Clínicas, sanatorios y hospitales privados de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza suspenden durante 48 horas las prestaciones programadas a afiliados del PAMI. Los prestadores reclaman una actualización de los aranceles, regularización de pagos y una recomposición frente al aumento de los costos.

Las clínicas, sanatorios y hospitales privados adheridos al sistema de atención del PAMI en San Juan y otras tres provincias llevan adelante un paro de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por el deterioro de los ingresos que reciben de la obra social y las demoras en los pagos.

De acuerdo con los representantes de las instituciones, la diferencia acumulada entre los valores de las prestaciones y la inflación supera el 70% en términos reales. A esa pérdida se suman demoras en la liquidación de las cápitas, el sistema mediante el cual se establece un monto por afiliado atendido.

Los establecimientos advierten que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar gastos indispensables, entre ellos salarios, medicamentos, insumos descartables y materiales utilizados en prácticas de mayor complejidad.

La situación adquiere particular relevancia en San Juan, donde las instituciones privadas constituyen una parte importante de la red utilizada por los afiliados de la obra social para consultas, estudios, internaciones y procedimientos médicos.

Qué atención queda suspendida

Durante las 48 horas de la protesta quedan suspendidas las consultas programadas, los turnos de consultorios externos y las prácticas o intervenciones que no tengan carácter urgente.

El esquema no implica el cierre absoluto de los establecimientos. Las guardias permanecen operativas para atender urgencias y emergencias, con prioridad para los pacientes cuya condición implique riesgo inmediato para la vida.

De esta manera, una consulta previamente asignada, un estudio médico programado o una práctica que pueda ser postergada no será realizada durante la medida, mientras que las situaciones que requieran asistencia inmediata continuarán siendo atendidas.

Los prestadores sostienen que el objetivo de la huelga no es interrumpir la atención de los adultos mayores, sino reclamar condiciones económicas que permitan sostener la red asistencial en el tiempo.

El reclamo de fondo

El planteo de las instituciones privadas combina dos demandas principales: una actualización de los valores de las prestaciones y el cumplimiento de los plazos de pago.

Los prestadores sostienen que el aumento de los costos médicos, laborales y de insumos avanzó a una velocidad muy superior a la actualización de los aranceles. En ese escenario, aseguran que mantener los actuales valores compromete la capacidad de los establecimientos para reponer materiales, afrontar obligaciones salariales y sostener la infraestructura sanitaria.

Las cápitas constituyen otro de los puntos cuestionados. Al tratarse de pagos asociados a la cantidad de afiliados, las demoras en su percepción afectan directamente el flujo de fondos de las instituciones y dificultan la planificación financiera.

La demanda llega, además, en un momento de fuerte presión sobre el sistema de salud privado, donde el incremento de medicamentos, equipamiento, insumos y remuneraciones elevó los costos de funcionamiento.

Una disputa que impacta en los jubilados

La medida de fuerza vuelve a poner bajo discusión el financiamiento de las prestaciones médicas destinadas a los afiliados del PAMI. Para los jubilados y pensionados, la principal consecuencia inmediata es la reprogramación de consultas y prácticas que no sean consideradas urgentes.

En San Juan, la evolución del conflicto dependerá de las respuestas que puedan surgir durante las próximas horas entre la obra social y las instituciones prestadoras. Una eventual continuidad de las diferencias económicas podría derivar en nuevas medidas y afectar la regularidad de las prestaciones.

El paro expone así un litigio que excede la negociación puntual por aranceles: la capacidad de las clínicas y sanatorios para sostener sus servicios depende de que los valores reconocidos por el PAMI acompañen los costos reales de la atención y de que los pagos se concreten dentro de los plazos acordados.

El Observatorio del Salario de la Junta Interna de ATE en el INDEC estimó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó $2.558.677 durante julio para cubrir consumos mínimos. El informe advierte que el poder adquisitivo del salario testigo perdió alrededor del 30% desde diciembre de 2023 y reclama una recomposición urgente.

El cálculo surge de una canasta que destinó $876.365 a alimentos y otros $1.682.312 a bienes y servicios básicos. El relevamiento fue presentado este miércoles 26 de agosto y vinculó el deterioro de los ingresos con la evolución de los precios, la caída del consumo y el creciente endeudamiento de los hogares.

Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE en el INDEC, sostuvo que los resultados muestran que el ajuste continúa trasladándose sobre las familias. Según el dirigente, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales, los hogares recurren al crédito para completar sus gastos mensuales.

El dato salarial se conoce después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una variación del 2,1% en julio, frente al 1,9% de junio. La inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que la comparación interanual llegó al 33,8%.

El Observatorio tomó como referencia un salario correspondiente al SINEP Nivel D, Grado 0 para medir la evolución del poder adquisitivo. De acuerdo con sus cálculos, ese ingreso perdió aproximadamente 30% de su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, el salario utilizado como referencia debería recibir, según el informe, una recomposición inmediata del 42%.

La pérdida se vuelve todavía más pronunciada al ampliar el período de comparación. El estudio señala que un salario de $10.191 correspondiente a diciembre de 2015 debería ubicarse actualmente en torno a $1.782.225 para conservar su capacidad de compra. Sin embargo, el ingreso de referencia alcanza apenas $756.396, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo calculada en 57,3%.

Endeudamiento y salarios insuficientes

El informe cuestionó además la interpretación oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a decisiones individuales desvinculadas del nivel de ingresos. Para ATE, la expansión del crédito entre los hogares responde en buena medida a la necesidad de cubrir gastos cotidianos que los salarios ya no logran afrontar.

“Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes”, afirmó Llaneza.

El diagnóstico incorpora así tres variables que, según el Observatorio, evolucionan de manera simultánea: inflación, pérdida salarial y mayor utilización del crédito para financiar el consumo corriente.

El documento también examinó las condiciones laborales dentro del Estado nacional y puso el foco en la precarización de los vínculos contractuales. El relevamiento señaló una informalidad laboral del 44,2% y cuestionó la falta de concursos periódicos y la continuidad de modalidades de contratación que, según ATE, afectan la estabilidad y las condiciones de ingreso al empleo público.

Entre los puntos abordados también aparece la situación de los monotributistas comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y el reclamo para preservar las condiciones laborales establecidas en esa normativa.

Reclamo por el INDEC y una nueva paritaria

El Observatorio reclamó, además, preservar la independencia técnica del INDEC frente a los gobiernos de turno y avanzar con una actualización metodológica del IPC. La organización sindical considera que la credibilidad de las estadísticas oficiales requiere autonomía institucional y criterios técnicos sostenidos en el tiempo.

En materia laboral, ATE reclama la reapertura de la paritaria estatal, una recomposición salarial urgente y el pago de un bono de emergencia. También plantea la necesidad de implementar mecanismos de crédito accesible y con tasas más bajas para reducir el peso financiero que enfrentan los hogares endeudados.

El reporte vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de la discusión salarial. Mientras la inflación continúa acumulando variaciones mensuales y una familia tipo requiere ingresos superiores a los $2,5 millones para cubrir sus consumos mínimos, los salarios utilizados como referencia por el Observatorio permanecen por debajo de los niveles necesarios para recuperar el poder de compra perdido en los últimos años.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para ampliar el crédito hipotecario mediante el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que hasta $2 billones serán colocados entre bancos a través de licitaciones, con la condición de que esos recursos se transformen en préstamos destinados principalmente al acceso a la primera vivienda.

La primera licitación será de $200.000 millones y se realizará la próxima semana mediante el sistema SIOPEL, bajo supervisión del Banco Central. El programa contempla sucesivas colocaciones hasta alcanzar el monto total previsto.

La iniciativa busca resolver una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el mercado hipotecario: el descalce entre los plazos de los depósitos y los de los préstamos. Los bancos reciben buena parte de su fondeo a corto plazo, pero los créditos destinados a la compra de una vivienda requieren períodos de devolución que pueden extenderse durante 15, 20 o 30 años.

Caputo explicó que el mecanismo permitirá utilizar recursos del FGS para ofrecer a las entidades financieras una fuente de fondeo de mayor duración mientras aumenta el volumen de ahorro depositado en el sistema local.

Cómo funcionará el programa

El FGS no entregará directamente el dinero a las familias. El mecanismo consiste en licitar depósitos a plazo fijo que serán tomados por los bancos a períodos de uno y cinco años.

Para las colocaciones a un año, la tasa mínima será de UVA + 2,5%, mientras que para los depósitos a cinco años se fijará un piso de UVA + 4,5%. A partir de ese costo de fondeo, las entidades deberán ofrecer créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA + 7,5%, según los términos difundidos para el programa.

Los fondos deberán aplicarse a operaciones vinculadas con la primera vivienda y su utilización será controlada por el Banco Central. La entidad también auditará que los recursos sean efectivamente destinados a los préstamos y que se cumplan los plazos establecidos.

El esquema prevé un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA por crédito. También contempla operaciones destinadas a construcción, ampliación o refacción, además de la adquisición de una propiedad.

Cada banco podrá adjudicarse como máximo el 20% de cada licitación, una condición diseñada para distribuir los recursos entre distintas entidades y evitar que el financiamiento quede concentrado en pocos participantes.

Cuánto podría pagar una familia

Caputo estimó que, con los valores actuales, un crédito equivalente a unos US$100.000, a 30 años, podría implicar una cuota cercana a $865.000 mensuales. Para acceder a ese préstamo, calculó que un grupo familiar debería acreditar ingresos netos superiores a $3,4 millones.

El dato muestra también el principal condicionante del nuevo esquema: el acceso no dependerá únicamente de la existencia de fondos disponibles, sino de la capacidad de las familias para cumplir con los requisitos de ingreso y afrontar una cuota ajustada por UVA.

La modalidad no implica una tasa fija del 7,5%. Al estar expresado en UVA, el capital y las cuotas evolucionan de acuerdo con la actualización vinculada al CER, por lo que el costo de la financiación puede modificarse con el tiempo.

El Gobierno estima que el programa podría generar soluciones habitacionales para entre 17.000 y 18.000 familias, dependiendo del monto promedio de los préstamos y de las condiciones finalmente aplicadas por las entidades financieras.

Un mercado que empieza a recuperarse en San Juan

El anuncio nacional llega cuando el mercado inmobiliario sanjuanino comenzó a mostrar señales de recuperación durante los primeros meses de 2026. Datos difundidos por la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA) señalaron que entre enero y marzo las operaciones de viviendas crecieron 4,5% frente al último trimestre de 2025.

El repunte fue todavía mayor en el segmento comercial, donde las operaciones aumentaron cerca de 30% durante ese período.

Dentro del mercado residencial, el crédito hipotecario volvió a ganar participación. Según los datos difundidos por FIRA, alrededor del 20% de las operaciones de viviendas se concretaban mediante financiamiento hipotecario, con el Banco Nación como uno de los principales actores.

El nuevo programa podría ampliar esa participación si las entidades financieras trasladan efectivamente el menor costo de fondeo a las familias y mantienen condiciones accesibles para los compradores.

La incógnita para San Juan

El aviso abre una nueva posibilidad para el mercado inmobiliario provincial, aunque todavía resta conocer cuánto de los recursos licitados llegará efectivamente a la provincia y bajo qué condiciones serán ofrecidos por cada banco.

La cantidad de operaciones, los ingresos exigidos, el porcentaje de financiación sobre el valor de cada propiedad y los requisitos de acceso serán determinantes para medir el alcance real de la iniciativa.