La UOM denuncia el impacto de las importaciones, la parálisis de las paritarias y la injerencia de Techint en el Gobierno. En San Juan, Martín Solazzo advierte sobre la fragilidad del sector, las presiones necesarias para garantizar pagos y la expectativa puesta en proyectos productivos.

La industria metalúrgica argentina atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos tiempos. El gremio que nuclea a los trabajadores del sector observa con preocupación cómo las políticas de liberalización de importaciones, sumadas al poder concentrado de los monopolios siderúrgicos, erosionan la producción nacional y degradan el salario obrero.

Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, en diálogo con Mundo Laboral SJ, resume el clima general con una frase contundente: “trabajar para ser pobre no es la idea que tiene la UOM”. Una definición que sintetiza el malestar de miles de trabajadores que ven cómo sus ingresos pierden valor, mientras los grandes grupos económicos aumentan su influencia política y consolidan un modelo excluyente.

El frente nacional: Techint, un poder paralelo

Los principales conflictos se concentran en San Nicolás y Villa Constitución, dos polos siderúrgicos que se convirtieron en epicentro de la disputa. Allí, el grupo Techint —con Paolo Rocca al frente— mantiene un pulso constante con el gremio. La UOM denuncia que, desde hace más de un año y medio, las paritarias se encuentran virtualmente congeladas, con aumentos parciales e insuficientes, lo que provocó una pérdida alarmante del poder adquisitivo.

Las medidas de fuerza incluyeron movilizaciones multitudinarias, donde el propio secretario general nacional, Abel Furlán, apuntó directamente contra Rocca: “No vamos a aceptar que Paolo Roca pague el salario que quiera”.

El malestar sindical también se dirige hacia el Estado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, es señalado por la UOM como un engranaje del mismo engranaje empresario, dado su pasado en Techint. Esta situación, advierte Solazzo, explica la demora en la homologación de acuerdos y la multiplicación de obstáculos administrativos. En otras palabras, el poder corporativo trasladado al corazón del aparato estatal.

“El monopolio del acero no es bueno para nadie —subraya Solazzo—. Crecieron a costa de salarios y hambre, mientras el Estado les permitió manejarse como quisieron. Hoy los trabajadores pagamos esa connivencia”.

San Juan: sostener la actividad en medio de la tormenta

En el plano provincial, la situación muestra matices diferentes, aunque no exentos de dificultades. La actividad metalúrgica en San Juan se mantiene, pero con una dinámica frágil, atravesada por la falta de proyectos industriales de envergadura y por la dependencia de las inversiones mineras y de la obra pública.

El caso de Carpintería Metálica ejemplifica esa tensión. Los trabajadores debieron soportar demoras en los pagos y sólo mediante la presión sindical se consiguió regularizar salarios. “Muchas veces no es del agrado tomar medidas de fuerza, pero si no visibilizamos el conflicto, los compañeros quedan expuestos”, explica Solazzo.

El dirigente remarca que este tipo de conflictos no se resuelve con paciencia infinita ni con promesas incumplidas: “Cuando pusimos fecha de pago a fines de agosto, el dinero apareció una semana antes, porque entendieron que la UOM estaba decidida a avanzar. Esa es la prueba de que la presión es el único idioma que algunas empresas comprenden”.

Expectativa, unidad y futuro incierto

A pesar de las dificultades, el sindicato apuesta a sostener la organización y fortalecer la unidad. El 7 de septiembre, Día del Trabajador Metalúrgico, será más que una celebración: será una demostración de fuerza y cohesión gremial. En San Juan, la UOM convocó a una cena este sábado 6 de septiembre, con la intención de compartir un espacio distinto, lejos de los conflictos cotidianos. “Siempre nos vemos en marchas, en reclamos, en suspensiones. También necesitamos un encuentro en un buen momento, para reforzar la identidad colectiva”, remarca Solazzo.

El futuro, sin embargo, continúa cargado de incertidumbre. El gremio provincial aguarda definiciones en torno a inversiones mineras y proyectos de obra pública que podrían dinamizar la actividad. Mientras tanto, el mensaje es claro: no se aceptará que el salario obrero se convierta en variable de ajuste.

La crisis de la industria metalúrgica desnuda una problemática mayor: un modelo económico que favorece la concentración del poder empresarial en detrimento del trabajo. El pulso entre la UOM y Techint simboliza esa disputa, donde el salario aparece como el núcleo de la batalla.

San Juan, con sus particularidades, refleja en escala la misma tensión: la necesidad de sostener la producción, garantizar el cobro de los haberes y mantener viva la esperanza de nuevas oportunidades. En este contexto, los trabajadores metalúrgicos no sólo luchan por un ingreso digno, sino por un futuro en el que el esfuerzo de cada jornada no se diluya en el beneficio de unos pocos.

En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.

El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.

Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.

La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.

En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.

Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.

La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.

El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.

La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

• Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
• Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
• Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

• Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
• Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
• Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.