El Ministerio de Gobierno difundió el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización previa de la Inspección General de Personería Jurídica. El trámite, obligatorio para garantizar la legalidad de las decisiones institucionales, exige presentar la documentación con al menos ocho días de anticipación e incluye requisitos estatutarios, administrativos y de fiscalización.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Gobierno recordó el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización de una Asamblea General Extraordinaria ante la Inspección General de Personería Jurídica, requisito indispensable para otorgar plena validez a las resoluciones que adopten sus órganos de conducción.

La autorización previa constituye uno de los principales mecanismos de fiscalización del Estado sobre las entidades civiles, ya que permite verificar que la convocatoria respete las disposiciones estatutarias y que las decisiones se adopten bajo condiciones de legalidad, representación y participación de los asociados.

El trámite comienza con la presentación de una nota dirigida al inspector o inspectora general solicitando la autorización para celebrar la asamblea. La documentación debe consignar el domicilio legal de la institución, la fecha prevista para la reunión, el horario de la primera y segunda convocatoria, el lugar de realización y el orden del día que será sometido a consideración de los asociados. Asimismo, la solicitud debe estar suscripta por el presidente y el secretario de la entidad.

Entre los requisitos exigidos también figura la presentación de la convocatoria confeccionada conforme a las previsiones del estatuto social y el Libro de Registro de Asociados debidamente actualizado al mes inmediato anterior a la asamblea, documentación que permite constatar la legitimidad del padrón habilitado para participar de las deliberaciones.

Otro aspecto central del procedimiento es el plazo de presentación. La solicitud deberá ingresarse con una anticipación mínima de ocho días corridos, requisito que posibilita a la autoridad de control analizar la documentación y autorizar formalmente la realización del acto institucional.

Las asociaciones también deberán abonar el derecho de inspección correspondiente, cuyo monto se determina de acuerdo con el patrimonio neto de cada institución. No obstante, la normativa vigente contempla la exención de ese arancel para las bibliotecas populares y las uniones vecinales, en reconocimiento de la función social que desarrollan dentro de sus comunidades.

Toda la documentación debe presentarse en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Personería Jurídica, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, segundo piso, ala sur, donde se realiza el control administrativo previo a la emisión de la autorización.

Desde el organismo recordaron que la gestión reviste carácter exclusivo para la entidad interesada, por lo que la responsabilidad de iniciar el trámite, aportar la documentación exigida y cumplir los plazos establecidos recae íntegramente sobre las autoridades de cada asociación.

El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional consideró que la resolución consolida el reclamo impulsado por la comunidad académica, aunque advirtió que el desafío ahora será garantizar su cumplimiento efectivo.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo decisivo. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una resolución que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definió como un hito para el sistema público de educación superior y un respaldo institucional al reclamo sostenido durante los últimos años por universidades, docentes, nodocentes y estudiantes.

A través de un comunicado, el organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales sostuvo que el fallo representa «un avance institucional de enorme trascendencia» porque ratifica las decisiones adoptadas por las instancias judiciales inferiores y consolida la vigencia de los mecanismos previstos por la ley para garantizar el financiamiento de salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles.

El pronunciamiento del máximo tribunal llega después de un prolongado conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional por el sostenimiento presupuestario. Durante los últimos meses, la comunidad académica protagonizó movilizaciones masivas, cuatro Marchas Federales Universitarias y una intensa estrategia judicial y parlamentaria para exigir el cumplimiento de una norma que había sido sancionada por el Congreso y posteriormente quedó envuelta en una fuerte controversia política.

Desde el CIN destacaron que el resultado no puede interpretarse únicamente como una victoria judicial. En su mensaje, atribuyeron el desenlace al compromiso colectivo de rectoras, rectores, docentes, trabajadores nodocentes, estudiantes y al acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, cuya participación consideraron determinante para mantener vigente el reclamo en defensa de la universidad pública.

Para las autoridades universitarias, la decisión de la Corte también fortalece el principio de autonomía institucional y reafirma que la educación superior constituye una política pública protegida por el orden constitucional. En ese sentido, remarcaron que la defensa del sistema universitario logró respaldo en los tres poderes del Estado: el Congreso, a través de la sanción de la ley; la Justicia, mediante el sostenimiento de las medidas cautelares; y la sociedad, que convirtió el financiamiento universitario en una de las principales demandas del ámbito educativo.

No obstante, el Consejo Interuniversitario advirtió que el pronunciamiento no clausura el conflicto. Si bien la resolución representa un paso de gran relevancia, sostuvo que aún resta garantizar la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las universidades nacionales conforme a los mecanismos previstos por la norma.

El organismo concluyó que el fallo marca uno de los antecedentes institucionales más significativos para la universidad pública en los últimos años, aunque insistió en que la estabilidad del sistema dependerá de que las decisiones judiciales se traduzcan en políticas presupuestarias sostenibles. Con ese objetivo, ratificó su decisión de continuar impulsando todas las acciones institucionales necesarias para consolidar un modelo de educación superior con financiamiento adecuado, previsibilidad presupuestaria y capacidad para sostener las funciones de enseñanza, investigación y extensión que desarrollan las universidades nacionales.

Entre el 29 de junio y el 3 de julio, el programa provincial llegará a Zonda, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, valores que buscan aliviar el impacto del incremento del gas envasado durante la temporada invernal.

Con la llegada de las temperaturas más bajas y una mayor demanda de gas envasado, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del operativo Garrafa Hogar, una política destinada a facilitar el acceso a un insumo esencial mediante valores inferiores a los del mercado. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con la Dirección de Defensa al Consumidor, recorrerá durante cinco jornadas distintos puntos de la provincia.

El esquema contempla la comercialización de garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, exclusivamente bajo la modalidad «garrafa vacía por llena». Los envases deberán encontrarse en condiciones aptas para su recarga, requisito que apunta a preservar los estándares de seguridad durante la distribución.

La planificación oficial alcanzará cinco departamentos en igual cantidad de días. El recorrido comenzará el lunes 29 de junio en Zonda, con tres puntos de atención: el CIC de Zonda (9.30 a 10.30), la Plaza del Barrio Esperanza (10.30 a 11.30) y la Plazoleta Cielo Alto (12 a 13).

El martes 30 el operativo llegará a Santa Lucía, donde funcionará entre las 9 y las 11 en la Unión Vecinal Villa 12 de Octubre, y entre las 11.30 y las 13.30 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, sobre Ruta 20, kilómetro 7.

La distribución continuará el miércoles 1 de julio en Rivadavia, con atención en el Merendero Corazones Valientes, del barrio Marquesado II, entre las 9 y las 11, y posteriormente en la Comuna de Marquesado, de 11.30 a 13.30.

El jueves 2 será el turno de Caucete, donde las unidades estarán primero en la Unión Vecinal Bermejo y luego en la Unión Vecinal Difunta Correa, ambas en el horario comprendido entre las 9 y las 13.30, dividido en dos franjas.

La última jornada se desarrollará el viernes 3 de julio en Pocito. Allí el programa atenderá de 9 a 11 en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14, mientras que de 11.30 a 13.30 se trasladará a la Unión Vecinal Rinconada, sobre calle Aberastain, a pocos metros de calle 14.

Frente al reciente incremento en los gastos de suministro, la iniciativa procura amortiguar el impacto sobre la economía de los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, fortaleciendo una política de cercanía que combina presencia territorial, control de calidad y alivio para el presupuesto familiar.