La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para el 13 de mayo en las últimas horas de atención al público, en rechazo a despidos y al cierre de dependencias en el Banco Central y el Banco Hipotecario. El sindicato advierte sobre el impacto laboral y territorial de las medidas.

La conducción de la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, resolvió intensificar su plan de acción gremial con una nueva medida de fuerza de alcance nacional. El paro, previsto para el miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público, se inscribe en una disputa que suma episodios y que tiene como eje decisiones adoptadas en el Banco Central de la República Argentina y en el Banco Hipotecario.

La organización sindical sostiene que las medidas implementadas por ambas entidades responden a un proceso de reducción de estructuras que compromete fuentes de trabajo y altera el funcionamiento del sistema financiero en distintas regiones. En el caso del Banco Central, el foco está puesto en la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales, una reconfiguración que, según el gremio, pone en riesgo al menos 32 puestos laborales y afecta la operatoria en el interior del país.

Desde la entidad gremial subrayan que la eliminación de estas dependencias no sólo implica una pérdida de empleo, sino también una modificación en la capilaridad del sistema financiero, con posibles consecuencias para economías locales que dependen de estos circuitos. En ese sentido, advierten que la centralización de funciones podría debilitar la presencia institucional en plazas alejadas de los grandes centros urbanos.

El conflicto no es nuevo. El pasado 27 de abril, La Bancaria llevó adelante un paro de 24 horas como señal de protesta y, posteriormente, participó en instancias formales de negociación en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las conversaciones no lograron acercar posiciones. Según el sindicato, las autoridades mantuvieron una postura inflexible, lo que derivó en la profundización de las medidas gremiales y en la declaración de un estado de alerta y movilización en todo el territorio.

En este punto, la situación en el Banco Hipotecario suma otro frente de presión. El gremio denuncia despidos que considera injustificados y un proceso sostenido de cierre de sucursales. Estas decisiones, afirman, repercuten tanto en los trabajadores como en los usuarios del sistema, al reducir la cobertura y el acceso a servicios financieros en distintas localidades.

La conducción sindical plantea que no aceptará políticas de ajuste que impliquen recortes de personal o deterioro en las condiciones laborales. En esa línea, exige garantías de continuidad para los empleados afectados y reclama la apertura de instancias de diálogo con respuestas concretas.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Ojeda a remitir en 24 horas la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. La resolución cierra la controversia sobre la competencia judicial y reencauza el proceso hacia un nuevo ámbito de definición.

La controversia judicial en torno a la Ley de Modernización Laboral sumó un capítulo decisivo con la intervención de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dispuso un plazo perentorio para que el juez laboral Raúl Ojeda remita el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La orden, de cumplimiento inmediato, busca hacer efectiva una decisión previa que ya había definido el fuero competente para entender en la causa.

El pronunciamiento lleva las firmas de los camaristas Jorge Eduardo Morán, Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, quienes consideraron que la discusión sobre la competencia se encuentra definitivamente zanjada conforme al artículo 20 de la Ley 26.854. En consecuencia, requirieron al titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que remita el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa” dentro del plazo de 24 horas, bajo apercibimiento implícito de incurrir en incumplimiento judicial.

La decisión no solo establece un límite temporal preciso, sino que también introduce un elemento de orden en un trámite que venía signado por resoluciones contrapuestas. El expediente en cuestión adquirió notoriedad luego de que Ojeda dictara una medida cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral promovida por el Gobierno, una determinación que modificó el ritmo de implementación de la norma y activó una inmediata reacción por parte del Ejecutivo y de actores económicos interesados en el desenlace.

En ese marco, la discusión sobre el fuero competente adquirió centralidad. Mientras la Justicia del Trabajo entendía que debía intervenir por tratarse de un conflicto vinculado a derechos laborales, la jurisdicción contencioso administrativa sostuvo que la naturaleza de la demanda —dirigida contra el Estado Nacional— exigía su tratamiento en ese ámbito. La resolución de la Cámara viene a cerrar esa controversia y a establecer un criterio uniforme para la continuidad del proceso.

El fallo incorpora además un dato relevante en términos operativos: la habilitación de días y horas inhábiles para concretar las notificaciones, lo que evidencia la intención del tribunal de evitar nuevas dilaciones. La medida alcanza tanto al juzgado de origen como a la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, consolidando así un circuito de comunicación que refuerza la obligatoriedad de la orden.

Detrás de la disputa procesal subyace un conflicto de mayor alcance. La reforma laboral impulsada por el Gobierno se encuentra atravesada por objeciones sindicales y cuestionamientos jurídicos que ponen en juego principios consagrados en la legislación vigente. La CGT, impulsora de la acción judicial, sostiene que la norma vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y defiende la intervención del fuero laboral como ámbito natural para su tratamiento. Del otro lado, el Ejecutivo y sectores empresariales buscan revertir la suspensión y acelerar la vigencia de la ley.

El expediente también registra la participación de terceros interesados, como la Sociedad Rural Argentina, que solicitó intervenir en el proceso, lo que añade complejidad a la tramitación. En ese aspecto, se han formulado críticas cruzadas entre los distintos actores del sistema judicial, con cuestionamientos sobre la actuación de magistrados y sobre la consistencia de algunas resoluciones adoptadas en instancias previas.

La intimación dirigida a Ojeda introduce ahora un momento decisivo. El magistrado deberá resolver en un plazo exiguo si acata la orden y remite el expediente o si abre un nuevo frente de discusión institucional. Un eventual incumplimiento podría derivar en consecuencias procesales o incluso en evaluaciones disciplinarias, lo que elevaría el nivel de exposición del caso.

Una protesta sorpresiva en pleno centro sanjuanino reactivó el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor y las empresas del sector. El reclamo por diferencias salariales impagas suma presión a una negociación sin avances y mantiene en vilo la continuidad del servicio.

El sistema de transporte público de San Juan volvió a exhibir señales de fragilidad tras una protesta protagonizada por choferes de colectivos que irrumpió en el centro de la capital. La medida, impulsada por la Unión Tranviarios Automotor, incluyó un corte transitorio en la intersección de Avenida Libertador y Alem, con el objetivo de visibilizar un reclamo que acumula semanas sin resolución.

El núcleo del debate es preciso: diferencias salariales correspondientes a los últimos meses que, según el gremio, no fueron abonadas pese a haber sido acordadas en el ámbito nacional. La protesta no interrumpió el servicio, pero funcionó como una señal directa hacia el sector empresario y las autoridades, en un momento en el que las instancias de negociación no logran encauzar una salida.

El secretario local del sindicato, Héctor Maldonado, sostuvo que la medida buscó advertir sobre la gravedad de la situación sin afectar de inmediato a los usuarios. “No se trata de un nuevo reclamo, sino del cumplimiento de lo ya firmado”, señalaron desde la organización, en referencia al acuerdo alcanzado con las cámaras empresarias en el plano nacional.

Ese entendimiento, rubricado con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, establecía una actualización salarial que en varias jurisdicciones ya comenzó a implementarse. Sin embargo, en San Juan la aplicación encuentra obstáculos. Las empresas argumentan dificultades financieras para afrontar los pagos, aun cuando recientemente se autorizó una suba en la tarifa del servicio.

Del lado de los trabajadores, la respuesta es categórica: los montos reclamados forman parte de un compromiso vigente y su postergación impacta de manera directa en el ingreso mensual. La escala acordada proyecta salarios del orden de 1.500.000 pesos, más adicionales, correspondientes al mes de abril, cifra que no se ha efectivizado en su totalidad.

El conflicto, lejos de atenuarse, sumó nuevos elementos en los últimos días. Las diferencias correspondientes a enero vencieron sin cancelación y, según admitieron fuentes empresarias, también existen dificultades para cumplir con la escala salarial actual. Este cuadro refuerza la percepción de un desacople entre los compromisos asumidos y la capacidad de pago del sistema.

En ese marco, la UTA decidió intensificar su estrategia. La movilización en el centro sanjuanino fue acompañada por una advertencia explícita: si no se registran avances en el corto plazo, el gremio podría avanzar hacia una medida de fuerza de mayor alcance, incluida la paralización del servicio.

El sindicato evalúa, además, elevar el conflicto al ámbito nacional para requerir la intervención del Ministerio de Trabajo, al tratarse de un acuerdo de alcance federal. La posibilidad de que el caso escale fuera de la órbita provincial agrega un componente adicional a una negociación que ya exhibe signos de desgaste.

Mientras tanto, las reuniones entre representantes sindicales y empresariales continúan sin resultados concluyentes. San Juan se mantiene como uno de los distritos donde la implementación del acuerdo salarial aún no se concreta, lo que profundiza la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.