Los trabajadores de estaciones de servicio atraviesan distintas instancias de negociación salarial según el convenio colectivo que los comprende. Mientras los CCT 428/05 y 488/07 ya fijaron aumentos para agosto, septiembre y octubre, las paritarias correspondientes a los CCT 371/03, 521/07 y 317/99 permanecen abiertas.

En el CCT 428/05, acordado entre SOESGyPE, FOESGRA y CAGESRA, se estableció un incremento del 2% en agosto, 2% en septiembre y 2% en octubre, dentro del período paritario abril 2026-marzo 2027. Las partes volverán a reunirse a partir del 15 de noviembre.

Con esa pauta, el básico del operador de playa pasó a $1.497.352,89 en agosto, llegará a $1.527.299,95 en septiembre y alcanzará $1.557.784,95 en octubre. Para los encargados, los valores son de $1.520.013,41, $1.550.413,68 y $1.581.421,95, respectivamente. A esas cifras se agregan los adicionales establecidos por convenio, entre ellos antigüedad, asistencia y manejo de fondos.

El CCT 488/07, firmado entre SOESGyPE, FOESGRA y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), fijó una pauta algo diferente: 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre. También contempla una revisión desde el 15 de noviembre.

En este caso, el básico del operador de playa quedó establecido en $1.580.552,03 para agosto, $1.610.582,52 para septiembre y $1.639.573 para octubre. Para los encargados, los valores ascienden a $1.640.699,06, $1.671.872,34 y $1.701.966,04.

Tres convenios todavía esperan una definición

La negociación permanece abierta para los trabajadores alcanzados por los CCT 371/03, 521/07 y 317/99. Las conversaciones con CECHA, FECRA y AES quedaron en cuarto intermedio después de la última audiencia, ante la falta de una nueva propuesta salarial.
Las partes tienen previsto retomar la discusión el 28 de septiembre, fecha en la que podría comenzar a definirse la pauta correspondiente a esos convenios.

Así, la actividad llega al último tramo del tercer trimestre con dos esquemas salariales ya establecidos y tres negociaciones pendientes. Las diferencias responden al convenio colectivo y a la representación empresaria que participa en cada mesa, mientras noviembre aparece como una fecha relevante para la revisión de los acuerdos ya alcanzados.

La masiva adhesión al paro universitario en San Juan anticipa nuevas medidas de fuerza. Según Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS, las protestas del 19 y 22 de septiembre superaron el 80% de acatamiento en las facultades de la UNSJ. El sindicato evalúa unirse a la huelga de este viernes y ya planifica un plan de lucha continuo que confluirá en la quinta Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre.

La secretaria gremial del sindicato, Edith Liquitay, sostuvo que la adhesión obligó a modificar parte de la actividad académica. Según explicó, algunas mesas de examen fueron reprogramadas y determinadas iniciativas previstas de manera presencial pasaron a la modalidad virtual.

El gremio atribuye el alto nivel de adhesión al rechazo que generó la última propuesta salarial del Gobierno nacional. Liquitay sostuvo que existe malestar entre docentes y nodocentes y afirmó que también alcanza a los estudiantes, a quienes vinculó con la falta de actualización de becas y otros mecanismos de acompañamiento económico.

El principal punto de disputa continúa siendo la oferta oficial de 3% de incremento salarial. ADICUS la considera insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) también rechazó esa propuesta y señaló que no contempla la recomposición reclamada por las organizaciones sindicales.

Liquitay afirmó que, de acuerdo con los cálculos del gremio, los docentes universitarios acumulan una pérdida salarial del 34,4%. La cifra difiere de otros cálculos difundidos por el Frente Sindical Universitario, que ubicó el deterioro necesario para recuperar el salario de noviembre de 2023 en 33,4%. Se trata, en ambos casos, de estimaciones gremiales vinculadas al reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión salarial se encuentra además atravesada por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y por las medidas judiciales vinculadas con su aplicación. El Frente Sindical Universitario sostiene que el aumento ofrecido no alcanza para cumplir con la recomposición prevista en la normativa y reclama también actualización de las becas estudiantiles y recursos para el funcionamiento de las universidades.

En San Juan, ADICUS comenzó a preparar una nueva etapa de acciones. Durante las próximas semanas prevé desarrollar clases públicas, recorridas por las unidades académicas y actividades de visibilización, además de una consulta digital entre docentes para recoger mandatos sobre la continuidad del reclamo.

La posibilidad de una nueva huelga aparece como uno de los próximos pasos. Liquitay señaló que ADICUS evalúa adherir este viernes 25 de septiembre a una jornada de paro vinculada con el cronograma nacional de medidas escalonadas impulsado por FATUN. La federación resolvió, además, un esquema de 15 jornadas de paro de 24 horas distribuidas entre distintas universidades, dentro del período de protestas que culminará con la Marcha Federal del 15 de octubre.

El 26 de septiembre, en tanto, está previsto un plenario de secretarios generales en el que se analizarán los mandatos de las distintas universidades y se definirán nuevas acciones. Para ADICUS, esa instancia será determinante para establecer el alcance de las próximas medidas en la UNSJ.

La Universidad Católica de Cuyo (UCC) avanza con la incorporaración de la carrera de Odontología a su oferta académica y proyecta iniciar el dictado entre fines de 2027 y comienzos de 2028, siempre que complete las instancias de evaluación y acreditación exigidas a nivel nacional.

El primer paso quedó formalizado mediante un convenio entre la UCC y el Ministerio de Salud de San Juan, que contempla la utilización de establecimientos sanitarios provinciales para las prácticas y la formación clínica. El acuerdo incluye hospitales y centros de atención primaria, además de programas de prevención y espacios destinados a la salud comunitaria en distintos departamentos.

La rectora de la casa de altos estudios, María Laura Simonassi, explicó que el convenio permite incorporar al proyecto la infraestructura pública vinculada con la atención odontológica y ampliar los ámbitos de formación más allá de las instalaciones propias de la institución.

El proyecto todavía debe superar una instancia decisiva: la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). A esa etapa se suma el trámite ante la Secretaría de Educación de la Nación para obtener el reconocimiento oficial y la validez nacional del título.

La universidad trabaja actualmente sobre una primera cohorte de entre 30 y 40 estudiantes, aunque la cantidad definitiva dependerá de las condiciones que surjan durante el proceso de evaluación. También podría modificarse la estructura académica prevista inicialmente.

El diseño presentado por la UCC contempla una carrera de cuatro años de duración, aunque Simonassi aclaró que la iniciativa curricular aún está sujeta a las observaciones que pueda formular la Coneau durante la acreditación.

La UCC mantuvo reuniones con el Círculo Odontológico de San Juan y con el Ministerio de Salud para identificar necesidades de formación y evaluar la demanda existente.

Uno de los objetivos planteados es ofrecer una alternativa local para los jóvenes sanjuaninos interesados en la profesión, evitando que deban trasladarse a otras provincias para cursar la carrera. La articulación con el sistema público también apunta a incorporar prácticas vinculadas con prevención, atención primaria y salud bucal comunitaria.

Entre los espacios que podrían incorporarse a la formación aparece el nuevo Instituto Odontológico que impulsa la provincia. La infraestructura, actualmente en desarrollo, podría convertirse en uno de los ámbitos de prácticas junto con otros establecimientos sanitarios.