El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.

El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.

Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.

El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias para un entrenamiento destinado al combate de incendios forestales, cayó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. Entre las víctimas se encuentran autoridades de Bomberos, Protección Civil, la Policía de San Juan, brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave.

San Juan atraviesa una de las mayores tragedias institucionales de los últimos años tras el accidente de un helicóptero Bell 412 que provocó la muerte de sus siete ocupantes durante una capacitación vinculada a la lucha contra incendios forestales. El siniestro ocurrió este miércoles en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto y fue confirmado oficialmente por el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad Nacional.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para desarrollar un entrenamiento con personal especializado. Finalizada esa instancia, estaba previsto que se trasladara a La Rioja para incorporarse al operativo destinado a combatir un incendio forestal activo en esa provincia.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba la zona detectó el lugar donde se había producido el impacto y notificó de inmediato a las autoridades. A partir de ese momento se desplegó un operativo integrado por equipos de rescate, personal de emergencia y organismos provinciales para acceder al sitio y realizar las primeras tareas de relevamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos de San Juan; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias; y Rodrigo Aimeta, también integrante de ese organismo nacional.

La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción en la provincia debido a que entre los fallecidos se encontraban algunos de los principales responsables del sistema provincial de respuesta ante emergencias, junto con brigadistas especializados que participaban del entrenamiento.

En un comunicado oficial, el Gobierno de San Juan expresó su «profundo dolor» por lo sucedido y transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas. El Ejecutivo provincial destacó el compromiso y la vocación de servicio de quienes perdieron la vida mientras participaban de una actividad destinada a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias informó que continuará trabajando junto a los organismos competentes para determinar las causas del accidente. La investigación buscará establecer las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero, mientras las autoridades adelantaron que la información oficial será difundida únicamente a medida que los peritajes permitan confirmar nuevos datos.

La pérdida de altos mandos de Bomberos, Protección Civil y la Policía de San Juan, junto con dos brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave, representa un duro golpe para el sistema de emergencias de la provincia y para los organismos encargados de la prevención y el combate de incendios forestales en la región.