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El encuentro está previsto para mañana y no hay señales de acuerdo por la postura del empresariado y de la CTA Autónoma

Este martes se llevará a cabo la reunión del Consejo del Salario, para fijar un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $21.600. La convocatoria del Gobierno a empresarios y representantes gremiales se adelantó teniendo en cuenta en medio de un recrudecimiento de la pandemia. En este marco, la CGT anticipó que reclamará una mejora del 40% mientras fuentes oficiales sostienen que el Ejecutivo estima un aumento de entre el 32 al 35% como techo. En tanto, la CTA Autónoma no solo reclamará un sustancial incremento, sino que pidió que el salario mínimo alcance a los trabajadores y trabajadoras fuera de convenio.

El último encuentro de ese cuerpo tripartito se realizó el 14 de octubre último, y definió un aumento del 28% en tres cuotas, la última de las cuales se completó en marzo pasado. Del encuentro participarán, por el sector gremial, la CGT –Héctor Daer y Carlos Acuña como secretarios Generales- la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky y la CTA Autónoma que lideran Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy.

Las distintas centrales sindicales planean pedir ajustes que llegan al 40%, y la posibilidad de revisar los números a más tardar en octubre próximo, ante los temores que despierta una inflación acelerada que acumuló 13% en el primer trimestre.

El sector empresarial continuó definiendo este fin de semana la posición que plantearán en la reunión, pero se espera que esté por debajo de las expectativas sindicales.

Una de las mayores aspiraciones del sector gremial es que, tras definirse el aumento, el Ministerio de Trabajo ponga en marcha ya una nueva fecha para analizar las cifras en función de la inflación de los próximos meses. Los sindicatos pretenden que ese nuevo encuentro se realice en octubre, antes de las elecciones legislativas.

La CTA de los Trabajadores coincide con la pretensión de un aumento del 40% y aspiran a que el pago se concrete en un solo tramo. Por su parte, la CTA Autónoma pretende lograr que el salario mínimo se aproxime lo más posible a la canasta básica de $60.000 calculada por el INDEC para una familia tipo.

Llevarán como argumento la necesidad de hacer frente al crecimiento de la pobreza en el último año, que afecta al 42% de la población. También reclamarían actualizar el tope salarial que excluye a los trabajadores de ingresos medios del sistema de asignaciones familiares. La reunión virtual comenzará el martes a las 15 y, de no llegarse a un acuerdo, como suele ocurrir, laudará el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

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Juma cierra una de sus cuatro sucursales y ofrece rebajas hasta el 31 de octubre

La tienda de regalos Juma cerrará a fin de octubre su sucursal de la Peatonal de San Juan, ubicada en Rivadavia 222 Este, y ofrece una liquidación con 50% de descuento en todos sus productos. La medida afecta a uno de los cuatro locales de la firma, que continuará con sus otros establecimientos en funcionamiento.

La promoción comenzó el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el sábado 31, fecha prevista para el cierre del comercio. La liquidación coincide con las semanas previas al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas de regalos.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, su secretaria general, Mirna Moral, confirmó que los tres trabajadores que cumplen funciones en esa sucursal serían reubicados. De concretarse esa alternativa, el cierre no implicaría la pérdida de esos puestos laborales, aunque la continuidad dependerá de que se efectivicen los traslados anunciados.

La despedida de la Peatonal

La propietaria del emprendimiento comunicó la decisión a través de las redes sociales y recordó el significado que tuvo para el negocio instalarse en uno de los principales corredores comerciales de la capital sanjuanina.

“Fue un sueño posible estar en la Peatonal. Gracias a los clientes vivimos la experiencia de estar en el centro de la Peatonal. Hoy toca despedirnos”, expresó en su mensaje.

Con esta decisión, Juma dejará de atender en ese punto del microcentro, pero conservará sus otras tres sucursales, ubicadas en avenida Libertador 118 Este, avenida Libertador 165 Este y calle Laprida 184 Este.

La medida responde a la actual dinámica del sector minorista, si bien los motivos estratégicos detrás de la decisión no fueron revelados. Por el momento, el proceso de liquidación sella el retiro definitivo de este punto de venta clave en la Peatonal, aunque la compañía garantiza la continuidad de su red comercial en la ciudad de San juan.

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Protesta nacional: las dos CTA llaman a parar y movilizarse el 15 de octubre

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

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La oposición volvió a la calle por la Ley de Tierras y apuntó contra el DNU 70/23

Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.

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