La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.

El Gobierno nacional confirmó que introducirá modificaciones en alrededor de 30 artículos del proyecto de reforma laboral, tras una reunión con bloques dialoguistas que responden a los gobernadores. La vocera del oficialismo, Patricia Bullrich, habló de una “construcción colectiva” y dejó entrever un escenario favorable para la media sanción en el Congreso.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo para destrabar el tratamiento de la reforma laboral al consensuar modificaciones con los bloques legislativos dialoguistas. A la salida de una reunión en el Congreso, la ministra de Seguridad y vocera política de La Libertad Avanza en este tema, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto sufrirá cambios sustanciales.

“Hicimos un repaso artículo por artículo del dictamen de la ley que se va a votar y llegamos a un acuerdo muy sólido”, sostuvo Bullrich ante la prensa. En ese marco, anticipó que “se van a modificar alrededor de 30 artículos”, como resultado de las negociaciones con los sectores que responden a los gobernadores.

Según explicó, el proceso fue el resultado de una “construcción colectiva”, una definición que el oficialismo comenzó a instalar para marcar un giro discursivo en torno a una iniciativa que había generado fuertes resistencias tanto en el plano político como sindical.

Mesa política y definiciones finales

El dictamen consensuado será analizado este martes en una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que se llevará a cabo en la Casa Rosada. Allí, la cúpula libertaria terminará de definir los detalles de redacción del acuerdo alcanzado y el esquema final con el que el proyecto llegará al recinto.

El entendimiento alcanzado parece responder a varios de los puntos más sensibles planteados por los gobernadores y por sectores del movimiento obrero, que mantuvieron canales de diálogo abiertos con senadores y funcionarios desde el inicio del debate.

Diálogo sindical y señales políticas

En este aspecto a las negociaciones legislativas, el Gobierno sostuvo contactos informales con referentes gremiales. Incluso en medio de las protestas convocadas contra la reforma laboral, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, defendió públicamente la importancia del diálogo y aseguró que el vínculo con el Ejecutivo “no está cortado”.

“Los sindicatos tienen la obligación de hablar”, había señalado Martínez, al advertir que “nadie puede resolver en soledad los problemas estructurales que tiene la Argentina”. Horas más tarde, el avance del acuerdo político pareció darle sustento a esa postura.

Con cambios en cerca de una treintena de artículos y el aval de los bloques dialoguistas, el Gobierno se encamina a lograr la media sanción de la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa. El resultado de la negociación marca un punto de inflexión: del intento inicial de imponer el texto original, el oficialismo pasó a una estrategia de consenso que busca reducir resistencias sin resignar el núcleo de la iniciativa.

Luego de ratificar una marcha contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y descartar, por ahora, la convocatoria a un paro nacional el día en que la iniciativa comience a tratarse en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente de tensión: anunció que lanzará su propio índice de inflación, en respuesta a la creciente desconfianza sobre las mediciones oficiales.

La decisión se da en un clima marcado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un episodio que terminó de erosionar la credibilidad del organismo estadístico, ya cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales. Desde la sede de la calle Azopardo aseguran que comenzaron a trabajar en la confección de “un índice serio y respaldado”, aunque evitaron precisar cuándo comenzaría a difundirse públicamente.

Según explicaron fuentes de la central obrera, el objetivo es construir una medición que refleje el impacto real de los precios en el consumo cotidiano, especialmente en los bienes y servicios básicos. En ese sentido, señalaron que ya existen contactos con sectores académicos para avanzar en una metodología propia que permita dar sustento técnico al relevamiento.

“Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”, planteó Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT. El dirigente, referente del sindicato del vidrio, sostuvo que muchos trabajadores confiaron en los datos oficiales y terminaron perdiendo poder adquisitivo, al cerrar acuerdos salariales que luego quedaron muy por debajo de la inflación real que se percibe “en la góndola”.

En simultaneo, Jerónimo se refirió a la movilización prevista para este miércoles, día en que comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Explicó que la protesta tiene como objetivo “mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto” y negó que la decisión de no convocar a un paro responda a desacuerdos internos, aunque reconoció que la estrategia no conforma a todos los sectores de la CGT.

“Somos respetuosos de las decisiones colectivas. Cada sector fija su posición y se resuelve por mayoría. No descartamos escalar el nivel de conflictividad si nuestros reclamos no son escuchados”, afirmó. En la misma línea, remarcó el carácter colegiado de la central obrera y admitió la convivencia de miradas distintas dentro del consejo directivo.

Al analizar el proyecto del Gobierno, Jerónimo fue categórico: sostuvo que la iniciativa “no moderniza nada” y que tendrá un impacto negativo en el mundo laboral, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas. También cuestionó el argumento oficial de la “actualización” normativa y recordó que los convenios colectivos de trabajo siguen siendo “una herramienta que funciona muy bien”.

En ese sentido, destacó que en los últimos días diversas cámaras empresariales, entre ellas CAME y CGE, expresaron públicamente su rechazo al proyecto. “Queda claro que no es una iniciativa que incentive a la gran mayoría del mundo laboral”, subrayó.

Jerónimo volvió a reclamar un diálogo genuino con el Ejecutivo, al asegurar que la CGT “nunca fue convocada” y cuestionó el rol del Consejo de Mayo, al que definió como “un espacio consultivo no vinculante”. En cuanto a la organización de la protesta, precisó que la concentración central será este miércoles a las 15 horas en la Plaza del Congreso, con movilizaciones simultáneas frente a las casas de gobierno provinciales.

“Repudiamos el proyecto y apelamos a la reflexión de muchos gobernadores, para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Todos los días cierran empresas y se pierden miles de puestos de trabajo. Si no escuchan nuestros pedidos, no descartamos escalar la conflictividad”.