El director de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que el río San Juan triplicó su caudal en apenas dos semanas y podría alcanzar los 120 metros cúbicos por segundo. Se registraron picos cercanos a los 200, mientras las autoridades evalúan la capacidad de respuesta de los diques y las defensas en sectores de Calingasta. En Chile, el fenómeno obligó a extender la Alerta Roja a ocho comunas.

El acelerado proceso de deshielo en la cordillera comenzó a reflejarse con fuerza en los principales cauces de la región y encendió una señal de atención para el sistema hídrico sanjuanino. En solo 15 días, el caudal del Río San Juan se triplicó: pasó de transportar alrededor de 40 metros cúbicos por segundo a proyectar un promedio de 120 hacia el cierre de esta semana. El incremento, asociado a las altas temperaturas en la zona cordillerana, obliga a mantener un seguimiento permanente sobre los embalses, las obras de contención y las áreas más expuestas a eventuales crecidas.

Desde Hidráulica, Ginestar advirtió que el sistema provincial opera con caudales elevados, alcanzando picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo. En diálogo radial, el funcionario remarcó que esta crecida exige un monitoreo constante para proteger la infraestructura hídrica.

“Estamos al límite de la primera etapa de los problemas que puedan estar relacionados al río”, sostuvo el funcionario al describir la situación. Según explicó, los diques pueden manejar caudales de hasta 150 metros cúbicos por segundo dentro de determinados parámetros operativos. Cuando los aportes superan ese volumen, resulta necesario analizar otras alternativas para regular el ingreso de agua a los embalses y evitar que sus niveles aumenten por encima de los límites previstos.

Entre las medidas que podrían instrumentarse se encuentra la utilización de los descargadores de fondo, mecanismos que permiten liberar parte del volumen acumulado y administrar los aportes extraordinarios. Ginestar aclaró que, hasta el momento, estos dispositivos no habían sido activados en el sistema del Río San Juan, aunque su eventual utilización forma parte de las alternativas que se consideran ante una continuidad de los caudales elevados.

La preocupación también alcanza a Calingasta, donde el aumento del río plantea interrogantes sobre la capacidad de algunas defensas para responder ante una crecida de mayor magnitud. El titular de Hidráulica mencionó particularmente el sector de El Matadero, donde las estructuras existentes presentan limitaciones frente a un eventual incremento del nivel del agua. A ese dato se suman las observaciones realizadas en el punto de aforo del kilómetro 101, sobre la ruta que conecta San Juan con el departamento cordillerano, donde se registraron olas de entre uno y un metro y medio.

La evolución de los cauces sanjuaninos se inscribe en un fenómeno regional que ya provocó medidas de emergencia del otro lado de la cordillera. En la Región de Coquimbo, Chile, las autoridades extendieron la Alerta Roja por crecidas a ocho comunas: Río Hurtado, Monte Patria, Salamanca, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá e Illapel. La decisión responde al incremento de los caudales de ríos y esteros, alimentados por las altas temperaturas y el derretimiento acelerado de la nieve acumulada en sectores cordilleranos.

Los organismos de emergencia chilenos mantienen bajo vigilancia las tres principales cuencas de la región y advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta mediados o fines de enero. Los pronósticos de temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados en valles interiores y zonas precordilleranas profundizan la preocupación. A esto se suma una isoterma cero prevista entre los 5.000 y 5.300 metros de altura, condición que favorece la transformación de la nieve en agua y aumenta el aporte hacia los cursos fluviales.

Aunque la declaración de Alerta Roja en Chile no supone que San Juan atraviese una emergencia equivalente, constituye un antecedente relevante para comprender la dimensión regional del proceso. Las condiciones meteorológicas que impulsan el deshielo también repercuten sobre las cuencas de la provincia, donde los registros actuales ya muestran un crecimiento significativo de los aportes.

Ginestar indicó que los equipos técnicos evalúan de manera continua el comportamiento de los ríos y las perspectivas para las próximas semanas. Además, advirtió que el deshielo no será necesariamente el único factor capaz de modificar los caudales. La eventual llegada de lluvias a sectores de alta montaña y, posteriormente, las precipitaciones en áreas urbanas podrían sumar presión sobre el sistema de escurrimiento y exigir una coordinación más estrecha entre las reparticiones provinciales y los municipios.

La evolución de los próximos días será determinante para establecer si los caudales se estabilizan o continúan en ascenso y, en función de ello, definir eventuales maniobras de regulación en los diques. Mientras tanto, la advertencia oficial apunta también a la prevención: evitar ingresar a los cauces, no permanecer en las riberas y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

La reciente crecida del Río San Juan pone de relieve la urgencia de contar con una buena infraestructura hídrica y sistemas de alerta temprana ante los rigores del clima. Gestionar los caudales de origen cordillerano, resguardar a las comunidades cercanas y articular la respuesta estatal será fundamental para afrontar una temporada marcada por el impacto de la nieve y las altas temperaturas en el agua disponible en la provincia.

Una investigación periodística estimó en $20.477 millones el costo de ocho contrataciones directas realizadas para organizar las actividades vinculadas con la visita de León XIV. La cifra equivale, según el cálculo difundido, a los ingresos anuales de 788 investigadores asistentes del CONICET. El contraste volvió a poner bajo discusión las prioridades del gasto público en medio de los reclamos por el financiamiento de la ciencia y las universidades.

El costo de la organización de las actividades oficiales por la visita del papa León XIV quedó en el centro de la controversia luego de que una investigación periodística estimara en más de $20.477 millones el monto comprometido por el Gobierno nacional mediante ocho contrataciones directas. Una parte de esos recursos estuvo destinada a montar un espacio VIP para autoridades, empresarios, figuras del espectáculo e invitados especiales durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La dimensión del desembolso adquirió mayor repercusión al compararse con los ingresos del sistema científico nacional. De acuerdo con los cálculos difundidos, la suma total representa el equivalente al salario anual de aproximadamente 788 investigadores asistentes del CONICET o de unos 392 profesionales ubicados en la categoría de investigadores superiores, tomando como referencia las escalas salariales consideradas en el relevamiento y doce meses de remuneraciones, sin incluir el aguinaldo.

La comparación también permite dimensionar el volumen de recursos involucrados: el monto global equivale a más de 6.400 salarios mensuales si se utiliza el promedio de las cinco categorías salariales tomadas como referencia. El contraste se produce mientras investigadores, becarios y trabajadores de universidades públicas advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos para investigación y las dificultades para sostener programas científicos.

Según la investigación publicada por el El Disenso, la Jefatura de Gabinete habría instrumentado ocho procedimientos de contratación directa para cubrir distintos servicios vinculados con la organización de las actividades papales. El expediente de mayor cuantía correspondió a DF Entertainment, con una contratación de $8.690 millones para la producción general del evento, que incluyó el montaje del sector VIP y una carpa acondicionada para alrededor de 250 personas, con climatización, alfombras y servicio de catering.

El resto de las adjudicaciones comprendió prestaciones indispensables para el desarrollo del acto, aunque sus montos también reflejan la magnitud del operativo. Nuevos Aires Producciones SRL recibió una contratación por $4.547,7 millones para estructuras y vallados; Recordvision SA, que opera como MediaHub, por $3.090 millones para servicios de transmisión; PRG Argentina SRL, por $1.979,3 millones para sonido e iluminación; y Fidias Energía SRL, por $1.736 millones para el suministro eléctrico.

A esas cifras se sumaron $225 millones para pantallas LED, contratados a VMG Video Tech SA; $128,08 millones para alfombras y cortinas, a Alfombra Mágica SRL; y otros $81,2 millones por prestaciones similares, adjudicados a Tetramon. La suma de los ocho procedimientos asciende a $20.477.334.664,75, de acuerdo con el detalle publicado.

La polémica no se limita al volumen económico de las contrataciones. También se concentra en las condiciones de acceso al espacio reservado para invitados especiales y en el contraste con la experiencia de miles de fieles que asistieron a la celebración. Mientras personalidades del espectáculo, dirigentes políticos, empresarios y representantes del Poder Judicial contaron con un área cubierta y acondicionada, asistentes y voluntarios señalaron que parte del público debió permanecer al aire libre, expuesto al sol y a considerable distancia del altar. También trascendieron cuestionamientos por las condiciones en las que algunas religiosas, sacerdotes y personas mayores habrían seguido la ceremonia.

Entre los invitados que habrían ocupado el espacio VIP figuraron reconocidas personalidades del espectáculo y los medios, como Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Analía Franchín, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Zulemita Menem. También participaron periodistas, empresarios, dirigentes políticos, funcionarios nacionales y representantes de la Justicia.

La nómina incluyó, entre otros, a Jorge Macri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. En el ámbito empresarial se mencionó a Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, Daniel Vila, José Luis Manzano, Hugo Sigman y Nicolás Caputo. Por el Poder Judicial estuvieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además de Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño.

La organización del espacio reservado y la convocatoria de invitados habrían involucrado gestiones tanto del Gobierno nacional como de la administración porteña. En ese marco, el debate público se desplazó desde los aspectos protocolares de la visita hacia la utilización de fondos estatales y los criterios aplicados para distribuir los recursos destinados al acontecimiento.

El contraste con la situación del CONICET y las universidades constituye uno de los aspectos más sensibles de la discusión. El sistema científico atraviesa reclamos por la recomposición salarial, el financiamiento de proyectos, la continuidad de becas y las condiciones materiales para desarrollar investigaciones. La pérdida de ingresos y las restricciones presupuestarias también alimentan la preocupación por la emigración de profesionales y el deterioro de las capacidades científicas construidas durante décadas.

La comparación entre el costo del operativo y los salarios de los investigadores no significa que ambos gastos correspondan a partidas presupuestarias intercambiables, pero sí permite dimensionar la escala de los recursos públicos comprometidos. La pregunta que emerge es política y presupuestaria: cuáles son las prioridades que orientan el gasto estatal y qué lugar ocupan la educación, la investigación y el desarrollo en la asignación de fondos.

En un país que necesita fortalecer su capacidad tecnológica, productiva y científica, la magnitud de las contrataciones para un acontecimiento institucional de estas características exige explicaciones sobre sus costos, procedimientos y criterios de ejecución. La discusión no pasa por cuestionar la organización de una celebración religiosa de alcance internacional, sino por establecer si el uso de los recursos públicos respondió a parámetros de austeridad, transparencia y proporcionalidad. Esa es, en definitiva, la dimensión institucional que convierte al operativo VIP en un asunto que excede la polémica por una carpa y pone bajo examen las prioridades del Estado.

El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.