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Referentes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) asistieron este martes a una audiencia para abordar el cierre de la paritaria 2020-2021 y el inicio de la paritaria 2021-2022.

Llegaron a un acuerdo para el cierre de 2020 de 18 puntos en 3 cuotas y se llevaron para analizar una oferta idéntica a la que aprobaron hace pocos días los estatales. Se volverán a reunir el 9 de junio.

Luego de seis meses de reclamos para que se abra una mesa de negociación, finalmente este martes fueron convocados.

En la audiencia “se acordó convalidar los incrementos abonados por la Administración del 4% para el mes de febrero, 6% para marzo y un 8% para el mes de mayo”, indicó la Federación de Vialidad en un comunicado. Los porcentajes se aplicarán con carácter retroactivo.

“Asimismo y ante el desfasaje producido por la demora en la negociación, la Administración propuso que las retenciones de los aportes solidarios se realizaran con los haberes de los meses de julio, octubre y noviembre del corriente año”, detallaron.

“La Fepevina puso de manifiesto que considera más que insuficiente la propuesta realizada por la Administración, pero que se acepta teniendo en cuenta el marco que imprime al momento de la negociación la emergencia sanitaria y la depreciación del poder adquisitivo de los salarios producto de la inflación generada por los formadores de precios”, afirmaron.

A modo de «paliativo mínimo» se acordó el pago de un bono de $4.000 para quienes perciben menos de $60.000 de sueldo bruto.

Respecto a la negociación salarial para el periodo paritario 2021-2022, el gremio informó que “la Administración ofreció el mismo porcentaje que para los trabajadores del sector público (35% en 6 cuotas y cláusula de revisión para noviembre)”. Ante dicho ofrecimiento, las partes establecieron un cuarto intermedio hasta el 9 de junio para analizar la oferta.

Por otra parte, buscaron empezar a definir el método que defina el procedimiento para el pase a planta permanente de quienes hoy están en planta transitoria.

Asimismo, la organización sindical logró incorporar en la negociación “una serie de propuestas y reclamos”, entre los cuales mencionó: actualización y ampliación de licencias, regularización de los encargados de áreas, recategorizaciones, revisión de porcentaje de zona.

Las partes también se comprometieron a “avanzar en el reconocimiento y compensación al importante e imprescindible aporte que vienen efectuando cada una y uno de nuestras compañeras y nuestros compañeros desde sus puestos de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria”.

Además, Fepevina anunció: “Acordamos la creación de la Comisión de Igualdad de Género y Oportunidades y la reglamentación de la misma en un plazo máximo de 90 días”.

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Estatales y gremios del transporte unificarán los paros del 29 y 30 del octubre

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, se reunió con la Mesa Nacional del Transporte de cara a la huelga de 36 horas en la administración pública que comenzará el martes 29 de octubre y que coincidirá con el paro de transporte del miércoles 30 del corriente mes.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Camioneros, y contó con la presencia, los secretarios general y adjunto del gremio anfitrión, Hugo y Pablo Moyano, así como los titulares de La Fraternidad, Omar Maturano, de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, de APLA, Pablo Biró, y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo.

Aguiar remarcó durante el encuentro que los trabajadores del sector “no damos más” y subrayó que, “en menos de un año han destrozado la vida de los trabajadores, jubilados y de todas nuestras familias”, señaló.

simismo, el rionegrino manifestó que el movimiento obrero necesita “comenzar a moldear un frente de resistencia sindical que nos permita ponerle un freno a las políticas de entrega del gobierno”, expresó.

El dirigente estatal afirmó que, “el paro de 36 horas de los estatales y el de transporte van a golpear fuerte al Presidente y a sus mandantes” y apuntó al Presidente, Javier Milei, “es un instrumento del poder económico concentrado y lo están utilizando para quedarse con todas las riquezas del país”, disparó el dirigente.

Aguiar se refirió al accionar del movimiento obrero en su relación con el gobierno nacional y reconoció que, “somos respetuosos del accionar de todos los sindicatos, pero con Pablo Moyano coincidimos que son tiempos de confrontar”, y enfatizó que “sólo con la unidad de los que luchan volveremos a construir esperanza y dejaremos atrás este tiempo oscuro que nos plantea por estas horas la democracia”, advirtió.

El gremio estatal comenzará el miércoles una nueva Jornada de Lucha, con el paro de 36 horas que comenzará con una movilización a las 12 del mediodía al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

El Sindicato de Camioneros acompañará el reclamo de ATE, que además confluye con el paro nacional de transporte convocado para el 30 de octubre. En esa línea, los dirigentes presentes coincidieron en la necesidad de “unificar todas las luchas”, contra el gobierno nacional.

Fuente: Mundo Gremial

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Trabajadores de AFIP y Aduana confirmaron tres días de paro con “apagones informáticos”

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Unificado de los Trabajadores de Aduanas y Puertos (SUPARA) convocaron a un paro de actividades los días 23, 24 y 25 de octubre, que incluirá asambleas y un apagón informático en todas las seccionales del país, en respuesta a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno sobre la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero  (ARCA) con “una estructura simplificada”.

El comunicado, emitido esta martes, resalta la masiva participación de los trabajadores en las asambleas realizadas en la sede central de la AFIP y de Aduana. Durante estos encuentros, los secretarios generales Carlos Sueiro de SUPARA y Pablo Flores de AEFIP expresaron su rechazo a las medidas del Ejecutivo, considerándolas ilegales e inconstitucionales debido al perjuicio que ocasionan tanto al organismo como a los empleados.

«Convocadas las asambleas en todas las seccionales del país, los trabajadores en su conjunto expresaron tanto su preocupación como el repudio a los anuncios del gobierno nacional», informaron los gremios AEFIP y SUPARA. En ese sentido, destacaron la masividad de los encuentros en la sede central de la Aduana y en la sede central de la AFIP.

Horas antes habían declarado el estado de alerta por el anuncio de que 3.100 trabajadores incorporados, según el Gobierno, durante la última gestión, serán despedidos. El Gobierno, a través de Adorni, había anunciado que por una «reestructuración» en su organigrama, que afectará al 31% de la planta de trabajadores y al 45% de los directores tanto del área de impuestos (DGI) como de aduanas (DGA).

Fuente: Data Gremial

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Personal legislativo en alerta por nuevos despidos en el Senado

La Asociación del Personal Legislativo (APL), repudió los decretos DP 44/2024 y 45/2024, firmados por la Presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, que significaron el cese laboral de 58 empleados transitorios de las comisiones bicamerales de la cámara alta el Congreso.

El pasado viernes, la Vicepresidenta de la Nación dictó el decreto 44/2024 que echó a 38 trabajadores transitorios, y este lunes se conoció un nuevo decreto (45/2024) que cesó a 20 empleados más que se desempeñaban en las comisiones bicamerales.

La organización gremial que conduce Norberto Di Próspero declaró el estado de alerta y movilización en el Senado y remarcó que los decretos “atacan las fuentes de trabajo y violan abiertamente nuestro Estatuto y Escalafón, ley 24.600”, indicó el sindicato.

Asimismo, la APL, denunció que desde la asunción de la gestión de Villarruel, “dejó en claro en distintas reuniones que tuvimos que se iba a respetar a la gente que trabaja”, pero que, “evidentemente no cumplió su palabra, inventando dictámenes jurídicos maliciosos cuyo único objetivo es atacar las fuentes de trabajo de las empleadas y empleados del Senado de la Nación”, apuntó el gremio.

En esa línea, la entidad sindical manifestó que, desde el 10 de diciembre, “se visualizan decretos, dictámenes y resoluciones administrativas que violan abiertamente la ley 24.600, contradiciéndose con los dictámenes jurídicos que utilizan para dejar a trabajadoras y trabajadores cesantes”, manifestó la APL.

Finalmente, la organización advirtió que “no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, arbitrariedades, persecuciones totalmente fuera de todo análisis objetivo, que demuestran un gran desconocimiento de gestión y desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores del Senado”, concluyó el gremio.

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