La Resolución 1066/2026 habilitó el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará la medida por ahora: registra un promedio de apenas 102 consultas anuales de personas extranjeras.

El Gobierno provincial decidió mantener la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, pese a la resolución nacional que habilita el cobro de prestaciones no urgentes a quienes no acrediten residencia permanente en el país. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, sostuvo que el volumen de consultas registrado en la provincia no justifica modificar la política vigente.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. Su alcance se limita a los establecimientos administrados por el Estado nacional, por lo que las provincias conservan capacidad para definir el funcionamiento de sus propios hospitales públicos.

En San Juan, la principal razón para sostener la gratuidad está en las estadísticas. De acuerdo con los registros citados por Dobladez, durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra considerada marginal frente al volumen total de atención del sistema provincial.

“Por ahora no se va a cobrar”, afirmó el ministro en declaraciones radiales. El funcionario remarcó que la provincia tiene autonomía para administrar los recursos destinados a sus hospitales y sostuvo que el impacto de la atención a extranjeros es actualmente reducido.

El funcionario también vinculó la decisión con el perfil turístico de San Juan. A su entender, garantizar el acceso gratuito a la salud puede constituir un atractivo para quienes visitan la provincia, mientras que establecer requisitos adicionales podría desalentar la llegada de turistas.

La definición, sin embargo, no fue presentada como irreversible. El ministro advirtió que la provincia podría revisar la política si las estadísticas experimentan un crecimiento considerable. En particular, mencionó como referencia que las 102 consultas anuales actuales llegaran a duplicarse o triplicarse.

El otro factor señalado por el funcionario es el crecimiento de la minería y la eventual llegada de trabajadores extranjeros vinculados con nuevos proyectos. En ese caso, Dobladez sostuvo que las empresas deberán garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados y fue categórico: “El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”.

Los extranjeros con residencia permanente acreditada por DNI conservan la paridad de trato en la atención sanitaria. Quienes carezcan de esta condición deberán abonar de forma anticipada las prestaciones programadas o exhibir una cobertura médica vigente.

La reglamentación también preserva el acceso irrestricto ante emergencias médicas, independientemente de la condición migratoria. Infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, emergencias obstétricas y otras patologías que impliquen un riesgo inmediato para la vida o una función vital quedan exceptuadas del cobro.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSJ confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas previsto para este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará a las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios. El gremio reclama una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades.

La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, ratificó la adhesión en declaraciones a la prensa y precisó que la huelga alcanzará a todas las unidades académicas de la UNSJ, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios de la provincia.

La protesta se inscribe en un reclamo que reúne a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales. El principal planteo sindical es salarial, aunque también incorpora demandas vinculadas con el financiamiento de las casas de altos estudios, las becas estudiantiles y el envío de recursos destinados a los gastos de funcionamiento.

El reclamo salarial

ADICUS sostiene que los docentes acumulan una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según explicó Liquitay, aun después del incremento salarial del 21%, la recomposición quedó por debajo de la inflación y la pérdida acumulada ronda el 28%, de acuerdo con las estimaciones del gremio.

La demanda apunta a recuperar esa diferencia y establecer un mecanismo que permita evitar nuevos retrocesos frente a la evolución de los precios.

A la discusión salarial se suman otros reclamos. Los sindicatos exigen la actualización de las becas estudiantiles y cuestionan las dificultades en el envío de fondos destinados al funcionamiento de las universidades. Para las organizaciones gremiales, esas partidas resultan necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases y sostener los servicios que brindan las instituciones educativas.

El conflicto podría extenderse

El paro del miércoles podría no ser la última medida de fuerza. ADICUS advirtió que, si no aparecen respuestas a las demandas planteadas, el conflicto podría profundizarse con medidas de fuerza durante toda la semana comprendida entre el 18 y el 22 de agosto.La posibilidad de ampliar la protesta agrega presión sobre una negociación que permanece abierta y que involucra al conjunto de las universidades nacionales.

En San Juan, el impacto de la medida alcanzará a una parte importante de la comunidad universitaria, dado que la suspensión de tareas comprenderá tanto las unidades académicas como la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ.

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratificó la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes para el 1 de septiembre.

El Gobierno rechazó los cuestionamientos formulados por las organizaciones sindicales y calificó el paro como una medida de carácter político. Desde la cartera nacional también sostuvieron que la convocatoria paritaria responde al cronograma establecido y negaron incumplimientos de las disposiciones legales y judiciales vinculadas con el financiamiento universitario.

Los gremios, sin embargo, consideran insuficiente esperar hasta septiembre para discutir una recomposición salarial. Por esa razón ratificaron la huelga del 12 de agosto y dejaron abierta la posibilidad de ampliar las medidas durante la semana siguiente.

ADICUS se incorporará este 12 de agosto a la jornada nacional de protesta universitaria con un reclamo centrado en la recuperación salarial y el financiamiento institucional. La convocatoria paritaria prevista para septiembre no logró desactivar la medida y, si no aparecen respuestas antes de esa fecha, el gremio ya anticipó que podría avanzar hacia una huelga de cinco días. El conflicto queda así abierto a una nueva instancia de negociación y escalada gremial durante agosto.

Las cuotas de los colegios privados de San Juan tendrán un nuevo aumento de hasta el 7,22% desde agosto, luego de que la Dirección de Educación Privada autorizara la tercera actualización de aranceles del año. Con este incremento, las instituciones que apliquen el máximo permitido acumularán una suba de hasta 23,35% durante 2026.

La medida quedó establecida mediante la Disposición N.º 216-DEP-2026, emitida el 10 de agosto, y alcanza a los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la Enseñanza Oficial.

El 7,22% constituye un tope y no una obligación. Cada colegio podrá trasladar a las familias el porcentaje que considere adecuado, siempre que no supere el límite fijado por la autoridad educativa.

La normativa también establece cuál debe ser la referencia para calcular el nuevo arancel. Los colegios no deberán tomar como base la cuota de julio, sino el importe correspondiente a mayo de 2026, sobre el cual podrán aplicar el porcentaje autorizado.

Además, si una institución utiliza un incremento inferior al 7,22%, la diferencia no podrá reservarse para una próxima actualización. El porcentaje que no sea aplicado quedará sin efecto y no podrá acumularse posteriormente.

Cómo se determinó el aumento

El nuevo límite fue definido a partir del IPADEP San Juan N.º 24, correspondiente al segundo trimestre de 2026. El indicador es elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas y considera distintos componentes de la estructura de costos de la educación privada.

Entre las variables contempladas figuran la evolución del salario de un cargo docente testigo con antigüedad, el Índice de Precios al Consumidor de San Juan y el Coeficiente de Variación Salarial nacional.

Los colegios que decidan aplicar la actualización tendrán tiempo hasta el 31 de agosto para informar formalmente los nuevos valores. Para ello deberán presentar ante la Dirección de Educación Privada una declaración jurada, tanto en formato digital como en papel, con los aranceles anteriores y los nuevos importes.

De esta manera, las familias que envían a sus hijos a establecimientos privados afrontarán desde este mes una nueva suba, cuyo impacto final dependerá del porcentaje que decida aplicar cada institución dentro del límite establecido por la Provincia.