El titular del gremio docente universitario ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el sector atraviesa una situación crítica por la fuerte pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuesta del Gobierno nacional. Tras un paro de 48 horas con alto acatamiento, los docentes profundizarán las medidas de fuerza con huelgas semanales que podrían extenderse durante los próximos días.

Así lo expresó Barcelona, quien señaló que la protesta refleja el profundo malestar que atraviesa el sector frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Según explicó, tanto el paro reciente como el realizado la semana anterior —que incluyó a docentes y no docentes— tuvieron un alto nivel de acatamiento en todo el país, incluso en un momento particularmente sensible del calendario académico: las mesas de exámenes de febrero.

“Estamos viendo un porcentaje muy alto de adhesión porque la situación salarial es muy grave”, afirmó Barcelona. En ese sentido, subrayó que las medidas de fuerza debieron convocarse incluso durante períodos de evaluación, algo que, según indicó, no ocurría desde hace muchos años en las universidades públicas.

Reclamo por la recomposición salarial

El eje central del conflicto es la recomposición salarial de los docentes universitarios, quienes sostienen que el deterioro del poder adquisitivo supera ampliamente el 100%.

De acuerdo con lo planteado por los gremios, la propuesta oficial de aumento salarial resulta insuficiente frente al atraso acumulado.

“En lugar de una recomposición que compense la pérdida que estamos teniendo, se plantea un incremento del 12,3% en tres cuotas del 4,1%”, explicó Barcelona.

Desde el sector docente consideran que ese esquema consolida el ajuste sobre los trabajadores universitarios y profundiza el deterioro de las condiciones laborales.

Plan de lucha escalonado

Ante la falta de avances en la negociación, los gremios analizan un esquema de paros progresivos que podría extenderse durante varios meses.

La primera medida sería un paro nacional de una semana a partir del 16 de marzo,
pero el conflicto no terminaría allí. Según adelantó el refente de ADICUS, el cronograma de protestas podría incluir:

nuevas semanas de paro durante marzo,
dos paros semanales confirmados para mayo,
y la posibilidad de tres semanas de medidas de fuerza en junio.

La estrategia apunta a intensificar gradualmente la presión sobre el Gobierno nacional con el objetivo de abrir una negociación que contemple la recomposición salarial reclamada por el sector.

Debate por el financiamiento universitario

El conflicto también se vincula con la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario. Los gremios sostienen que el Ejecutivo busca modificar la legislación vigente en el Congreso, lo que, según denuncian, implicaría consolidar el ajuste presupuestario sobre las universidades.

Barcelona señaló que el gobierno pretende reformar el esquema aprobado anteriormente y avanzar con una nueva normativa que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo: el atraso salarial de los trabajadores universitarios.

¿Puede haber una huelga por tiempo indeterminado?

En este escenario de creciente disputa, desde el gremio no descartan que el conflicto escale aún más.

Barcelona advirtió que, si la situación no cambia y el Gobierno nacional mantiene su postura, podría evaluarse la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado.

“El nivel de apoyo que está teniendo el paro de una semana muestra el grado de enojo y preocupación que existe entre los docentes”, afirmó.

Un conflicto que vuelve a poner en tensión al sistema universitario

La profundización del plan de lucha abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público.

Mientras los gremios denuncian un deterioro salarial histórico y reclaman la aplicación efectiva de políticas de financiamiento, desde el Estado se impulsa una revisión del esquema vigente.

En medio de este escenario, las universidades se preparan para semanas de alta conflictividad gremial, con impacto directo en el desarrollo del calendario académico y en la actividad educativa de miles de estudiantes en todo el país.

Tras asumir la secretaría general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Juan, Mario García delineó los ejes de su gestión: renovación generacional, defensa de los derechos laborales y recuperación del vínculo con los afiliados en un actual momento económico que, según advierte, plantea fuertes desafíos para el movimiento obrero.

García destacó que su llegada a la conducción del gremio responde a una demanda interna de renovación dentro de la estructura sindical. “Hemos logrado un cambio generacional en el sindicato, que era algo que los compañeros venían planteando desde hace tiempo”, explicó. El dirigente subrayó que la nueva etapa se sustenta en el respaldo de las comisiones internas y de los trabajadores químicos de la provincia, quienes acompañaron la conformación de la actual comisión directiva.

El dirigente también situó el nuevo mandato en un marco general, marcado por la preocupación del movimiento obrero frente a eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Desde su perspectiva, el momento exige cohesión entre los trabajadores y una defensa activa de las conquistas históricas del sector.

“Los trabajadores debemos estar más unidos que nunca. Hay derechos que costaron años de lucha, con movilizaciones, sacrificios y hasta vidas de compañeros que defendieron la dignidad del trabajo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que las organizaciones sindicales cumplen un rol central para resguardar las condiciones laborales y evitar retrocesos en materia de garantías sociales.

Para el representante de los trabajadores químicos, el empleo no solo constituye un medio de subsistencia, sino también un factor clave de dignidad personal y familiar. Bajo esa premisa, el sindicato buscará consolidar su presencia dentro del movimiento obrero provincial y fortalecer su rol de representación frente a los desafíos que enfrenta el sector productivo.

Entre los objetivos inmediatos de la nueva conducción aparece la recuperación y ampliación de la base de afiliados. Según explicó el secretario general, el gremio trabaja en identificar empresas cuya actividad corresponde al ámbito químico pero que actualmente no se encuentran encuadradas dentro del sindicato.

“Estamos trabajando firmemente en la recuperación de afiliados, tanto en las empresas donde ya tenemos presencia como en aquellas que, por su actividad, deberían estar encuadradas dentro del sector químico”, señaló.

En ese proceso, el dirigente enfatizó la necesidad de recomponer la confianza de los trabajadores en las instituciones sindicales. A su entender, la organización gremial sigue siendo una herramienta fundamental para la defensa colectiva de los derechos laborales.

“Para un trabajador no hay nada mejor que una institución sindical. Sin sindicato no hay derechos ni respaldo”, afirmó. No obstante, también reconoció que la legitimidad de las conducciones se construye en el ejercicio cotidiano de la representación. “Si los dirigentes no hacen bien las cosas, los afiliados tienen la potestad de cambiar esa conducción mediante el voto”, agregó.

La nueva gestión también busca promover una mayor participación interna. García adelantó que la conducción impulsará un modelo de gremio abierto, con canales de diálogo permanentes entre la dirigencia y la base de trabajadores.

“Queremos un sindicato de puertas abiertas, donde todos los afiliados y la familia química puedan participar, opinar y construir en conjunto el rumbo de la organización”, expresó.

Con la asunción de Mario García, el sindicato químico de San Juan inicia un ciclo que combina renovación dirigencial y reafirmación del rol histórico del movimiento obrero. En un clima económico y laboral marcado por la incertidumbre, la nueva conducción plantea como ejes centrales la unidad de los trabajadores, la defensa de las conquistas laborales y la reconstrucción del vínculo con los afiliados.

El desafío, coinciden desde el gremio, será traducir ese diagnóstico en una gestión capaz de fortalecer la organización sindical y consolidar su capacidad de representación en una etapa particularmente exigente para el mundo del trabajo.

La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar a la minera Vicuña la prioridad para gestionar gran parte de la capacidad disponible de una línea eléctrica de 500 kilovoltios encendió una disputa que ya trasciende el ámbito técnico y se proyecta hacia el terreno político, económico e institucional.

La resolución concede a la compañía —operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol— el control preferencial del transporte remanente de energía por un plazo de 25 años. El alcance de la medida despertó un inmediato rechazo en distintos sectores de la provincia, que advierten sobre la concentración de una infraestructura clave para el desarrollo minero y productivo.

Reacción institucional y advertencias desde los municipios

La primera señal de alarma llegó desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que convocó a una audiencia pública en territorio sanjuanino para analizar los alcances de la decisión nacional y recoger objeciones de los actores involucrados.

A esa postura se sumaron rápidamente autoridades municipales, en particular desde el departamento de Calingasta. Su intendente, Sebastián Carbajal, cuestionó con dureza la resolución al considerar que podría afectar tanto a los vecinos como a futuros proyectos productivos.

El jefe comunal recordó que desde diciembre los habitantes del departamento ya vienen registrando microcortes en el suministro eléctrico, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podría generar una administración concentrada del sistema.

“La situación es delicada porque no solo hablamos del servicio para los vecinos. También hay inversiones muy importantes en marcha que podrían verse condicionadas si el acceso a la línea queda prácticamente en manos de una sola empresa”, advirtió.

Según explicó, de consolidarse el esquema actual, cualquier emprendimiento que requiera capacidad de transporte eléctrico debería gestionar su acceso con la minera, lo que en la práctica implicaría depender de una autorización privada para utilizar una infraestructura considerada estratégica.

Recursos administrativos y posible judicialización

Ante este escenario, el municipio de Calingasta ya trabaja en la presentación de una medida cautelar y un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación de la resolución. Se prevé que la presentación formal se concrete entre el 6 y el 9 de marzo a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Una estrategia similar se analiza en el departamento de Iglesia, donde las autoridades evalúan realizar un planteo administrativo para solicitar mayor información sobre el alcance de la medida.

Desde el municipio de Jáchal también anticiparon que impulsarán una presentación formal en rechazo a que una empresa privada concentre casi la totalidad del uso de un tendido eléctrico de estas características. Aunque la línea de 500 kV que conecta San Juan con Rodeo no atraviesa directamente el departamento, en la comuna consideran que la decisión sienta un precedente potencialmente riesgoso para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

Inquietud en el sector empresarial y minero

La controversia también se trasladó al ámbito empresarial. Desde CASEMICA, que agrupa a proveedores vinculados a la actividad extractiva, confirmaron que se encuentran evaluando acciones para respaldar el planteo del EPRE y manifestar formalmente su rechazo a la resolución.

Dirigentes del sector cuestionaron el proceso mediante el cual se adoptó la decisión y remarcaron que la infraestructura eléctrica involucrada fue construida con aportes provinciales.

“Es una barbaridad lo que han hecho. No han consultado a nadie, y estamos hablando de una línea eléctrica financiada en gran parte con recursos de la provincia”, señaló un referente del sector.

La preocupación también se extiende a otras compañías mineras que operan o proyectan inversiones en San Juan. Iniciativas como El Pachón y Los Azules siguen con atención la evolución del conflicto, ante el temor de que la disponibilidad energética quede condicionada por un esquema de acceso restringido.

Una disputa que trasciende lo técnico

Más allá de la discusión puntual sobre la capacidad de transporte eléctrico, el conflicto expone un debate más amplio sobre la gestión de infraestructura estratégica en provincias con fuerte perfil minero. En territorios donde el crecimiento económico depende en gran medida de grandes inversiones extractivas, el acceso a la energía se convierte en un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos.

En ese sentido, la concentración de capacidad en manos de un único operador abre interrogantes sobre el equilibrio entre el desarrollo de un emprendimiento específico y la planificación energética a escala provincial.

Mientras avanzan las presentaciones administrativas y se preparan eventuales acciones judiciales, la resolución del ENRE ha logrado lo que pocas decisiones regulatorias consiguen: reunir en un mismo frente de cuestionamiento a municipios, proveedores y empresas del propio sector minero.

El desenlace del conflicto —que podría incluso involucrar a la Fiscalía de Estado de San Juan si la disputa se judicializa— no solo definirá quién controla la capacidad de una línea eléctrica estratégica. También pondrá a prueba el delicado equilibrio entre inversión privada, regulación estatal y desarrollo productivo en una de las provincias donde la minería se perfila como motor central de la economía.