La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.

Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.

La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.

La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.

El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.

Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».

En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 1,89% en las asignaciones familiares a partir de agosto. La actualización alcanza a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, mientras que quienes superen un ingreso individual de $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un aumento del 1,89% en los montos, escalas y límites de ingresos de las asignaciones familiares que regirán desde agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La actualización alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios del sistema de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

La resolución también confirma que el incremento se aplica sobre la totalidad de la escala general de asignaciones familiares, con excepción de las prestaciones por Nacimiento y Adopción, que poseen un mecanismo de actualización específico. En el caso de la Ayuda Escolar Anual, el organismo recordó que su movilidad se realiza una sola vez al año, coincidiendo con el período de pago.

Entre los aspectos ratificados figura la continuidad del criterio que garantiza a los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y al personal rural alcanzado por las Leyes 26.727 y 20.744 que el valor de las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no sea inferior al monto equivalente de la Asignación Universal por Hijo.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. ANSES estableció que, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar registra una remuneración bruta superior a $3.092.203, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso conjunto permanezca por debajo del tope máximo previsto para el grupo.

Ese criterio continúa siendo uno de los principales requisitos de elegibilidad del sistema, ya que el análisis no solo contempla el ingreso total del hogar, sino también la remuneración individual de cada integrante. De esa manera, un salario que supere el límite fijado por la resolución invalida el acceso a la prestación para todo el grupo familiar.

La disposición también establece que, cuando la aplicación de los coeficientes de actualización genere valores con decimales, el organismo realizará el redondeo al número entero inmediato superior para la determinación de los montos correspondientes.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.