Tras asumir la secretaría general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Juan, Mario García delineó los ejes de su gestión: renovación generacional, defensa de los derechos laborales y recuperación del vínculo con los afiliados en un actual momento económico que, según advierte, plantea fuertes desafíos para el movimiento obrero.

García destacó que su llegada a la conducción del gremio responde a una demanda interna de renovación dentro de la estructura sindical. “Hemos logrado un cambio generacional en el sindicato, que era algo que los compañeros venían planteando desde hace tiempo”, explicó. El dirigente subrayó que la nueva etapa se sustenta en el respaldo de las comisiones internas y de los trabajadores químicos de la provincia, quienes acompañaron la conformación de la actual comisión directiva.

El dirigente también situó el nuevo mandato en un marco general, marcado por la preocupación del movimiento obrero frente a eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Desde su perspectiva, el momento exige cohesión entre los trabajadores y una defensa activa de las conquistas históricas del sector.

“Los trabajadores debemos estar más unidos que nunca. Hay derechos que costaron años de lucha, con movilizaciones, sacrificios y hasta vidas de compañeros que defendieron la dignidad del trabajo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que las organizaciones sindicales cumplen un rol central para resguardar las condiciones laborales y evitar retrocesos en materia de garantías sociales.

Para el representante de los trabajadores químicos, el empleo no solo constituye un medio de subsistencia, sino también un factor clave de dignidad personal y familiar. Bajo esa premisa, el sindicato buscará consolidar su presencia dentro del movimiento obrero provincial y fortalecer su rol de representación frente a los desafíos que enfrenta el sector productivo.

Entre los objetivos inmediatos de la nueva conducción aparece la recuperación y ampliación de la base de afiliados. Según explicó el secretario general, el gremio trabaja en identificar empresas cuya actividad corresponde al ámbito químico pero que actualmente no se encuentran encuadradas dentro del sindicato.

“Estamos trabajando firmemente en la recuperación de afiliados, tanto en las empresas donde ya tenemos presencia como en aquellas que, por su actividad, deberían estar encuadradas dentro del sector químico”, señaló.

En ese proceso, el dirigente enfatizó la necesidad de recomponer la confianza de los trabajadores en las instituciones sindicales. A su entender, la organización gremial sigue siendo una herramienta fundamental para la defensa colectiva de los derechos laborales.

“Para un trabajador no hay nada mejor que una institución sindical. Sin sindicato no hay derechos ni respaldo”, afirmó. No obstante, también reconoció que la legitimidad de las conducciones se construye en el ejercicio cotidiano de la representación. “Si los dirigentes no hacen bien las cosas, los afiliados tienen la potestad de cambiar esa conducción mediante el voto”, agregó.

La nueva gestión también busca promover una mayor participación interna. García adelantó que la conducción impulsará un modelo de gremio abierto, con canales de diálogo permanentes entre la dirigencia y la base de trabajadores.

“Queremos un sindicato de puertas abiertas, donde todos los afiliados y la familia química puedan participar, opinar y construir en conjunto el rumbo de la organización”, expresó.

Con la asunción de Mario García, el sindicato químico de San Juan inicia un ciclo que combina renovación dirigencial y reafirmación del rol histórico del movimiento obrero. En un clima económico y laboral marcado por la incertidumbre, la nueva conducción plantea como ejes centrales la unidad de los trabajadores, la defensa de las conquistas laborales y la reconstrucción del vínculo con los afiliados.

El desafío, coinciden desde el gremio, será traducir ese diagnóstico en una gestión capaz de fortalecer la organización sindical y consolidar su capacidad de representación en una etapa particularmente exigente para el mundo del trabajo.

La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar a la minera Vicuña la prioridad para gestionar gran parte de la capacidad disponible de una línea eléctrica de 500 kilovoltios encendió una disputa que ya trasciende el ámbito técnico y se proyecta hacia el terreno político, económico e institucional.

La resolución concede a la compañía —operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol— el control preferencial del transporte remanente de energía por un plazo de 25 años. El alcance de la medida despertó un inmediato rechazo en distintos sectores de la provincia, que advierten sobre la concentración de una infraestructura clave para el desarrollo minero y productivo.

Reacción institucional y advertencias desde los municipios

La primera señal de alarma llegó desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que convocó a una audiencia pública en territorio sanjuanino para analizar los alcances de la decisión nacional y recoger objeciones de los actores involucrados.

A esa postura se sumaron rápidamente autoridades municipales, en particular desde el departamento de Calingasta. Su intendente, Sebastián Carbajal, cuestionó con dureza la resolución al considerar que podría afectar tanto a los vecinos como a futuros proyectos productivos.

El jefe comunal recordó que desde diciembre los habitantes del departamento ya vienen registrando microcortes en el suministro eléctrico, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podría generar una administración concentrada del sistema.

“La situación es delicada porque no solo hablamos del servicio para los vecinos. También hay inversiones muy importantes en marcha que podrían verse condicionadas si el acceso a la línea queda prácticamente en manos de una sola empresa”, advirtió.

Según explicó, de consolidarse el esquema actual, cualquier emprendimiento que requiera capacidad de transporte eléctrico debería gestionar su acceso con la minera, lo que en la práctica implicaría depender de una autorización privada para utilizar una infraestructura considerada estratégica.

Recursos administrativos y posible judicialización

Ante este escenario, el municipio de Calingasta ya trabaja en la presentación de una medida cautelar y un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación de la resolución. Se prevé que la presentación formal se concrete entre el 6 y el 9 de marzo a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Una estrategia similar se analiza en el departamento de Iglesia, donde las autoridades evalúan realizar un planteo administrativo para solicitar mayor información sobre el alcance de la medida.

Desde el municipio de Jáchal también anticiparon que impulsarán una presentación formal en rechazo a que una empresa privada concentre casi la totalidad del uso de un tendido eléctrico de estas características. Aunque la línea de 500 kV que conecta San Juan con Rodeo no atraviesa directamente el departamento, en la comuna consideran que la decisión sienta un precedente potencialmente riesgoso para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

Inquietud en el sector empresarial y minero

La controversia también se trasladó al ámbito empresarial. Desde CASEMICA, que agrupa a proveedores vinculados a la actividad extractiva, confirmaron que se encuentran evaluando acciones para respaldar el planteo del EPRE y manifestar formalmente su rechazo a la resolución.

Dirigentes del sector cuestionaron el proceso mediante el cual se adoptó la decisión y remarcaron que la infraestructura eléctrica involucrada fue construida con aportes provinciales.

“Es una barbaridad lo que han hecho. No han consultado a nadie, y estamos hablando de una línea eléctrica financiada en gran parte con recursos de la provincia”, señaló un referente del sector.

La preocupación también se extiende a otras compañías mineras que operan o proyectan inversiones en San Juan. Iniciativas como El Pachón y Los Azules siguen con atención la evolución del conflicto, ante el temor de que la disponibilidad energética quede condicionada por un esquema de acceso restringido.

Una disputa que trasciende lo técnico

Más allá de la discusión puntual sobre la capacidad de transporte eléctrico, el conflicto expone un debate más amplio sobre la gestión de infraestructura estratégica en provincias con fuerte perfil minero. En territorios donde el crecimiento económico depende en gran medida de grandes inversiones extractivas, el acceso a la energía se convierte en un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos.

En ese sentido, la concentración de capacidad en manos de un único operador abre interrogantes sobre el equilibrio entre el desarrollo de un emprendimiento específico y la planificación energética a escala provincial.

Mientras avanzan las presentaciones administrativas y se preparan eventuales acciones judiciales, la resolución del ENRE ha logrado lo que pocas decisiones regulatorias consiguen: reunir en un mismo frente de cuestionamiento a municipios, proveedores y empresas del propio sector minero.

El desenlace del conflicto —que podría incluso involucrar a la Fiscalía de Estado de San Juan si la disputa se judicializa— no solo definirá quién controla la capacidad de una línea eléctrica estratégica. También pondrá a prueba el delicado equilibrio entre inversión privada, regulación estatal y desarrollo productivo en una de las provincias donde la minería se perfila como motor central de la economía.

Un informe de la Cámara Comerciantes Unidos de San Juan reveló que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 6,7% durante febrero. El retroceso alcanza a la mayoría de los rubros y confirma un escenario de consumo debilitado que se arrastra desde el año pasado, en un contexto económico que continúa tensionando la actividad comercial.

El dato no aparece aislado. En febrero del año pasado el sector ya había evidenciado una retracción del 3,1%, lo que revela un proceso de debilitamiento del consumo que se ha ido profundizando con el paso de los meses. Para los comerciantes, la persistencia de este escenario refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores, cada vez más cautelosos al momento de decidir una compra.

La contracción se distribuye de manera amplia dentro del entramado comercial. De los once rubros analizados, la mayoría registró números negativos, con especial impacto en los sectores vinculados a bienes durables, que suelen resentirse con mayor intensidad cuando el poder adquisitivo se deteriora.

El informe ubica entre los rubros más afectados a muebles y decoración, que registró una caída del 10,2%. Le siguen ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%), segmentos estrechamente asociados al consumo discrecional.

Sin embargo, el retroceso no se limita a ese universo. Incluso sectores ligados a compras cotidianas muestran un desempeño por debajo de lo esperado. Las ventas de electrodomésticos retrocedieron 7,6%, mientras que alimentos y bebidas registraron una baja del 7,2%. También se observaron descensos en juguetería y librerías (-5,6%) y farmacia (-3,1%).

En ese panorama, el único rubro que logró escapar a la tendencia negativa fue el de neumáticos y repuestos, con un crecimiento del 4,5%, un comportamiento que algunos comerciantes vinculan con la necesidad de mantenimiento del parque automotor ante la dificultad de acceder a vehículos nuevos.

Según el relevamiento, el 60% de las operaciones se realizaron al contado, mientras que el 40% restante se concretó mediante tarjeta de crédito, una proporción que muestra un consumo moderado y decisiones de compra más cuidadosas por parte de los clientes.

Más allá de los porcentajes, los comerciantes advierten que la caída del consumo se percibe con claridad en la dinámica diaria de los locales: menor circulación de clientes, compras más espaciadas y decisiones cada vez más selectivas.

La evolución reciente del sector confirma esta fragilidad. Informes previos del comercio local ya habían advertido una desaceleración en la actividad y una reducción de la cantidad de unidades vendidas en distintos momentos del año, reflejando un mercado interno aún condicionado por el poder adquisitivo de los hogares.

La caída registrada en febrero vuelve a poner en evidencia la fragilidad que atraviesa el comercio minorista sanjuanino. Para las PyMES del sector, el problema excede la fotografía de un mes puntual y remite a una dinámica más profunda: un consumo debilitado que restringe la actividad y obliga a replantear estrategias de supervivencia comercial.

En este sentido, el desempeño del mercado interno aparece como la variable central para la recuperación. Mientras el poder adquisitivo continúe bajo presión y las decisiones de compra sigan atravesadas por la cautela, el comercio local seguirá moviéndose en un terreno de incertidumbre. Para muchos pequeños comerciantes, sostener las persianas abiertas ya se ha convertido en el principal desafío de las concicións económicas.