La tarifa del transporte público de pasajeros volverá a actualizarse en San Juan desde enero de 2026. El pasaje de primera sección pasará de $810 a $1.070, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y un esquema de subsidios que el Gobierno provincial asegura sostener con un fuerte esfuerzo fiscal.

El transporte público enfrentará un nuevo incremento tarifario a partir del inicio de 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el boleto de colectivo de primera sección pasará a costar $1.070, lo que representa una suba cercana al 32% respecto del valor actual. La medida comenzará a regir desde enero y se inscribe en una dinámica de ajustes periódicos que busca acompañar la evolución de los costos del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a un escenario de inflación persistente, aumento del precio de los combustibles, mantenimiento de unidades y costos salariales del sector. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó que la tarifa plena continúa siendo amortiguada por un esquema de subsidios que evita un impacto mayor en los usuarios.

“La Provincia realiza un esfuerzo muy importante para sostener el sistema”, señaló la funcionaria en declaraciones públicas, al detallar que el Estado sanjuanino destina más de $5.000 millones mensuales para cubrir subsidios al transporte. Según precisó, sin ese aporte la tarifa debería ser considerablemente más elevada para garantizar la continuidad del servicio.

Los datos oficiales refuerzan ese planteo: más del 45% de los pasajeros no paga el valor completo del boleto. Jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo acceden a programas nacionales, mientras que otros usuarios cuentan con beneficios otorgados directamente por la Provincia. Este entramado de asistencias permite sostener la demanda y preservar el acceso al transporte público para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el incremento vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y el impacto social de las subas tarifarias. En un contexto donde el transporte constituye un gasto fijo para miles de familias, cada ajuste reaviva la discusión sobre el alcance y la eficiencia de los subsidios, así como sobre la capacidad del Estado para sostenerlos en el tiempo.

Cambios en el boleto escolar gratuito

Junto con la actualización del pasaje, el Gobierno de San juan anunció modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse con el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, estudiantes y docentes deberán tener sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Palma aclaró que el pase estudiantil continuará siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la incorporación de este requisito no implica una restricción del derecho, sino una mejora en los mecanismos de control. “Buscamos mayor orden, transparencia y una administración más eficiente del sistema”, explicó.

El trámite podrá realizarse a través de la aplicación SUBE digital, una herramienta que, según destacaron desde el Gobierno, ya tiene una amplia adopción entre los usuarios del transporte público en la provincia. La digitalización apunta a reducir irregularidades, optimizar recursos y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.

El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Malla, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Malla, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Malla.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Malla alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Malla explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.