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Tendrán un incremento salarial del 14%. Se adiciona a los 26 puntos cerrados el año pasado

El número fue confirmado por el secretario Gremial de la Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA), Martín Berdiñas, quien señaló, además, que acordaron un bono extra para quienes trabajaron en relación de dependencia durante el aislamiento. Este miércoles se firmó la revisión que cierra la ronda salarial 2020. La misma comprende un período que va del 1 de mayo al 31 de agosto de este año. “En esta revisión también hemos podido lograr un bono de $7.000 no remunerativos para aquellos trabajadores que nunca dejaron de trabajar en el período de la cuarentena del año pasado” detalló Berdiñas.

El acta ratifica adicionalmente, que el pago del bono mencionado será en dos tramos iguales en junio y en septiembre de este año.

Del mismo documento se desprende que a partir del 1 de mayo se establece la garantía mínima mensual de remuneración en $53.928 y a partir del 1 de agosto en $57.456.

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Las ventas de combustibles al público se desplomaron más de 11% interanual

El 2024 definitivamente no es un buen año para las estaciones de servicio. Las ventas de combustibles al público cayeron consecutivamente durante varios meses y acumularon una baja del 6% en lo que va del año y un 11,8 % interanual.

Los datos revelan que todos los combustibles han sufrido caídas en sus ventas. La nafta premium tuvo el peor desempeño, con una disminución del 21% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, pasando de 221.713 m³ a 175.915 m³.

Por otro lado, aunque la nafta súper mostró una caída menos pronunciada, con una reducción del 3,7%, sigue siendo una señal de alerta para el sector. En cuanto al gasoil, la versión común experimentó una disminución del 19%, mientras que el gasoil premium vio una caída del 8%. Estos números reflejan un consumo que no solo se estanca, sino que se reduce drásticamente.

El Secretario Gral de Estaciones de Servicio Victor Menéndez, expresó que el rubro en San Juan no está exento de lo que acontece en el país, dado que hay una retracción económica y disminución muy impotante en las ventas de varias actividades y en el caso de los combustibles existe una caída importante de más de un 11% .

En este sentido dijo que la gente está optando por combustibles más baratos, como la nafta súper y el gasoil común, dejando de lado los más caros.

A pesar de este contexto negativo, Menéndez enfatizó que hasta el momento no se han reportado perdiadas de fuentes de trabajo, valorando el accionar de los empresarios del sector.

Ahora bien, para entender las razones detrás de esta caída sostenida en las ventas, se deben tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, está claro que la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo han llevado a los consumidores a priorizar gastos esenciales, reduciendo el uso del automóvil privado, lo que afecta directamente a la demanda de combustibles.

Por otro lado, las variaciones en el precio internacional del petróleo y las políticas de precios internos aplicadas en el país han generado incertidumbre en el mercado. La fluctuación de precios en los surtidores, con aumentos frecuentes, ha provocado que muchos usuarios opten por cargar menos combustible o buscar alternativas más económicas, como el transporte público.

El desafío mayor seguirá siendo la recuperación del nivel de ventas, especialmente si la situación económica no mejora en el corto plazo. Con una demanda golpeada y una oferta diversificada, el sector de combustibles en Argentina se enfrenta a uno de sus años más complejos, con miradas puestas en las decisiones políticas y económicas que puedan cambiar el panorama en 2025.

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General

La justicia cuestiona la política intervencionista de la Secretaria de Salud contra las Obras Sociales Sindicales 

La Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM), consiguió un fallo a favor de la Cámara del Trabajo, que cuestionó el procedimiento de intervención realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde entienden que hay “indicios de ilegitimidad”, ya que no se cumplió con “el procedimiento sumarial previo a la aplicación de la sanción», ni se garantizó «el derecho de defensa», ya que según esta resolución del fuero laboral, la intervención sólo se basó en «una auditoría integral», sin contemplar instancias sancionatorias previas.

La SSS, que seguramente buscará llevar el caso a otra instancia de pleito judicial, fundamentó su accionar en el hecho de haber detectado “irregularidades” relacionadas a las prestaciones por discapacidad, en cuanto a la “documentación exigida”. Y omisiones que alega cometió la OSPM referidas a seguimientos o auditorías sobre estos servicios,  adeudando la presentación de papeles” que avalen estos movimientos. Aunque  históricamente se reconoce de manera extraoficial, que estas faltas usualmente no se castigan con una intervención.

En paralelo a la compulsa judicial, se abre también una incógnita desde el campo sindical, sobre el respaldo que conseguirá en su accionar, el organismo de Salud, oficializado ya su manejo en la figura de Mario Lugones, de dilatada trayectoria en estas áreas y de muy buena llegada a los principales referentes de las coberturas de salud tanto de las empresas de medicina privada, y sus prestadores, como con las Obras Sociales Sindicales de más peso.

También se espera un rol más activo de la CGT, para que ponga a disposición de otras obras sociales de los trabajadores, todos los vínculos de diálogo con lo que cuentan varios integrantes del Consejo Directivo de la central y la llegada a distintos interlocutores de la actual administración de gobierno.

Más aún, teniendo en cuenta que el caso de la Obra Social del Personal Mosaísta, es parte de una larga lista de coberturas de salud sindicales intervenidas por diferentes  procedimientos (OSPRERA, Fósforo, Ladrilleros y Vareadores, entre otras), sumado a muchas otras que se encuentran siendo observadas con una intensidad pocas veces vista durante presidencias nacionales anteriores y obligadas a ejercer su defensa o enfrentar el procedimiento de manera unilateral, sin conseguir que otras confederaciones afines acompañen sus reclamos y pongan en superficie estas prácticas, que ahora cuentan con un fallo judicial que cuestiona al menos, la forma en que se está ejerciendo este procedimiento desde del área que encabeza Lugones.

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Las CTA y otras 60 organizaciones presentaron firmas en el Congreso contra el mega DNU de Milei

Las dos CTA y otras 60 organizaciones presentaron hoy en el Congreso unas 500 mil firmas en rechazo del mega DNU firmado por el presidente Javier Milei que aplica varias desregulaciones del Estado y sigue vigente, a excepción de algunos artículos como el de la reforma laboral que quedó trabado en la Justicia.

Las firmas fueron recolectadas en la campaña «Un pueblo firme contra el DNU», impulsada por estas organizaciones que «trabajaron durante meses para llevar esta iniciativa al conjunto de la sociedad», se informó en un comunicado. 

Los referentes de las dos CTA, que están en medio de un proceso de reunificación, Hugo «Cachorro» Godoy, Claudio Lozano y Hugo Yasky encabezaron la actividad que contó con la presencia de los diputados: Germán Martínez (Unión por la Patria), Paula Penaca (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Federal), Esteban Paulón (Hacemos Federal), Vanina Biasi (FITU) y Cristian Castillo (FITU), entre otros.

«Somos 60 organizaciones que venimos a pedir la derogación del Decreto 70/23 a través del cual Milei quiere gobernar por decreto en contra de los derechos democráticos de la sociedad argentina. Con en esta campaña, se han recorrido barrios, lugares de trabajo, oficinas, talleres, las calles y encontramos un pueblo necesitado de ser reconocido, valorado», sostuvo Godoy.

Y agregó: «Estamos presentando más de 500 mil firmas que hemos recogido durante varios meses y seguiremos trabajando para que se pueda materializar su derogación con el empuje de los y las diputadas de los diferentes bloques que hoy las están recibiendo».

«A 40 años de democracia, ver un decreto de esta naturaleza implicaba que algunas cosas no habían estado funcionando bien. Nos parecía grave, porque el decreto en sí mismo es una reforma constitucional de hecho, y marcaba que el Ejecutivo buscaba la suma del poder público», agregó Lozano.

El diputado Martínez, por su parte, dijo que ahora deberán «ir despacho por despacho pidiendo el voto positivo, o que al menos den quórum» para luego tratar de voltear el DNU.

«El DNU 70 es inconstitucional, y debe ser nulo inmediatamente. No nos va bien en este punto porque hay una ley que da más valor a un DNU que a una ley votada en ambas cámaras. Es muy importante saber que debemos derogar la ley 26.122, que es la que permite hoy al gobierno gobernar con DNU», opinó a su turno Stolbizer. 

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