La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.

Los precios de los alimentos volvieron a mostrar señales de presión inflacionaria durante la tercera semana de enero, en un entorno económico donde el costo de vida continúa siendo uno de los principales límites al consumo de los hogares. Según un relevamiento privado, el rubro alimentos y bebidas registró un aumento promedio semanal del 0,2%, una variación contenida en términos generales, pero que refleja una persistencia inflacionaria difícil de desactivar.

La clave del comportamiento semanal estuvo en la composición de los aumentos. Lejos de una suba homogénea, el informe revela que los incrementos se concentraron nuevamente en los alimentos frescos, con un protagonismo marcado de las verduras y las carnes, dos categorías de peso central en la canasta básica.

Las verduras encabezaron las subas, con incrementos que superaron el 3% semanal, mientras que las carnes mostraron avances cercanos al 2,5%. Estos movimientos explicaron la mayor parte de la variación general, y volvieron a encender alertas por su impacto directo en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

Este comportamiento se repite desde fines del año pasado y pone en evidencia la dificultad para contener los precios en rubros sensibles, más expuestos a factores estacionales, climáticos y logísticos, y menos permeables a las estrategias de desaceleración general de la inflación.

En sentido contrario, el relevamiento registró bajas significativas en otros segmentos relevantes del consumo masivo. Los productos de panificación, cereales y pastas exhibieron retrocesos superiores al 4% semanal, a los que se sumaron descensos en bebidas, lácteos y algunos alimentos industrializados.

Estas caídas permitieron que el promedio semanal de inflación de alimentos se mantuviera en niveles moderados, evitando un salto más pronunciado. Sin embargo, su efecto fue parcial y transitorio, ya que no lograron compensar plenamente el impacto de los aumentos en los productos frescos, que continúan marcando el pulso de la canasta.

La heterogeneidad en la evolución de los precios se consolida así como una característica central del actual escenario inflacionario, con comportamientos divergentes entre alimentos básicos de consumo diario y otros productos de mayor procesamiento.

Al ampliar el horizonte de análisis, los datos muestran que la inflación de alimentos presenta una leve desaceleración, aunque con bases aún inestables. El promedio mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en torno al 0,9%, un registro inferior al observado en meses anteriores y que marca el primer período, tras más de cinco meses, en el que la inflación mensual promedio de alimentos se mantiene por debajo del 1%.

Pese a esta mejora relativa, el informe advierte que la tendencia sigue siendo frágil y altamente dependiente de la evolución de rubros volátiles como frutas y verduras. Cualquier corrección abrupta en estos segmentos puede revertir rápidamente el proceso de desaceleración.

Otro dato relevante es el aumento de la dispersión de precios. Aunque el promedio general fue bajo, se registraron valores extremos más marcados que en la semana previa, lo que indica que la inflación avanza de manera desigual dentro de la canasta. Al mismo tiempo, el porcentaje de productos con aumentos alcanzó el 15% del total relevado, tres puntos porcentuales más que la semana anterior, un indicador que suele anticipar presiones inflacionarias futuras si la difusión de subas continúa ampliándose.

La tercera semana de enero dejó un panorama mixto para los precios de los alimentos. Si bien el promedio semanal mostró una suba moderada, la persistencia de aumentos en carnes y verduras confirma que la inflación en productos esenciales sigue siendo un factor estructural de preocupación. Las bajas en otros rubros ayudan a contener el índice general, pero no modifican una dinámica que continúa afectando el poder adquisitivo y condicionando el consumo. En este escenario, la desaceleración observada aparece más como un equilibrio precario que como una tendencia consolidada.

A semanas del inicio del debate formal en el Congreso, el Gobierno decidió excluir a la CGT de cualquier instancia de negociación sobre la reforma laboral. El malestar oficial por gestos políticos recientes de la central sindical selló una ruptura que empuja el conflicto al terreno parlamentario y a la calle.

Cuando restan pocas semanas para que el Congreso comience a discutir formalmente la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei tomó una definición política de alto impacto: cerrar por completo el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los actores centrales del sistema laboral argentino.

En la Casa Rosada reconocen que la relación con la central obrera atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión libertaria. Funcionarios del oficialismo admiten que “ya no hay margen para negociar” con la CGT, a la que consideran hoy un actor abiertamente confrontativo y sin voluntad de acompañar el proyecto.

El punto de quiebre, según deslizan en Balcarce 50, fueron los gestos políticos recientes del sindicalismo, en particular el comunicado de la CGT contra el DNU 941/2025, que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y las declaraciones públicas de dirigentes históricamente considerados “dialoguistas”, que en las últimas horas cuestionaron con dureza el contenido de la reforma laboral.

Desde el oficialismo interpretan ese endurecimiento como una respuesta a presiones internas del propio entramado sindical, que forzó a referentes con vínculos aceitados con La Libertad de Avanza a abandonar cualquier postura conciliadora. El resultado fue una decisión tajante: la CGT quedó fuera del esquema de consultas.

El artículo sensible y el núcleo del conflicto

Uno de los puntos que más tensiona la relación es el artículo 161 del proyecto, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la conducción gremial, la modificación implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral, uno de los pilares económicos y políticos del sindicalismo argentino.

Las propias estimaciones oficiales reconocen que la rebaja representaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a aproximadamente el 0,1% del PBI. En la lectura sindical, se trata de un golpe estructural que excede lo fiscal y busca debilitar la capacidad de acción de los gremios.

En el Gobierno, en cambio, consideran que la reacción de la CGT confirma que la reforma avanza sobre privilegios históricos y no sobre derechos laborales básicos. Esa convicción refuerza la decisión de avanzar sin consenso con la central obrera.

Estrategia sindical: gobernadores, Congreso y calle

En la calle Azopardo son plenamente conscientes del escenario. Admiten que no esperan ningún gesto del Ejecutivo y que el canal de diálogo político está virtualmente clausurado. Frente a eso, la CGT redefinió su estrategia: replegarse sobre los gobernadores y buscar que los legisladores provinciales bloqueen o modifiquen el proyecto en el Congreso.

A esa vía institucional se suma la presión social. La conducción sindical apuesta a que la movilización en las calles y la instalación del debate en la opinión pública generen el costo político suficiente para frenar la reforma. En tal sentido, comenzó a sobrevolar una opción de máxima tensión: un paro nacional. Aunque en el oficialismo desestiman esa posibilidad, dentro de la CGT ya no la descartan.

Paro nacional, una carta latente

Cristian Jerónimo, secretario general, dejó abierta esa puerta en declaraciones radiales. Señaló que la central obrera ya desplegó una estrategia política y comunicacional para advertir sobre el alcance de la reforma laboral, combinando trabajo territorial y presencia en redes sociales.
Jerónimo sostuvo que se agotarán todas las instancias institucionales, pero fue explícito al marcar un límite: si no hay respuestas, el Consejo Directivo evaluará los próximos pasos. “No se descarta nada”, afirmó, en una frase que resume el clima de confrontación creciente.

La decisión del Gobierno de excluir a la CGT del diálogo por la reforma laboral marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sindicalismo. Lejos de buscar consensos, el oficialismo apuesta a imponer su proyecto con respaldo parlamentario y respaldo social propio, aun al costo de profundizar el conflicto.

Del otro lado, la central obrera se reconfigura como actor opositor, apoyada en los gobernadores, el Congreso y la calle. En ese cruce de estrategias, la reforma laboral se perfila no solo como una discusión técnica, sino como una disputa de poder de fondo que definirá el nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y el movimiento obrero en la Argentina.