Un informe elaborado sobre datos del Banco Central ubicó a San Juan como la jurisdicción con mayor nivel de incumplimiento financiero del país. El indicador refleja las dificultades crecientes de miles de hogares para sostener créditos, tarjetas y préstamos en una situación marcada por ingresos rezagados, empleo inestable y menor capacidad de consumo.

Los indicadores de actividad, inflación o empleo suelen ocupar el centro de la escena económica. Sin embargo, existe otro dato que permite observar con particular nitidez la situación cotidiana de los hogares: la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras asumidas.

Desde esa perspectiva, el panorama que surge para San Juan resulta preocupante. Un relevamiento privado basado en información del Banco Central reveló que la provincia registra el índice de mora más elevado de la Argentina, con un 36% de deudores que presentan incumplimientos en créditos, tarjetas y otras formas de financiamiento.

La cifra no sólo supera ampliamente a los principales centros urbanos del país, sino que también coloca a la provincia por encima de distritos históricamente afectados por mayores niveles de vulnerabilidad económica.

Detrás aparecen La Rioja y Catamarca, mientras que la Ciudad de Buenos Aires exhibe el menor porcentaje de incumplimientos, una diferencia que deja al descubierto las profundas asimetrías existentes entre las distintas regiones argentinas.

Deudas que crecen más rápido que los ingresos

El informe elaborado por Analytica muestra que la problemática excede largamente a San Juan. Actualmente, más de 5,3 millones de personas se encuentran en situación de mora tardía dentro del sistema financiero ampliado, un universo que incluye bancos, billeteras digitales, cooperativas, mutuales, fideicomisos y empresas de crédito al consumo. En términos concretos, más de uno de cada cuatro argentinos con financiamiento activo presenta atrasos significativos en sus pagos.

La magnitud del fenómeno adquiere otra dimensión al observar el volumen total de obligaciones de las familias, que ya asciende a 74,2 billones de pesos, equivalentes al 6,5% del Producto Interno Bruto.

Lejos de tratarse de una conducta aislada de determinados sectores, los especialistas señalan que la morosidad funciona como una expresión directa de las dificultades para sostener el presupuesto doméstico. Cuando los ingresos pierden capacidad de compra, el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

Jóvenes, trabajadores informales y sectores medios bajo presión

El estudio identifica además a los grupos más expuestos.
Los índices más elevados de incumplimiento se concentran entre jóvenes de 18 a 30 años, donde la irregularidad se aproxima al 40%. La situación coincide con un deterioro de las condiciones de inserción laboral para ese segmento etario, caracterizado por mayores niveles de precariedad y menor estabilidad ocupacional.

La capacidad de pago también guarda una relación directa con los ingresos declarados. Entre los monotributistas de menor facturación, los porcentajes de mora duplican a los registrados en las categorías superiores, una diferencia que evidencia cómo el peso de las obligaciones financieras se vuelve más difícil de sostener a medida que disminuyen los recursos disponibles.

Una señal de advertencia para la economía regional

Que San Juan encabece el ranking nacional de morosidad no constituye únicamente una estadística financiera. Detrás de ese indicador aparecen familias que recurren al crédito para cubrir gastos corrientes, trabajadores que destinan una porción creciente de sus ingresos al pago de deudas y comercios que enfrentan un mercado con menor capacidad de compra.

El dato funciona además como una advertencia sobre los límites del consumo sostenido mediante financiamiento. Cuando el endeudamiento reemplaza al ingreso como herramienta para sostener el nivel de vida, la capacidad de pago comienza a deteriorarse y el acceso futuro al crédito se vuelve cada vez más restrictivo.

Tras el rechazo de las universidades a la propuesta oficial de recomposición salarial y presupuestaria, los gremios docentes confirmaron la continuidad del plan de lucha y anticiparon nuevas medidas de fuerza para la segunda quincena de junio.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el titular de ADICUS, Jaime Barcelona, cuestionó la postura de la administración nacional y sostuvo que la oferta presentada fue interpretada por la comunidad universitaria como una condición inaceptable para abandonar el reclamo judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó el dirigente, el Gobierno nacional propuso una recomposición salarial del 21,3% para septiembre y un 3% adicional en octubre, pero vinculó esa oferta a la posibilidad de que las universidades desistieran de la demanda que actualmente avanza en los tribunales federales.

“Fue tomado como un chantaje por todo el frente universitario porque la propuesta está muy lejos de lo que establece la ley y pretendía que se abandonara un reclamo que ya obtuvo pronunciamientos favorables en dos instancias judiciales”, afirmó.

Paros y clases públicas

Frente a la falta de avances, los sindicatos universitarios resolvieron profundizar las acciones de protesta. Barcelona confirmó que los docentes realizarán un paro entre el 16 y el 19 de junio, acompañado por actividades de visibilización en distintos puntos del país.

Entre las iniciativas previstas figura una clase pública el 16 de junio y una jornada nacional frente a los tribunales federales para reclamar una definición judicial sobre la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso.

Mientras tanto, las actividades académicas continuarán con normalidad hasta el inicio de las nuevas medidas adoptadas.

Una disputa que trasciende lo salarial

El conflicto ya excede la discusión paritaria. Las universidades reclaman la actualización de salarios, partidas de funcionamiento y becas estudiantiles, mientras que el Gobierno insiste en cuestionar la viabilidad financiera de la norma aprobada .

Para los gremios docentes, el litigio se ha convertido en una discusión de fondo sobre el sostenimiento de la educación superior pública. En ese aspecto, Barcelona advirtió que la continuidad del conflicto dependerá tanto de una eventual convocatoria oficial como de la resolución que adopte la Justicia.

La posibilidad de un paro por tiempo indeterminado

El dirigente reveló además que distintas organizaciones universitarias ya analizan los pasos a seguir para el segundo cuatrimestre y que entre las alternativas figura la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado si no aparecen respuestas concretas.

“Todavía apostamos a que haya definiciones antes de llegar a una medida extrema, pero esa posibilidad está siendo evaluada”, señaló.

Con el calendario académico avanzando y sin señales de acercamiento entre las partes, las universidades volverán a convertirse en uno de los principales focos de conflicto social durante las próximas semanas. La combinación de reclamos salariales, demandas presupuestarias y litigios judiciales mantiene abierto un frente que, lejos de encontrar una salida, continúa escalando en intensidad.

Cada 7 de junio, el Día del Periodista suele convertirse en una ocasión para reivindicar el valor social de una profesión indispensable para el funcionamiento democrático. Sin embargo, detrás de esa conmemoración emerge una realidad mucho menos visible: la creciente precarización de quienes producen información todos los días.

Un informe elaborado por (SiPreBA), basado en más de mil encuestas realizadas a trabajadores de medios del Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra un cuadro preocupante para una actividad históricamente asociada a la formación profesional, la producción de conocimiento y la construcción de ciudadanía.

Los números son elocuentes. El 65,6% de los trabajadores consultados percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza en su empleo principal. Incluso sumando otras fuentes laborales, cuatro de cada diez continúan sin alcanzar el valor de la Canasta Básica Total que establece el INDEC para una familia tipo.

La fotografía que surge del estudio revela una paradoja cada vez más frecuente: quienes tienen la tarea de narrar las dificultades económicas del país conviven con esas mismas dificultades en carne propia.

Endeudarse para sostener lo cotidiano

La pérdida de capacidad adquisitiva aparece como uno de los rasgos más notorios del informe.
Casi siete de cada diez trabajadores de prensa reconocieron haber recurrido durante el último mes a préstamos, tarjetas de crédito o financiamiento para afrontar gastos elementales como alimentos, alquileres o servicios. A ello se suma un dato aún más inquietante: la mayoría de quienes mantienen deudas destina una porción significativa de sus ingresos a cancelarlas, reduciendo todavía más su margen económico.

El resultado es una ecuación cada vez más difícil de sostener. Un porcentaje importante de periodistas admite que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos mensuales y que se ve obligado a resignar consumos básicos, postergar pagos o buscar nuevas fuentes laborales para compensar la caída salarial.

La expansión del pluriempleo

La figura del periodista con múltiples trabajos dejó de ser una excepción para transformarse en una característica estructural de la actividad.
El estudio señala que más de la mitad de los trabajadores de prensa desempeña dos o más tareas remuneradas simultáneamente. En la enorme mayoría de los casos, esa situación no responde a una elección profesional sino a la necesidad de complementar ingresos insuficientes.

La radio y los medios gráficos aparecen entre los segmentos más afectados, con porcentajes especialmente elevados de trabajadores cuyos salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza. La consecuencia directa es una sobrecarga laboral creciente que impacta tanto en la calidad de vida de los trabajadores como en las condiciones de producción periodística.

Desde SiPreBA sostienen que la realidad de las redacciones dista considerablemente de ciertas caracterizaciones instaladas en el debate público. Según el sindicato, la inmensa mayoría de los periodistas comparte las mismas dificultades que atraviesan millones de trabajadores argentinos: salarios insuficientes, incertidumbre económica y pérdida de poder adquisitivo.

Una discusión que vuelve al centro de la agenda

La difusión de estos datos coincide con la presentación de una propuesta para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional, una iniciativa impulsada por organizaciones sindicales del sector que busca adecuar el marco normativo a las transformaciones tecnológicas, productivas y laborales registradas durante las últimas décadas.

En el Día del Periodista, el principal desafío ya no pasa únicamente por defender la libertad de informar, sino también por garantizar que quienes informan puedan hacerlo con dignidad laboral y perspectivas de desarrollo profesional.