Convencida de que el Gobierno avanzará con cambios estructurales en la legislación laboral, la CGT decidió pasar de la resistencia pura a una estrategia de incidencia política: elabora una propuesta alternativa para negociar en el Congreso y preservar los pilares del modelo sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) asumió que el debate por la reforma laboral ya no es una hipótesis, sino un escenario inminente. Con esa lectura, la central obrera resolvió redefinir su estrategia y comenzó a trabajar en una propuesta alternativa que le permita incidir en el texto final que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso, con el objetivo de limitar el alcance de los cambios y preservar los ejes centrales del actual modelo sindical.

La decisión fue adoptada en el seno de la mesa chica cegetista, junto al nuevo triunvirato de conducción y dirigentes históricos del espacio, tras analizar el nuevo equilibrio político que dejó la aprobación del Presupuesto 2026. En la CGT interpretan que el Gobierno logró consolidar poder parlamentario y capacidad de articulación con gobernadores y bloques legislativos, una dinámica que ahora intentará replicar para avanzar con reformas estructurales en el régimen laboral.

Frente a ese panorama, la central obrera optó por una estrategia de doble carril. En el plano público, mantendrá un discurso de rechazo firme a la iniciativa libertaria, con el objetivo de marcar límites claros y sostener la cohesión interna. En paralelo, desplegará negociaciones políticas discretas con mandatarios provinciales y legisladores nacionales, buscando preservar los pilares considerados irrenunciables del sistema sindical antes de que el debate llegue formalmente al recinto.

El armado técnico de la propuesta quedó en manos de un grupo reducido de dirigentes y asesores con experiencia parlamentaria y trayectoria en negociaciones laborales. Ese equipo ya comenzó a analizar los artículos más sensibles del proyecto oficial, con la intención de redactar alternativas que atenúen su impacto y puedan resultar viables para los sectores del Gobierno abiertos al diálogo.

No obstante, el diseño de esta hoja de ruta expuso tensiones internas. Dentro de la CGT conviven posturas más confrontativas, que rechazan cualquier tipo de negociación, con otras más pragmáticas, que admiten la posibilidad de introducir modificaciones parciales en la legislación laboral. Esa diferencia atraviesa a la conducción cegetista y se profundizó luego de que el oficialismo demostrara su capacidad para sumar apoyos clave, especialmente en el Senado.

En ese contexto, la central obrera impulsa una estrategia de negociación segmentada, con gestiones caso por caso ante gobernadores y bloques legislativos. El objetivo es bloquear los artículos considerados innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad de los acuerdos laborales y los mecanismos de financiamiento sindical, que constituyen la columna vertebral del modelo gremial argentino.

Al mismo tiempo, en la CGT admiten que existe margen para discutir otros aspectos vinculados al derecho individual del trabajo, como el régimen de vacaciones o el esquema de indemnizaciones. Esa apertura no implica un aval a la reforma oficial, sino una lógica que en la central definen como de “reducción de daños”, orientada a evitar un avance integral sobre la estructura sindical.

La CGT eligió anticiparse al debate y pasar a la ofensiva política. Con una contrarreforma en elaboración, el sindicalismo busca dejar de ser un actor meramente reactivo y convertirse en un jugador con capacidad de negociación real frente al Gobierno. En una situación adversa y con un oficialismo fortalecido, la disputa por la legislación laboral se perfila como uno de los ejes centrales del año parlamentario, con final abierto y alto impacto político y social.

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo régimen de subsidios energéticos que elimina la segmentación por niveles de ingresos y focaliza la asistencia estatal en un único grupo de beneficiarios. El cambio impacta de lleno en los hogares de ingresos medios y altos y acelera el traslado de los costos reales de la energía a las tarifas.

El Gobierno nacional puso en marcha un cambio estructural en la política de subsidios energéticos. A partir de enero de 2026, comenzó a regir el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza definitivamente al sistema de segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) vigente desde 2022 y cierra el período de transición iniciado en 2024.

El nuevo régimen unifica la asistencia estatal para los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de diez kilos. El objetivo central es avanzar en la reducción del gasto público y trasladar de manera progresiva a los usuarios el costo real de la energía, una política que en 2023 representó el 1,42% del Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios y que fue señalada de manera reiterada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un punto crítico de las cuentas fiscales.

La principal novedad del esquema es la eliminación de la segmentación por niveles. En su lugar, se establece una única categoría de beneficiarios, determinada exclusivamente por el nivel de ingresos del grupo familiar. Para acceder al subsidio, los hogares deberán contar con ingresos netos declarados o registrados iguales o inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, según la metodología del Indec.

Con el último valor de la CBT correspondiente a noviembre de 2025, el umbral quedó fijado en $ 3.771.987. Las familias que superen ese ingreso perderán todo tipo de apoyo estatal y comenzarán a pagar la tarifa plena de energía.

No obstante, el régimen mantiene algunas excepciones. Continuarán recibiendo subsidios los hogares que cuenten con integrantes poseedores del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o beneficiarios de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. En el caso de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía realizará evaluaciones específicas para determinar la necesidad de asistencia económica.

El nuevo esquema fue formalizado mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, que designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y faculta al organismo a dictar normas complementarias. A su vez, instruye al ENRE y al ENARGAS a adaptar los cuadros tarifarios a los nuevos criterios.

Cómo funcionará el sistema

Para la administración del régimen, se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se conformará a partir de la base de datos del actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios ya inscriptos no deberán volver a registrarse, aunque podrán actualizar datos de ingresos, composición del hogar o suministro energético a través de la plataforma Mi Argentina o de forma presencial en oficinas de ANSES.

En caso de exclusiones consideradas erróneas, se habilitará un mecanismo de revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La Secretaría de Energía podrá, además, utilizar indicadores patrimoniales para rechazar solicitudes cuando se detecte capacidad de pago superior a los límites establecidos.

El régimen fija bloques de consumo base subsidiables. En electricidad, el tope será de 300 kWh mensuales durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Para el gas natural y el propano por redes, se mantienen los volúmenes estacionales actuales según región y subzona tarifaria. Todo consumo que supere esos límites se facturará a precio pleno.

En términos de bonificaciones, los hogares incluidos en el SEF recibirán un descuento general del 50% en electricidad durante todo el año sobre el bloque base. Para el gas, la bonificación del 50% solo se aplicará entre abril y septiembre, mientras que el resto del año no habrá subsidio.

De manera transitoria, durante 2026 se sumará una bonificación extraordinaria decreciente de hasta el 25%, que comenzará en enero y se reducirá mes a mes hasta desaparecer en diciembre. En el caso del gas natural, los descuentos se aplicarán sobre un Precio Anual Uniforme (PAU) para evitar fuertes saltos estacionales.

El decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y establece un plazo de seis meses para migrar a los beneficiarios del Programa HOGAR al nuevo régimen. Las Entidades de Bien Público y Clubes de Barrio conservarán bonificaciones plenas sin topes de consumo.

El nuevo régimen de subsidios marca un punto de inflexión en la política energética argentina. Con un esquema más restrictivo y focalizado, el Estado reduce su nivel de asistencia y acelera el traslado de costos a los usuarios, especialmente a los sectores medios. A partir de 2026, el acceso a la energía subsidiada dejará de ser un derecho amplio para convertirse en un beneficio selectivo, con impacto directo en las tarifas, el consumo y el presupuesto de los hogares.

En su mensaje de fin de año, la Confederación General del Trabajo convocó a las y los trabajadores a fortalecer la unidad y la organización frente a un escenario que considera crítico. La central obrera advirtió que en 2026 estarán en juego derechos históricos, el empleo y el futuro de millones de familias.

En el cierre de un año marcado por la tensión social y la incertidumbre económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje de fuerte contenido político y sindical, orientado a preparar al movimiento obrero para un 2026 que anticipa como decisivo.

A través de un posteo en la red social X y un video institucional, la central llamó a las y los trabajadores a asumir el nuevo año con mayor compromiso, organización y unidad.

“El 2026 no es un año más”, advierte el mensaje, que plantea la necesidad de defender derechos laborales conquistados tras décadas de lucha colectiva. Para la CGT, lo que está en discusión trasciende lo estrictamente salarial o sectorial y alcanza dimensiones sociales más profundas: “Lo que está en juego son familias, trabajo y futuro”.

La central obrera pone el foco en el valor concreto de los derechos laborales, a los que define no como cifras o estadísticas, sino como realidades que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas. Desde esa perspectiva, el mensaje subraya que cada avance o retroceso en materia laboral impacta directamente en las condiciones de vida, la estabilidad y las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la sociedad.

El planteo se inscribe en un contexto que la CGT caracteriza como adverso, donde la incertidumbre económica y las políticas de ajuste obligan a una respuesta colectiva del movimiento obrero. “El año que comienza nos necesita más unidos”, señala la central, al remarcar que la organización sindical y la acción conjunta han sido, históricamente, las principales herramientas para la defensa y ampliación de derechos.

Sin aludir de manera directa a medidas específicas, el mensaje deja entrever una advertencia clara frente a posibles retrocesos en materia laboral. La apelación a la unidad no aparece sólo como una consigna, sino como una estrategia para afrontar un escenario que la CGT considera de riesgo para las conquistas históricas del mundo del trabajo.