
Gremios continúan pidiendo por vacunas
Los diferentes gremios de la Republica Argentina siguen pidiéndole al gobierno ser incluidos en el plan de vacunación contra el covid 19

Las versiones sobre un plan para vacunar unos 70 mil militantes sociales que se ocupan de asistir en comedores y merenderos ganaron la atención de dirigentes de la central obrera que desde hace meses vienen reclamando, desde los transportistas de la CATT hasta los sepultureros de los cementerios, por no ser escuchados en su demanda de ser incluidos en el plan de inmunización contra el covid por tratarse de personal esencial. Pero no habrá respuesta formal al gobierno.
Según se pudo saber en el ministerio de Salud, Carla Vizzotti planteó la posibilidad de integrar al plan a los trabajadores de la economía popular en el anteúltimo encuentro virtual que llevó a cabo el Consejo Federal de Salud (Cofesa). Allí, a petición de la funcionaria, se planteó la posibilidad de “considerar a trabajadores en territorio como personal esencial”, pero ahora a nivel oficial desmienten que exista un calendario de aplicaciones. Se trata, en última instancia, de una respuesta a la presión que vienen ejerciendo dirigentes sociales como Esteban “Gringo” Castro (UTEP) o Daniel Menéndez (Barrios de Pie), que incluso se lo plantearon al presidente Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Respecto al reclamo de varios sindicatos, desde la cartera de salud responden que deben ser las provincias quienes se encarguen de llevar a cabo la logística para vacunar a los distintos sectores. Como contó este medio, la rama del Partido de la Costa de Camioneros negoció con el municipio y la Provincia la inmunización de una treintena de recolectores de residuos con comorbilidades.
Pero la mayoría de los gremios, con todo, no han tenido suerte en esa diligencia. Este mediodía el microcentro porteño fue un caos de tránsito por la protesta de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que estacionaron sus colectivos sobre la avenida 9 de Julio para reclamar a las autoridades ser incluidos en un plan de vacunación contra el coronavirus.
Los judiciales nacionales, que tienen por ejemplo la logística para llevar adelante las elecciones legislativas, también llevaron a cabo un reclamo hace semanas. Mañana será el turno de los trabajadores de los cementerios y crematorios que tienen como bandera la misma demanda.
En este marco, algunas obras sociales firmaron convenios con distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, para acelerar la vacunación de afiliados mayores de 65 años que están comprendidos por el cronograma oficial. Es el caso de la obra social de UTHGRA (gastronómicos), que abrió una campaña para inmunizar a mayores de 65 años que residan en CABA en el sanatorio Güemes y los interesados podrán seleccionar “la prestación (Vacuna-Sputnik o Vacuna-Sinopharm)”.
Pero hoy ante un escenario de escasez de vacunas a nivel regional, la mayoría de los trabajadores esenciales no tiene fecha para ser inmunizado. Un jefe sindical consultado acerca de si habría una protesta de la CGT al enterarse de la primacía en esta política de los trabajadores sociales, respondió que “uno tiene que pensar que cuantos más vacunados mejor para el país. Pero entendemos el reclamo de los colectiveros y otros sectores que nunca dejaron de cumplir su tarea en una situación sanitaria preocupante”.
De hecho, en las últimas horas la central de calle Azopardo emitió un comunicado en el que al hacer mención al Día del Trabajador de este sábado, no se refiere a este reclamo. Sí a la delicada situación de las obras sociales. “Reivindicamos el fortalecimiento del Estado, reclamamos programas de desarrollo estratégicos y de infraestructura básica con más trabajo en relación de dependencia, con perspectiva de género, que permita mejorar el financiamiento del Sistema Solidario de Salud y el fortalecimiento de la Educación Pública”, destacó en su último párrafo.
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Trasladan el Día del Empleado de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector acordaron trasladar el Día del Empleado de Comercio del viernes 26 al lunes 29 de septiembre de 2025. El acuerdo busca beneficiar a los trabajadores con un fin de semana largo y reducir el impacto en la actividad comercial.
La FAECyS, que conduce Armando Cavalieri, y las principales cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA) llegaron a un acuerdo para trasladar el feriado por el Día del Empleado de Comercio. El pacto implica que el lunes 29 de septiembre será feriado obligatorio para todos los empleados del sector bajo el CCT 130/75.
Esto significa que los supermercados, shoppings y grandes cadenas no abrirán sus puertas ese día, mientras que los comercios más pequeños podrán operar si son atendidos por sus dueños o familiares directos. Quienes deban trabajar ese día recibirán su salario con un pago duplicado, sin la posibilidad de un franco compensatorio.
El pacto también contempla particularidades para otras ramas y regiones. En la Rama Turismo, el feriado podría trasladarse a un día hábil, mientras que en la Rama de Centros de Contacto se mantendrá el 26 de septiembre. Por su parte, la región de Santa Fe continuará celebrando la jornada el último miércoles de septiembre, según un acuerdo local.
Además, la FAECyS estuvo trabajando en las paritarias del sector, buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación persistente. En este sentido, el gremio que conduce Armando Cavalieri firmó entendimientos en distintas áreas que replican un esquema de aumentos escalonados y sumas fijas no remunerativas para compensar la inflación. Estos acuerdos abarcan las ramas de Comercio General, Call Centers y Turismo.
En la paritaria de Turismo, regida por el CCT 547/08, se acordó un aumento escalonado del 6% y el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 a partir de junio de 2025. El incremento del 6% se aplicará en tramos mensuales del 1% entre agosto y enero de 2026. Las partes se reunirán nuevamente en diciembre de 2025 para revisar las escalas salariales.
Por su parte, los convenios para las ramas de Comercio General y Call Centers también establecen una asignación remunerativa del 6%, que se aplicará en tramos mensuales del 1% de julio a diciembre. Además, se sumará una asignación fija no remunerativa de $40.000 mensuales. Estas sumas fijas serán incorporadas al salario básico en enero de 2026, asegurando un impacto positivo en los futuros cálculos salariales.
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Remiseros lanzan un sistema de denuncias online contra aplicaciones ilegales

La Federación Argentina de Remises (FAREM) lanzó un sistema online de denuncias para pasajeros y choferes que utilizan aplicaciones y agencias ilegales. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente problemática de la falta de control y los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios.
Según el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el objetivo es «recibir denuncias y avanzar en las presentaciones para acompañar a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales».
La falta de control y regulación de las aplicaciones ilegales ha generado una serie de problemas para los pasajeros y choferes. Poli destacó que «se dan casos en que las apps no tienen control sobre los vehículos, sobre los choferes que no tienen documentación, pero la problemática más grande es que hay vehículos que no tienen papeles, conductores con identidad robada y lo peor de la historia se lo llevan los pasajeros porque terminan siendo víctimas de delincuentes».
La FAREM ofrece acompañamiento jurídico a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales. Poli explicó que «el sistema de denuncias va a permitir a los vecinos tener un canal de denuncias para ser acompañados por el departamento jurídico que pone la federación, porque muchos sufren delitos y no tienen los recursos para denunciar».
En este sentido, la Federación Argentina de Remises critica la falta de respuestas oficiales ante la problemática de las aplicaciones ilegales, advirtiendo que «los intendentes están más preocupados en quedar bien con las aplicaciones ilegales y que los voten en las elecciones, que en llevar adelante un control de lo que está sucediendo».
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La Mesa Sindical denuncia manipulacion del Gobierno para minimizar inflación de Julio

Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.
La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.
La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».
La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».
Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.
La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».
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