En declaraciones a Mundo Laboral SJ, Cabello respaldó la denuncia presentada ante la OIT, alertó sobre el avance de la pobreza y destacó el rol de la obra pública como herramienta para sostener el empleo en San Juan.

Por momentos, la discusión sobre el rumbo económico argentino trasciende las fronteras nacionales y desembarca en organismos internacionales. Esa es la lectura que hace la CGT luego de la denuncia presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el sindicalismo cuestionó al Gobierno de Javier Milei por presuntas vulneraciones a convenios laborales suscriptos por el país.

Para el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, la presentación constituye un paso vital dentro de una disputa que ya excede el plano gremial y se proyecta sobre la imagen institucional de la Argentina ante la comunidad internacional.

“La CGT venía trabajando desde hace tiempo en esta instancia junto a sus equipos técnicos y jurídicos. Ahora serán los organismos internacionales los que deberán escuchar lo que está ocurriendo con los trabajadores argentinos y exigir explicaciones al Ejecutivo”, sostuvo.

La central obrera considera que las reformas impulsadas por la administración nacional implican un retroceso en materia de protección laboral y entiende que la intervención de la OIT puede convertirse en un factor de presión adicional sobre la Casa Rosada.

La preocupación social llega a la Iglesia

Las inquietudes sindicales no se limitan al terreno estrictamente laboral. Durante los últimos días, representantes de distintos gremios participaron de encuentros convocados por la Iglesia Católica para analizar el impacto social de la crisis económica y las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población.

Según relató Cabello, uno de los aspectos que más preocupación genera es la persistencia de situaciones de vulnerabilidad que trascienden la pérdida del empleo y alcanzan dimensiones familiares, sanitarias y emocionales.

“La pobreza sigue avanzando en muchos sectores y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de los números. Hay una realidad cotidiana que golpea a miles de familias y que requiere ser observada con responsabilidad”, sostuvo.

Aunque durante las reuniones no se presentaron estadísticas específicas sobre salud mental, los participantes coincidieron en que el aumento de la incertidumbre económica y las dificultades para sostener ingresos estables tienen efectos visibles sobre la calidad de vida de los trabajadores.

La intervención de la Iglesia aparece así como un elemento de articulación entre distintos actores sociales que comparten una misma preocupación: la fragilidad de amplios sectores de la población frente a un ciclo económico que aún no logra traducir sus indicadores macroeconómicos en mejoras concretas para los hogares.

La obra pública vuelve al centro del debate

En contraste con el repliegue de la inversión nacional en infraestructura, las provincias comenzaron a explorar mecanismos propios para sostener proyectos de desarrollo y preservar puestos de trabajo.

En el plano provincial, Cabello observó con expectativa el programa de inversiones anunciado por el gobernador Marcelo Orrego, especialmente por su potencial para dinamizar el sector de la construcción y generar puestos de trabajo registrados.

“La obra pública tiene un efecto multiplicador muy importante. No solamente genera empleo directo, sino que moviliza actividades vinculadas a la producción, el comercio y los servicios”, señaló.

Desde la óptica sindical, la continuidad de estos proyectos resulta especialmente relevante en un momento de dificultades para absorber mano de obra y en el que numerosos sectores productivos enfrentan niveles de actividad inferiores a los registrados en años anteriores.

Una discusión que mira más allá del presente

A medida que se acercan las definiciones políticas de cara al 2027, el sindicalismo también comienza a proyectar debates de largo alcance. Cabello planteó la necesidad de construir acuerdos amplios que permitan recuperar una agenda centrada en la producción, el empleo y la protección social.

Sin adelantar posicionamientos electorales concretos, sostuvo que el desafío consiste en consolidar espacios capaces de representar a los trabajadores y responder a demandas que exceden la coyuntura inmediata.

La denuncia ante la OIT, las advertencias formuladas por la Iglesia y la expectativa generada por los programas de inversión pública revelan que el debate sobre el trabajo volvió a ocupar un lugar central en la discusión pública. En ese entramado convergen reclamos salariales, inquietudes sociales y proyectos de desarrollo que, más allá de las diferencias políticas, terminan reflejando una misma preocupación: el futuro de quienes viven de su esfuerzo cotidiano.

La asamblea intersindical de Radio Nacional Buenos Aires declaró el estado de asamblea permanente y dispuso un paro de actividades tras rechazar la propuesta salarial presentada por la empresa. Los trabajadores denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo y advierten sobre el deterioro operativo de los medios públicos.

El conflicto en Radio Nacional sumó un nuevo episodio este martes luego de que los trabajadores de LRA 1 Buenos Aires resolvieran iniciar medidas de fuerza en rechazo a la oferta salarial presentada durante la última audiencia paritaria.

La decisión fue adoptada por la asamblea intersindical, que además declaró el estado de asamblea permanente y dejó abierta la posibilidad de profundizar las protestas en las próximas semanas. Entre las acciones ya definidas figura un paro de dos horas como señal de rechazo a la propuesta formulada por Radio y Televisión Argentina (RTA).

Desde la representación sindical sostienen que la recomposición ofrecida resulta insuficiente para revertir el deterioro acumulado de los ingresos. Según indicaron, la actualización planteada elevaría el salario básico de la categoría testigo a 474 mil pesos, una cifra que consideran incompatible con el costo actual de vida.

El reclamo salarial aparece acompañado por cuestionamientos más amplios sobre la situación de la emisora. Los trabajadores denuncian una reducción progresiva de recursos, retiros voluntarios, disminución de contenidos, carencias técnicas y restricciones que, aseguran, afectan el normal desarrollo de la actividad periodística y de producción.

La audiencia que dio origen a la controversia se produjo luego de una resolución judicial que ordenó reactivar las negociaciones colectivas, paralizadas durante un extenso período. Sin embargo, el resultado del encuentro lejos estuvo de acercar posiciones.

En este aspecto, los gremios anticiparon que evaluarán nuevos planes de lucha y no descartan acciones durante futuras coberturas de relevancia internacional, entre ellas las vinculadas al Mundial de Fútbol de 2026.

La adquisición de los activos de Shell en Argentina por parte de Mercuria Energy Group no sólo sacudió al mercado energético. En el sector comenzaron a circular versiones sobre la posible creación de un sindicato de empresa, una figura impulsada por la reforma laboral y observada con atención por las organizaciones tradicionales de la actividad.

La venta de las operaciones de Shell en Argentina abrió interrogantes que exceden el plano empresarial. Mientras el mercado analiza el alcance económico de una transacción valuada en más de 1.400 millones de dólares, en el universo sindical comenzó a ganar espacio una discusión con potencial impacto sobre la representación de miles de trabajadores.

La operación, concretada por la firma suiza Mercuria Energy Group mediante la adquisición de Raízen Argentina, comprende cerca de 900 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, instalaciones aeroportuarias y terminales de almacenamiento y distribución de combustibles. Se trata de uno de los movimientos corporativos más relevantes registrados en el sector durante los últimos años y en el que distintas fuentes atribuyen un papel decisivo al empresario José Luis Manzano.

Sin embargo, detrás de los aspectos financieros emerge una cuestión que genera atención entre dirigentes gremiales y especialistas en relaciones laborales. En distintos ámbitos vinculados a la actividad comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de impulsar una organización sindical propia dentro de la compañía, alternativa que cobraría impulso a partir de las modificaciones introducidas por la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.

La eventual aparición de un sindicato de empresa tendría consecuencias directas sobre una actividad históricamente moldeada por la convivencia de distintos actores gremiales. El esquema vigente se sostiene sobre estructuras de representación consolidadas, con convenios colectivos de alcance nacional y negociaciones centralizadas. La irrupción de una nueva organización podría alterar esa dinámica y reconfigurar los equilibrios internos del sector.

Las modificaciones normativas impulsadas por la administración libertaria facilitaron el reconocimiento de este tipo de entidades al reducir los requisitos de afiliación necesarios para iniciar el trámite de inscripción. Desde la óptica oficial, las nuevas reglas amplían la libertad de asociación y permiten que los trabajadores elijan mecanismos de representación más cercanos a la realidad de cada empresa.

La mirada sindical, en cambio, es sustancialmente diferente. Diversos referentes advierten que una mayor fragmentación podría debilitar la capacidad de negociación colectiva, dispersar la representación y reducir la fortaleza de las estructuras gremiales que hoy intervienen en las discusiones salariales y laborales de toda la actividad.

La controversia adquiere especial relevancia porque la reforma también incorpora herramientas orientadas a flexibilizar los esquemas tradicionales de remuneración. Entre ellas figura la posibilidad de establecer componentes variables vinculados a productividad, desempeño o resultados empresariales, una iniciativa que genera adhesiones dentro del sector empresario y reparos entre los sindicatos.

Por ahora, las versiones sobre un eventual sindicato de empresa permanecen en el terreno de las especulaciones. Las organizaciones con representación en las estaciones de servicio aseguran no haber recibido comunicaciones oficiales vinculadas a cambios en los convenios colectivos ni a procesos de reorganización sindical. No obstante, reconocen que observan con atención cada movimiento producido tras el cambio de control accionario.