CTERA denunció que el proyecto del oficialismo implicará un recorte superior a los $4 billones en aportes que financiaban el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Advirtió sobre pérdida de derechos laborales, desfinanciamiento educativo y un retroceso estructural del sistema público.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a encender las alarmas frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según denunció la entidad, la iniciativa no solo profundiza la precarización del empleo, sino que además consolida un ajuste de magnitud histórica sobre la educación pública, con un impacto directo en el salario docente y en el financiamiento del sistema educativo.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un mecanismo clave mediante el cual el Estado nacional complementaba los salarios para reducir las brechas entre provincias. De acuerdo con estimaciones del Instituto Marina Vilte, perteneciente a CTERA, la reforma laboral implicaría que el Estado deje de aportar más de 4,1 billones de pesos, cifra equivalente a la deuda acumulada que la Nación mantiene con los docentes de todo el país tras la supresión del fondo.

Desde el gremio subrayaron que esos recursos no solo permitirían saldar compromisos salariales, sino también recomponer programas estratégicos que fueron desmantelados durante el ajuste, como Conectar Igualdad, obras de infraestructura escolar y políticas de fortalecimiento del sistema educativo. En ese sentido, advirtieron que la reforma laboral se articula con el proyecto oficial de “Libertad Educativa”, al que calificaron como una estrategia para subordinar derechos sociales a las lógicas del mercado.

CTERA también alertó sobre el deterioro del financiamiento educativo: en 2025, la inversión conjunta en educación apenas alcanzó el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% establecido por la Ley de Educación Nacional. Para la organización, la reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de desfinanciamiento deliberado de la educación pública.

Derechos laborales en retroceso

En el plano estrictamente laboral, la conducción del gremio —encabezada por Sonia Alesso— exhortó a los legisladores de todos los bloques a impedir el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerar que su objetivo es “destruir derechos conquistados históricamente para favorecer intereses patronales”. Según CTERA, el discurso oficial de “modernización laboral” encubre una avanzada de precarización estructural que debilita la protección del trabajo y vacía de contenido principios básicos como la justicia social.

La entidad rechazó cualquier intento de reforma parcial y reclamó el archivo completo de la iniciativa, al sostener que su espíritu resulta incompatible con un modelo de desarrollo con inclusión.

Números duros del ajuste

Otro de los puntos críticos señalados por CTERA es el impacto fiscal negativo de la reforma. El documento advierte que el Gobierno subestima deliberadamente el costo que tendrá la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos incluidos en el proyecto.

En particular, el artículo 163 propone reducir los aportes patronales del sector comercio y servicios del 20,4% al 17,4%, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta sola modificación implicaría una pérdida equivalente al 0,462% del PBI, afectando directamente los recursos destinados a la seguridad social y al sistema previsional administrado por la ANSES. Si se suman otras rebajas, como en el Impuesto a las Ganancias y los aportes a obras sociales, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI.

Impacto cotidiano en los trabajadores

Finalmente, CTERA enumeró los aspectos más regresivos de la reforma en la vida diaria de los trabajadores:
Precarización de las condiciones laborales, con flexibilización de vacaciones, jornadas y eliminación de recargos por horas extras.

Fin del régimen tradicional de indemnizaciones, reemplazado por fondos financiados con aportes de los propios trabajadores.

Restricciones al derecho a la protesta, con límites a las huelgas, asambleas y acciones gremiales, y penalización de la organización sindical.

Para CTERA, la reforma laboral constituye un punto de inflexión que combina ajuste fiscal, transferencia de recursos y pérdida de derechos, con la educación pública entre las principales víctimas. El gremio advirtió que, de avanzar el proyecto, se consolidará un modelo que debilita el salario docente, erosiona la equidad federal y compromete el futuro del sistema educativo argentino.

En menos de tres meses, Casa Montes, Bodegas Bianchi y Norton quedaron expuestas por graves dificultades financieras, con cheques rechazados por miles de millones de pesos y un concurso preventivo en marcha. El deterioro del consumo interno acelera un escenario crítico para una industria clave de las economías regionales.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la caída sostenida del consumo interno, el encarecimiento de costos y la menor rotación en góndola se suma ahora un dato que preocupa al sector: en apenas 90 días, tres bodegas de fuerte peso histórico y simbólico quedaron involucradas en severos problemas financieros.

Los números confirman un contexto adverso. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 12,5%, con un desplome aún más marcado en el formato tradicional de botella, que retrocedió 16,3%. En el acumulado anual, el volumen comercializado bajó 3,7%, reflejando un cambio de hábitos y una mayor cautela del consumidor, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado.

El caso más reciente que encendió las alarmas es el de Casa Montes, bodega radicada en el Valle de Tulum, San Juan. De acuerdo con registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumuló entre mayo de 2025 y el 19 de enero de 2026 un total de 286 cheques rechazados por $471.421.066,23, de los cuales logró cancelar apenas el 34,62%. La firma, reconocida por etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama, tuvo además un fuerte reordenamiento patrimonial en 2024, cuando la familia Montes decidió vender el Diario de Cuyo al grupo propietario del diario Los Andes.

Otro episodio que generó inquietud en el sector es el de Bodegas Bianchi. Según la Central de Deudores del BCRA, la compañía registró 101 cheques rechazados por $1.230.071.690,56, con el último rechazo informado el 22 de enero de 2026. Los inconvenientes comenzaron a fines de diciembre y se intensificaron en las semanas posteriores, pese a que hasta ese momento la bodega mantenía una calificación de bajo riesgo en el sistema financiero. Desde la empresa reconocieron el escenario complejo y aseguraron que se encuentran en un proceso de regularización, de negociaciones abiertas con proveedores y actores clave de la cadena productiva para sostener la operatoria.

El cuadro más delicado es el de Norton, una de las bodegas más reconocidas de Mendoza, que en diciembre obtuvo la aprobación judicial para iniciar su concurso preventivo. La firma busca reestructurar una deuda cercana a los 30 millones de dólares y enfrenta una situación financiera crítica: acumula 314 cheques rechazados por más de $4.031 millones, con apenas el 7% cancelado, y figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que el objetivo del proceso judicial es preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad operativa, en una situación que definió como altamente desafiante tanto para el mercado local como para el internacional.

Los casos de Casa Montes, Bianchi y Norton funcionan como una señal de alerta para toda la cadena vitivinícola. Más allá de las particularidades de cada empresa, los problemas financieros revelan el impacto profundo de un mercado interno deprimido, con consumo en retroceso y márgenes cada vez más ajustados. En una industria estratégica para las economías regionales, la crisis ya no es una proyección: es una realidad que empieza a reflejarse en los balances y amenaza con redefinir el mapa del vino argentino si no aparecen señales de recuperación en el corto plazo.

El Gobierno confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados seguirá en $70.000 durante febrero. El monto permanece sin cambios desde marzo de 2024, mientras la inflación acumulada ronda el 180%, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

El esquema previsional vuelve a quedar en el centro del debate económico y social. El Gobierno nacional oficializó este jueves que el bono adicional destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuará congelado en $70.000 durante febrero, pese a la persistencia de la inflación y al marcado deterioro del poder de compra de los ingresos previsionales.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica una política que se mantiene inalterable desde marzo de 2024, cuando el bono fue fijado por última vez. Desde entonces, el costo de vida acumuló un aumento cercano al 180%, lo que transformó a ese refuerzo en una suma cada vez más marginal frente a las necesidades básicas de los adultos mayores.

Con el ajuste correspondiente a la inflación de diciembre —un 2,84%—, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero ascenderá a $359.219,42. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,32.

La normativa establece que los jubilados y pensionados que cobren un monto igual o inferior al haber mínimo garantizado recibirán la totalidad del bono de $70.000. En tanto, quienes superen ese piso percibirán un monto variable como complemento, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope resultante de la suma entre el haber mínimo y el bono máximo, es decir, $429.219,32.

Desde el Ejecutivo, la continuidad del bono congelado se inscribe en la estrategia de contención del gasto público y consolidación del superávit fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico del presidente Javier Milei. Sin embargo, el impacto social de esta decisión vuelve a encender cuestionamientos, en un momento donde los ingresos previsionales siguen corriendo muy por detrás de la inflación acumulada.