Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.

La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.

La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».

La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».

Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.

La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».

El SATSAID lanzó un duro documento en su Asamblea General en la provincia de Córdoba, denunciando el «desmantelamiento» promovido por el Gobierno libertario y exigiendo la libertad de Cristina Kirchner.

En el marco de su 50° Asamblea General Ordinaria realizada en La Falda, Córdoba, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) emitió un documento crítico hacia las políticas del Gobierno nacional. El gremio denuncia que dichas políticas «profundizan la crisis social y económica» y afectan gravemente a la actividad audiovisual. Los delegados y delegadas del del gremio calificaron la crisis económica y la «catástrofe social» como resultado de políticas «inspiradas en viejas corrientes de ideas e intereses de minorías sin Patria».

El sindicato acusó a la administración de Javier Milei de endeudar al país, entregar recursos naturales y actuar «más como una fuerza de ocupación que como un gobierno que represente intereses nacionales». Definieron el actual modelo económico como un «plan de miseria planificada», sostenido por «represión, persecución política y judicial». Señalaron que el discurso oficial sobre el control de la inflación «se derrumbó» tras la cesión de la conducción económica al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El SATSAID advirtió que la actividad audiovisual enfrenta graves problemas como despidos, retiros voluntarios, freno en las producciones, cierre de empresas y paritarias con techo, sumado al desguace de los medios públicos.

La Asamblea General del SATSAID culminó con un llamado a la defensa de los medios públicos y un reclamo contundente por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. El sindicato reafirmó su voluntad de construir «una alternativa que devuelva la esperanza» y alcanzar «una Patria Justa, Libre y Soberana».

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.

La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.

“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.

La inflación real, lejos de las cifras oficiales

Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.

El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.

Convenios abiertos y una estructura laboral en transición

En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.

La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.

Autoservicio: la amenaza silenciosa

Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.

“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.

“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.

La presión impositiva y la caída del consumo

Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.

“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.

El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.

El futuro del trabajo en jaque

Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.

El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.

El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.

Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.