A menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 27 de agosto, la CGT Regional San Juan resolvió sostener el modelo de conducción unipersonal que mantiene desde hace casi dos décadas. La decisión, respaldada por el Consejo Directivo, combina continuidad institucional, búsqueda de consensos y una estrategia de fuerte articulación con la conducción nacional en un presente marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y la ofensiva sindical contra las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

La CGT Regional de San Juan comenzó a delinear el próximo ciclo de conducción con una definición que trasciende el plano interno y proyecta una señal política hacia el movimiento obrero organizado. El Consejo Directivo resolvió mantener el sistema de unicato, descartando replicar el esquema de triunvirato vigente en la conducción nacional y ratificando un modelo que, según sus dirigentes, ha permitido sostener la cohesión de la central durante los últimos dieciocho años.

La resolución despeja una de las principales incógnitas del proceso electoral convocado para el 27 de agosto y, al mismo tiempo, fortalece la posibilidad de una lista de consenso encabezada nuevamente por Eduardo Cabello, quien reconoció que existe un amplio respaldo de los gremios para dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos períodos.

La conducción sanjuanina sostiene que la permanencia del unicato no responde a una lógica personalista sino a un criterio de funcionamiento que privilegia rapidez en la toma de decisiones, claridad en la representación institucional y capacidad para sintetizar posiciones diversas dentro de una organización que reúne sindicatos con realidades muy distintas.

«La unidad nunca significa unanimidad», sostienen cerca de la conducción. Precisamente esa capacidad para administrar diferencias sin fracturar la estructura aparece como uno de los principales argumentos utilizados para preservar un esquema que, entienden, ha dado resultados positivos en la provincia.

Cabello explicó que el debate interno concluyó con un amplio consenso en favor de mantener el formato vigente. A su juicio, modificar el sistema de conducción en este momento implicaría alterar una dinámica que ha permitido preservar la estabilidad de la organización incluso en períodos de fuerte conflictividad económica y social.

La próxima renovación de autoridades también abre una instancia de reorganización institucional. La conducción pretende fortalecer el funcionamiento de cada secretaría, asignando responsabilidades concretas y promoviendo una participación más activa de los dirigentes que integran el Consejo Directivo. La intención es superar estructuras meramente formales y avanzar hacia una CGT con mayor presencia territorial, capacidad técnica y especialización en áreas claves como industria, empleo, relaciones institucionales y desarrollo productivo.

Ese proceso de modernización interna coincide con un escenario especialmente complejo para el sindicalismo argentino. La caída del salario real, la retracción de distintos sectores industriales, la paralización de numerosas obras públicas y el incremento de la incertidumbre laboral configuran, según la central obrera, un panorama que exige fortalecer la capacidad de representación antes que dispersar esfuerzos.

En ese marco, Cabello confirmó que la CGT San Juan continuará alineada con todas las decisiones que adopte la conducción nacional encabezada por el triunvirato cegetista. La regional acompañará las movilizaciones y medidas de acción que se definan junto con las dos CTA y la UTEP dentro del plan de lucha que el movimiento obrero comenzó a desplegar contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Para la conducción en la provincia, la prioridad continúa siendo la defensa del empleo registrado, la recuperación del poder adquisitivo y la protección de la negociación colectiva, objetivos que consideran inseparables de la reactivación industrial y del impulso a la obra pública como motor de generación de puestos de trabajo.

Otro de los ejes planteados por el representante de la regional San Juan apunta a profundizar el vínculo entre la CGT y los distintos actores del aparato productivo provincial. En esa línea anticipó Cabello la intención de ampliar el diálogo con cámaras empresarias y sectores económicos vinculados a la minería, actividad que identifica como una de las principales oportunidades de crecimiento para San Juan durante los próximos años.

La eventual visita de integrantes de la conducción nacional, entre ellos dirigentes del Secretariado de la CGT, también forma parte de ese plan de fortalecimiento institucional. El objetivo será consolidar la presencia de la central en una provincia que, por su perfil productivo y el desarrollo de grandes proyectos mineros, adquiere creciente relevancia dentro del mapa sindical argentino.

Cabello también estableció una diferenciación entre la representación gremial y la competencia partidaria. Si bien reconoció que muchos dirigentes poseen pertenencia política, remarcó que la misión central de la CGT local continúa siendo la defensa de los trabajadores, cualquiera sea el signo del gobierno de turno. Esa autonomía, sostuvo, constituye uno de los pilares históricos de la organización y debe preservarse aun cuando el sindicalismo participe activamente del debate público.

Con ese criterio, la central obrera buscará atravesar el proceso electoral interno preservando la unidad alcanzada en los últimos años y reforzando su presencia institucional frente a un panorama caracterizado por diversos temas de debate vinculados con el empleo, la producción y los derechos laborales.

La definición adoptada por la CGT San Juan trasciende así una cuestión organizativa. La ratificación del unicato expresa una decisión política orientada a privilegiar continuidad, cohesión y capacidad de respuesta en un período que promete intensificar la disputa por el rumbo del movimiento obrero argentino. Mientras la conducción nacional prepara nuevas acciones sindicales y profundiza su confrontación con las políticas oficiales, la regional sanjuanina apuesta a consolidar una estructura que busca combinar estabilidad interna, representación territorial y mayor protagonismo en los debates que marcarán la agenda laboral de los próximos años.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional aseguró que el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno favorece a las compañías adjudicatarias mediante créditos subsidiados y garantías estatales. Además, reclamó la transferencia de recursos del impuesto a los combustibles destinados a Vialidad Nacional y advirtió sobre el deterioro de la seguridad vial, al denunciar un «apagón estadístico» en los organismos encargados de relevar los siniestros.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una nueva etapa de concesiones sobre corredores viales reavivó el enfrentamiento con los trabajadores de Vialidad Nacional. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el modelo elegido para transferir la operación de rutas al capital privado incorpora condiciones financieras que, a su entender, eliminan prácticamente el riesgo empresarial y trasladan al Estado parte sustancial del respaldo económico de las inversiones.

La controversia se profundizó luego de que el Ministerio de Economía oficializara la primera etapa del proceso licitatorio para concesionar distintos tramos administrados hasta ahora por Corredores Viales S.A. La medida comprende los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, por los que se presentaron 18 empresas con 41 ofertas. Tras la evaluación técnica y administrativa, 13 propuestas fueron descartadas por incumplimientos formales, mientras que las restantes quedaron habilitadas para continuar en la compulsa.

Asimismo, una impugnación presentada por la unión transitoria integrada por Creditech S.A. y Plantel S.A. fue aceptada, lo que permitió su reincorporación al proceso.

Desde FEPEVINA, el secretario Gremial y de Prensa, Fabián Cattanzaro, cuestionó especialmente el esquema de financiamiento previsto para las futuras concesionarias. Según explicó, las compañías adjudicatarias podrán acceder a líneas de crédito del Banco BICE con tasas preferenciales —dos puntos porcentuales sobre UVA— y dispondrán de un período de gracia de dos años antes de comenzar a cancelar los préstamos.

Para el dirigente sindical, esas condiciones representan «una verdadera subvención» financiada por el Estado. A ello, agregó, se suma la posibilidad de respaldar esos créditos mediante garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), mecanismo que, según su interpretación, reduce significativamente la exposición económica de las empresas que resulten adjudicatarias. «Eso configura un riesgo empresario prácticamente nulo», afirmó.

Otro de los cuestionamientos planteados por la organización gremial apunta al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. FEPEVINA sostiene que el 14 % de esa recaudación debería ser transferido a Vialidad Nacional para financiar obras de conservación y desarrollo de la infraestructura vial, aunque —según denunció— esos fondos no están llegando al organismo.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la federación, la deuda acumulada rondaría los mil millones de dólares. Cattanzaro afirmó que esos recursos habrían permitido ejecutar miles de kilómetros de mantenimiento y nuevas obras sobre la red nacional, al tiempo que sostuvo que el dinero estaría siendo utilizado para otros objetivos de política económica.

Las críticas no se limitaron al proceso licitatorio. FEPEVINA también expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales y por la capacidad del Estado para monitorear la seguridad vial. Un informe técnico elaborado por la organización señala que más del 53 % de los aproximadamente 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe presentan un estado de conservación calificado como «malo». Sobre esa base, el gremio indicó que entre enero y abril de este año se registraron 34 fallecimientos en siniestros ocurridos sobre esos corredores.

En ese punto, la entidad denunció un progresivo debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según Cattanzaro, la reducción de recursos operativos limita la realización de controles preventivos y afecta incluso la disponibilidad de equipamiento para efectuar test de alcoholemia. A ese proceso lo definió como un «apagón estadístico», al sostener que también se ha resentido la capacidad oficial para relevar y publicar información confiable sobre la evolución de la siniestralidad.

El dirigente agregó que organizaciones civiles que recopilan datos de manera independiente registran un incremento de las víctimas fatales superior al reflejado en las estadísticas oficiales, diferencia que, a su juicio, exige fortalecer los mecanismos públicos de control y producción de información.

El Acuerdo General Nº 63 oficializó promociones y designaciones en distintas áreas del Poder Judicial de San Juan con vigencia desde el 1 de julio. La resolución comprende 27 categorías, incorpora nuevos responsables en puestos estratégicos y fue suscripta por todos los integrantes de la Corte de Justicia junto al fiscal General.

La Corte de Justicia de San Juan aprobó una de las mayores reorganizaciones internas de personal del año al disponer una amplia nómina de ascensos y designaciones que alcanzan a funcionarios y empleados de distintas dependencias del Poder Judicial. La medida quedó plasmada en el Acuerdo General Nº 63, firmado el 30 de junio, y establece la cobertura de vacantes en áreas consideradas clave para el funcionamiento de la administración de justicia.

Entre las designaciones de mayor relevancia figura la de Jorge Albarracín como secretario Relator de la Fiscalía General, una función de alta responsabilidad técnica dentro del Ministerio Público Fiscal, desde donde se brinda asistencia jurídica y se interviene en causas de especial complejidad.

La resolución también contempla promociones a cargos de secretarios letrados de la Corte, prosecretarios, secretarios de Cámara, secretarios de Fiscalía de Cámara, jefes del Área Legal y Técnica, secretarios de Primera Instancia, secretarios del Ministerio Público, secretarios de Paz Letrado y otras responsabilidades distribuidas en distintas jurisdicciones y fueros. Asimismo, alcanza a funciones administrativas, técnicas y de apoyo, reflejando una reestructuración de alcance transversal dentro de la organización judicial.

En los fundamentos del acuerdo, el máximo tribunal sostuvo que las promociones responden a la necesidad de cubrir vacantes existentes y fueron definidas tras evaluar los antecedentes, la trayectoria y el desempeño de quienes resultaron seleccionados para ocupar los nuevos cargos. Todas las designaciones comenzaron a regir a partir del 1 de julio de 2026.

Durante los días previos a la publicación de la resolución habían circulado distintas versiones sobre el alcance de las promociones y la fecha de aprobación del acuerdo. Finalmente, la Corte avanzó con la formalización del procedimiento mediante las notificaciones individuales remitidas por correo electrónico a cada uno de los funcionarios y empleados alcanzados por la medida.

Entre los nombres incluidos en la nómina figura Victoria Eugenia De Sanctis Sánchez, promovida al cargo de prosecretaria auxiliar. La funcionaria desarrolla su carrera dentro del Poder Judicial y es hija del ministro de la Corte Guillermo Horacio De Sanctis, uno de los integrantes del máximo tribunal que suscribió el acuerdo junto al presidente Daniel Olivares Yapur y los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto y Marcelo Lima. El documento también lleva la firma del fiscal General Guillermo Baigorrí.

Por su alcance, la decisión constituye una de las principales reorganizaciones de recursos humanos impulsadas por la Corte de Justicia durante 2026. La cobertura de cargos jerárquicos y funciones técnicas busca fortalecer la estructura operativa del Poder Judicial en un momento en que la demanda sobre el servicio de justicia exige mayor capacidad de respuesta administrativa y jurisdiccional, al tiempo que vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de selección y promoción del personal dentro de uno de los poderes del Estado.