En estos días el gobierno publicó el decreto 482/2026, que actualiza el régimen de inversiones mineras, volviendo a poner en el centro del debate el desarrollo de la industria minera en nuestro país. Desde ASIJEMIN vemos con preocupación el rumbo que el gobierno nacional quiere imponer en la actividad minera. El simple hecho de reducir impuestos y facilitar importaciones solamente beneficia a las grandes empresas internacionales y no garantiza el desarrollo local.

Si a esto le sumamos la posible aprobación del Súper RIGI, se genera un combo catastrófico para la industria nacional y la mano de obra local. Entendemos que el camino para desarrollar la industria minera, debe ser con impulso de las PyMES y las empresas nacionales, dónde puedan competir con las extranjeras, muy contrario a lo que hace el gobierno.

Un punto central debe ser contemplar la creación de puestos laborales que deben ser ocupados por los trabajadores argentinos, sumando un crecimiento del poder adquisitivo de los mismos. Para esto necesitamos que los salarios tengan una recomposición urgente y eliminar las cargas impositivas que recaen sobre el salario. No estamos de acuerdo con la política de reducir las cargas de ganancias a las grandes empresas y al mismo tiempo aumentar esas cargas a los trabajadores de la minería.

Estamos a favor del desarrollo de la actividad minera y consideramos necesario que se avance en este sentido, pero entendemos que debe ser una minería con más control estatal y con participación de las empresas locales. Dónde las comunidades vean reflejado un crecimiento sostenido y planificado. El rumbo que propone el gobierno con las últimas medidas es de extranjerización y flexibilización laboral, nosotros estamos en las antípodas de ese esquema.

Por una minería nacional y sustentable, con desarrollo soberano de nuestra patria, con sueldos dignos y con los trabajadores participando de las ganancias de la industria.

Marcelo Mena Muñoz
Secretario General
Comisión Directiva Nacional
Delegaciones Regionales Centro y Sur

Tras una negociación con el Ministerio de Salud de la Nación, clínicas y sanatorios suspendieron la restricción que impedía asignar nuevas consultas a afiliados. El acuerdo es transitorio y las partes volverán a reunirse el 2 de julio para intentar una solución definitiva.

Miles de afiliados del PAMI recuperaron el acceso a nuevos turnos médicos luego de que los prestadores privados suspendieran la medida que limitaba la asignación de consultas en medio del conflicto por el financiamiento del sistema. La decisión, que también alcanza a San Juan, fue adoptada tras una reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y permitió descomprimir, al menos de manera provisoria, una disputa que amenazaba con profundizar las dificultades de atención para jubilados y pensionados.

La restricción había comenzado a aplicarse como mecanismo de presión frente a los atrasos en los pagos y a la falta de actualización de los valores que perciben clínicas, sanatorios y profesionales por las prestaciones brindadas al principal sistema de cobertura médica para adultos mayores del país. Aunque los turnos ya programados y las prácticas en curso nunca fueron suspendidos, la imposibilidad de otorgar nuevas consultas encendió la preocupación entre los afiliados.

Luego del encuentro con funcionarios nacionales, las entidades prestadoras resolvieron restablecer la asignación de turnos mientras continúan las negociaciones. Alejandro Rodi, gerente general de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social, confirmó que los beneficiarios del PAMI ya pueden volver a solicitar consultas en todas las especialidades y aclaró que la atención médica se mantuvo durante todo el conflicto para quienes ya contaban con citas previamente otorgadas.

El reclamo de los prestadores, sin embargo, permanece abierto. Las entidades sostienen que el actual esquema de pagos afecta la sustentabilidad económica de clínicas y sanatorios y advierten que la demora en las liquidaciones, sumada al desfase de los aranceles frente al aumento de los costos operativos, compromete la continuidad de numerosas prestaciones.

La suspensión de la medida representa una tregua, pero no el cierre de la negociación. Las partes acordaron retomar el diálogo el próximo 2 de julio, fecha en la que buscarán avanzar sobre los reclamos vinculados al financiamiento del sistema y establecer mecanismos que otorguen mayor previsibilidad tanto a los prestadores como a los afiliados.

El conflicto expuso, una vez más, las tensiones que atraviesa la relación entre el PAMI y la red de prestadores privados, de la que depende buena parte de la atención médica de millones de jubilados en todo el país. Las diferencias económicas ya habían generado episodios similares en otras oportunidades y reflejan las dificultades para compatibilizar el sostenimiento financiero de las instituciones con la garantía de acceso a los servicios de salud.

Por ahora, el fin de la medida permite el restablecimiento de las operaciones habituales de consultorios y centros asistenciales y lleva alivio a miles de jubilados que aguardaban la posibilidad de obtener un turno médico. No obstante, el desenlace del conflicto dependerá de las definiciones que surjan de la próxima mesa de negociación, donde se pondrá en juego no sólo la continuidad de las prestaciones, sino también la estabilidad de un sistema que atiende a una de las poblaciones más vulnerables del país.

El reciente acuerdo paritario puso fin a meses de conflicto y otorgó una recomposición del 24,33%, pero los gremios sostienen que el deterioro acumulado sigue lejos de resolverse. Según un informe de FEDUN, los docentes todavía necesitan recuperar 32,6% para volver al poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión de Javier Milei. La próxima negociación ya tiene fecha: 15 de septiembre.

La firma del acuerdo salarial entre el Gobierno y los gremios universitarios desactivó temporalmente uno de los conflictos más prolongados de la educación pública. Sin embargo, la tregua está lejos de significar el cierre de la disputa. Los sindicatos sostienen que la recomposición obtenida representa apenas una parte del terreno perdido y anticipan que volverán a la mesa paritaria con un reclamo de fondo: recuperar más de 30 puntos de salario real.

El dato surge del último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). Aunque el trabajo fue confeccionado antes de la firma del acta de entendimiento, sus conclusiones permiten dimensionar la magnitud del deterioro acumulado.

Según el estudio, incluso incorporando el incremento del 24,33% acordado para junio y octubre, los salarios universitarios deberían aumentar otro 32,6% para recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.

La cifra revela la profundidad de la pérdida sufrida por docentes y nodocentes durante los últimos dos años y medio. Hasta mayo, los salarios del sector habían registrado diecinueve meses consecutivos de caída real. En términos acumulados, el retroceso alcanzó el 34,7% respecto de noviembre de 2023, mientras que el nivel salarial quedó incluso por debajo de los registros observados a comienzos de la década del 2000.

El acuerdo firmado días atrás fue valorado por las organizaciones sindicales porque rompió una dinámica de negociaciones esporádicas y estableció la reapertura trimestral de las paritarias. Esa cláusula es considerada estratégica por los gremios, que buscan impedir nuevos atrasos frente a la inflación.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, confirmó que la primera revisión bajo el nuevo esquema se realizará el próximo 15 de septiembre. Allí, explicó, el Frente Sindical de Universidades Nacionales exigirá una actualización vinculada a la evolución de los precios durante junio, julio y agosto, además de reclamar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Detrás de la discusión salarial aparece otro frente de conflicto que preocupa tanto a rectores como a sindicatos: el financiamiento del sistema universitario. El informe advierte que, aun contemplando las partidas adicionales acordadas recientemente —incluidos 50.000 millones de pesos destinados a hospitales universitarios—, el presupuesto proyectado para 2026 profundizaría el ajuste sobre las casas de estudio.

Según los cálculos de FEDUN, el financiamiento universitario registrará una caída real del 17,8% durante el próximo año. De confirmarse esa tendencia, el sistema habrá perdido el 38% de sus recursos respecto de 2023 y el presupuesto destinado a universidades representará apenas el 0,422% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del 0,718% que alcanzaba hace tres años.

La entidad también puso el foco sobre la masa salarial del sector. De mantenerse las proyecciones actuales de inflación y gasto público, los trabajadores universitarios habrán resignado el equivalente a 5,79 billones de pesos constantes entre 2024 y 2026. Sólo durante este año la pérdida estimada asciende a 2,61 billones de pesos.

El diagnóstico se extiende además al sistema científico. El reporte sostiene que la inversión nacional en ciencia y tecnología continúa retrocediendo y podría cerrar 2026 en mínimos históricos en relación con el PBI. En paralelo, investigadores, becarios y personal científico acumulan pérdidas salariales que en algunos casos superan el 40%.

Con los exámenes finales y el receso invernal por delante, el conflicto universitario ingresará en una etapa de relativa calma. Pero tanto en las conducciones sindicales como en las universidades admiten que la discusión de fondo permanece intacta. El acuerdo alcanzado permitió contener la emergencia, aunque no modificó el eje central de la disputa: la recuperación de los salarios y la recomposición de un presupuesto que continúa lejos de los niveles reclamados por el sistema universitario.