Padres de estudiantes y docentes presentaron los primeros amparos judiciales contra el recorte del 93% a la educación técnico-profesional aprobado en el Presupuesto 2026. Denuncian que el artículo 30 vulnera leyes permanentes y pone en riesgo la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una de las decisiones más cuestionadas del paquete presupuestario aprobado por el Congreso. La medida, contenida en el artículo 30 de la ley, elimina el fondo obligatorio destinado a la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058, vigente desde 2005.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes iniciaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo cuestiona la legalidad del artículo aprobado y sostiene que una norma presupuestaria anual no puede modificar ni derogar derechos consagrados en leyes de carácter permanente, como las que garantizan el financiamiento específico de la educación técnica.

El amparo advierte que la eliminación del fondo afecta directamente la continuidad de políticas educativas estratégicas y vulnera el derecho a una educación de calidad, especialmente en un subsistema que cumple un rol clave en la formación de técnicos, operarios calificados y profesionales intermedios.

Las críticas no se limitan al plano judicial. Desde el ámbito educativo y productivo, el rechazo al recorte se multiplicó en las últimas semanas. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, alertó que la decisión impacta sobre aproximadamente 1,9 millones de estudiantes que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional en todo el país.

“El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó, al subrayar que este tipo de educación es fundamental para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles demandados por sectores clave de la economía, como la industria manufacturera, la energía, la economía del conocimiento y la producción de valor agregado. Áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales dependen en gran medida de un sistema de formación técnica robusto y con financiamiento sostenido.

De acuerdo con los denunciantes, el ajuste presupuestario implica un recorte del 93% respecto de valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional, lo que hoy representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra que especialistas consideran insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El planteo judicial también sostiene que el recorte contradice otras leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconocen a la formación técnica como un pilar del desarrollo científico, tecnológico e industrial. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo y debilita la planificación estratégica del país.

Mientras la Justicia comienza a analizar los primeros amparos, el debate por el recorte a la educación técnica trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste no solo pone en jaque a las escuelas técnicas y centros de formación profesional, sino que amenaza la formación de los trabajadores calificados que la industria argentina necesita para crecer, generar empleo y competir en un escenario global cada vez más exigente.

Mientras el Ejecutivo intensifica el diálogo con gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral, la CGT acelera su estrategia parlamentaria y apunta a conquistar a los senadores que no responden directamente a la Casa Rosada. El objetivo: bloquear los artículos más sensibles del proyecto y frenar un cambio estructural en las relaciones laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una intensa actividad política en pleno receso estival y profundiza su ofensiva para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo negocia apoyos con los gobernadores, la central obrera redobló su estrategia en el Congreso y puso el foco en la Cámara de Senadores, donde considera que aún existen márgenes para bloquear o modificar sustancialmente la iniciativa.

Además de una sostenida campaña de difusión en redes sociales, en la que advierte sobre las consecuencias del proyecto en materia de derechos laborales y organización sindical, la CGT aceleró los contactos directos con legisladores que integran lo que en el sindicalismo denominan el “centro político”: senadores que no responden de manera automática al oficialismo, pero tampoco se alinean con una oposición frontal.

En ese universo aparecen los peronistas no kirchneristas, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y representantes de bloques provinciales, cuyo voto resulta decisivo para el futuro de la reforma. Según fuentes sindicales, allí se concentra la principal batalla parlamentaria.

La estrategia combina distintos perfiles dentro de la conducción cegetista. El secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio, Cristian Jerónimo, y el referente del gremio del Seguro, Jorge Sola, encabezan la vía del diálogo político y parlamentario. En contraste, Jorge Argüello, del sindicato de Camioneros, representa la postura más confrontativa y no descarta una escalada del conflicto con medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios.

El proyecto de reforma laboral, impulsado por el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger, logró avanzar en comisión tras la firma del dictamen. Sin embargo, ese respaldo estuvo lejos de ser un triunfo pleno: mientras los libertarios firmaron en forma favorable, el PRO, la UCR y los bloques provinciales lo hicieron en disidencia, dejando abierta la puerta a una poda artículo por artículo durante el tratamiento en el recinto.

Ese escenario diluyó el optimismo inicial del oficialismo, que daba por asegurada una victoria política encabezada por la senadora Patricia Bullrich. Por el contrario, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones profundas o incluso quede bloqueado.
La incertidumbre política se agravó con el tenso debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo y sus aliados habituales evidenciaron fisuras y desacuerdos, obligando al oficialismo a recomponer vínculos parlamentarios. Para la CGT, ese traspié fue leído como “la primera batalla ganada”.

Con ese diagnóstico, la central obrera profundizó las gestiones para reunir entre siete y ocho voluntades en el Senado que permitan frenar los artículos más sensibles del proyecto, especialmente aquellos que afectan el financiamiento sindical y debilitan la capacidad de representación de los gremios.

Entre los nombres con los que ya hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En paralelo, la CGT busca sumar a los senadores santacruceños del espacio Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que buscan marcar distancia de la Casa Rosada.

Según publicó el diario La Nación, dentro de la CGT también surgieron críticas al bloque justicialista por no involucrarse de lleno en la “pelea fina” por los votos. “Nadie va a hablar por nosotros”, deslizaron los sectores más duros, en un contexto donde la central obrera atraviesa, además, tensiones internas sobre cómo enfrentar la avanzada libertaria.

Los puntos en disputa

Los ejes que generan mayor rechazo en la CGT incluyen la ampliación de las actividades consideradas esenciales —lo que limitaría el derecho a huelga—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados.

No obstante, el punto que concentra mayor resistencia es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplazaría el actual régimen de indemnizaciones. El nuevo esquema se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores y modificaría el destino de esos recursos, que dejarían de alimentar el sistema previsional para ser administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano.

Para la CGT, este cambio no solo debilita la protección ante el despido, sino que altera el equilibrio del sistema de seguridad social y reduce el poder de negociación sindical.

El punto de partida

Los primeros contactos formales de la CGT con legisladores del PJ comenzaron el 10 de diciembre. Luego, la central obrera mantuvo reuniones con gobernadores de Provincias Unidas en un encuentro realizado en el Banco de Chubut, del que participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), incluso antes de que el texto oficial ingresara al Congreso.

“Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto”, explicó Pullaro tras aquel encuentro. “Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea”, concluyó el gobernador santafesino.

Mientras el Gobierno busca blindar la reforma laboral con acuerdos políticos y respaldo territorial, la CGT apuesta a una estrategia quirúrgica en el Senado para frenar o desarticular el corazón del proyecto. En ese pulso se juega no solo una reforma clave del programa libertario, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, el mercado y el movimiento sindical en la Argentina que viene.

Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.