Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.

Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.

«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.

Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan

El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.

Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.

Miedo a perder el empleo: una sensación que crece

En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.

Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.

Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza

Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.

“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.

“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.

Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.

La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.

“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.

La ola polar que afecta a la provincia provovó un aumento considerable en el consumo residencial de gas, lo que llevó a la suspensión o restricción de la venta de GNC en varias estaciones de servicio.

Ante esta situación, la empresa distribuidora de gas notificó a los expendedores de combustibles sobre la necesidad de reducir la demanda del sector vehicular, para garantizar el suministro normal en los hogares.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, explicó que la suspensión o restricción de la venta de GNC se registró en algunas estaciones de servicio, mientras que en otras se trabajó bajo un sistema de cupos. «No hay un desabastecimiento total, pero sí una limitación operativa», aclaró Caruso.

La situación en en la provincia destaca la importancia de priorizar el suministro residencial de gas durante períodos de alta demanda. La medida tomada por la empresa distribuidora de gas y los expendedores de combustibles buscan asegurar el suministro normal en los hogares, asegurando el bienestar de la población.

Ante la falta de previsión, desde el sector no se aventuraron a confirmar cuánto tiempo podría durar esta medida, pero advirtieron que todo dependerá de la evolución del clima y del consumo de los próximos días.

La comunidad universitaria atraviesa un momento de máxima tensión. El deterioro del poder adquisitivo, la ausencia de negociaciones salariales y la falta de avances legislativos en materia presupuestaria han puesto al sector al borde de nuevas medidas de fuerza. Así lo manifestó Jaime Barcelona, actual titular de ADICUS en San Juan y referente del frente sindical universitario, en una entrevista con Mundo Laboral SJ.

Durante el diálogo, Barcelona expresó su profunda preocupación por la pérdida sostenida del salario real de los trabajadores del ámbito académico. “Desde septiembre del año pasado no tenemos paritarias. Los aumentos que hemos recibido fueron por decreto, con porcentajes marginales que no alcanzan a cubrir ni una fracción de la inflación”, indicó.

El dirigente criticó con dureza la política salarial del Gobierno nacional, a la que calificó como “autoritaria y sin diálogo”, y denunció que el ajuste impacta no solo en docentes sino también en personal no docente. “Hay categorías cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Ni siquiera las Fuerzas Armadas escaparon a este recorte. Es una política de ajuste estructural que castiga a todo el empleo público”, señaló.

Uno de los reclamos centrales del sector gira en torno al proyecto de financiamiento universitario que el frente sindical presentó en el Congreso Nacional. El texto contempla no solo la recomposición salarial, sino también el sostenimiento institucional de las casas de estudio mediante un presupuesto acorde al contexto inflacionario.

Barcelona explicó que el proyecto “genera expectativas reales”, ya que plantea soluciones integrales en dos dimensiones clave: el funcionamiento regular de las universidades y la recuperación salarial de sus trabajadores. Sin embargo, pese a haber ingresado a comisión en junio, aún no ha sido tratado. Esta demora legislativa incrementa el malestar en el sector y potencia las posibilidades de conflicto.

Agosto y septiembre: posibles paros en puerta

Ante la falta de avances, los gremios universitarios ya evalúan una batería de medidas de fuerza. Según adelantó el titular de ADICUS, si el Ejecutivo no convoca a paritarias y el Congreso no da curso al tratamiento del proyecto, se impulsaría un paro de una semana en agosto. La protesta podría escalar en septiembre con acciones rotativas, afectando directamente el dictado del segundo cuatrimestre.

El funcionario advirtió que el Gobierno utiliza el calendario electoral como una herramienta de presión. “Nos prometen abrir paritarias recién después de octubre. Eso no es una negociación, es un chantaje”, afirmó Barcelona con firmeza.

Con salarios estancados, inflación acumulada y sin certezas presupuestarias, la continuidad normal del segundo cuatrimestre está comprometida. Las universidades, que ya enfrentaron dificultades operativas en la primera mitad del año, podrían ver agravadas sus condiciones de funcionamiento si no se da una respuesta urgente.

Jaieme Barcelona concluyó con una reflexión que resume el sentimiento general del sector: “La universidad pública está siendo debilitada por una política que la asfixia presupuestariamente y desconoce el valor del trabajo docente. Es momento de revertir este rumbo antes de que sea demasiado tarde”.

La tensión entre el frente universitario y el Gobierno nacional sigue en aumento. A medida que se prolonga la ausencia de diálogo y se acentúa el ajuste, las posibilidades de conflicto se multiplican. En este escenario, el segundo cuatrimestre se perfila como un período de fuerte disputa, donde el reclamo por salarios dignos y presupuesto educativo volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública.