La Cámara de Servicios Mineros planteó ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado la necesidad de reducir la carga tributaria que soportan las empresas proveedoras y de introducir modificaciones en la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. El objetivo es fortalecer la competitividad de las firmas locales frente al ciclo de expansión que proyecta la industria del cobre.

La agenda del desarrollo minero comenzó a trasladarse con mayor intensidad al plano de las políticas públicas nacionales. En ese marco, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan Pablo Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer las principales demandas de las empresas proveedoras que operan en torno a la actividad extractiva.

El encuentro, del que también participó el senador nacional Bruno Olivera, permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno nacional sobre uno de los temas que mayor preocupación genera entre las compañías del sector: la elevada presión tributaria y su impacto sobre la competitividad de las firmas argentinas frente a un escenario de fuerte expansión de las inversiones mineras.

Delgado explicó que la estructura fiscal vigente representa uno de los principales condicionantes para el crecimiento de los proveedores. A la carga de tributos nacionales, como el Impuesto a las Ganancias y el IVA, se suman gravámenes provinciales y municipales que, según sostuvo, conforman un esquema de alta complejidad administrativa y elevados costos operativos para las empresas.

Durante la reunión también se analizaron las medidas de desregulación que impulsa la administración nacional para facilitar las importaciones de bienes de capital e insumos. Desde Casemi consideran que una reducción de los costos vinculados a la adquisición de equipamiento contribuiría a mejorar la eficiencia del sector y ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda que generarán los grandes proyectos cupríferos.

Según Delgado, Sturzenegger recibió los planteos con predisposición y adelantó que tanto su cartera como el Ministerio de Economía trabajan en iniciativas orientadas a simplificar procedimientos y revisar aspectos del esquema tributario. En ese contexto, el dirigente empresarial confirmó que ya inició gestiones para concretar una reunión con el ministro Luis Caputo, con el propósito de profundizar el análisis de las medidas fiscales que reclama la actividad.

Otro de los puntos del encuentro estuvo vinculado con la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. Casemi solicitó agilizar los procesos de inscripción de los proveedores y revisar los criterios utilizados para acceder a los beneficios previstos por la normativa. El planteo apunta especialmente a que el régimen incorpore variables vinculadas con los planes de inversión y el potencial de crecimiento de las empresas, en lugar de considerar exclusivamente los niveles históricos de facturación.

Desde la entidad sostienen que esa modificación permitiría preparar con mayor anticipación al entramado empresarial sanjuanino para abastecer la demanda que generarán emprendimientos de gran escala como Vicuña y Los Azules, proyectos que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento de la minería argentina durante la próxima década.

Consultado sobre las proyecciones realizadas semanas atrás por Federico Sturzenegger, quien estimó que provincias como San Juan podrían experimentar un fuerte incremento poblacional impulsado por el desarrollo minero, Delgado coincidió en que la provincia atraviesa un proceso de expansión con perspectivas favorables, aunque llamó a interpretar ese escenario con prudencia.

El titular de Casemi señaló que existen avances concretos en distintos proyectos y destacó los recientes indicadores que ubican a San Juan entre las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de empleo. Sin embargo, advirtió que la consolidación de ese crecimiento dependerá de la ejecución efectiva de las inversiones y de la construcción de un marco de previsibilidad que permita fortalecer el desarrollo de los proveedores locales, considerados un eslabón decisivo para transformar el potencial minero en generación sostenida de empleo y actividad económica.

El inicio de julio trae una nueva ronda de actualizaciones en servicios y consumos básicos. Medicina prepaga, alquileres, gas natural y combustibles registran incrementos que, aunque moderados respecto de meses anteriores, vuelven a elevar el costo de vida de los hogares en un presente de recuperación todavía frágil del poder adquisitivo.

El comienzo del segundo semestre llega acompañado por una nueva serie de aumentos que alcanzan a algunos de los principales componentes del presupuesto familiar. Desde este 1 de julio entraron en vigencia ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, las tarifas de gas natural, los contratos de alquiler que actualizan este mes y los combustibles, incrementos que responden al esquema de recomposición gradual impulsado a nivel nacional.

Aunque la inflación mostró una marcada desaceleración durante los últimos meses y el índice de mayo se ubicó en 2,1%, las actualizaciones periódicas continúan trasladándose a distintos servicios esenciales, consolidando una presión constante sobre los gastos corrientes de las familias.

Uno de los incrementos más relevantes corresponde a las empresas de medicina prepaga. Las principales prestadoras comenzaron a aplicar aumentos que, en promedio, rondan el 2,1%, aunque determinados planes registran ajustes de hasta 2,9%, según la cobertura y las condiciones de contratación.

El mercado de alquileres también presenta modificaciones de acuerdo con el régimen bajo el cual fue firmado cada contrato. Quienes aún mantienen acuerdos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres deberán afrontar una actualización anual del 31,54%, calculada mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL).

En los contratos celebrados bajo el nuevo esquema, los incrementos dependen de la periodicidad pactada. Las revisiones semestrales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor registran un ajuste del 16,7%, mientras que los contratos con actualización trimestral aplican una suba del 8,1%.

Las tarifas de gas natural también comenzaron el mes con modificaciones. El servicio registra un incremento promedio del 2,81%, una actualización que coincide con el período de mayor demanda energética debido a las bajas temperaturas y al incremento del consumo residencial para calefacción.

A la lista se suman los combustibles, cuyos precios volvieron a modificarse tras la actualización parcial de los impuestos nacionales que gravan las naftas y el gasoil. El traslado a los surtidores representa una suba promedio cercana al 1%, aunque los valores finales pueden variar según la empresa y la región.

Si bien los porcentajes son inferiores a los observados durante los momentos de mayor aceleración inflacionaria, la acumulación de ajustes en salud, vivienda, energía y movilidad continúa condicionando la economía cotidiana. Para numerosos hogares, el desafío sigue siendo absorber aumentos simultáneos en servicios esenciales mientras los ingresos avanzan a un ritmo todavía insuficiente para recomponer plenamente el poder de compra perdido durante los últimos años.

La administración provincial presentó una nueva propuesta de recomposición salarial para el segundo semestre que contempla incrementos escalonados del 2% en agosto, octubre y diciembre, además de una mejora en los adicionales por zona desfavorable. UDAP, UDA y AMET llevarán la oferta a consulta con sus afiliados antes de responder oficialmente.

La negociación paritaria del sector docente ingresó en una instancia determinante. Tras varias rondas de diálogo, el Gobierno de San Juan reformuló su propuesta económica y puso sobre la mesa un esquema de actualización salarial para la segunda mitad del año que combina incrementos sucesivos sobre el valor índice con una mejora de los adicionales destinados a quienes cumplen funciones en los departamentos más alejados de la provincia.

La reunión, desarrollada en el Centro Cívico, reunió a funcionarios del Ejecutivo con representantes de los gremios, dado que la recomposición salarial docente sigue siendo una prioridad en la agenda laboral provincial. Si bien no hubo una definición inmediata, los sindicatos resolvieron trasladar la propuesta a las bases para que sea analizada antes de adoptar una posición institucional.

El ofrecimiento oficial establece un incremento del 2% en agosto, calculado sobre el valor índice correspondiente a junio de 2026; un nuevo 2% en octubre, tomando como referencia el índice actualizado de agosto; y un tercer aumento del 2% en diciembre, aplicado sobre el valor vigente en octubre. De concretarse, el esquema configurará una recomposición escalonada durante el segundo semestre del año.

Junto con la actualización salarial, el Ejecutivo incorporó modificaciones en el régimen de adicionales por ubicación geográfica, un reclamo sostenido por los trabajadores que prestan servicios en zonas de mayor complejidad. Desde octubre, el Radio 4 elevaría su adicional del 95% al 100%; el Radio 5, del 115% al 120%; el Radio 6, del 135% al 140%; mientras que el Radio 7 pasaría del 155% al 160%, fortaleciendo la compensación para los establecimientos más alejados.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales insistieron en una agenda que excede la discusión estrictamente salarial. Entre los planteos presentados figuran el pago de décimas pendientes, la liquidación del bono de $100.000 correspondiente a docentes que accedieron a la titularización, la regularización de cuotas alimentarias retenidas, una mayor celeridad en la liquidación de suplencias, la cancelación de expedientes con demoras administrativas y la revisión de la zonificación vigente en Jáchal y Caucete, dos departamentos donde consideran que la clasificación actual no refleja las condiciones reales de prestación del servicio educativo.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el viernes 3 de julio a las 14, cuando UDAP, UDA y AMET comunicarán el resultado de las consultas internas y definirán si aceptan la propuesta oficial o si impulsan una nueva etapa de negociación en busca de mejoras adicionales.