Después de varios años sin conducción formal, Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas se normalizaron en San Juan con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la UOM. El espacio reúne a gremios de distintas ramas y buscará recuperar representación dentro del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 2027.

Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas volvieron a tener conducción formal en San Juan después de permanecer inactivas desde 2017. La normalización se concretó con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en un acto que reunió a dirigentes sindicales y referentes de distintas líneas del peronismo provincial.

La nueva mesa quedó integrada además por Mario Quinteros, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), como secretario adjunto, y Liliana Sánchez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Custodia y Afines (SUTCA), al frente del área de Gremiales.

El acto se realizó en el camping de la UOM y tuvo una definición política que excedió la reorganización interna de una estructura sindical histórica. Las 62 pretenden recuperar el lugar que durante años ocuparon como expresión política del movimiento obrero dentro del justicialismo y participar de manera directa en las decisiones partidarias.

La nueva conducción asumió en un momento de reacomodamiento del peronismo sanjuanino, convulsionado también por los desacuerdos gremiales. La conformación de la Intersindical había reunido durante los últimos meses a sindicatos críticos de la conducción de la CGT, mientras que a nivel nacional se impulsó la recuperación de Las 62 como referencia del sindicalismo identificado con el peronismo.

Solazzo reivindicó esa tradición durante su discurso y vinculó la recuperación de la organización con la identidad histórica del movimiento. “Estas 62 Organizaciones nacen con toda la fuerza del general Perón, con todo el corazón de la compañera Evita, con toda la doctrina que ellos nos dejaron para que saquemos el peronismo adelante, para que volvamos a ser una gran provincia y para que volvamos a ser una gran nación”, sostuvo.

La organización reúne a sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Custodios,Viales Nacionales, UTEP, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Fleteros, SATSAID, Plásticos, Químicos, Automóvil Club Argentino, ATSA, Panaderos, Taxistas, Gráficos, SOEME y Trabajadores del Hielo, entre otros.

La amplitud de la convocatoria fue uno de los elementos utilizados para exhibir la capacidad de representación de la nueva conducción. El relanzamiento también contó con Marcelo Pariente, secretario general nacional de Las 62 Organizaciones, cuya presencia significó un respaldo a la estructura conformada en San Juan.

Amplia presencia del peronismo

La dimensión política del encuentro quedó reflejada en la asistencia de dirigentes de distintas líneas internas del PJ. Participaron el presidente del Partido Justicialista y diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado nacional Jorge Chica; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; la vicepresidenta del PJ, Graciela Seva; el dirigente giojista Mario Herrero; Leo Gioja y Agostina Testa.

También estuvieron Raúl Tello; los concejales de Rawson Maximiliano Alessi y Vanina Andino; las diputadas Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra; el diputado por Jáchal Miguel Vega; el jede comunal de Ullum David Domínguez; José Castro, de Angaco; la intendenta de Caucete, Romina Rosas; la concejal de Rivadavia Romina Albarracín; la intendenta de San Martín, Analía Becerra; y Beatriz Muñoz, presidenta de la Junta de Desamparados, entre otros referentes.

La participación de dirigentes vinculados a distintas corrientes del justicialismo le otorgó al acto una dimensión partidaria y mostró la intención de Las 62 de instalarse en la discusión sobre la reorganización del peronismo sanjuanino.

Entre las ausencias estuvieron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes no asistieron pero enviaron cartas de felicitación a las nuevas autoridades. Tampoco participaron José Luis Gioja, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pese a que el encuentro se desarrolló en ese departamento, ni la dirigente de Chimbas Daniela Rodríguez. Ninguno de ellos concurrió ni envió una salutación.

Con Solazzo al frente y una lista consensuada entre distintos gremios, Las 62 Organizaciones recuperaron una conducción que había quedado vacante durante años. Ahora deberán transformar esa normalización en presencia efectiva dentro del PJ y demostrar, de cara a 2027, cuánto peso político puede recuperar el movimiento obrero organizado en la estructura del peronismo sanjuanino.

La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.

La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.

La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.

La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.

La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.

El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.

En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.

Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal pactó incrementos para julio y agosto, mantuvo una suma fija remunerativa de $25.000 hasta septiembre y estableció una cláusula de revisión para redefinir los salarios de los próximos meses según la evolución de la economía.

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que fija las remuneraciones de los encargados de edificios para el trimestre julio-septiembre de 2026. El entendimiento incorpora incrementos escalonados sobre los salarios básicos, mantiene una suma fija remunerativa mensual y deja abierta la negociación mediante una cláusula de revisión prevista para septiembre.

El convenio, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, fue suscripto entre la organización sindical y las entidades empleadoras del sector: la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un proceso de negociación que continúa adaptándose a la evolución de la inflación y de los ingresos reales.

Para los haberes de julio se estableció un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes en junio para la cuarta categoría del convenio, porcentaje que se traslada de manera proporcional al resto de las categorías y a los adicionales convencionales. Además, se actualizó la suma fija remunerativa mensual, que quedó establecida en $25.000.

En agosto, los salarios volverán a incrementarse un 1,9% sobre las escalas vigentes de julio, manteniendo el mismo criterio de aplicación para todas las categorías previstas en el convenio colectivo. La suma fija de $25.000 también continuará abonándose junto con los haberes mensuales.

Para septiembre no se incorporó un nuevo porcentaje de incremento sobre los básicos, aunque se resolvió sostener el pago de la suma fija remunerativa. Ese mes será determinante para la continuidad de la negociación, ya que las partes acordaron volver a reunirse para evaluar la evolución de los principales indicadores económicos y definir una eventual recomposición para el último tramo del año.

La incorporación de una cláusula de revisión refleja una modalidad que comenzó a consolidarse en las negociaciones colectivas de distintos convenios. Frente a una inflación que continúa condicionando las paritarias, los acuerdos de corto plazo permiten ajustar las escalas con mayor frecuencia y reducir el riesgo de un nuevo atraso salarial entre una negociación y otra.

El acta será remitida a la Secretaría de Trabajo para su homologación. No obstante, las partes establecieron que, si el trámite administrativo no concluye antes del vencimiento de los salarios correspondientes a julio, agosto o septiembre, los empleadores deberán liquidar igualmente los incrementos previstos bajo el concepto de «a cuenta del acuerdo paritario», tomando como referencia las escalas salariales difundidas por FATERYH.