Las dos ramas de la CTA se reunieron este mediodía con diputadas y diputados de Unión por la Patria para fijar una postura común frente a una eventual reforma laboral que el Gobierno busca presentar en las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre. Denunciaron un avance “regresivo”, cuestionaron recortes en áreas clave y llamaron a construir una estrategia de unidad parlamentaria y territorial.

En una reunión celebrada en el Congreso, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina —la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy— mantuvieron un encuentro con referentes de Unión por la Patria (UxP). Participaron las diputadas Cecilia Moreau y Paula Penacca, y el jefe del bloque, Germán Martínez.

El objetivo fue claro: construir un frente común para impedir que avancen proyectos de reforma laboral, impositiva o presupuestaria considerados regresivos. El mensaje quedó sintetizado en una frase que resonó en la sala: “No pasarán las reformas regresivas”.

Preocupación por el ajuste en áreas sensibles y por la caída de la actividad

Durante el encuentro, las centrales sindicales expresaron inquietud por lo que consideran un ajuste profundo en áreas estratégicas del Estado. Señalaron recortes en:

educación,

salud,

obra pública,

transferencias a las provincias.

A esto sumaron un dato que preocupa al movimiento sindical: el creciente cierre de empresas y la aparición de un “tendal de despidos” en los últimos meses, fenómeno que atribuyen a la recesión y a la retracción de la inversión pública.

Reforma laboral: rechazo a volver sobre normas ya anuladas por la justicia

En relación con la reforma laboral que el Gobierno pretende enviar en el marco de las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre, las CTA manifestaron un rechazo contundente.

Señalaron que el oficialismo busca reinstalar artículos del Decreto 70/23 ya declarados inconstitucionales por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió la vigencia del capítulo laboral hasta que el Congreso lo analice.
Para los gremios, esto constituye un intento de “volver por la ventana” con medidas que afectan derechos adquiridos, promoviendo una “fragmentación y atomización del movimiento obrero” bajo el discurso de la “modernización”.

Una estrategia de unidad: del recinto a la calle

Las CTA plantearon que el desafío no se limita al plano legislativo. En el encuentro reclamaron articular una estrategia de unidad amplia, que contemple:

acciones parlamentarias coordinadas,

presencia territorial,

articulación con organizaciones sociales y movimientos del campo popular,

y eventuales movilizaciones.

“Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sintetizaron los dirigentes, buscando proyectar un mensaje de fortaleza interna en un contexto político adverso.

Marco judicial: el antecedente que condiciona cualquier intento de reforma

El pronunciamiento también remarcó el peso del antecedente judicial.
La resolución de la Cámara Laboral, que consideró inconstitucional el capítulo laboral del Decreto 70/23, opera como límite para cualquier nuevo intento de implementación “exprés”.
En ese fallo —recordaron las fuentes sindicales— se destacó que reformar derechos laborales estructurales por decreto vulnera el principio de división de poderes y debe ser materia exclusiva del Congreso.

Ese escenario obliga al Gobierno a encarar el debate en el recinto, donde no tiene mayoría propia y donde la resistencia sindical comienza a articular alianzas parlamentarias.

La reunión entre las CTA y Unión por la Patria confirma que el debate por la reforma laboral será uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias.
Con un oficialismo que pretende insistir en cambios estructurales y una oposición que se prepara para bloquear iniciativas consideradas regresivas, el escenario anticipa un diciembre de alta tensión política y sindical.

Para las centrales, la estrategia es clara: consolidar unidad, ocupar el territorio y blindar derechos.
Para el Gobierno, el desafío será convertir su proyecto de modernización laboral en una propuesta capaz de superar resistencias en un Congreso fragmentado.

El choque de visiones ya se instaló. El desenlace, una vez más, dependerá de la correlación de fuerzas dentro y fuera del Parlamento.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Fatpren denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una política “sistemática y planificada” de ataques a periodistas, que incluye represión en manifestaciones, detenciones arbitrarias, demandas judiciales y hostigamiento digital. Expusieron además el vaciamiento de los medios públicos y organismos de control.

Las organizaciones acusaron al Ejecutivo nacional de llevar adelante “una política de ataque sistemático y planificado” contra periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa, vulnerando derechos consagrados por tratados internacionales. La presentación unifica denuncias previas realizadas por ARGRA, FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional Argentina y otras entidades vinculadas a la libertad de prensa y los derechos humanos.

Un patrón de represión y hostigamiento

En la audiencia, Francisco Rabini —secretario adjunto del Sipreba y tesorero de Fatpren— describió un panorama crítico. Señaló que la administración libertaria busca “impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo: cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar”.

Rabini enumeró una serie de hechos que, según las entidades, configuran un patrón de represión sistemática en protestas y manifestaciones. El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió lesiones irreversibles tras recibir en la cabeza un proyectil de gas mientras cubría una marcha de jubilados en la Plaza del Congreso.

A estos episodios se suma el hostigamiento digital, que incluye ataques coordinados en redes sociales contra comunicadores críticos del Gobierno, alimentados —según los denunciantes— por discursos oficiales de deslegitimación del oficio periodístico.

El dirigente, trabajador del diario Clarín, afirmó que este escenario constituye un “ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información”, con efectos que alcanzan incluso la estabilidad laboral de quienes integran el sector.

Más de cien heridos, detenciones y causas judiciales

El secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, sostuvo que más de cien periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos o detenidos durante protestas a lo largo del último año. También mencionó los casos de los fotógrafos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias, que resultaron heridos en distintas coberturas.

Las organizaciones subrayaron además el uso de acciones judiciales como mecanismo de presión: funcionarios del Gobierno denunciaron por calumnias e injurias —al menos en ocho oportunidades— a comunicadores de distintos perfiles editoriales, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Julia Mengolini, Nancy Pazos y Darío Villarruel.

En ese contexto, Rabini advirtió que la situación de la prensa en Argentina representa una “amenaza directa a los derechos humanos fundamentales”.

Vaciamiento y debilitamiento institucional

La denuncia ante la CIDH no se limita a las agresiones físicas o digitales. Sipreba y Fatpren señalaron un “esquema de vaciamiento informativo” que incluye:

la reducción del rol de los medios públicos,

el intento de cierre de la Agencia Télam,

la intervención prolongada del Enacom,

la paralización de los fondos FOMECA,

y el vaciamiento de la Defensoría del Público.

Estos factores, advirtieron, afectan “directamente la pluralidad informativa y la diversidad de voces”, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.

Con el caso ya ingresado en la agenda de la CIDH, el Gobierno argentino enfrenta un nuevo frente internacional en materia de derechos humanos y libertades públicas. La denuncia coloca bajo escrutinio global la situación de la prensa en el país y abre la puerta a eventuales medidas y pronunciamientos del organismo. Para las organizaciones de trabajadores de prensa, el mensaje es claro: la degradación de la libertad de expresión se ha convertido en una problemática urgente que excede las fronteras nacionales y requiere una respuesta institucional y política a la altura de la gravedad expuesta.