Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

El Presupuesto 2027 enviado por Javier Milei al Congreso abrió una nueva disputa por el destino de los recursos públicos. Las universidades nacionales, los organismos científicos y las prestaciones vinculadas con discapacidad aparecen entre los principales puntos de cuestionamiento de la oposición y de organizaciones académicas y sociales, mientras el Gobierno mantiene como prioridad el equilibrio fiscal y una reducción progresiva de impuestos.

El proyecto contempla $7,34 billones para las universidades nacionales, una cifra significativamente inferior a los más de $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento del sistema durante 2027. La diferencia supera los $3,6 billones y constituye uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario.

El CIN sostiene que los recursos previstos no alcanzan para cubrir las necesidades de funcionamiento, salarios, investigación, becas y hospitales universitarios, además de cuestionar que el proyecto no incorpore plenamente las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno, en cambio, defiende la partida y sostiene que contempla un aumento de los gastos de funcionamiento y las variables macroeconómicas previstas para 2027.

El recorte también alcanza al sistema científico en términos reales. El proyecto toma como referencia una inflación del 18% para 2027, por lo que partidas que crecen nominalmente por debajo de ese porcentaje pierden capacidad de compra. El CONICET recibiría $824.539 millones, un incremento nominal del 10,9%, mientras que el INTA tendría una reducción nominal del 12,4% y el INTI del 5,2%.

El deterioro acumulado es aún más significativo. De acuerdo con los análisis difundidos sobre el proyecto, el INTA arrastra una pérdida real superior al 43% desde diciembre de 2023 y el INTI ronda el 49%. Para Jorge Aliaga, integrante del Directorio del CONICET, la discusión excede la asignación anual: advirtió que la ausencia de una política definida de ciencia y tecnología puede dejar sin financiamiento a proyectos de investigación y afectar especialmente a los investigadores jóvenes.

Discapacidad constituye otro de los capítulos más sensibles. El proyecto modifica el régimen de prestaciones y elimina la pauta uniforme del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, al permitir que cada organismo obligado determine los valores en su relación con los prestadores. También introduce cambios en el régimen de pensiones por invalidez, que quedaron bajo fuerte cuestionamiento de organizaciones vinculadas con el área.

La iniciativa también propone modificar el mecanismo de actualización automática de determinadas asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y las prestaciones vinculadas con discapacidad. De aprobarse los cambios, esos incrementos dejarían de estar atados de manera automática al índice de movilidad vigente y pasarían a depender de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

El otro componente de la discusión es tributario. El Gobierno sostiene que la reducción de impuestos forma parte de su política para disminuir la presión fiscal y favorecer la inversión. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó nuevas rebajas impositivas y ratificó el objetivo oficial de continuar reduciendo derechos de exportación y otros tributos.

Un informe del IARAF, dirigido por Nadin Argañaraz, estimó que las modificaciones tributarias impulsadas desde 2024 implican una pérdida de recaudación significativa y proyectó que el costo fiscal acumulado de las medidas anunciadas podría alcanzar el 4,7% del PBI hacia fines de 2027.

La propuesta presupuestaria entra ahora en la fase de deliberación legislativa, donde el financiamiento de la educación superior, la ciencia y los programas sociales concentrará los mayores debates. El dictamen del Parlamento no solo asignará los recursos para 2027, sino que validará las prioridades estratégicas del primer Presupuesto integral de la administración actual bajo su nuevo modelo fiscal.

El Frente de Sindicatos Unidos sostuvo que el Salario Mínimo Vital y Móvil debería alcanzar $3.116.298 para cubrir las nueve necesidades previstas por la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. El monto supera ampliamente el piso salarial vigente y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida del poder adquisitivo.

La estimación, correspondiente a julio, ubica el ingreso necesario en $3.116.298, un monto que multiplica varias veces el salario mínimo oficial vigente. Para los gremios que integran el frente, la diferencia expone la distancia entre el piso salarial fijado por el Estado y el costo efectivo de sostener una vida digna.

El cálculo contempla nueve rubros previstos en la legislación laboral: alimentación adecuada, vivienda, educación y cultura, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social. Entre los principales componentes figuran $664.499 para alimentación, $624.473 para vivienda, $381.127 para salud, $676.295 para transporte, vacaciones y esparcimiento y $342.793 para previsión social.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unión Obrera Molinera, en Buenos Aires, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, sostuvo que ese valor representa el ingreso que los trabajadores deberían alcanzar para cubrir sus necesidades y vinculó esa meta con la capacidad de movilización de las organizaciones sindicales.

En la misma presentación, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, cuestionó que el salario mínimo pueda considerarse suficiente con un monto sustancialmente inferior al costo calculado por los sindicatos. Según planteó, la cifra estimada por el FreSU contempla únicamente las necesidades enumeradas por la normativa y no incorpora capacidad de ahorro ni acceso a un crédito hipotecario.

El planteo gremial se inscribe en un deterioro más amplio de los ingresos laborales. De acuerdo con las cifras difundidas por el FreSU, desde noviembre de 2023 los salarios reales del empleo público acumularon una caída del 9%, mientras que los del ámbito privado registraron un retroceso del 22% en términos de poder de compra.

El frente sindical también calculó una pérdida acumulada superior a $69,3 billones en los ingresos mensuales de los trabajadores. En promedio, estimó que cada asalariado privado dejó de percibir el equivalente a $3.011.131, mientras que para los empleados estatales la pérdida promedio alcanzaría $15.465.594.

A ese deterioro se suma el mayor endeudamiento de los hogares. Según los datos presentados por las organizaciones, las familias acumularon unos $46 billones adicionales de deuda desde el inicio de la actual gestión y la morosidad se multiplicó en el último año. Para el FreSU, el recurso al crédito pasó de ser una herramienta complementaria a convertirse en una vía para afrontar gastos corrientes.

La referencia al salario mínimo también recupera una definición establecida por la propia legislación. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza un salario mínimo vital y móvil, mientras que el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe asegurar al trabajador una jornada legal de trabajo y la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.

El FreSU reúne sindicatos pertenecientes a las tres centrales obreras, entre ellos la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, organizaciones aeronáuticas, marítimas, fluviales, molineras, papeleras y viales. En su primer plenario de delegados, realizado el 1° de mayo, las organizaciones incorporaron la recuperación del salario mínimo entre sus principales reivindicaciones.

El reclamo coloca nuevamente al SMVyM en el centro de la discusión sobre ingresos, costo de vida y relaciones laborales. La brecha entre el piso legal y el monto que los sindicatos calculan como necesario constituye uno de los principales argumentos del frente para exigir una recomposición salarial y una revisión de los criterios con los que se determina el ingreso mínimo de los trabajadores.