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Finalmente se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de los nuevos parámetros que regirán para quienes deban abonar el impuesto

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó finalmente la ley 27.617, que eleva el piso del pago del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría a un mínimo de $ 150.000, a través de la resolución general 5008/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.  

De este modo, se exime del gravamen a más de 1.200.000 trabajadoras y trabajadores a partir del mes próximo, con lo cual más del 90% de los asalariados no pagará este tributo, y generará una inyección de recursos en la economía por $ 50.000 millones de julio a noviembre.

Además, determinó que más de 1.200.000 trabajadores en relación de dependencia cobrarán a partir de julio, en cinco cuotas mensuales, consecutivas e idénticas, la devolución retroactiva de los montos retenidos entre enero y mayo en concepto de anticipos del Ganancias.

Asimismo, los cambios en Ganancias también alcanzan al aguinaldo que cobran los trabajadores con un salario bruto de $ 150.000, e incluye al medio aguinaldo que se abonará este mes.

A esto se suman cerca de 200.000 personas con remuneraciones mensuales de entre $ 150.000 y $173.000 brutos, que a partir de julio afrontarán una menor carga tributaria.

Sin embargo, si un trabajador cobraba menos de $ 150.000 brutos al empezar el año y en algún momento de 2021 recibe un aumento que lleva su sueldo por encima de ese mínimo no imponible, no pagará Ganancias si el promedio anual lo ubica por debajo de esa cifra.

La RG definió que «deberá considerarse el promedio del monto de la remuneración o haber bruto mensual correspondiente al período fiscal anual». Por lo tanto, «no corresponderá retención alguna del impuesto a las Ganancias en aquellos meses en que la remuneración o haber bruto de ese mes o el promedio de las remuneraciones y haberes brutos mensuales a ese mes -el que fuere menor- no supere $ 150.000».

Además, subrayó que la retención de Ganancias debe tener en cuenta «las variaciones normales y habituales que pueden sufrir las remuneraciones y haberes brutos, por motivos estacionales, como mayor demanda de trabajadores, negociaciones colectivas o situaciones similares».

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que «los cambios en el Impuesto a las Ganancias ofrecerán un importante estímulo al mercado interno», y subrayó que «la medida permite recomponer ingresos y apuntalar el consumo».

«Alrededor del 90% de las trabajadoras y los trabajadores no pagarán el impuesto», aseguró la funcionaria.

La normativa de la AFIP también instrumentó las modificaciones introducidas por la ley 27.617 en relación con la eliminación del tope de edad para la deducción Ganancias correspondiente a los hijos y las hijas con discapacidad.

Del mismo modo incorporó la deducción por pareja conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges, y eximió al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre próximo, beneficio que había vencido en diciembre pasado.

En el caso de las jubilaciones, no tributarán el gravamen quienes ganen hasta ocho haberes mínimos, aunque tengan ingresos extras hasta los $ 164.000 anuales.

Además, se mantiene el beneficio del «22% adicional» en la región patagónica pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que «beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados».

Asimismo, se excluyó del pago de Ganancias al reintegro de gastos de guardería para los hijos e hijas de hasta tres años, con un monto de hasta $ 67.000 por año.

Por otra parte, la normativa incrementó de $ 2 millones a $ 2,5 millones el umbral de ingresos y rentas, a partir del cual los contribuyentes deben presentar la declaración jurada informativa para Ganancias y Bienes Personales para el período fiscal 2020.

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La CGT avanza con un observatorio propio y busca disputar el relato sobre la inflación

La CGT anunció la creación de un observatorio de estadísticas socioeconómicas que elaborará indicadores propios sobre inflación, empleo y costo de vida. Con respaldo técnico de la Universidad de Buenos Aires, la iniciativa busca ganar peso en paritarias y cuestionar las cifras oficiales en un clima de creciente conflictividad laboral.

En medio de una disputa abierta por el rumbo económico y el alcance de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar en una estrategia que combina técnica y política: la creación de un observatorio propio de estadísticas socioeconómicas. La iniciativa apunta a elaborar mediciones alternativas que reflejen —según la central— el impacto real de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo sobre los trabajadores.

El proyecto, que será presentado en las próximas semanas, contempla la construcción de un índice de inflación propio, junto con informes periódicos sobre empleo, salarios y costo de la canasta básica. La intención es clara: contar con herramientas que permitan disputar la interpretación de la realidad económica frente a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuya credibilidad es cuestionada por distintos sectores sindicales.

Para dotar de solidez metodológica a la iniciativa, la CGT sellará un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA), específicamente con equipos técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas. Este respaldo académico busca garantizar rigurosidad en la elaboración de los indicadores y evitar que las mediciones sean desestimadas como posicionamientos meramente políticos. Los informes se publicarán mensualmente y estarán orientados a captar la evolución de variables sensibles de la economía cotidiana.

El esquema de trabajo se organizará en torno a tres ejes principales: una medición alternativa de la inflación, un monitoreo del empleo y los despidos, y un relevamiento del costo de la canasta básica desde una perspectiva sindical. Estos datos no solo pretenden ofrecer una lectura distinta de la coyuntura, sino también convertirse en insumos clave para la negociación salarial en las próximas paritarias.

El trasfondo de esta decisión remite a un momento de redefinición estratégica del sindicalismo. Luego de resultados adversos en el plano judicial —como el rechazo en primera instancia a la cautelar contra la reforma laboral—, la central busca recuperar iniciativa en el terreno económico y político. En ese contexto, la producción de estadísticas propias aparece como un instrumento para fortalecer su capacidad de intervención.

La iniciativa también se inscribe en un escenario de creciente dificultad en torno a la pauta salarial. El Gobierno ha planteado la intención de no homologar acuerdos que superen el 2% mensual, en un momento en el que, incluso según cifras oficiales, la inflación reciente se ubica por encima de ese umbral. Para los gremios, aceptar ese límite sin cuestionarlo implicaría profundizar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

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Turismo en modo ajuste: estadías cortas y gasto moderado durante el feriado largo

Aunque más de un millón de personas se movilizaron en todo el país, el consumo limitado y las estadías breves definieron un fin de semana largo de bajo impacto relativo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió sobre un cambio en los hábitos turísticos, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo.

El último fin de semana largo dejó un balance ambivalente para el sector turístico. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 1.012.000 personas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $231.084 millones. Sin embargo, la entidad calificó el período como de “baja intensidad”, al considerar que el nivel de gasto y la duración de las estadías no estuvieron a la altura de un feriado extendido.

El informe detalla que el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras generales. Aun así, el desembolso promedio diario por turista se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% en comparación con el feriado de Carnaval de este año y una baja del 1,6% frente al mismo período del año anterior, medido a precios constantes.

En términos de movimiento, la comparación interanual muestra un crecimiento significativo del 48,8% en la cantidad de viajeros respecto a 2025. No obstante, desde la entidad explicaron que este incremento responde en gran medida a la extensión del calendario y a una mayor predisposición a viajar, aunque bajo modalidades más acotadas y de menor duración.

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción en el tiempo de permanencia. La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, una cifra baja para un fin de semana de cuatro días. Este comportamiento se explica, en parte, por el encarecimiento de los combustibles —un factor clave en la decisión de viajar— y por la particularidad del calendario: el lunes fue considerado jornada no laborable y no feriado, lo que limitó la extensión real del descanso para muchos trabajadores.

En este aspecto consolidó un cambio en el perfil del turista argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, predominó un viajero más austero, que priorizó actividades culturales gratuitas o de bajo costo por sobre propuestas comerciales. La tendencia refleja una adaptación del consumo turístico a las restricciones económicas actuales.

En simultaneo, se observó una mayor presencia de turistas internacionales en centros urbanos y destinos consolidados, lo que aportó cierto dinamismo en un marco donde el turismo interno continúa mostrando señales de fragilidad.

El fin de semana largo dejó en evidencia una paradoja: más movimiento, pero menor intensidad económica. La combinación de inflación, pérdida de poder adquisitivo y costos elevados —especialmente en transporte— redefine los hábitos de viaje y obliga al sector turístico a adaptarse a un nuevo escenario, donde el volumen ya no garantiza rentabilidad.

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Endeudarse para comer: más de la mitad de los hogares recurre al crédito para subsistir

Un informe privado revela que el 56,4% de los hogares argentinos se endeudó en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos. La mayoría no logra llegar a fin de mes y crece la desconfianza en los datos oficiales de inflación, en un presente donde el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

La economía doméstica atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: el endeudamiento dejó de ser una decisión estratégica para convertirse en una respuesta desesperada frente a la pérdida del poder adquisitivo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y pagos de tarjetas.

Lejos de destinarse a inversiones o mejoras patrimoniales, el financiamiento aparece hoy orientado a cubrir necesidades inmediatas. La lógica del crédito mutó: ya no impulsa crecimiento, sino que amortigua la caída. Esta dinámica evidencia una economía de subsistencia donde el ingreso mensual resulta insuficiente para sostener el consumo básico.

El deterioro se profundiza al observar la capacidad de repago. Dentro del universo de hogares endeudados, casi nueve de cada diez ya enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Se configura así un círculo vicioso en el que la deuda no resuelve la urgencia, sino que la posterga, agravando la fragilidad financiera de las familias.

El informe describe con claridad un proceso en cuatro etapas que define la actual coyuntura: caída del poder adquisitivo, imposibilidad de sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y, finalmente, dificultades crecientes para afrontar esas deudas. Esta secuencia no solo refleja un problema económico, sino también un cambio estructural en la forma en que los hogares administran su supervivencia.

En consecuencia, emerge una brecha cada vez más visible entre las estadísticas oficiales y la percepción social. Un 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en los gastos cotidianos. La discusión excede lo técnico: se trata de una crisis de credibilidad que se alimenta de la experiencia diaria de los consumidores.

Cuando el salario pierde poder de compra y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes, los indicadores pierden legitimidad social. A ello se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, factores que erosionan aún más la confianza en las estadísticas públicas.

El fenómeno del endeudamiento masivo para cubrir gastos corrientes marca un momento decisivo. La economía argentina muestra signos de una precarización extendida, donde el crédito funciona como un puente cada vez más frágil entre ingresos insuficientes y necesidades básicas.

Impacto político

El deterioro económico comienza a reflejarse en el plano político. La imagen del presidente Javier Milei registra un aumento en la desaprobación, que en marzo alcanzó el 53,3%, con una suba significativa respecto de la medición anterior. En contrapartida, la aprobación descendió al 38,5%.

Estos datos sugieren que el malestar económico empieza a trasladarse al terreno de la evaluación de la gestión. La persistencia de dificultades en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al poder adquisitivo y la capacidad de llegar a fin de mes, aparece como un factor determinante en la construcción de la opinión pública.

La Argentina actual enfrenta una economía donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un recurso de supervivencia. La combinación de salarios rezagados, consumo restringido y crédito destinado a cubrir lo básico configura un escenario de alta fragilidad social.

Bajo estas circunstancias, el desafío no se limita a estabilizar variables macroeconómicas, sino a recomponer la capacidad real de los ingresos. Sin esa recuperación, la rueda del endeudamiento continuará girando, profundizando una crisis que ya no se mide solo en índices, sino en la vida cotidiana de millones de hogares.

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