsillo.

La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.

“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.

La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”

Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.

Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.

También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.

El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista

El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.

La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.

El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.

La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.

El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.

Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.

Bono por el Día del Bancario

El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.

Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.

El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.

Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero

El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.

Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.

La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.

El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.