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Luego que el Presidente convalidara la pauta salarial del 45%, el gobierno tiene decidido adelantar la revisión de la paritaria de la Administración Pública Nacional que había acordado en mayo una suba del 35% con los gremios estatales y ha quedado atrasada por las proyecciones inflacionarias para este año.

Según se pudo averiguar en Jefatura de Gabinete, en la Secretaría de Empleo se hicieron eco del reclamo de los sindicatos –el que primero puso el tema en agenda fue ATE- y ya hay conversaciones con los jefes gremiales para coordinar la reunión de revisión paritaria que se desarrollaría “entre agosto y septiembre próximo”. La fecha original había sido estipulada en noviembre.

Pero más allá de la escalada inflacionaria del primer cuatrimestre, con alzas del 4% mensual, la firma de entendimientos por parte de organismos estatales como PAMI, Anses y el acuerdo refrendado por Trabajo para trabajadores de casas particulares, en el orden de la nueva pauta del 45%, hicieron más evidente la necesidad de volver a renegociar la paritaria de la APN. La firma “testigo” de Alberto Fernández al entendimiento de La Bancaria con los cámaras del sector, que gatilló un aumento salarial del 45%, terminó de modificar el escenario que el Ejecutivo había planificado en febrero próximo con los ya perimidos acuerdos de precios y salarios.

El último martes había sido ATE quien había reclamado un adelantamiento la revisión que estaba prevista para noviembre “porque es la única manera de garantizar que los salarios superen el nivel inflacionario”.

En este sentido, Hugo “Cachorro” Godoy, titular del gremio, señaló que “aquel acuerdo base del 35% para todos los y las trabajadoras se empezó a mejorar particularmente en los sectoriales más numerosos y estratégicos como el SINEP, el de profesionales de la Salud, con los civiles de las Fuerzas Armadas y lo científico tecnológico. Se está transitando y esperamos que continúe con mejoras que superen ese piso y que nos permitan garantizar el compromiso central que es recuperar los salarios por encima del nivel inflacionario”.

“La paritaria sigue avanzando en niveles por encima de este piso en las distintas sectoriales que se están abordando, entre ellas el PAMI, Anses, sectores de la actividad nuclear y creemos que en este momento debería adelantarse la revisión prevista para noviembre porque lamentablemente los sectores de la especulación, de los formadores de precios, siguen actuando. El Gobierno tiene que cumplir con su compromiso de acordar salarios por encima de la inflación y que se garantice una respuesta acorde a esta situación”, puntualizó Godoy.

Ahora están en marcha las conversaciones para fijar una nueva fecha de encuentro entre los directivos de UPCN y ATE con los funcionarios de Jefatura de Gabinete, como Ana Castellani, que hoy se hizo presente en Casa Rosada. Los gremios piden volver a negociar en julio pero en el Ejecutivo consideran que probablemente las mejoras se negocien entre agosto y septiembre próximo.

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El Gobierno postergó hasta diciembre la privatización de Belgrano Cargas

El Gobierno nacional extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas por la concesión de Belgrano Cargas y Logística y reformuló las condiciones de participación para las empresas interesadas. La decisión, oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1914/2026, desplazó más de un mes la apertura prevista para el 11 de noviembre y modificó requisitos centrales de los pliegos.

La prórroga respondió a solicitudes de potenciales oferentes, que reclamaron tiempo adicional para estudiar la documentación, inspeccionar la infraestructura ferroviaria y calcular las inversiones necesarias. Algunos plantearon la necesidad de contar con hasta 90 días más para completar esas evaluaciones. Economía justificó los cambios en la necesidad de ampliar la concurrencia y favorecer una competencia efectiva.

El procedimiento comprende la concesión de las vías y los inmuebles vinculados a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de la posibilidad de adquirir material rodante. El proceso había comenzado con la Resolución 1049/2025 y recibió autorización para avanzar con el llamado a licitación en agosto de 2026.

Entre las modificaciones más relevantes figura la exigencia de acreditar índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno, junto con un patrimonio neto que alcance la suma de los montos requeridos para cada línea incluida en la propuesta. El requisito patrimonial podrá integrarse con el respaldo de hasta dos socios financieros, cuyos balances también serán considerados.

En el plano técnico, los pliegos ampliaron las alternativas para acreditar experiencia: podrán computarse antecedentes de la propia firma, de sus controlantes, controladas o sociedades bajo control común. También se permitirá presentar una carta de intención o un acuerdo con una empresa contratista para ejecutar las obras obligatorias y optativas previstas en caso de adjudicación.

El nuevo calendario establece que las consultas podrán formularse hasta el 3 de diciembre a las 10. La recepción de ofertas cerrará el 21 de diciembre a las 9.59 y la apertura de la primera etapa comenzará un minuto después.

La resolución incorporó, además, precisiones sobre las propuestas económicas y la documentación exigida en la plataforma CONTRAT.AR. Cada participante podrá presentar una Oferta A o una Oferta B por línea, sin combinar ambas modalidades, salvo la alternativa asociada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También se admitirá expresar los valores máximos de peaje con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta.

La comisión evaluadora que analizará las propuestas también tendrá una integración modificada. Con estos ajustes, el Ejecutivo busca adecuar las condiciones del concurso a las observaciones de los interesados, mientras posterga la instancia decisiva para definir quiénes competirán por la explotación de una parte sustancial de la red ferroviaria de cargas.

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La canasta de los adultos mayores superó los $2,5 millones para quienes alquilan

El costo de sostener las necesidades básicas de una pareja de adultos mayores alcanzó en septiembre los $2,55 millones mensuales cuando debe afrontar un alquiler. Para quienes tienen vivienda propia, el presupuesto requerido fue de $1.742.128. Las cifras, difundidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el peso que los gastos habitacionales y sanitarios tienen sobre los ingresos de quienes dependen de haberes previsionales.

La Canasta de Consumo para Personas Mayores registró un incremento del 1,6% respecto del mes anterior en el caso de los propietarios, mientras que para los inquilinos la suba fue del 1,1%. La diferencia entre ambos presupuestos supera los $810.000 mensuales, una brecha que refleja el impacto del costo de la vivienda sobre la economía de los hogares de mayor edad.

El desglose permite identificar los principales componentes del gasto. Los alimentos representaron $655.184 y los servicios del hogar demandaron $581.012 para una pareja propietaria. En los hogares que alquilan, ese último rubro trepó a $1.391.799. A esas erogaciones se sumaron $191.528 destinados a salud y $240.437 para bienes personales.

La magnitud de los montos adquiere mayor relevancia al compararlos con los ingresos previsionales. Según el informe, el presupuesto de una pareja propietaria equivale a casi cuatro haberes mínimos, mientras que el requerido por dos adultos mayores inquilinos se aproxima a cinco jubilaciones mínimas, tomando como referencia los valores previsionales considerados en el relevamiento.

La presión también se refleja en el costo de los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró un aumento promedio del 1,4% durante septiembre. Los productos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión encabezaron las subas, con un incremento del 2,3%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, con el 2%, y los psicofármacos, con el 1,5%.

El informe vuelve a poner de relieve la distancia entre los gastos indispensables y la capacidad de compra de los adultos mayores. La vivienda, la alimentación, los servicios y los tratamientos médicos concentran buena parte del presupuesto mensual y dejan un margen reducido para afrontar otros consumos. Para los hogares que dependen exclusivamente de ingresos previsionales, la evolución de estos rubros constituye un factor decisivo en sus condiciones de vida.

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La CTA tendrá nueva conducción provincial tras una elección cuestionada

Patricia Quiroga obtuvo una victoria contundente en las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) en San Juan. La secretaria general de UDAP, al frente de la Lista 10, reunió cerca del 90% de los votos y quedó encaminada a conducir la central provincial durante el período 2026-2030. El resultado, sin embargo, no cerró la disputa: la oposición anunció que impugnará el proceso y recurrirá a la Justicia si no prospera su reclamo.

La lista vencedora llevará a Sergio Calderón como secretario adjunto. Así, Quiroga tomará las riendas del gremio/organización en lugar del propio Calderón, concretando un recambio de autoridades condicionado por las impugnaciones de la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costabile.

Los reparos opositoras apuntaron principalmente a la imparcialidad de la Junta Electoral, debido al vínculo familiar que, según denunciaron, existe entre su presidenta y la candidata ganadora. También señalaron presuntas modificaciones en los padrones y los lugares de votación, afiliados que no figuraban en los registros y restricciones para que sus fiscales pudieran controlar las mesas.

Costabile anticipó que su agrupación presentará un pedido de impugnación y nulidad ante las autoridades electorales. El espacio sostiene que cuenta con elementos para respaldar sus objeciones, incluidas constancias notariales, y advirtió que continuará la disputa en los tribunales si no obtiene una respuesta favorable en la instancia sindical.

La elección provincial se inscribió en una renovación de autoridades que también tuvo un resultado contundente en el plano nacional. La Lista 10, identificada como MÁS CTA, se impuso en las distintas jurisdicciones del país y, con más del 90% de las mesas escrutadas, superaba el 95% de los votos.

Roberto Baradel, titular de SUTEBA, encabezará la nueva conducción nacional, acompañado por Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de APA, como secretarios generales adjuntos. Hugo Yasky, quien condujo la central hasta ahora, continuará en la estructura directiva al frente de la Secretaría de Acción Política.

Tras conocerse el resultado, Baradel calificó su elección como un orgullo y un desafío, y planteó que la nueva etapa deberá fortalecer la organización, la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores. También anticipó una orientación opositora frente al Gobierno nacional.

En San Juan, la amplia diferencia obtenida por Quiroga le otorga un respaldo electoral significativo, aunque la impugnación anunciada introduce una instancia pendiente para la proclamación definitiva. La Junta Electoral deberá resolver los cuestionamientos y determinar si las denuncias tienen entidad suficiente para afectar la validez de los comicios.

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