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El consejo directivo de la central obrera denunció el “despiadado atropello del aparato estatal que cercena el derecho a la protesta y a la manifestación”.

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió ayer la “brutal represión” que atraviesan los trabajadores y todo el pueblo de Colombia en su conjunto, y reclamó “que se escuche al pueblo”.

Desde la central obrera denunciaron el ataque contra los trabajadores colombianos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones y protestas con paros generales que se vienen realizando desde fines de abril en rechazo de la reforma tributaria.

“Repudiamos la represión policial y militar contra el pueblo trabajador, que en una semana ya provocó decenas de muertos y centenares de heridos y detenidos”, precisaron a través de un documento que lleva la firma de los cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Asimismo, desde la conducción de la entidad remarcaron que los trabajadores argentinos apoyan al Comité Nacional del Paro colombiano, ya que lucha por justas reivindicaciones, y demandaron la necesaria apertura de un canal de diálogo para que el pueblo sea escuchado.

“Condenamos el despiadado atropello del aparato estatal y la utilización indebida de la fuerza contra el pueblo trabajador de Colombia, lo que avasalla garantías y libertades democráticas”, precisó el documento que también lleva la firma de los secretarios de Relaciones Internacionales y de Prensa, Gerardo Martínez y Jorge Sola.

Por otra parte, Daer, como presidente de UNI Américas, participará este jueves de la campaña Mil Minutos, un plenario que abordará la importancia de los mecanismos internacionales para proteger los DD HH y la democracia.

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Cuánto será el básico para los empleados de comercio a partir de octubre

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente de la secretaría de Trabajo de la Nación, homologó el acuerdo paritario celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las empresas del sector, para la Rama General del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

El acuerdo pactado sobre el mes de septiembre y firmado el pasado 1° de octubre entre el gremio que conduce Armando Cavalieri y las cámaras empresarias CAME, CAC, y UDECA, contempla un aumento del 8% en carácter no remunerativo para el bimestre septiembre-octubre.

De esta manera los trabajadores de la Rama General de Comercio percibirán una primera cuota del 4,25% a partir de septiembre y una segunda del 3,75% a partir de octubre, en ambos casos calculados sobre las escalas salariales básicas de agosto de 2024, e incluyendo el básico de convenio y sumas no remunerativas a esa fecha.

El acuerdo permite al sector llevar el salario básico inicial a $962 mil pesos, contando el adicional por presentismo, según informó el gremio. Cavalieri afirmó, al momento de firmar la paritaria, que “es un paso importante para asegurar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en un contexto económico complejo. Monitoreamos la situación económica para que los salarios pueden acompañar los incrementos de los precios, y que no se vean superados por la inflación”, indicó entonces el titular de FAECyS.

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destacada

Las ventas de combustibles al público se desplomaron más de 11% interanual

El 2024 definitivamente no es un buen año para las estaciones de servicio. Las ventas de combustibles al público cayeron consecutivamente durante varios meses y acumularon una baja del 6% en lo que va del año y un 11,8 % interanual.

Los datos revelan que todos los combustibles han sufrido caídas en sus ventas. La nafta premium tuvo el peor desempeño, con una disminución del 21% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, pasando de 221.713 m³ a 175.915 m³.

Por otro lado, aunque la nafta súper mostró una caída menos pronunciada, con una reducción del 3,7%, sigue siendo una señal de alerta para el sector. En cuanto al gasoil, la versión común experimentó una disminución del 19%, mientras que el gasoil premium vio una caída del 8%. Estos números reflejan un consumo que no solo se estanca, sino que se reduce drásticamente.

El Secretario Gral de Estaciones de Servicio Victor Menéndez, expresó que el rubro en San Juan no está exento de lo que acontece en el país, dado que hay una retracción económica y disminución muy impotante en las ventas de varias actividades y en el caso de los combustibles existe una caída importante de más de un 11% .

En este sentido dijo que la gente está optando por combustibles más baratos, como la nafta súper y el gasoil común, dejando de lado los más caros.

A pesar de este contexto negativo, Menéndez enfatizó que hasta el momento no se han reportado perdiadas de fuentes de trabajo, valorando el accionar de los empresarios del sector.

Ahora bien, para entender las razones detrás de esta caída sostenida en las ventas, se deben tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, está claro que la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo han llevado a los consumidores a priorizar gastos esenciales, reduciendo el uso del automóvil privado, lo que afecta directamente a la demanda de combustibles.

Por otro lado, las variaciones en el precio internacional del petróleo y las políticas de precios internos aplicadas en el país han generado incertidumbre en el mercado. La fluctuación de precios en los surtidores, con aumentos frecuentes, ha provocado que muchos usuarios opten por cargar menos combustible o buscar alternativas más económicas, como el transporte público.

El desafío mayor seguirá siendo la recuperación del nivel de ventas, especialmente si la situación económica no mejora en el corto plazo. Con una demanda golpeada y una oferta diversificada, el sector de combustibles en Argentina se enfrenta a uno de sus años más complejos, con miradas puestas en las decisiones políticas y económicas que puedan cambiar el panorama en 2025.

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General

La justicia cuestiona la política intervencionista de la Secretaria de Salud contra las Obras Sociales Sindicales 

La Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM), consiguió un fallo a favor de la Cámara del Trabajo, que cuestionó el procedimiento de intervención realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde entienden que hay “indicios de ilegitimidad”, ya que no se cumplió con “el procedimiento sumarial previo a la aplicación de la sanción», ni se garantizó «el derecho de defensa», ya que según esta resolución del fuero laboral, la intervención sólo se basó en «una auditoría integral», sin contemplar instancias sancionatorias previas.

La SSS, que seguramente buscará llevar el caso a otra instancia de pleito judicial, fundamentó su accionar en el hecho de haber detectado “irregularidades” relacionadas a las prestaciones por discapacidad, en cuanto a la “documentación exigida”. Y omisiones que alega cometió la OSPM referidas a seguimientos o auditorías sobre estos servicios,  adeudando la presentación de papeles” que avalen estos movimientos. Aunque  históricamente se reconoce de manera extraoficial, que estas faltas usualmente no se castigan con una intervención.

En paralelo a la compulsa judicial, se abre también una incógnita desde el campo sindical, sobre el respaldo que conseguirá en su accionar, el organismo de Salud, oficializado ya su manejo en la figura de Mario Lugones, de dilatada trayectoria en estas áreas y de muy buena llegada a los principales referentes de las coberturas de salud tanto de las empresas de medicina privada, y sus prestadores, como con las Obras Sociales Sindicales de más peso.

También se espera un rol más activo de la CGT, para que ponga a disposición de otras obras sociales de los trabajadores, todos los vínculos de diálogo con lo que cuentan varios integrantes del Consejo Directivo de la central y la llegada a distintos interlocutores de la actual administración de gobierno.

Más aún, teniendo en cuenta que el caso de la Obra Social del Personal Mosaísta, es parte de una larga lista de coberturas de salud sindicales intervenidas por diferentes  procedimientos (OSPRERA, Fósforo, Ladrilleros y Vareadores, entre otras), sumado a muchas otras que se encuentran siendo observadas con una intensidad pocas veces vista durante presidencias nacionales anteriores y obligadas a ejercer su defensa o enfrentar el procedimiento de manera unilateral, sin conseguir que otras confederaciones afines acompañen sus reclamos y pongan en superficie estas prácticas, que ahora cuentan con un fallo judicial que cuestiona al menos, la forma en que se está ejerciendo este procedimiento desde del área que encabeza Lugones.

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