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El encuentro está previsto para mañana y no hay señales de acuerdo por la postura del empresariado y de la CTA Autónoma

Este martes se llevará a cabo la reunión del Consejo del Salario, para fijar un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $21.600. La convocatoria del Gobierno a empresarios y representantes gremiales se adelantó teniendo en cuenta en medio de un recrudecimiento de la pandemia. En este marco, la CGT anticipó que reclamará una mejora del 40% mientras fuentes oficiales sostienen que el Ejecutivo estima un aumento de entre el 32 al 35% como techo. En tanto, la CTA Autónoma no solo reclamará un sustancial incremento, sino que pidió que el salario mínimo alcance a los trabajadores y trabajadoras fuera de convenio.

El último encuentro de ese cuerpo tripartito se realizó el 14 de octubre último, y definió un aumento del 28% en tres cuotas, la última de las cuales se completó en marzo pasado. Del encuentro participarán, por el sector gremial, la CGT –Héctor Daer y Carlos Acuña como secretarios Generales- la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky y la CTA Autónoma que lideran Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy.

Las distintas centrales sindicales planean pedir ajustes que llegan al 40%, y la posibilidad de revisar los números a más tardar en octubre próximo, ante los temores que despierta una inflación acelerada que acumuló 13% en el primer trimestre.

El sector empresarial continuó definiendo este fin de semana la posición que plantearán en la reunión, pero se espera que esté por debajo de las expectativas sindicales.

Una de las mayores aspiraciones del sector gremial es que, tras definirse el aumento, el Ministerio de Trabajo ponga en marcha ya una nueva fecha para analizar las cifras en función de la inflación de los próximos meses. Los sindicatos pretenden que ese nuevo encuentro se realice en octubre, antes de las elecciones legislativas.

La CTA de los Trabajadores coincide con la pretensión de un aumento del 40% y aspiran a que el pago se concrete en un solo tramo. Por su parte, la CTA Autónoma pretende lograr que el salario mínimo se aproxime lo más posible a la canasta básica de $60.000 calculada por el INDEC para una familia tipo.

Llevarán como argumento la necesidad de hacer frente al crecimiento de la pobreza en el último año, que afecta al 42% de la población. También reclamarían actualizar el tope salarial que excluye a los trabajadores de ingresos medios del sistema de asignaciones familiares. La reunión virtual comenzará el martes a las 15 y, de no llegarse a un acuerdo, como suele ocurrir, laudará el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

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El SATSAID repudia el apagón digital de los Medios Públicos

El SATSAID junto a sus Comisiones Internas de la TV Pública y Contenidos Públicos repudia y rechaza el silenciamiento digital de dichos medios de comunicación del Estado, bajo la excusa de una “reestructuración”.

Desde el sindicato expresaron en un comunicado ¨Esto no es más que un nuevo ataque contra la libertad de expresión, una maniobra ilegal y un avasallamiento de las instituciones por parte del actual gobierno que además atenta contra el trabajo de nuestros compañeros y compañeras¨

Reiteramos nuestro llamado a las y los senadores para que rechacen la Ley Bases
y así evitar la privatización de los medios públicos, puntualizaron.

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La justicia obliga a reincorporar a los despedidos de Vialidad Nacional en Catamarca

La Justicia Federal ordenó la reincorporación de los nueve agentes cesanteados el 31 de marzo en el 11° Distrito Catamarca. Un freno a la motosierra de Javier Milei en el sector público.

El Juzgado Federal de Catamarca le puso un freno a la motosierra del Gobierno Nacional de Javier Milei. Es que rechazaron la excepción de competencia presentada por Vialidad Nacional y e hizo lugar al amparo que pidió la nulidad absoluta de las cesantías en Catamarca.

Se trata de nueve despidos definidos por el organismo nacional el pasado 31 de marzo, en el marco de las cesantías masivas en el Estado Nacional.

El fallo judicial ordena la reinstalación de los demandantes en sus puestos de trabajo, rechazando el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 84/2023 y imponiendo las costas al demandado, junto con la regulación de honorarios a la letrada de los demandantes. Este veredicto destaca la importancia de proteger los derechos de los trabajadores frente a decisiones administrativas arbitrarias, validando el marco legal establecido por el decreto en cuestión.

De hecho, el juez Guillermo Días Martínez, le da un plazo de 48 horas al organismo para que cumpla con la sentencia.

La determinación judicial marca un nuevo límite judicial al plan Milei que ya tuvo varios reveses en los magistrados. El más importante de todos con el freno del Capítulo Laboral del mega DNU 70/2023 que nunca pudo entrar en vigencia.

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Gremios de prensa piden participar en el Senado cuando se trate la privatización de Medios Públicos

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) solicitaron al Senado participar en el debate en comisiones del proyecto de Ley Bases que contempla, entre otras cuestiones, la privatización de radio Nacional y la Televisión Pública.

Las organizaciones Fatpren y Sipreba solicitaron en una carta enviada al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Edgardo Kueider y Sandra Mendoza.

“Queremos expresar nuestra preocupación y alarma por el tratamiento de la nueva versión de la Ley Bases. Para nuestras organizaciones gremiales -que representan a comunicadores y comunicadoras del ámbito público, privado y cooperativo de todo el territorio nacional- es muy importante ser escuchados por los senadores y senadoras que integran la Comisión y también escuchar las posiciones de senadoras/es con relación al proyecto con tratamiento en estos días”, dice la misiva dada a conocer hoy.

En la carta expresan que “el tema debería ser de especial interés del Senado y esta comisión, ya que afecta a derechos constitucionales en temas de pluralidad informativa y libertad de expresión y prensa”.

Según las organizaciones, la privatización o cierre de Radio y Televisión Argentina “impactaría y afectaría negativamente en nuestro país al negar el acceso a la información a amplios sectores de nuestra población” y advirtieron que desde el comienzo de su mandato, el Poder Ejecutivo nacional “viene expresando una hostilidad manifiesta a la labor del periodismo que debería ser materia de preocupación”.

Entre otras cuestiones en esa línea enumeran “la suspensión de las campañas de interés público, el intento de cierre ilegal de la agencia de noticias Télam, las agresiones por parte de las Fuerzas de Seguridad a trabajadores de prensa” y las marcan como indicadores de sus “inquietudes sobre el derecho a la libertad de expresión tienen fundamentos”.

“Por todo lo expresado, le solicitamos convoque a una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales o nos facilite la participación en las reuniones Plenarias que en estos días seguirá el tratamiento del proyecto Ley Bases y punto de partida para la especialmente por la vertiginosidad en la que la misma obtuvo tratamiento y dictamen”, concluye la nota.

La carta está firmada por el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, y la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi.

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