La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

Tras la masiva movilización en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica provincial, Martín Solazzo, cuestionó con dureza el avance de la reforma laboral y reclamó un paro nacional para frenar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente advirtió sobre las consecuencias jurídicas, sociales y productivas del proyecto.

La movilización del miércoles 11 de febrero en la Plaza 25 de Mayo llevada a cabo en San Juan dejó una señal inequívoca del clima sindical que atraviesa la provincia. Bajo el llamado de la CGT y otras centrales sindicales, cientos de trabajadores marcharon en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan, calificó la jornada como “multitudinaria” y destacó la amplitud de la movilización, que incluyó a organizaciones gremiales, sectores universitarios e incluso espacios políticos. “Fue una gran convocatoria para todos los sectores. El mensaje fue claro y concreto”, afirmó.

Durante la movilización se entregó un petitorio dirigido a los diputados nacionales por San Juan, con un pedido explícito: que rechacen el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja. Según el dirigente, la responsabilidad política quedará marcada por el sentido del voto. “Van a ser responsables de lo que suceda de aquí en adelante”, advirtió.

Críticas a la negociación política y al contenido del proyecto

Solazzo cuestionó las negociaciones que precedieron la media sanción en el Senado y apuntó a lo que definió como “aprietes” del Ejecutivo nacional hacia gobernadores y sectores políticos. Si bien reconoció que algunos legisladores votaron en contra, consideró que el resultado final dejó en evidencia un escenario de presiones cruzadas.

En términos de fondo, el dirigente fue categórico: “Esta reforma está diseñada para hacerle daño al trabajador”. Sostuvo que ninguna modificación parcial cambiaría la esencia del proyecto y que, aun con retoques, seguiría implicando pérdida de derechos.

A su juicio, la iniciativa no aborda el problema estructural del país. “La Argentina atraviesa una crisis económica profunda, no una crisis generada por la legislación laboral”, señaló. En esa línea, planteó que la reforma no generará empleo ni mejorará la competitividad, sino que podría derivar en un incremento de litigiosidad debido a contradicciones normativas y posibles conflictos con garantías constitucionales y tratados internacionales.

Plan de lucha y presión sindical

La UOM ya había desplegado un esquema de protestas en distintas provincias. Solazzo enumeró movilizaciones en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, además de las acciones locales impulsadas por cada central obrera.

Sin embargo, consideró que las manifestaciones no alcanzan para torcer el rumbo legislativo. “Necesitamos un paro nacional contundente”, subrayó, y apeló a que las centrales obreras —entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA— escuchen el reclamo de las bases.

En ese marco, defendió la creación de un frente sindical alternativo que impulse medidas más firmes. Aclaró que no se trata de disputar liderazgo, sino de “aumentar la presión” ante lo que consideran un punto de inflexión histórico. “Lo ideal es que estemos todos unidos. La unidad es lo único que puede hacer retroceder esta reforma”, sostuvo.

Impacto productivo y advertencia a gobernadores

El titular de la UOM sanjuanina amplió el análisis más allá del plano estrictamente gremial. Señaló que el eventual debilitamiento sindical afectaría el entramado productivo y la estabilidad social. “Esto no impacta solo en el trabajador individual, afecta a la producción, a la industria y a la comunidad en su conjunto”, aseveró.

También cuestionó el rol de algunos mandatarios provinciales en el proceso de negociación. Sin mencionarlos de manera directa, advirtió que “serán responsables” si la norma prospera y sus consecuencias se trasladan a la economía regional.

Para Solazzo, el debate excede la coyuntura y se inscribe en una discusión de fondo sobre el modelo laboral y productivo del país. “Se pueden discutir reformas, pero sentándonos todos en una mesa. De la forma en que está planteada, esta ley no es beneficiosa para ningún trabajador”, insistió.

Un escenario abierto y de alta tensión

A la espera del tratamiento en Diputados, el clima sindical se mantiene en estado de alerta. El reclamo por un paro nacional se fortalece y el frente gremial busca sumar adhesiones para amplificar la presión política.

La movilización en San Juan, según Solazzo, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia escalonada. “Mientras el espíritu de lucha esté activo, nada está perdido”, afirmó, convencido de que la disputa recién comienza.

El conflicto en torno a la reforma laboral expone tensiones profundas entre el Gobierno y el movimiento obrero. Más allá de los matices internos del sindicalismo, el mensaje que emergió desde San Juan es incuestionable: el rechazo no se limita a consignas retóricas, sino que se traduce en organización territorial y amenaza de medidas de fuerza de mayor alcance.

La votación en Diputados será el próximo punto crítico. Allí no solo se definirá el futuro de una norma, sino también el equilibrio entre poder político, representación sindical y derechos laborales en un contexto económico delicado. Para la UOM sanjuanina, la discusión no admite medias tintas: se trata, sostienen, de un debate estructural que marcará el rumbo del trabajo en la Argentina de los próximos años.

En un escenario atravesado por la discusión de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, los gremios universitarios rechazaron la propuesta salarial del Gobierno nacional y anunciaron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones. Desde ADICUS, su titular, Jaime Barcelona, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la constitucionalidad del proyecto en debate.

En una jornada de protestas que se replicó en distintos puntos del país y que tuvo su expresión en San Juan, Barcelona, lanzó un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico y laboral del Gobierno de Javier Milei. El dirigente advirtió que el movimiento obrero se enfrenta a un proceso de reformas que —según su visión— “tiene como variable de ajuste a los trabajadores” y que avanza con el acompañamiento de sectores políticos provinciales.

La movilización, que reunió a sindicatos y organizaciones sociales, se produjo a la par, al tratamiento legislativo de la reforma laboral promovida por la administración nacional. Para Barcelona, la iniciativa no sólo implica un retroceso en derechos adquiridos, sino que además podría abrir un frente judicial. “Se está votando algo inconstitucional”, sostuvo, en referencia a lo que considera una vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El dirigente señaló que, de prosperar la norma, el debate podría trasladarse a la instancia judicial, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La movilización social va a continuar y, si es necesario, el reclamo también se dará en los tribunales”, anticipó, en un escenario donde el conflicto promete extenderse más allá de la discusión parlamentaria.

Rechazo salarial y ley de financiamiento

En el plano estrictamente universitario, el foco de la controversia se trasladó a la propuesta oficial de recomposición salarial. El Gobierno ofreció un incremento del 12,3% para 2026, en tres tramos y sin fechas definidas. Los gremios lo rechazaron de manera categórica.

Barcelona explicó que el porcentaje alude a una parte de lo adeudado por la evolución inflacionaria de 2025, pero deja sin resolver —según afirmó— las pérdidas acumuladas de 2024 y diciembre de 2023. “No vamos a cambiar un 12,3% por la ley de financiamiento universitario”, remarcó, en alusión a la normativa que fija criterios de actualización presupuestaria y salarial para el sistema.

Desde la conducción sindical sostienen que el Ejecutivo no sólo incumple la ley vigente, sino que además busca reemplazarla por un nuevo proyecto que, a su juicio, consolidaría el ajuste y formalizaría la caída del poder adquisitivo docente. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que se convoque a paritaria como corresponde”, enfatizó el titular de ADICUS.

El trasfondo del conflicto es más amplio que una discusión porcentual. En el sistema universitario nacional, la combinación de inflación persistente, retraso salarial y tensiones presupuestarias ha deteriorado el poder de compra de los docentes y tensionado el funcionamiento institucional. La paritaria, herramienta central de negociación colectiva, se convirtió en un eje de disputa política y jurídica.

Medidas de fuerza y presión legislativa

El plan de acción ya está en marcha. ADICUS confirmó un paro el día en que la reforma laboral sea tratada en Diputados, además de nuevas huelgas y movilizaciones cuando el Ejecutivo ingrese su proyecto alternativo de financiamiento universitario. También se prevén acciones de visibilización durante la próxima semana.

El objetivo, según el dirigente gremial, es doble: por un lado, exigir el rechazo del proyecto de reforma laboral; por otro, presionar para que el Congreso garantice el cumplimiento de la ley vigente y obligue al Gobierno a reabrir la negociación salarial. “Los diputados y senadores tienen la responsabilidad de no avalar este ajuste”, advirtió.

En el plano político, Barcelona cuestionó la actitud de algunos gobernadores que, a su entender, acompañan la estrategia nacional pese al impacto que las medidas tendrían en sus propias jurisdicciones. Esa tensión entre provincias y Nación se proyecta como uno de los factores determinantes en la votación legislativa.

Un conflicto con proyección institucional

La disputa en torno a la reforma laboral y al financiamiento universitario excede el marco sectorial. Lo que está en juego es el equilibrio entre ajuste fiscal, derechos laborales y sostenibilidad del sistema público de educación superior. El oficialismo apuesta a una reconfiguración estructural del esquema laboral y presupuestario; los sindicatos, en cambio, denuncian un retroceso que compromete garantías constitucionales y consolida la pérdida de ingresos.

Mientras el Congreso se prepara para una votación clave, el movimiento universitario endurece su postura y anticipa que la conflictividad no se disipará con una aprobación formal de la norma. La calle y, eventualmente, los tribunales podrían transformarse en nuevos escenarios de una disputa que combina economía, política y derecho.

En un momento de alta sensibilidad social, la resolución del conflicto marcará no sólo el rumbo de las relaciones laborales en el ámbito universitario, sino también el alcance real de las reformas impulsadas por el Gobierno. Entre el ajuste fiscal y la defensa de derechos adquiridos, el sistema universitario vuelve a situarse en el centro del debate nacional.