Tras la masiva movilización en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica provincial, Martín Solazzo, cuestionó con dureza el avance de la reforma laboral y reclamó un paro nacional para frenar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente advirtió sobre las consecuencias jurídicas, sociales y productivas del proyecto.

La movilización del miércoles 11 de febrero en la Plaza 25 de Mayo llevada a cabo en San Juan dejó una señal inequívoca del clima sindical que atraviesa la provincia. Bajo el llamado de la CGT y otras centrales sindicales, cientos de trabajadores marcharon en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan, calificó la jornada como “multitudinaria” y destacó la amplitud de la movilización, que incluyó a organizaciones gremiales, sectores universitarios e incluso espacios políticos. “Fue una gran convocatoria para todos los sectores. El mensaje fue claro y concreto”, afirmó.

Durante la movilización se entregó un petitorio dirigido a los diputados nacionales por San Juan, con un pedido explícito: que rechacen el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja. Según el dirigente, la responsabilidad política quedará marcada por el sentido del voto. “Van a ser responsables de lo que suceda de aquí en adelante”, advirtió.

Críticas a la negociación política y al contenido del proyecto

Solazzo cuestionó las negociaciones que precedieron la media sanción en el Senado y apuntó a lo que definió como “aprietes” del Ejecutivo nacional hacia gobernadores y sectores políticos. Si bien reconoció que algunos legisladores votaron en contra, consideró que el resultado final dejó en evidencia un escenario de presiones cruzadas.

En términos de fondo, el dirigente fue categórico: “Esta reforma está diseñada para hacerle daño al trabajador”. Sostuvo que ninguna modificación parcial cambiaría la esencia del proyecto y que, aun con retoques, seguiría implicando pérdida de derechos.

A su juicio, la iniciativa no aborda el problema estructural del país. “La Argentina atraviesa una crisis económica profunda, no una crisis generada por la legislación laboral”, señaló. En esa línea, planteó que la reforma no generará empleo ni mejorará la competitividad, sino que podría derivar en un incremento de litigiosidad debido a contradicciones normativas y posibles conflictos con garantías constitucionales y tratados internacionales.

Plan de lucha y presión sindical

La UOM ya había desplegado un esquema de protestas en distintas provincias. Solazzo enumeró movilizaciones en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, además de las acciones locales impulsadas por cada central obrera.

Sin embargo, consideró que las manifestaciones no alcanzan para torcer el rumbo legislativo. “Necesitamos un paro nacional contundente”, subrayó, y apeló a que las centrales obreras —entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA— escuchen el reclamo de las bases.

En ese marco, defendió la creación de un frente sindical alternativo que impulse medidas más firmes. Aclaró que no se trata de disputar liderazgo, sino de “aumentar la presión” ante lo que consideran un punto de inflexión histórico. “Lo ideal es que estemos todos unidos. La unidad es lo único que puede hacer retroceder esta reforma”, sostuvo.

Impacto productivo y advertencia a gobernadores

El titular de la UOM sanjuanina amplió el análisis más allá del plano estrictamente gremial. Señaló que el eventual debilitamiento sindical afectaría el entramado productivo y la estabilidad social. “Esto no impacta solo en el trabajador individual, afecta a la producción, a la industria y a la comunidad en su conjunto”, aseveró.

También cuestionó el rol de algunos mandatarios provinciales en el proceso de negociación. Sin mencionarlos de manera directa, advirtió que “serán responsables” si la norma prospera y sus consecuencias se trasladan a la economía regional.

Para Solazzo, el debate excede la coyuntura y se inscribe en una discusión de fondo sobre el modelo laboral y productivo del país. “Se pueden discutir reformas, pero sentándonos todos en una mesa. De la forma en que está planteada, esta ley no es beneficiosa para ningún trabajador”, insistió.

Un escenario abierto y de alta tensión

A la espera del tratamiento en Diputados, el clima sindical se mantiene en estado de alerta. El reclamo por un paro nacional se fortalece y el frente gremial busca sumar adhesiones para amplificar la presión política.

La movilización en San Juan, según Solazzo, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia escalonada. “Mientras el espíritu de lucha esté activo, nada está perdido”, afirmó, convencido de que la disputa recién comienza.

El conflicto en torno a la reforma laboral expone tensiones profundas entre el Gobierno y el movimiento obrero. Más allá de los matices internos del sindicalismo, el mensaje que emergió desde San Juan es incuestionable: el rechazo no se limita a consignas retóricas, sino que se traduce en organización territorial y amenaza de medidas de fuerza de mayor alcance.

La votación en Diputados será el próximo punto crítico. Allí no solo se definirá el futuro de una norma, sino también el equilibrio entre poder político, representación sindical y derechos laborales en un contexto económico delicado. Para la UOM sanjuanina, la discusión no admite medias tintas: se trata, sostienen, de un debate estructural que marcará el rumbo del trabajo en la Argentina de los próximos años.

Tras la multitudinaria movilización que reunió en San Juan a las dos CTA y a la CGT, el titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), Marcelo Mena, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral y reclamó profundizar el plan de lucha con un paro general. En diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la iniciativa no apunta a crear empleo sino a flexibilizar despidos y reducir garantías.

La postal sindical en San Juan marcó un hecho poco frecuente: las dos vertientes de la CTA y la CGT marcharon juntas, acompañadas por movimientos sociales y espacios políticos. Para Mena, la jornada expresó un punto de inflexión.
“Desde un principio se planteó la necesidad de marchar unidos, tanto en Buenos Aires como en las provincias. En San Juan no fue la excepción”, afirmó. El dirigente destacó el valor simbólico de la convergencia y la interpretó como una respuesta directa al avance legislativo de la reforma laboral.

A su entender, la movilización no debe ser un hecho aislado sino el inicio de una etapa de mayor intensidad gremial. “No alcanza con salir a la calle. Hay que profundizar con un paro general y fortalecer el trabajo en cada sindicato, en cada comisión interna, con todos los trabajadores defendiendo sus derechos”, sostuvo.

Críticas al núcleo del proyecto

El referente de Asijemin fue categórico al evaluar el contenido de la reforma. Considera que la iniciativa no está orientada a fomentar el empleo ni a modernizar el sistema laboral, sino a facilitar despidos y reducir costos empresariales.

“No tiene ningún sentido para fortalecer al trabajador ni para generar más empleo. Lo que otorga es mayor libertad para despedir o prescindir de personal”, señaló. En ese marco, cuestionó especialmente los cambios vinculados a indemnizaciones, enfermedades laborales y modalidades de contratación.

El dirigente planteó que la discusión excede la estructura sindical. “No se trata de defender instituciones gremiales por sí mismas; se trata de que están vulnerando derechos concretos”, sentenció. Según su análisis, la norma consolida un esquema que tiende a la concentración económica, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.

También alertó sobre el impacto cultural y social de una eventual aprobación. “Si el salario se deteriora y se naturaliza la pérdida de garantías, lo que se instala es una lógica de competencia entre trabajadores, en un contexto de mayor desigualdad”, advirtió.

El rol de las centrales y la búsqueda de cohesión

Consultado sobre la aparición de espacios sindicales alternativos y las tensiones internas, Mena evitó profundizar en disputas de liderazgo. Sostuvo que el eje debe estar en la cohesión y no en la fragmentación.

“Las instituciones deben respetarse, pero también deben escuchar a sus bases. Hoy la necesidad es clara: enfrentar esta reforma con medidas firmes”, proclamó. En ese sentido, consideró que el debate no es quién conduce, sino cómo se construye una respuesta unificada frente a un proyecto que —según su mirada— afecta de manera transversal al mundo del trabajo.

La referencia apunta tanto a la Confederación General del Trabajo como a las centrales de trabajadores que confluyeron en la movilización. Para el gremialista, el desafío inmediato es sostener la unidad alcanzada en la calle y traducirla en acciones coordinadas.

El ejemplo minero y la discusión sobre productividad

Desde el ámbito específico de la minería, el dirigente ofreció un contrapunto a los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la necesidad de mejorar la competitividad.

Según explicó, en el sector minero sanjuanino se han logrado acuerdos salariales y mejoras en condiciones laborales mediante negociación colectiva, sin necesidad de recortar derechos. Incluso mencionó casos en los que empresas otorgaron incentivos adicionales por desempeño, fortaleciendo el compromiso y la productividad.

“Cuando hay diálogo y reglas claras, se puede crecer sin quitar garantías”, sintetizó. Para Mena, la experiencia del sector demuestra que la productividad no depende de la reducción de indemnizaciones ni de la flexibilización extrema, sino de acuerdos que articulen intereses empresariales y laborales.

En ese aspecto, remarcó que entre los trabajadores mineros existe un amplio rechazo al proyecto. El empresariado, en cambio, mantiene —según su descripción— una posición más expectante, al no verse directamente perjudicado por los cambios propuestos.

Presión política y responsabilidad legislativa

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Mena llamó a ejercer presión institucional y social sobre los representantes. “Tenemos que recordarles que son representantes del pueblo y que su función es servir a la sociedad”, alegó.

Sin promover acciones por fuera del marco democrático, planteó la necesidad de interpelar públicamente a los legisladores y exigir explicaciones sobre el sentido de su voto. Para el dirigente sindical, el debate no es técnico sino profundamente político: define el modelo de relaciones laborales que regirá en los próximos años.

La voz de Asijemin se suma a un clima que combina unidad circunstancial y creciente tirantez con el Gobierno. Desde San Juan, la dirigencia minera advierte que la reforma laboral no constituye una herramienta de desarrollo, sino un reordenamiento de fuerzas que, a su juicio, inclina la balanza hacia el capital en detrimento del trabajo.

La discusión en Diputados será determinante. Allí se pondrá en juego no solo el contenido de una ley, sino el alcance de un consenso social más amplio sobre productividad, derechos y distribución del ingreso. Para Marcelo Mena, el mensaje es claro: cualquier transformación del régimen laboral debe surgir del diálogo tripartito y no de una imposición que, lejos de pacificar el escenario, amenaza con profundizar la conflictividad.

El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.