La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.

Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.

La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.

La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.

El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.

Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».

En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.

Un relevamiento del Mapa del Estado actualizado a abril de 2026 reveló que la participación femenina en los cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional descendió del 39% al 22% en cuatro años. El retroceso se concentra en secretarías y subsecretarías y coincide con la reestructuración del Gabinete nacional y la eliminación del Ministerio de las Mujeres.

La representación de las mujeres en los niveles más altos de la Administración Pública Nacional registró una marcada caída durante la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con un relevamiento elaborado sobre el Mapa del Estado actualizado a abril de 2026, la participación femenina en ministerios, secretarías y subsecretarías pasó del 39% en 2022 al 22% en la actualidad, una disminución de 17 puntos porcentuales que vuelve a poner en debate las dificultades de acceso de las mujeres a los espacios de decisión.

El estudio analizó 194 cargos jerárquicos distribuidos entre la Jefatura de Gabinete, nueve ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías. De los 177 puestos actualmente cubiertos, 138 corresponden a hombres y apenas 39 a mujeres, lo que significa que cerca de ocho de cada diez cargos políticos están en manos masculinas.

La participación femenina en la conducción ministerial también es reducida. Solo dos carteras nacionales son encabezadas por mujeres: Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, y Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva. En contraste, el Ministerio de Defensa no cuenta con mujeres en su estructura jerárquica, mientras que en las áreas de Justicia y Seguridad la representación femenina apenas alcanza el 13%.

La mayor pérdida de participación se produjo en los niveles intermedios de conducción. En las secretarías, la presencia de mujeres descendió del 37% registrado en 2022 al 15% en 2026. En las subsecretarías, la reducción fue del 42% al 25%. En los ministerios, en cambio, la variación fue menor y pasó del 21% al 20%.

El informe vincula esta evolución con la reorganización impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que redujo la estructura ministerial y eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, organismo creado durante la administración anterior con el propósito de impulsar políticas de igualdad y promover una mayor participación femenina en la gestión pública.

Ana Castellani, investigadora del CONICET y ex secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación entre 2019 y 2023, sostuvo que durante el gobierno anterior el crecimiento de la representación femenina respondió a una directiva presidencial que promovía la paridad en los cargos directivos. En contraste, afirmó que la actual administración dejó de considerar las brechas de género como una prioridad institucional y desmanteló el entramado normativo orientado a reducir esas desigualdades.

El relevamiento también examinó la composición general de la Administración Pública Nacional, integrada por 358.974 agentes. Allí la distribución resulta menos desigual: el 61% corresponde a varones y el 39% a mujeres. Sin embargo, esa proporción se modifica a medida que aumenta la jerarquía de los cargos, consolidando un fenómeno que distintos estudios identifican como «techo de cristal», es decir, las barreras que dificultan el acceso femenino a las posiciones de mayor poder dentro del Estado.

Los datos muestran además fuertes diferencias entre organismos. Solo ocho de las 87 dependencias relevadas registran una participación femenina superior al 60%, mientras que en las fuerzas de seguridad y defensa —como el Ejército, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina— los hombres representan más del 70% del personal. El informe vuelve a colocar en la agenda el debate sobre la equidad de género en la administración pública y los criterios utilizados para la designación de funcionarios en los máximos niveles de conducción.