El acercamiento político entre el Gobierno nacional y los gobernadores durante la Argentina Week de París dejó señales de diálogo, pero todavía no un acuerdo cerrado para eliminar las PASO. La Casa Rosada transmitió optimismo después de los encuentros, mientras que la mayoría de los mandatarios mantuvo una posición prudente y evitó comprometer públicamente su respaldo.

La cuestión electoral formó parte de las conversaciones que Javier Milei, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron con los gobernadores que participaron de la delegación argentina. Según trascendió desde el oficialismo, Karina Milei planteó la posibilidad de que La Libertad Avanza no impulse candidaturas competitivas contra los mandatarios provinciales que acompañen la reforma. Esa señal fue interpretada como un punto de partida para negociar, aunque no alcanzó para cerrar las posiciones.

El Gobierno considera que París permitió avanzar hacia un “principio de entendimiento” con varios gobernadores y prevé continuar las conversaciones distrito por distrito. La negociación estará a cargo principalmente de Santilli, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá también un papel relevante en los reclamos vinculados con financiamiento y obras provinciales.

Entre los mandatarios que ya habían expresado una posición favorable a modificar o eliminar las primarias estuvieron Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. En cambio, otros gobernadores que participaron de la comitiva evitaron fijar públicamente una postura definitiva.

La cautela tiene además un antecedente político. Durante las elecciones legislativas de 2025, La Libertad Avanza desplegó candidaturas propias en buena parte del país y mantuvo disputas con gobiernos provinciales. Ese antecedente explica, según fuentes consultadas por la prensa nacional, las reservas de algunos mandatarios frente a un eventual entendimiento electoral para 2027.

El proyecto para eliminar las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) permanece trabado en el Senado, donde el oficialismo necesita construir una mayoría con bloques aliados. La Comisión de Asuntos Constitucionales lleva meses sin avances sustanciales y las distintas bancadas mantienen diferencias sobre el alcance de la reforma electoral.

El viaje a París tuvo, de todos modos, una dimensión económica además de la negociación política. La Argentina Week reunió a funcionarios, gobernadores y empresarios en mesas dedicadas a minería, energía, agroindustria, economía del conocimiento e inversiones. El Gobierno buscó diferenciar esta edición de la realizada en Nueva York en marzo, que había quedado condicionada por la crisis política que involucró al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde la Casa Rosada, además, se valoró la presencia conjunta de Milei con los gobernadores como una señal de respaldo federal y se difundieron anuncios de inversiones por unos US$24.000 millones durante la misión. La participación provincial también permitió exhibir una agenda económica compartida, aunque las negociaciones políticas quedaron abiertas.

El resultado de París, por lo tanto, dejó una primera aproximación pero no una definición electoral. El oficialismo deberá transformar los gestos y compromisos políticos en acuerdos concretos antes de llevar la eliminación de las PASO al recinto. Los gobernadores, mientras tanto, mantienen margen para negociar y esperan precisiones sobre candidaturas, recursos y obras antes de fijar una posición definitiva.

Las ventas en supermercados acumularon una caída real del 15,8% entre enero y julio frente al mismo período de 2023 y del 7% interanual. El retroceso alcanzó a las 24 jurisdicciones, con diferencias que van desde el 39,3% de Formosa hasta el 3,1% de Neuquén. Analistas vinculan la contracción con la pérdida de ingreso disponible y el aumento de los gastos fijos.

El dato más significativo es su alcance territorial: las 24 jurisdicciones registraron niveles inferiores a los de 2023. Sin embargo, la intensidad del retroceso fue muy diferente. Formosa presentó la mayor caída, con 39,3%, mientras que Neuquén mostró la menor contracción, con 3,1%.

Entre las provincias con mayores descensos también aparecen Santa Cruz (-16,4%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Catamarca (-12,3%). En términos absolutos, la mayor pérdida corresponde a la provincia de Buenos Aires, debido al peso que tiene su población y su mercado interno.

La evolución del consumo está estrechamente vinculada con el ingreso que queda disponible después de afrontar los gastos esenciales. Cálculos de Paramétrica Consultores estiman que el dinero del trabajador privado registrado destinado a consumos no obligatorios permanece casi 20% por debajo del nivel previo a diciembre de 2023, una vez descontados los principales gastos fijos y actualizada la medición por inflación.

Ese mecanismo explica parte del comportamiento del changuito. Electricidad, transporte, alquileres, garrafas y servicios de salud absorben una porción creciente del presupuesto familiar y reducen el margen para compras que pueden postergarse o ajustarse.

Cuando los gastos indispensables avanzan por encima del nivel general de precios, el ajuste suele trasladarse hacia los consumos discrecionales. El supermercado queda entonces expuesto a cambios en cantidades, marcas y frecuencia de compra, además de una mayor búsqueda de promociones y productos de menor precio.

El deterioro del mercado laboral agrega otro componente. De acuerdo con información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el empleo asalariado privado registrado disminuyó en 22 de las 24 jurisdicciones. Las excepciones fueron Neuquén y Río Negro, provincias beneficiadas por la expansión de la actividad vinculada con Vaca Muerta.

A nivel nacional, el estudio de Ficonomics contabilizó 241.189 puestos de trabajo registrados menos y señaló que la generación de empleo se concentró principalmente en actividades de mayor productividad y menor intensidad laboral. Industria, construcción y comercio explicaron buena parte de la pérdida.

En conclusión, la evidencia estadística revela que la reactivación del consumo doméstico halla un freno estructural en la reducción del excedente financiero familiar postgastos básicos. En tanto no se revierta esta tendencia, la evolución de la facturación en supermercados se mantendrá como el termómetro principal de la capacidad adquisitiva remanente de los hogares.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial otorgó al Poder Judicial de San Juan la titularidad de “JusticIA”, una plataforma de inteligencia artificial generativa que comenzó a utilizarse en noviembre de 2025 para asistir en tareas judiciales. El registro tendrá vigencia hasta agosto de 2036.

El organismo nacional otorgó el registro mediante el Acta N° 4.720.805, correspondiente a la Clase 45 del Nomenclador Internacional de Niza. La protección de la marca se extenderá hasta el 25 de agosto de 2036.

Según informó la Justicia sanjuanina, se trata del primer Poder Judicial del país en registrar una marca correspondiente a una plataforma de inteligencia artificial generativa. La inscripción consolida jurídicamente una herramienta que ya se encuentra incorporada a determinados procesos internos.

“JusticIA” comenzó a utilizarse en noviembre de 2025 y fue concebida para colaborar en tareas como la elaboración de proyectos, búsqueda y organización de información contenida en expedientes, síntesis de fallos y transcripción de audiencias.

La herramienta no sustituye las funciones de jueces ni empleados judiciales, sino que apunta a reducir tiempos en labores que requieren procesamiento y organización de grandes volúmenes de información. La decisión final y la responsabilidad sobre los actos jurisdiccionales permanecen en manos de los funcionarios competentes.

El desarrollo estuvo a cargo de la Dirección de Informática del Poder Judicial de San Juan y se encuentra sujeto a un protocolo de utilización y a disposiciones vinculadas con la protección de datos personales, un aspecto especialmente relevante por el tipo de información que administra el sistema judicial.

El registro concedido por el INPI comprende además servicios vinculados con asistencia informática en litigios, certificación de documentos jurídicos, información judicial, licencias de software y consultoría en protección de datos.