El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.

El gobernador Orrego encabezó la adjudicación de las unidades del barrio Villicum, equipadas con dos dormitorios y servicios esenciales. La entrega se concretó después de ejecutar una obra complementaria de 3.760 metros de cañería para garantizar el abastecimiento de agua potable.

El acceso a la vivienda propia se concretó para 137 familias de Albardón con la entrega de las unidades habitacionales del barrio Villicum, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La adjudicación permitió completar un conjunto residencial que ya estaba terminado, pero cuya habilitación había quedado pendiente por la falta de conexión a la red de agua potable.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Abarca, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y otras autoridades provinciales y departamentales. Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el significado social de la vivienda y la posibilidad de que cada familia pueda desarrollar su vida en un hogar propio, con condiciones adecuadas de seguridad y servicios.

“Me pongo en el lugar de ese papá y esa mamá que entran hoy a su casa, miran por la ventana y dicen: ‘Esta es nuestra casa. Acá van a llegar nuestros hijos cuando salgan y vuelvan a un lugar seguro. Este va a ser nuestro hogar’”, expresó Orrego al referirse a la importancia que tiene la adjudicación para quienes aguardaban las llaves.

Uno de los aspectos determinantes para concretar la entrega fue la ejecución de una obra complementaria destinada a resolver la conexión de agua potable. A través de Obras Sanitarias, el Gobierno provincial construyó 3.760 metros de cañería con personal y equipamiento propios, una intervención que permitió completar la infraestructura necesaria para que las viviendas pudieran ser habitadas.

El barrio cuenta con redes de agua, cloacas, gas y electricidad, además de calles enripiadas y espacios destinados al uso comunitario. Las 137 unidades tienen una superficie aproximada de 62 metros cuadrados y disponen de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso. También contemplan espacio para futuras ampliaciones, una característica que permite adaptar los hogares a las necesidades de cada grupo familiar.

Las viviendas se entregan equipadas con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua. El conjunto residencial incorpora, además, dos espacios verdes con juegos infantiles, bancos e iluminación LED. El proyecto incluyó casas adaptadas para personas con discapacidad motora, con el objetivo de contemplar diferentes requerimientos de accesibilidad.

La adjudicación tiene también una dimensión vinculada con el arraigo territorial. La mayoría de los beneficiarios reside en Albardón y desarrolla allí sus actividades laborales, especialmente en el ámbito rural. La posibilidad de acceder a un hogar propio les permitirá sostener sus vínculos familiares y comunitarios sin alejarse de sus lugares de trabajo.

Durante su intervención, Orrego destacó el esfuerzo realizado para completar la infraestructura pendiente y sostuvo que el desarrollo provincial depende de la capacidad de trabajar de manera conjunta frente a las dificultades. “San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver”, afirmó.

La entrega del barrio Villicum representa un nuevo avance en materia habitacional para Albardón y pone de manifiesto que la adjudicación de viviendas requiere algo más que la finalización de las construcciones: demanda servicios, infraestructura y condiciones efectivas de habitabilidad. Para las 137 familias que recibieron sus llaves, ese proceso se traduce ahora en la posibilidad concreta de comenzar una nueva etapa en su propio hogar.

El Ministerio Público Fiscal atribuyó distintos delitos al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado Cristian Andino y a otros ocho investigados por presuntas irregularidades en la contratación de la obra. Sin embargo, un planteo de nulidad de las defensas contra una resolución de la jueza Mónica Lucero interrumpió la audiencia. La magistrada resolverá el incidente el 17 de noviembre.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum avanzó con la comunicación de cargos contra diez de los once investigados, entre ellos el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

Sin embargo, cuando la Fiscalía había conseguido exponer las imputaciones, un planteo de nulidad presentado por las defensas volvió a interrumpir el procedimiento y dejó pendiente la conclusión de la audiencia de formalización.

La jornada se desarrolló este miércoles en Tribunales, durante la continuidad de la audiencia encabezada por la jueza de Garantías Mónica Lucero. El fiscal Sebastián Gómez, junto con su equipo de ayudantes fiscales, atribuyó a los investigados presuntas responsabilidades penales relacionadas con la contratación, adquisición de materiales y decisiones administrativas vinculadas con la obra hídrica.

La acusación comprende los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La calificación y el grado de participación fueron establecidos de acuerdo con las conductas que el Ministerio Público Fiscal atribuye a cada persona.

Uñac y Andino recibieron imputaciones por los tres delitos. La tercera figura también fue atribuida al expresidente de OSSE Sergio Ruiz, mientras que para los restantes investigados la Fiscalía expuso las calificaciones correspondientes a sus respectivas intervenciones. La nómina incluye a Guillermo Sirerol, Juan Carlos Caparrós, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino quedó pendiente. El exfuncionario, que integra el grupo de once investigados, no participó de la audiencia debido a que se encontraba fuera del país, circunstancia que había comunicado previamente. Deberá comparecer en una próxima convocatoria para que se formalice la investigación en su contra.

El planteo de nulidad que volvió a interrumpir la audiencia

El nuevo obstáculo procesal surgió a partir de una presentación del abogado Juan Pablo Ortega, representante de las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Sánchez, quien solicitó la nulidad absoluta de una resolución adoptada por Lucero. El abogado Marcelo Fernández, defensor de Uñac, también adhirió al planteo.

El cuestionamiento se relaciona con una segunda recusación promovida contra la magistrada. Según los abogados defensores, Lucero no debía resolver por sí misma ese pedido, sino remitirlo al órgano judicial correspondiente. Consideraron que su intervención afectó las garantías del debido proceso y la imparcialidad que debe regir el procedimiento.

Fernández sostuvo que la jueza debía haber seguido el mecanismo previsto legalmente para tramitar la recusación y no pronunciarse sobre su propia situación. La defensa entiende que esa circunstancia puede comprometer la validez de las actuaciones posteriores.

El conflicto tiene un antecedente inmediato. Una primera recusación contra Lucero había sido rechazada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Posteriormente, se presentó una denuncia contra la magistrada ante la UFI Delitos Especiales, que fue desestimada por el fiscal interviniente. Esa presentación fue utilizada luego como fundamento para impulsar una segunda recusación, cuya resolución derivó en el actual incidente de nulidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron el planteo. Sebastián Gómez lo calificó de meramente dilatorio y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una eventual declaración de nulidad. Según sostuvo, si prosperara el pedido, parte sustancial de lo actuado podría quedar sin efecto y obligar a reiniciar el procedimiento.

La defensa de Uñac, por su parte, planteó que una eventual nulidad no necesariamente tendría que alcanzar la totalidad de las actuaciones y que correspondería determinar específicamente cuáles serían los actos afectados.

Qué se investiga en la obra del Acueducto Gran Tulum

El expediente busca establecer si existieron maniobras administrativas destinadas a favorecer a Krah América Latina, empresa vinculada con la provisión de las cañerías utilizadas en el proyecto. La hipótesis fiscal apunta a un presunto direccionamiento de los procedimientos de contratación mediante modificaciones en los pliegos licitatorios, flexibilización de exigencias técnicas y decisiones relacionadas con los controles de calidad de los materiales.

Durante la exposición se analizaron especialmente la licitación de 2015, cuyo monto rondó los 61,2 millones de pesos, y una readecuación contractual realizada en 2016 que llevó el valor a aproximadamente 94,9 millones, lo que representó un incremento cercano al 55%.

La investigación procura determinar si las condiciones de contratación y las decisiones adoptadas durante distintas gestiones de OSSE y del Gobierno provincial provocaron un perjuicio económico para la administración pública y si existieron responsabilidades individuales en esas actuaciones. Se trata de hipótesis sostenidas por la Fiscalía que deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

El próximo paso judicial

La jueza Mónica Lucero decidió suspender la continuidad de la audiencia hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30, cuando deberá pronunciarse sobre el pedido de nulidad. La magistrada consideró que no podía continuar con el procedimiento sin resolver previamente el incidente, debido a las posibles consecuencias procesales que podría generar una decisión posterior sobre la validez de las actuaciones.

Si rechaza el planteo, la audiencia podrá continuar con las instancias pendientes. En caso de admitirlo, deberá establecer el alcance de la nulidad y determinar qué actuaciones podrían resultar afectadas. También permanece pendiente el tratamiento del plazo de dos años de investigación penal preparatoria solicitado por la Fiscalía.

La causa atravesó así tres convocatorias sin alcanzar todavía el cierre de la instancia de formalización: la primera, el 14 de octubre, quedó reprogramada por las ausencias de Uñac y Andino; la segunda, los días 10 y 11 de noviembre, permitió avanzar con la exposición fiscal, pero terminó condicionada por el incidente planteado por las defensas.

El expediente suma ahora dos planos de discusión: por un lado, la investigación sobre las presuntas irregularidades en una obra hídrica de gran envergadura para San Juan; por otro, las controversias procesales que deberán resolverse para garantizar la validez del procedimiento. Las imputaciones comunicadas no constituyen una declaración de culpabilidad: la determinación de eventuales responsabilidades penales dependerá del desarrollo de la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia.