El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.

El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.

Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.

El Ministerio de Economía confirmó la incorporación del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El emprendimiento, que integrará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, prevé una inversión cercana a los US$9.700 millones, exportaciones por US$2.600 millones anuales y la generación de 31.700 empleos directos e indirectos.

El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita el acceso a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por la Ley de Bases para uno de los mayores desarrollos cupríferos del país. La iniciativa, impulsada por las compañías BHP y Lundin Mining en San Juan, contempla una inversión total de US$9.737 millones destinada a la explotación de cobre, oro y plata.

La medida fue oficializada este jueves por el Ministerio de Economía y quedó plasmada en la Resolución 1154/2026, que incorporó el emprendimiento al Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La cartera que conduce Luis Caputo sostuvo que la propuesta reúne los requisitos de estabilidad, previsibilidad y magnitud establecidos por el régimen.

El proyecto comprende el desarrollo conjunto de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones mineras vinculadas. La iniciativa incluye la construcción de minas a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, caminos de acceso, campamentos e infraestructura de apoyo necesaria para la operación.

Según la documentación presentada por Vicuña Argentina S.A., de la inversión total prevista, US$9.024 millones serán considerados activos computables dentro del RIGI. El cronograma fue dividido en dos etapas: la primera se extenderá desde el 8 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la segunda abarcará el período comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.

Durante la fase inicial se computarán inversiones por US$1.128 millones y, en la segunda, otros US$7.895 millones. La empresa, además, deberá acreditar inversiones por al menos US$2.009 millones dentro de los dos primeros años posteriores a la notificación de la resolución, superando el umbral mínimo exigido por la normativa. El plazo para cumplir esa condición vencerá el 31 de diciembre de 2028.

El Gobierno estima que, una vez en producción, Vicuña permitirá exportaciones cercanas a los US$2.600 millones anuales y generará alrededor de 31.700 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, consolidando a San Juan como uno de los principales polos cupríferos de América Latina.

La adhesión al RIGI también habilita la importación de bienes de capital y equipamiento tecnológico con franquicias aduaneras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá asignar una identificación tributaria específica al vehículo del proyecto para aplicar los incentivos previstos por el régimen.

Por su parte, el Banco Central implementará los beneficios cambiarios contemplados para las grandes inversiones, incluidos los vinculados con la disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones. Durante el proceso de evaluación, la autoridad monetaria informó que no encontró objeciones en materia cambiaria, mientras que la Secretaría de Minería será la encargada de supervisar el cumplimiento del cronograma de inversiones y de las obligaciones asumidas por la empresa.

La aprobación de Vicuña representa uno de los pasos más relevantes para la minería argentina desde la creación del RIGI y fortalece la posición de San Juan como destino de inversiones de gran escala, ante el empuje de la transición energética y el avance tecnológico, el cobre cobra un valor estratégico sin precedentes.