La CGT Regional San Juan renueva su conducción este martes 25 de agosto con Eduardo Cabello como principal candidato y el respaldo de más de 50 organizaciones sindicales. En las horas previas a la elección, Víctor Menéndez, secretario del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (SUOES), ratificó el acompañamiento a la continuidad del dirigente al frente de la central obrera provincial y colocó la unidad gremial como una de las principales demandas frente al deterioro del empleo y los ingresos.

El proceso electoral fue reprogramado para facilitar la participación de la conducción nacional de la CGT y definir quién encabezaría la representación sindical sanjuanina durante los próximos años. Cabello sostuvo el esquema de conducción con un único secretario general, mientras que otros dirigentes barajaban alternativas que contemplaban una conducción colegiada, similar a la adoptada por la central a nivel nacional.

Menéndez aseguró que la candidatura de Cabello reúne un respaldo mayoritario entre las organizaciones que integran la CGT local. “Eduardo se ha postulado por un nuevo mandato y ha tenido más de 50 sindicatos de apoyo”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció el derecho de otros dirigentes a participar de la elección y señaló que la definición final corresponderá a los representantes gremiales.

Para el titular del SUOES, la disputa interna no debería desplazar la necesidad de preservar la cohesión del movimiento sindical. “Hoy realmente es una necesidad imperiosa que haya unidad en el movimiento obrero”, sostuvo, al describir una realidad marcada por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de los trabajadores para sostener el consumo cotidiano.

El gremialista cuestionó además la distancia entre los índices oficiales y los precios que enfrentan las familias. Según planteó, la referencia más concreta para los asalariados aparece en los gastos diarios de alimentación y servicios. “La verdadera inflación está cuando usted va al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, a la panadería”, señaló.

El dirigente también reclamó una política económica que combine recuperación salarial, producción y empleo, con participación de los gobiernos, empresarios y sindicatos. A su entender, la salida requiere acuerdos que permitan recomponer el mercado interno y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo.

Uno de los puntos de mayor preocupación para el gremialismo es la apertura de las importaciones. Menéndez advirtió que la competencia externa está golpeando a distintas ramas productivas y mencionó particularmente a la industria textil y las autopartes. También afirmó que algunas pequeñas y medianas empresas comenzaron a reemplazar la fabricación local por la importación de productos para poder sostenerse.

El impacto de la caída del consumo también alcanza a las estaciones de servicio. Menéndez explicó que el menor movimiento comercial repercute sobre empresas, muchas de ellas de escala pequeña o mediana, y modificó los hábitos de movilidad de los trabajadores. Según describió, personas que antes utilizaban sus vehículos particulares para trasladarse comenzaron a compartir automóviles, recurrir a motocicletas o utilizar el transporte público para reducir gastos.

La discusión sindical adquiere así una dimensión que trasciende la elección de autoridades. Para los gremios que respaldan a Cabello, la próxima conducción deberá afrontar reclamos salariales, pérdida de empleo, dificultades empresariales y cambios derivados de las políticas económicas nacionales, sin perder capacidad de representación colectiva.

Menéndez también vinculó el futuro laboral de San Juan con el desarrollo minero y destacó la posibilidad de generar puestos de trabajo con remuneraciones superiores al promedio. Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de esa industria debe complementarse con políticas capaces de fortalecer otras ramas productivas y ampliar las oportunidades laborales.

Con la elección a horas de concretarse, Cabello aparece como el dirigente con mayor respaldo público dentro de la CGT San Juan. La jornada este martes 25 de agosto definirá no solo la continuidad de una conducción, sino también el grado de cohesión con el que el sindicalismo provincial buscará responder a una etapa signada por la disputa salarial, la caída del consumo y las transformaciones del mercado laboral.

El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.

Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.