La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunirá este viernes 6 de febrero, a las 11 de la mañana, a su Consejo Directivo en la sede histórica de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, con un único punto en agenda: el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria, de carácter urgente, refleja el estado de alerta del movimiento obrero frente a una iniciativa que amenaza con alterar pilares centrales del régimen laboral argentino.

Según la comunicación oficial, el encuentro congregará a todos los miembros de la conducción cegetista con el objetivo de consensuar una postura común ante una reforma que genera creciente preocupación en los gremios por su impacto potencial sobre la estabilidad del empleo y las condiciones de trabajo.

Alerta sindical y líneas rojas claras

En la previa del cónclave, distintos sindicatos advirtieron que el proyecto oficial apunta a profundizar la flexibilización laboral y a debilitar los mecanismos de protección que rigen en el mercado de trabajo. Desde la CGT remarcan que existen límites infranqueables y que cualquier intento de avanzar sobre derechos adquiridos encontrará una respuesta unificada.

“Cualquier reforma que afecte la estabilidad laboral, la negociación colectiva o el régimen de indemnizaciones va a tener a la CGT en la vereda de enfrente”, señalaron dirigentes sindicales, marcando con claridad el posicionamiento que sobrevuela la reunión de este viernes.

La central obrera considera que el debate no puede reducirse a una discusión técnica ni imponerse de manera unilateral. Por el contrario, reclama un ámbito de diálogo real y advierte que no avalará modificaciones que impliquen un retroceso en las condiciones laborales.

Un clima social cada vez más tenso

La discusión sobre la reforma laboral se da en un marco de fuerte deterioro del poder adquisitivo, aumento de la conflictividad y una relación cada vez más áspera entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La combinación de ajuste fiscal, caída del empleo y reformas estructurales configura un escenario de alta sensibilidad social.

En ese sentido, la CGT sostiene que el costo del reordenamiento económico no puede recaer nuevamente sobre los trabajadores. “No se puede ajustar siempre sobre el mismo sector”, repiten desde distintos gremios, al tiempo que reclaman ser parte activa de cualquier discusión que implique cambios en el régimen laboral.

Posibilidades de acciónes contundentes

La reunión del Consejo Directivo aparece como un punto de inflexión. Si bien aún no hay definiciones formales, dentro de la central obrera no descartan avanzar con medidas de fuerza si el proyecto continúa su tratamiento en el Congreso sin incorporar los planteos del movimiento sindical.

La posibilidad de un plan de acción vuelve a instalarse en la agenda cegetista, en un momento donde la negociación política convive con la presión de las bases y la necesidad de mostrar cohesión frente a un Gobierno decidido a avanzar con reformas profundas.

Un debate de fondo sobre el modelo laboral

Más allá de la coyuntura, la discusión en torno a la reforma laboral expone un debate estructural sobre el modelo de relaciones laborales que se pretende para la Argentina. Para la CGT, el límite es inequívoco: modernizar no puede ser sinónimo de precarizar ni de erosionar derechos conquistados.

La definición que surja del encuentro de este viernes no solo marcará la estrategia sindical inmediata, sino que también delineará el rumbo de la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado en una etapa signada por la tensión y la incertidumbre.

Mientras gobernadores y sindicalistas concentran sus objeciones en la coparticipación y el poder gremial, el proyecto de reforma laboral del Gobierno avanza con transformaciones profundas que modifican salarios, jornadas, despidos, vacaciones y protección social. Una batería de cambios que reconfigura la relación capital-trabajo y afecta directamente la vida diaria de millones de empleados.

La discusión pública en torno a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero parece concentrarse en dos frentes visibles: la pérdida de recursos coparticipables que denuncian los gobernadores de la oposición moderada y el debilitamiento del poder sindical que rechaza la CGT. Sin embargo, detrás de ese intercambio político, avanza un rediseño integral del régimen laboral argentino que altera derechos básicos y prácticas cotidianas de los trabajadores, sin una defensa proporcional de esos aspectos.

El proyecto, presentado bajo el rótulo de “modernización”, incorpora modificaciones que afectan tanto a trabajadores registrados como a aquellos con vínculos informales o encubiertos, quienes hasta ahora encontraban en la Justicia laboral un canal de reparación frente a despidos o incumplimientos.

Menos salario, más flexibilidad y negociación individual

Uno de los ejes más sensibles es la reducción indirecta de los ingresos. La creación del banco de horas elimina, en la práctica, el pago de horas extras: las jornadas podrán extenderse ciertos días a cambio de reducirse otros, según acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Este esquema rompe con la lógica colectiva y traslada la negociación al plano individual, donde el poder de presión del trabajador es notoriamente menor.

En la misma línea, se debilita el rol de los convenios colectivos por actividad. Los pisos salariales sectoriales dejan de ser una garantía y cada empresa podrá negociar su propio salario mínimo, profundizando la fragmentación y la desigualdad entre trabajadores de una misma rama.

Vacaciones fragmentadas y mayor discrecionalidad patronal

El régimen de licencias también se flexibiliza. Los empleadores podrán otorgar vacaciones fuera del período tradicional y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Aunque presentado como una herramienta de adaptación, el cambio amplía la capacidad de la empresa para disponer del tiempo de descanso del trabajador según sus necesidades operativas.

Despidos más baratos y financiados por los propios trabajadores

Otro punto central es la reconfiguración del sistema indemnizatorio. Se fija un tope al cálculo de la indemnización tomando como referencia un salario que no puede superar tres veces el promedio del convenio, ahora negociado por empresa. Además, se excluyen del cálculo ítems como propinas, bonos, acciones, viáticos o gastos de conectividad.

El pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas si media un juicio, y el costo del despido se traslada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio y de salud. En los hechos, el despido deja de ser un costo empresario directo y pasa a socializarse entre los propios trabajadores.

Jubilaciones y salud, bajo presión

El desvío de aproximadamente tres puntos porcentuales de las contribuciones patronales hacia el FAL implica un desfinanciamiento estructural del sistema previsional y de las obras sociales y prepagas. Menos recursos para jubilaciones y prestaciones médicas, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del costo sanitario, agrega un riesgo sistémico que trasciende el mercado laboral.

Contratos más frágiles y menos protección judicial

La reforma elimina resguardos históricos para trabajadores con contratos a plazo fijo y de temporada. Se suprime la indemnización por daños y perjuicios ante incumplimientos del empleador y desaparece la figura del contrato de temporada, reemplazada por el contrato eventual, mucho más flexible y discrecional.

A su vez, se limita la posibilidad de reclamar judicialmente frente a cambios abusivos en las condiciones de trabajo, dejando como única alternativa la renuncia. La presunción de relación laboral en casos de dependencia encubierta también se debilita, dificultando los reclamos de trabajadores facturados como independientes.

Derechos sindicales y protesta, bajo restricción

El proyecto introduce restricciones severas a la actividad sindical: los trabajadores eventuales no podrán ser delegados, se flexibiliza la tutela gremial y se amplía la definición de servicios esenciales, imponiendo niveles mínimos de prestación del 75% o 50%, lo que reduce de forma efectiva el alcance del derecho de huelga.

Las asambleas quedan sujetas a autorización del empleador y dejan de ser remuneradas, mientras que los delegados pierden protección ante procesos de reorganización empresarial.

Tercerización, apps y el fin del trabajador como sujeto protegido

La reforma limita la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, favoreciendo esquemas de intermediación que reducen la seguridad del empleado frente a incumplimientos. En simultaneo, se oficializa la condición de trabajadores independientes para repartidores y mensajeros de plataformas, descartando el vínculo de dependencia.

En términos conceptuales, el proyecto abandona el principio histórico del derecho laboral que reconoce al trabajador como la parte débil de la relación, desplazando la lógica protectoria por una visión contractualista y de mercado.

Mientras la discusión política se concentra en la puja por recursos fiscales y poder sindical, la reforma laboral avanza sobre aspectos que redefinen la vida cotidiana del trabajo en la Argentina: salarios más inciertos, jornadas más extensas, despidos menos costosos, menor protección social y un retroceso del rol del Estado como garante de derechos. El resultado es un cambio de paradigma profundo que, más allá de los eslóganes de modernización, reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo sin una defensa proporcional de quienes verán transformadas, día a día, sus condiciones de empleo.