El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de la provincia de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, analizó la renovación de autoridades en la CGT y advirtió sobre las reformas laborales, previsionales e impositivas que impulsa el Gobierno nacional. Afirmó que el movimiento obrero está dispuesto a debatir modernizaciones, pero “sin ceder derechos que costaron décadas de lucha”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente Víctor Menéndez expresó su apoyo al nuevo triunvirato de la CGT para el período 2025-2029, integrado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) —quienes fueron elegidos en el congreso de la central obrera el 5 de noviembre.

Menéndez subrayó que esta conducción tripartita representa un equilibrio necesario en un momento complejo y consideró que la unidad sindical será clave: “Más de dos mil congresales participaron del congreso para elegir esta conducción colegiada… en esta época tan difícil, la unidad es clave para defender los derechos de los trabajadores ante los cambios que se avecinan”.

Reforma laboral, previsional e impositiva

El dirigente gremial aseguró que el movimiento obrero “observa con preocupación” los proyectos que el Gobierno nocional impulsa bajo presión de organismos internacionales, como una reforma laboral, una previsional e impositiva.

“Nos preocupa una agenda influenciada por el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Las reformas que exigen implican retrocesos muy profundos si no se discuten con responsabilidad y consenso”.

Menéndez aclaró que no se oponen a la modernización del trabajo —“no tenemos miedo a la informática, a la inteligencia artificial, a la robotización” — pero enfatizó: “No vamos a permitir cercenar derechos adquiridos. Esas conquistas costaron lágrimas, sudor y sangre. No las vamos a regalar”.

Rechazó además de plano algunas propuestas de flexibilización: jornada de 12 horas, vacaciones fraccionadas, indemnización en cuotas. “Estas cosas no vamos a permitir que pasen. No estamos dispuestos a negociar la dignidad del trabajador”.

El representante sindical afirmó que la CGT y las organizaciones gremiales están “preparadas para el diálogo, sí, pero también para la lucha, para las movilizaciones, para acudir a la justicia laboral si el Gobierno actúa por decreto o DNU”.

“Si se avanza sin consulta, iremos a la justicia. No se va a entregar ni rifar lo que tanto costó”.

Modernización y convenios colectivos

Además de la resistencia, Menéndez abordó el tema de los convenios colectivos: “Estamos abiertos a actualizar los convenios colectivos de trabajo, a adaptarnos a los tiempos que corren, sí — pero no a que eso signifique perder lo que somos”.

Tal como explicó, cada día el mundo del trabajo cambia: tecnología, formación profesional, nuevas tareas. “Sí queremos actualizarnos, pero sin perder estabilidad, sin precarizar.”
Llamó a que la modernización se haga “desde la mesa de trabajo” y “desde el representante de los trabajadores”, y no vía mandatos que arrasan con derechos.

Gestión gremial y agenda interna

Menéndez también detalló la intensa agenda sindical de fin de año en la región de Cuyo:

Informó sobre una cena-gala que reunió a más de 500 personas para premiar el campeonato de fútbol entre delegados y afiliados en San Juan y Mendoza.

Anunció que el día 17 de noviembre, Día del Empleado de Estaciones de Servicio y Lavadero, inaugurarán once edificios propios en la provincia de San Luis: un salón multiuso, 12 consultorios, oficina gremial, depósito, todo construido sin recurrir a bancos, con financiación del propio sindicato.

“Hemos comprado un terreno de 2.000 metros en el centro de San Luis y construido una obra espectacular para nuestros compañeros”, indicó.
En cuanto al salario, adelantó que el año cerrará con negociación: “El último acuerdo del año finaliza en noviembre y en diciembre arrancamos la nueva paritaria para cubrir diciembre, enero y febrero, de modo que los compañeros puedan afrontar lo que viene”.

EL sindicalista sintetizó: “Estamos juntos con todos los afiliados de Cuyo, con una agenda de entrega, de contacto, de fortalecimiento de nuestra estructura gremial… pero también con la certeza de que se vienen tiempos difíciles”.

El mensaje de Víctor Menéndez resume el espíritu del sindicalismo argentino en un momento de tensiones económicas y sociales: unidad para resistir retrocesos, apertura al diálogo para adaptarse al futuro.

La CGT —y en particular las organizaciones de base como la de estaciones de servicio en Cuyo— vuelve a ocupar un rol central en la disputa por el modelo laboral que se viene. Mientras muchos sectores plantean acelerar reformas, el sindicalismo plantea un freno claro: modernizar sí, pero no a costa de perder lo que se ha ganado.
En definitiva: los trabajadores exigen ser parte del proceso de cambio, no figurantes de una reforma decidida por otros.

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lanzado hace un año con el objetivo de formalizar el trabajo y reducir la no registración, muestra resultados adversos. Los beneficios otorgados a los empleadores no se tradujeron en nuevos empleos formales: los asalariados registrados cayeron y el trabajo informal volvió a crecer. Mientras tanto, la crisis de ingresos y el endeudamiento de los hogares profundizan un cuadro de deterioro estructural del mercado laboral argentino.

El programa, uno de los pocos en los que la administración libertaria buscó tender puentes con el sector gremial, otorgó importantes beneficios fiscales y condonaciones a los empleadores que adhirieran al plan: extinción de acciones penales, perdón de multas y condonación de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Sin embargo, esa política de estímulos no solo no redujo la informalidad, sino que acentuó el fenómeno que pretendía resolver.

Los números detrás del fracaso

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los asalariados privados registrados pasaron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ratifica la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales cayó del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.

A la vez, el propio Ministerio de Capital Humano informó que solo 1.950 empleadores se acogieron al régimen, regularizando 16.703 puestos de trabajo, apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal que exhibe el alcance limitado de una política que, según expertos laborales, terminó premiando la evasión.

“Dar beneficios a los empresarios no genera empleo de calidad, quedó demostrado”, señaló a Data Gremial un dirigente sindical con llegada a la CGT. “El único camino sostenible es fortalecer el mercado laboral y garantizar derechos”, añadió.

El trasfondo histórico de una deuda social

La informalidad laboral es una vieja deuda estructural de la economía argentina. En los últimos cuarenta años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante períodos de desregulación y reformas laborales profundas —como las de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa— que prometían reducir la informalidad mediante mayor “flexibilidad”.
Tras la crisis de 2001, el empleo formal se recuperó: la tasa de trabajo no registrado bajó al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el retroceso volvió con el macrismo y se agravó bajo la actual gestión.

El nuevo régimen, con su enfoque en beneficios empresariales, repitió los errores del pasado. Lejos de promover la registración, consolidó la precariedad. “Si este plan no funcionó, menos lo hará una reforma laboral más agresiva”, advirtió un especialista en derecho laboral consultado.

El Gobierno prepara ahora una nueva reforma laboral, que busca “facilitar la contratación formal”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los incentivos sin control ni obligaciones concretas tienden a precarizar aún más el mercado de trabajo.

Endeudamiento y deterioro social

El impacto del deterioro laboral trasciende los números del empleo. En un contexto de inflación persistente y caída real de los ingresos, crece el endeudamiento de los hogares como estrategia para llegar a fin de mes.

Según el informe del INDEC “Estrategias de manutención: cómo organizan su economía los hogares argentinos”, en el primer semestre de 2025:

37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para gastos corrientes,

16,1% pidió dinero prestado a familiares o amigos,

14,2% recurrió a financieras, y

más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado.

Además, un 9,3% de los hogares vendió bienes personales para cubrir necesidades básicas. En comparación con 2003, cuando solo el 22% compraba en cuotas y el 3,4% recurría a préstamos, el salto es significativo: una de cada cuatro familias hoy se endeuda, y entre los sectores de bajos ingresos, una de cada tres.

El estudio también marca diferencias por nivel socioeconómico: los hogares de ingresos altos se endeudan con bancos o tarjetas, mientras que los sectores populares lo hacen de manera informal, con familiares o prestamistas.
“Hay una caída sostenida de los ingresos reales y un aumento del financiamiento cotidiano, lo que muestra el agotamiento del modelo de supervivencia de los hogares”, concluye el informe del organismo.

Análisis: políticas sin efecto y una reforma en duda

El caso del Régimen de Promoción del Empleo Registrado se inscribe en una lógica que ha demostrado sus límites: incentivos al capital sin contrapartidas efectivas en creación de empleo.
A un año de su implementación, el balance es elocuente: los beneficios tributarios no se tradujeron en mayor formalidad ni en mejores condiciones laborales. Por el contrario, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se amplió.

La inminente reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso, envalentonado por el resultado electoral, promete “dinamizar el empleo formal” con herramientas similares. Pero el antecedente inmediato del régimen vigente pone en duda esa promesa.
“La reforma puede igualar las condiciones, pero hacia abajo. Si avanza, vamos a estar todos peor”, advirtió un referente gremial con tono de alarma.

Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.