En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

El diputado nacional Cristian Ritondo anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma laboral un día antes del recambio parlamentario. La iniciativa se presentará sin acuerdo pleno entre los actores del Consejo de Mayo, mientras la CGT y la UIA expresan reparos y persisten dudas sobre los alcances reales de los cambios propuestos.

“El 9 de diciembre lo presentamos. No va a ser el 15, va a ser el martes 9”, señaló Ritondo ante los periodistas acreditados, despejando así las versiones cruzadas que circulaban desde hace semanas sobre la fecha y el contenido de la iniciativa.

Del encuentro, además del propio Ritondo, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el titular de la UOCRA y representante sindical del Consejo, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Un proyecto sin acuerdo pleno

Según fuentes que participaron del cónclave, la presentación se hará sin consenso total entre los distintos sectores que integran el Consejo de Mayo.

Si bien el borrador del Gobierno incorporó algunas de las propuestas surgidas en las reuniones previas, la base central del proyecto será la que defina la Casa Rosada, bajo la impronta de la “modernización laboral” promovida por el oficialismo.

Gerardo Martínez, referente de la CGT en la mesa de diálogo, fue claro al expresar sus reservas:

“Hablamos de una modernización laboral, sin perder derechos”.

Por su parte, Rappallini también marcó discrepancias desde el sector empresario. El presidente de la UIA cuestionó algunos puntos del borrador y coincidió con Martínez en que la propuesta oficial aún está lejos de un consenso equilibrado.

Ritondo sintetizó el clima de la reunión:

“La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”.

Los puntos que generan fricción

Aunque el Ejecutivo desmintió reiteradamente filtraciones, trascendió que el proyecto incluiría cambios sensibles, entre ellos:

Convenios colectivos por empresa

Nuevos mecanismos de indemnización

Premios por productividad

Flexibilización en modalidades de contratación

Posible ampliación de la jornada laboral

Estos aspectos enfrentan resistencia tanto en la CGT como en algunos sectores empresariales, lo que dificulta el acuerdo político que el Gobierno intentó construir a través del Consejo de Mayo.

Tema previsional y coparticipación, en suspenso

Durante la reunión también se resolvió que, al menos por ahora, la Reforma Previsional y la Ley de Coparticipación quedarán excluidas de los diez puntos del Pacto de Mayo, una decisión que busca desactivar tensiones y avanzar en los acuerdos mínimos que aún se mantienen en pie.

La confirmación del envío del proyecto de reforma laboral el 9 de diciembre abre una nueva etapa de negociación —y conflicto— en el Congreso. Sin consenso entre sindicatos, empresarios y gobernadores, el Gobierno apuesta a que la nueva composición parlamentaria facilite la aprobación de una reforma estructural que considera clave para su programa económico. Sin embargo, el escenario político y las resistencias anticipan un debate intenso, con impacto directo en el mundo del trabajo y en la arquitectura laboral del país.

Tras una extensa reunión sin consenso, las centrales sindicales rechazaron la oferta «irrisoria» del sector empresario y cuestionaron la decisión del Gobierno de definir una vez más el Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto. Las propuestas empresariales quedaron muy por debajo de la inflación y de la Canasta Básica, mientras que las centrales reclamaron una actualización que recupere poder adquisitivo.

El Consejo del Salario, integrado por la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, representantes empresariales y el Gobierno, se reunió este miércoles para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que permanece congelado en $322.000 desde agosto. Pese a varias horas de debate y un cuarto intermedio que no modificó las posturas, no hubo acuerdo, y el Ejecutivo anunció que, como en casi toda la gestión de Javier Milei, el aumento se decidirá por decreto.

La reunión estuvo marcada por una brecha evidente entre las propuestas sindicales y empresariales. La CGT reclamó una actualización inmediata a $512.000 en noviembre, con una trayectoria ascendente hasta $553.000 en abril de 2026. La CTA Autónoma, por su parte, recordó que en abril las tres centrales habían coincidido en un piso de $644.000, cifra que actualizada por inflación ascendería hoy a $736.000. Desde esa lógica, plantearon que el salario mínimo debe avanzar hacia un valor que se aproxime al costo de la Canasta Básica Total, que mide el umbral de pobreza.

Las cámaras empresariales, en cambio, llevaron una propuesta muy por debajo de cualquier referencia real: $326.000 para noviembre, $331.000 para diciembre, $340.000 para febrero, $345.000 para marzo y $349.000 para abril, una mejora global de apenas $27.000 en seis meses. Para las centrales, se trata de una cifra «insuficiente e indigna», que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos dos años.

Un Consejo que funciona de forma virtual y una decisión que se repite

Ante el estancamiento, el Gobierno resolvió convocar a la instancia plenaria y oficializar que fijará el incremento por decreto. Desde el inicio de la administración Milei, el Consejo no ha logrado acordar un solo aumento, y en todos los casos el Ejecutivo terminó otorgando ajustes alineados con las propuestas empresariales.

Las tres centrales sindicales volvieron a insistir en que el Consejo debe funcionar de manera presencial, un reclamo que la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ya judicializaron. «Una vez más impidieron alcanzar una mejora real del salario mínimo, habilitando que el Gobierno decida por decreto con el despotismo habitual de estos dos años», cuestionó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

El dirigente sostuvo que el proceso «profundiza el deterioro» del SMVM, que continúa muy por debajo del umbral de pobreza, empujando hacia abajo al resto de los ingresos laborales. Godoy insistió en tomar los $736.000 como referencia base, con una escala de aumentos y una nueva convocatoria del Consejo en el corto plazo. «Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo al salario mínimo», afirmó.

Movilización en paralelo y reclamos que exceden el salario mínimo

Mientras se desarrollaba la reunión virtual, la CTA Autónoma y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo. Exigieron que el salario mínimo sea equivalente al valor de la Canasta Básica Total, el pago de un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

Los manifestantes remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo del SMVM se traduce en una degradación del salario de referencia para múltiples beneficios y programas, profundizando la vulnerabilidad de millones de trabajadores registrados, informales y de la economía popular.