La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció el 31 de marzo como fecha final para presentar la Libreta de la AUH. El trámite permite cobrar el 20% retenido durante 2024, condicionado al cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó la etapa final de un proceso clave para millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): la presentación de la Libreta que habilita el cobro del porcentaje retenido a lo largo del año anterior. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ratificó que el 31 de marzo vence la prórroga otorgada para completar este requisito administrativo.

El mecanismo no es nuevo, pero su impacto resulta significativo en la economía cotidiana de los hogares alcanzados. Cada mes, el Estado abona el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante hasta que se verifique el cumplimiento de determinadas condicionalidades: controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. La acreditación de estos requisitos, mediante la Libreta, es lo que permite liberar ese saldo acumulado.

En esta oportunidad, el trámite adquiere mayor relevancia en un contexto de ingresos ajustados, donde cada ingreso adicional resulta determinante para sostener el consumo básico. De allí que el organismo haya reforzado la difusión del procedimiento y recomendado no postergar su realización.

El proceso se canaliza de manera prioritaria a través de la plataforma digital “mi ANSES”, tanto en su versión web como en la aplicación móvil. Desde allí, los titulares deben verificar los datos de sus hijos, generar el formulario correspondiente y completar las certificaciones requeridas en establecimientos educativos y centros de salud. Una vez firmado, el documento debe ser digitalizado —respetando condiciones técnicas específicas— y cargado nuevamente en el sistema.

El circuito concluye con la confirmación electrónica por parte del organismo, instancia que valida la presentación y habilita el pago del monto retenido. En paralelo, se mantiene la alternativa presencial: quienes no puedan acceder a medios digitales pueden acercarse sin turno previo a las oficinas de ANSES o a los operativos territoriales desplegados en distintos puntos del país.

Más allá de su carácter administrativo, la Libreta AUH funciona como una herramienta de seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia. Su exigencia articula la transferencia de ingresos con el cumplimiento de derechos básicos, consolidando un esquema que busca incentivar la escolarización y el acceso a la salud. Sin embargo, en la práctica, también expone las dificultades de acceso que enfrentan algunos sectores para completar el trámite en tiempo y forma, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La administración provincial informó que los haberes de marzo estarán disponibles el martes 31, con una suba del 5%. Además, confirmó el pago de un bono no remunerativo de $120.000 para mediados de abril.

El Gobierno de San Juan oficializó el cronograma de pagos para los trabajadores de la Administración Pública, estableciendo que los sueldos correspondientes a marzo de 2026 serán acreditados el próximo martes 31 en las cuentas bancarias de los agentes estatales. La confirmación fue realizada por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que además detalló los componentes de la liquidación.

En esta oportunidad, los haberes incluirán un incremento del 5%, en línea con la política de actualización salarial definida para el sector público. La suba forma parte de un esquema de recomposición que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores estatales.

A su vez, el Ejecutivo anunció el pago de un bono extraordinario de $120.000, que se abonará el 15 de abril. Según se precisó, la suma tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanzará a la totalidad de los empleados públicos, incluyendo tanto a planta permanente como a trabajadores contratados.

Desde la cartera económica también recordaron que los cajeros automáticos estarán habilitados durante las 24 horas desde el momento de la acreditación, lo que permitirá a los beneficiarios disponer de sus salarios sin restricciones horarias. En este sentido, se mantiene vigente la posibilidad de extracción de efectivo mediante tarjeta de débito en comercios adheridos —como supermercados y estaciones de servicio— a través del sistema Visa Extra Cash, ampliando las alternativas de acceso al dinero.

La definición del cronograma salarial y la incorporación de un bono extraordinario configuran una señal de contención en un contexto económico desafiante. Con aumentos moderados y refuerzos puntuales, la administración sanjuanina busca sostener el poder adquisitivo de los estatales, mientras mantiene previsibilidad en el esquema de pagos.

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo de Avellaneda-Lanús hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio vial y ordenó la actualización inmediata de los salarios, tras verificar una fuerte pérdida del poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

En un veredicto de alto impacto para el sector público, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina contra la Dirección Nacional de Vialidad, y ordenó la recomposición salarial tras más de 16 meses de congelamiento.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Avellaneda-Lanús, que consideró acreditada una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo de los trabajadores viales desde octubre de 2024, producto de la falta de actualización de los salarios frente a la dinámica inflacionaria.

El magistrado interviniente sostuvo que el congelamiento salarial, en este contexto, vulnera derechos constitucionales básicos, entre ellos el derecho a una retribución justa y a condiciones de vida dignas. En su argumentación, además, remarcó que la situación contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, al implicar un retroceso en las condiciones laborales del sector.

Como consecuencia del dictamen, se dispuso una serie de medidas de cumplimiento inmediato. Entre ellas, la actualización de los salarios conforme a los acuerdos vigentes, el pago de las sumas retroactivas adeudadas y la implementación de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la recomposición.

El pronunciamiento judicial también deja expuesta la falta de negociación colectiva efectiva en el ámbito estatal, un aspecto que el gremio venía denunciando desde hace meses como parte del deterioro general de las condiciones laborales.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales interpretaron la resolución como un respaldo contundente a su reclamo y exigieron la inmediata ejecución de lo dispuesto por la Justicia, en un presente donde el conflicto salarial se mantiene abierto.

En esa línea, el secretario general de la seccional San Juan, Carlos Ordoñez, subrayó el impacto estructural de la situación: “Este fallo confirma lo que venimos denunciando hace meses: no se puede sostener el sistema vial con trabajadores empobrecidos. Sin salarios dignos, no hay rutas seguras ni desarrollo posible”.

La resolución se inscribe en una situación de crisis profunda entre políticas de ajuste del gasto público y la sostenibilidad de los ingresos laborales en el Estado. La decisión judicial no sólo aborda una situación puntual, sino que reabre el debate sobre el rol del Estado como empleador y la obligación de garantizar condiciones salariales compatibles con el contexto económico.

Asimismo, introduce un precedente relevante en materia de derechos laborales en el sector público, al reconocer explícitamente el impacto regresivo de la inflación sobre salarios congelados y al exigir medidas concretas de recomposición.

En términos políticos y económicos, el cumplimiento efectivo de la sentencia podría generar efectos en cadena sobre otros sectores estatales que atraviesan situaciones similares, incrementando la presión sobre las cuentas públicas y las instancias de negociación paritaria.

La resolución judicial marca un momento crucial  en el conflicto salarial de los trabajadores viales y establece un límite claro a las políticas de congelamiento en contextos inflacionarios.

Más allá del caso puntual, el fallo reafirma la centralidad del salario como derecho y como condición indispensable para el funcionamiento de áreas estratégicas del Estado.

Bajo un marco de creciente deterioro del poder adquisitivo, la consigna que emerge del sector resume el núcleo del conflicto: sin salarios dignos, no hay justicia social.