Luego de ratificar una marcha contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y descartar, por ahora, la convocatoria a un paro nacional el día en que la iniciativa comience a tratarse en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente de tensión: anunció que lanzará su propio índice de inflación, en respuesta a la creciente desconfianza sobre las mediciones oficiales.

La decisión se da en un clima marcado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un episodio que terminó de erosionar la credibilidad del organismo estadístico, ya cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales. Desde la sede de la calle Azopardo aseguran que comenzaron a trabajar en la confección de “un índice serio y respaldado”, aunque evitaron precisar cuándo comenzaría a difundirse públicamente.

Según explicaron fuentes de la central obrera, el objetivo es construir una medición que refleje el impacto real de los precios en el consumo cotidiano, especialmente en los bienes y servicios básicos. En ese sentido, señalaron que ya existen contactos con sectores académicos para avanzar en una metodología propia que permita dar sustento técnico al relevamiento.

“Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”, planteó Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT. El dirigente, referente del sindicato del vidrio, sostuvo que muchos trabajadores confiaron en los datos oficiales y terminaron perdiendo poder adquisitivo, al cerrar acuerdos salariales que luego quedaron muy por debajo de la inflación real que se percibe “en la góndola”.

En simultaneo, Jerónimo se refirió a la movilización prevista para este miércoles, día en que comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Explicó que la protesta tiene como objetivo “mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto” y negó que la decisión de no convocar a un paro responda a desacuerdos internos, aunque reconoció que la estrategia no conforma a todos los sectores de la CGT.

“Somos respetuosos de las decisiones colectivas. Cada sector fija su posición y se resuelve por mayoría. No descartamos escalar el nivel de conflictividad si nuestros reclamos no son escuchados”, afirmó. En la misma línea, remarcó el carácter colegiado de la central obrera y admitió la convivencia de miradas distintas dentro del consejo directivo.

Al analizar el proyecto del Gobierno, Jerónimo fue categórico: sostuvo que la iniciativa “no moderniza nada” y que tendrá un impacto negativo en el mundo laboral, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas. También cuestionó el argumento oficial de la “actualización” normativa y recordó que los convenios colectivos de trabajo siguen siendo “una herramienta que funciona muy bien”.

En ese sentido, destacó que en los últimos días diversas cámaras empresariales, entre ellas CAME y CGE, expresaron públicamente su rechazo al proyecto. “Queda claro que no es una iniciativa que incentive a la gran mayoría del mundo laboral”, subrayó.

Jerónimo volvió a reclamar un diálogo genuino con el Ejecutivo, al asegurar que la CGT “nunca fue convocada” y cuestionó el rol del Consejo de Mayo, al que definió como “un espacio consultivo no vinculante”. En cuanto a la organización de la protesta, precisó que la concentración central será este miércoles a las 15 horas en la Plaza del Congreso, con movilizaciones simultáneas frente a las casas de gobierno provinciales.

“Repudiamos el proyecto y apelamos a la reflexión de muchos gobernadores, para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Todos los días cierran empresas y se pierden miles de puestos de trabajo. Si no escuchan nuestros pedidos, no descartamos escalar la conflictividad”.

Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral, en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación. El empresariado mantiene un llamativo silencio y el sindicalismo apuesta a modificar los puntos más conflictivos en el Congreso, en un escenario de negociaciones cruzadas y márgenes cada vez más estrechos.

El Ejecutivo nacional avanza en el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del Congreso: los votos estarían. En despachos alineados con la administración libertaria aseguran que el poroteo resulta favorable tanto en Diputados como en el Senado, gracias al respaldo de aliados clave y a acuerdos que, aunque no siempre explícitos, comienzan a reflejarse en el clima legislativo.

Mientras se afina la ingeniería parlamentaria, el contraste entre actores sociales es marcado. Las cámaras empresariales optan por el silencio, sin comunicados conjuntos ni gestos de presión institucional, lo que en la práctica es leído como una señal de aval implícito al proyecto. En este aspecto, el movimiento sindical —que hasta ahora no convocó a un paro general— parece concentrar su estrategia en intentar bloquear o modificar los puntos más polémicos de la iniciativa durante el debate en comisiones y el recinto.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y la hoy senadora Patricia Bullrich siguen de cerca las negociaciones y empujan un objetivo político concreto: llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con la reforma laboral ya sancionada. Ese cronograma imprime urgencia a las conversaciones y eleva la presión sobre aliados y opositores dialoguistas.

En ese esquema, el rol de los gobernadores aparece como una pieza central. Aunque varios mandatarios provinciales evitan definiciones públicas o ensayan gestos de distancia del oficialismo, en el Congreso crece la percepción de que muchos de ellos ya habrían cerrado acuerdos con el Gobierno nacional. Ese silencio calculado, interpretan incluso en sectores de la oposición, podría traducirse en votos decisivos a favor del proyecto, aun cuando se expresen críticas parciales o disidencias discursivas.

El empresariado, por su parte, despliega un doble discurso. En público, algunos referentes advierten sobre incertidumbre jurídica o señalan que la reforma no los satisface plenamente. Sin embargo, en los hechos no se registran acciones concretas para frenar la iniciativa: no hay posicionamientos colectivos, ni advertencias de peso, ni señales de conflicto abierto con el Ejecutivo. En el mundo sindical, esta pasividad es interpretada como un indicio de que los principales grupos empresarios ya estarían negociando beneficios sectoriales y reacomodando intereses dentro del nuevo marco laboral.

Desde las centrales sindicales, en cambio, el diagnóstico es más prudente. Dirigentes gremiales sostienen que el proyecto difícilmente se apruebe antes de marzo y que, en su redacción actual, “así no pasa”. La apuesta pasa por introducir cambios durante el debate parlamentario y aprovechar las tensiones internas del oficialismo y sus aliados para reabrir la discusión. No obstante, puertas adentro también reconocen que el margen de maniobra se achica con el correr de los días.

La principal incógnita sigue siendo la capacidad de respuesta del movimiento obrero. Para frenar o modificar de fondo la reforma, advierten distintas fuentes sindicales —incluso dentro de la CGT—, no alcanza con gestiones reservadas ni comunicados. Haría falta una gran movilización nacional, acompañada por paros sectoriales y acciones concretas en los lugares de trabajo, incluso con sindicatos que decidan avanzar por cuenta propia si no hay una convocatoria unificada.

Con el reloj político corriendo y los acuerdos avanzando en silencio, la reforma laboral se encamina a una definición clave. El desenlace dependerá no sólo del número de votos, sino también de cuánto estén dispuestos los distintos actores a salir de la especulación y asumir costos políticos reales.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Eduardo Cabello, referente de la CGT Regional San Juan, cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que definió como un proceso de precarización profunda. Confirmó una movilización federal para el 11 de febrero y advirtió sobre el avance del poder económico sobre los derechos de los trabajadores.

Según explicó Cabello, la decisión fue tomada tras un plenario reciente y forma parte de una estrategia nacional coordinada. “Si se convoca a la sesión para tratar la reforma, la CGT va a movilizar al Congreso. Y en las provincias, donde no se viaje a Buenos Aires, la manifestación se hará en las calles”, señaló. En el caso de San Juan, adelantó que durante este lunes se realizará una nueva reunión para terminar de definir la modalidad de la protesta prevista para el miércoles.

Para el dirigente sindical, el proyecto oficial dista de ser una modernización del sistema laboral. “Más que una reforma, es una precarización que nos devuelve al pasado”, sostuvo, y advirtió que la iniciativa apunta a eliminar derechos conquistados con décadas de lucha. Entre los aspectos más preocupantes, mencionó la afectación de los convenios colectivos, la flexibilización de las jornadas, la facilitación de despidos y el impulso de negociaciones individuales que debilitan la protección del trabajador.

El referente de la CGT en San Juan remarcó que los derechos laborales surgieron como respuesta a contextos de extrema desigualdad y que hoy se intenta borrarlos “de un plumazo”.

En ese marco, señaló que la CGT mantendrá conversaciones políticas, pero que también deposita expectativas en el Poder Judicial. “La Constitución Nacional ya nos ha dado la razón en otras oportunidades y esperamos que vuelva a ser un freno”, afirmó, aunque alertó sobre la posibilidad de que la reforma sea vaciada de contenido mediante decretos reglamentarios aún desconocidos.

La incertidumbre, advirtió, es uno de los ejes centrales del momento actual. “No se sabe cómo se va a reglamentar la ley ni qué modificaciones se intentarán hacer sobre artículos clave. Con lo poco que se conoce, ya es evidente que es muy perjudicial para el trabajador”, sostuvo. En ese orden, reconoció que el escenario es complejo no sólo en lo sindical, sino también en lo político y social.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al respaldo de especialistas en derecho laboral. Destacó una reciente reunión con abogados laboralistas de la Federación Judicial Argentina, quienes coincidieron en calificar la reforma como un retroceso al siglo XIX, al desandar principios básicos del derecho del trabajo moderno.

Consultado sobre los intereses detrás del proyecto, el dirigente no dudó en señalar al poder económico. “Negarlo sería mentirse. Esto responde a sectores que buscan maximizar ganancias a costa de los derechos de la gente”, afirmó. En esa línea, advirtió sobre una estrategia comunicacional que, según explicó, lleva a parte de la sociedad a creer que la eliminación de aportes sindicales o regulaciones laborales beneficiará su bolsillo.

“Hay quienes piensan que van a ganar más porque no les descuenten la cuota sindical, pero después les van a pagar cuatro o cinco meses y les van a sacar todo. Y lo peor es que no van a tener a quién recurrir”, explicó. Para Cabello, el objetivo central es debilitar primero a las organizaciones sindicales para luego dejar al trabajador “desprotegido, a la buena de Dios”.

El representante cegetista  alertó también sobre la fragmentación del sistema gremial y la idea de promover sindicatos individuales, lo que —según advirtió— obligaría a los trabajadores a litigar incluso fuera del país. “Es un esquema que ya se vio en otros lugares y siempre termina perjudicando al que trabaja”, señaló.

Con una movilización que se prevé multitudinaria y de alcance nacional, la CGT busca exhibir su capacidad de convocatoria y frenar una reforma que considera regresiva. Para Eduardo Cabello, la disputa excede una ley puntual y pone en juego el modelo de relaciones laborales en la Argentina. “La calle siempre fue el lugar donde se conquistaron derechos”, concluyó. El 11 de febrero, el sindicalismo volverá a apostar a ese escenario para defenderlos.