Tras el acuerdo firmado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, San Juan y Mendoza avanzaron en una política coordinada de seguridad que ya permitió recuperar vehículos robados, desbaratar organizaciones criminales y reforzar controles preventivos en corredores estratégicos. El esquema apunta a consolidar un modelo regional basado en inteligencia criminal, interoperabilidad tecnológica y presencia conjunta de fuerzas policiales.

La coordinación entre ambas provincias en materia de seguridad comenzó a exhibir sus primeros resultados concretos luego del acuerdo impulsado por los gobernadores Orrego y Cornejo para fortalecer controles integrados y profundizar el intercambio de información entre ambas territorios.

A una semana de la firma del pacto que estableció un esquema unificado de trabajo en el puesto de control de San Carlos, las fuerzas de seguridad de ambos distritos ya desplegaron operativos conjuntos, investigaciones coordinadas y procedimientos preventivos sobre corredores considerados estratégicos para el tránsito interprovincial y la circulación de organizaciones delictivas.

El modelo de cooperación busca responder a una problemática creciente en la región cuyana: la movilidad del delito entre provincias, especialmente en casos vinculados al robo automotor, comercialización ilegal de autopartes, narcotráfico y traslado clandestino de vehículos adulterados.

En ese sentido, las autoridades provinciales comenzaron a consolidar una estructura de intervención conjunta apoyada en controles simultáneos, intercambio de bases de datos y articulación entre áreas investigativas especializadas.

Los operativos se concentraron principalmente sobre Ruta Nacional 40 y distintos accesos limítrofes entre San Juan y Mendoza. Participaron divisiones especializadas de ambas policías, efectivos de Policía Vial, áreas de Drogas Ilegales, el Registro Único Provincial de Verificación Automotor y Autopartes (RUPVAA) y personal de Gendarmería Nacional.

El despliegue incluyó controles vehiculares, verificaciones biométricas, chequeos documentales y monitoreo preventivo orientado a detectar maniobras asociadas a delitos complejos.

Uno de los puntos neurálgicos del nuevo esquema de seguridad fue el control policial instalado en San Carlos, donde las fuerzas policiales comenzaron a operar de manera coordinada con intercambio permanente de información y supervisión conjunta de vehículos y personas.

La coordinación ya permitió avanzar en investigaciones de relevancia vinculadas al robo automotor. Uno de los procedimientos más importantes derivó en la identificación de una camioneta Ford Ranger Raptor sustraída, cuya numeración de chasis había sido adulterada para encubrir su origen ilícito.

El trabajo técnico realizado por especialistas sanjuaninos permitió reconstruir la identificación original del vehículo y aportar pruebas claves para el avance de la causa judicial.
La cooperación entre ambas jurisdicciones también posibilitó desarticular una organización dedicada al robo de vehículos en Mendoza que luego eran comercializados en San Juan mediante maniobras de adulteración y documentación irregular.

La investigación concluyó con más de veinte allanamientos simultáneos, detenciones y secuestros de vehículos y autopartes presuntamente vinculadas a la banda criminal.

Otro de los procedimientos destacados permitió recuperar en territorio sanjuanino un Toyota Etios robado en Mendoza. La localización del automóvil fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre las áreas investigativas de ambas provincias.

Además, los controles preventivos desplegados sobre caminos alternativos y pasos secundarios permitieron detectar motocicletas y bicicletas robadas que eran trasladadas fuera de circuitos habituales para evitar controles policiales.

Detrás de estos resultados aparece uno de los ejes centrales del acuerdo político firmado entre Orrego y Cornejo: la interoperabilidad tecnológica y el trabajo regional coordinado frente a delitos que exceden las fronteras provinciales.

El nuevo esquema apunta a compartir información sensible sobre personas buscadas, vehículos con pedidos judiciales y movimientos sospechosos mediante sistemas integrados capaces de reducir tiempos de respuesta y optimizar recursos operativos.

La lógica de funcionamiento parte de un diagnóstico común entre ambas administraciones: las organizaciones criminales operan cada vez con mayor movilidad territorial y requieren respuestas coordinadas entre provincias para evitar vacíos operativos o superposición de competencias.

El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, formuló duras críticas a la orientación de la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos de consolidar un esquema centrado exclusivamente en la rentabilidad empresaria. Reclamó mayor participación sindical, fortalecimiento de proveedores locales y una estrategia de formación laboral para afrontar el crecimiento de la actividad.

La expansión minera que atraviesa la Argentina, con San Juan convertida en uno de los principales epicentros de inversión y exploración, abrió una discusión que excede ampliamente la producción de minerales y la llegada de capitales. La disputa ya no gira únicamente en torno a cifras, exportaciones o proyectos estratégicos: el debate se desplaza hacia la distribución de beneficios, el rol del Estado, las condiciones laborales y la participación efectiva de las comunidades en un proceso que promete transformar regiones enteras.

En ese clima de redefiniciones, Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, en diálogo con Mundo Laboral SJ, realizó uno de los pronunciamientos más duros surgidos desde el sindicalismo minero en los últimos meses. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y al perfil que, según sostiene, está adquiriendo la política minera argentina.

“El problema comienza cuando los trabajadores no son convocados a discutir el modelo”, señaló el dirigente, al explicar por qué considera que el esquema actual corre el riesgo de quedar subordinado exclusivamente a intereses económicos. Desde su mirada, la ausencia de representación sindical en los espacios de debate revela una concepción donde la minería es observada únicamente como un negocio y no como una actividad con impacto social, laboral y territorial.

La definición no fue casual. Mena apeló a una comparación histórica extrema —al mencionar el “Congo belga de Leopoldo II”— para advertir sobre los riesgos de un extractivismo desprovisto de controles y sin articulación con las necesidades locales. Aunque la referencia buscó generar impacto, el dirigente la utilizó para subrayar una preocupación concreta: la posibilidad de consolidar un modelo donde la rentabilidad quede concentrada y las consecuencias recaigan sobre las comunidades.

La Expo San Juan Minera 2026, considerada una de las principales vitrinas del sector en América Latina, también formó parte de su análisis. Si bien reconoció la magnitud del evento y el potencial económico que exhibe la actividad, sostuvo que existen aspectos que no pueden ser ignorados. Entre ellos, mencionó la escasa presencia de pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales —afirmó— quedan excluidas por barreras económicas y decisiones políticas.

“Una minería sólida no puede construirse dejando afuera a las economías regionales”, planteó. Para el sindicalista, el crecimiento del sector debería funcionar como motor de desarrollo integral, impulsando proveedores, industria nacional y cadenas de valor vinculadas a cada proyecto.

El reclamo no se limita al plano económico. Mena insistió en que la actividad necesita fortalecer su legitimidad social y evitar errores históricos que terminaron erosionando la confianza pública. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una “minería colectiva”, donde el crecimiento productivo vaya acompañado por controles efectivos, participación comunitaria y respeto irrestricto por las condiciones laborales y ambientales.

“Hay cuestiones que no pueden presentarse como concesiones extraordinarias”, afirmó al referirse a prácticas que algunas compañías exhiben como logros empresariales. El pago de salarios en blanco, el cumplimiento de normas de seguridad o la protección ambiental —subrayó— no constituyen beneficios opcionales, sino obligaciones elementales de cualquier actividad formal.

El dirigente también rechazó de manera enfática cualquier intento de revisar derechos adquiridos bajo el argumento de mejorar la competitividad. “No vamos a renegociar conquistas históricas”, sostuvo, al remarcar que el sindicalismo minero no solo busca preservar condiciones existentes, sino también ampliar derechos vinculados al conjunto de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de su planteo estuvo relacionado con la formación laboral. Frente a la posibilidad de una expansión acelerada de proyectos vinculados al cobre y al litio, Mena advirtió que el país aún no cuenta con la estructura suficiente para abastecer la futura demanda de trabajadores calificados.

Según explicó, la preparación debe comenzar antes de que los emprendimientos entren en etapas de mayor producción. “No se puede esperar al momento de necesitar miles de operarios para salir a buscarlos de urgencia”, señaló. A su entender, improvisar en ese punto no solo deteriora la calidad del empleo, sino que incrementa los riesgos operativos y expone a los trabajadores a situaciones para las que no fueron preparados adecuadamente.

Por ese motivo, reclamó una articulación más profunda entre Estado, universidades, sindicatos y empresas para desarrollar programas de capacitación sostenidos en el tiempo. La formación técnica, insistió, debe convertirse en una política estratégica y no en una respuesta tardía frente a la demanda de mano de obra.

La reflexión final del dirigente se vinculó con el clima social y sindical que atraviesa el país. Al referirse a las recientes movilizaciones gremiales y universitarias, llamó a fortalecer la unidad entre organizaciones y sectores laborales. “Hoy atacan a un sector; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

La frase sintetiza una visión más amplia sobre el momento político y económico actual: la convicción de que el debate sobre minería no puede separarse de una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo, el papel del trabajo y el alcance de los derechos sociales en la Argentina que viene.

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades económicas inéditas, pero también obliga a discutir con profundidad qué tipo de desarrollo pretende construirse alrededor de esa expansión. La magnitud de las inversiones y el potencial exportador conviven con interrogantes decisivos sobre empleo, participación social, control estatal y distribución de beneficios.

Las críticas formuladas por ASIJEMIN exponen una preocupación que comienza a ganar espacio dentro del propio sector: evitar que el avance productivo quede reducido a indicadores financieros mientras se debilitan las instancias de representación y planificación colectiva. En esa disputa se juega algo más que el futuro de la minería. También se define qué lugar ocuparán los trabajadores, las comunidades y las economías regionales en uno de los procesos productivos más trascendentes de las próximas décadas.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de los planteos impulsados desde La Rioja y aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro de territorio sanjuanino. El funcionario rechazó la posibilidad de una explotación compartida, defendió la legalidad ambiental del emprendimiento y acusó al gobierno riojano de instalar una controversia sin sustento jurídico.

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Lunahuasi volvió a escalar con fuerza y sumó un nuevo episodio de confrontación política, institucional y territorial. Luego de que desde el gobierno riojano insistieran con avanzar judicialmente para frenar actividades vinculadas al emprendimiento y propusieran un esquema de administración compartida en zonas limítrofes, la respuesta sanjuanina no tardó en llegar.

Perea, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por su par riojano, Ernesto Pérez, y defendió la jurisdicción plena de la provincia sobre el yacimiento. El funcionario sostuvo que Lunahuasi se encuentra completamente dentro del territorio sanjuanino y afirmó que la discusión planteada desde La Rioja carece de sustento legal.

“El Gobierno de La Rioja está generando un conflicto inexistente desde el punto de vista jurídico. San Juan defiende su territorio con la ley”, expresó el ministro, al fijar posición frente a una controversia que volvió a tensar la relación entre ambas administraciones provinciales.

La discusión no es nueva. Desde hace años persisten diferencias históricas alrededor de límites y áreas de influencia en sectores cordilleranos donde existen importantes expectativas mineras. Sin embargo, el crecimiento de proyectos estratégicos y el creciente interés inversor sobre la región elevaron considerablemente la sensibilidad política alrededor de esos territorios.

En esta oportunidad, el detonante fue la propuesta formulada por Ernesto Pérez para conformar una especie de área común de servicios y explotación minera entre San Juan y La Rioja, tomando como referencia experiencias compartidas entre otras provincias del norte argentino en desarrollos vinculados al litio.

Perea desestimó completamente esa alternativa y sostuvo que el caso de Lunahuasi no puede compararse con emprendimientos donde los recursos efectivamente atraviesan distintas jurisdicciones provinciales. Según explicó, no existe ningún elemento técnico, geológico ni legal que justifique un esquema conjunto de administración.

“No existe ninguna norma que obligue a compartir la administración de recursos que pertenecen exclusivamente a una provincia”, afirmó el ministro sanjuanino.

El funcionario apoyó su postura en la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino, normativa que —según indicó— delimita claramente la pertenencia territorial del área donde se desarrolla el proyecto.

Además de rechazar los planteos territoriales, Perea también respondió a las objeciones ambientales deslizadas desde La Rioja. Particularmente cuestionó las declaraciones que vinculaban el proyecto Lunahuasi con el glaciar El Potro, uno de los puntos utilizados por sectores riojanos para justificar futuras presentaciones judiciales.

El ministro aseguró que no existe conexión física ni ambiental entre el emprendimiento y esa área glaciar, debido a que ambos sectores se encuentran separados por una cadena montañosa perfectamente identificada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional.

La aclaración buscó desactivar uno de los argumentos que comenzaban a ganar espacio dentro de la ofensiva política riojana: la posibilidad de impulsar acciones legales vinculadas a presuntas irregularidades ambientales o inconsistencias en informes técnicos relacionados con tareas de exploración minera.

Perea también remarcó que Lunahuasi cuenta actualmente con todas las autorizaciones necesarias para avanzar en etapa exploratoria y sostuvo que la única autoridad competente para emitir permisos sobre esa zona es el Gobierno de San Juan.

El endurecimiento del discurso provincial aparece estrechamente ligado al momento que atraviesa la minería sanjuanina. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de atracción de inversiones mineras del país, especialmente en cobre y oro, y busca fortalecer su posicionamiento dentro del mapa extractivo sudamericano.

En ese proceso, el Distrito Vicuña —donde se encuentran proyectos de enorme relevancia geológica y económica— pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para empresas internacionales como para la planificación económica provincial.

Por eso, detrás de la controversia territorial también se mueve una discusión mucho más amplia vinculada a regalías, control de recursos naturales, infraestructura y capacidad de negociación frente a futuros desarrollos multimillonarios.

La reacción de San Juan dejó en evidencia que la provincia no está dispuesta a abrir ninguna instancia de discusión sobre jurisdicción minera ni sobre eventuales esquemas compartidos de administración territorial. La postura oficial apunta a blindar jurídica y políticamente los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina, en un momento donde la minería se convirtió en uno de los principales motores económicos de la provincia.

“San Juan está construyendo el polo minero más importante del país”, aseguró Perea al cerrar su respuesta pública, en una definición que no sólo buscó defender el proyecto Lunahuasi, sino también reafirmar el liderazgo provincial dentro de una actividad que concentra expectativas económicas, disputas políticas y crecientes intereses estratégicos en toda la región andina.