La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el planteo del Gobierno y resolvió apartar al fuero laboral en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo. La decisión reconfigura el frente judicial sobre la reforma laboral y anticipa una disputa que podría escalar hasta la Corte Suprema.

El gobierno de Javier Milei obtuvo un primer resultado favorable en el terreno judicial al lograr que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral cambie de jurisdicción. La resolución, firmada por la jueza Macarena Marra Giménez, admitió la inhibitoria presentada por el Estado nacional y estableció que el expediente pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando al Juzgado Nacional del Trabajo N°63.

La medida introduce un giro relevante en el litigio, ya que modifica el ámbito donde se analizará la validez de la normativa cuestionada. En términos procesales, la inhibitoria implica que el tribunal que intervenía originalmente debe cesar su actuación, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa judicial.

Fuentes del ámbito laboral consultadas por especialistas señalaron que la decisión no está exenta de controversias y podría derivar en un conflicto de competencia entre fueros. En ese caso, la definición final quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que tendría la última palabra sobre qué tribunal debe intervenir.

Una reforma bajo cuestionamiento

La causa se originó a partir de una acción colectiva presentada por la CGT, que logró inicialmente una medida cautelar en la Justicia laboral. Ese fallo suspendió de manera provisoria la aplicación de un conjunto amplio de artículos de la Ley 27.802, al considerar que existían indicios de inconstitucionalidad y riesgo de perjuicios de difícil reparación si la norma entraba en vigencia.

El pronunciamiento no abordó el fondo del asunto, aunque sí estableció un freno inmediato sobre aspectos centrales de la reforma. Entre los puntos objetados se encuentran modificaciones en el esquema de indemnizaciones, la ampliación de facultades empresariales, la flexibilización de condiciones de trabajo y limitaciones a la actividad sindical.

El tribunal laboral que intervino en primera instancia también reconoció la legitimación de la central obrera para representar al conjunto de los trabajadores en este tipo de demandas colectivas. En su argumentación, sostuvo que existía una “verosimilitud del derecho calificada”, al advertir posibles vulneraciones a garantías constitucionales, especialmente aquellas vinculadas a la protección del trabajo consagrada en el artículo 14 bis.

Un escenario judicial abierto

La aceptación de la inhibitoria no cierra la controversia, sino que reordena el tablero. Con el expediente en el fuero contencioso, el Gobierno busca fortalecer su defensa jurídica de la reforma, mientras que la CGT anticipa nuevas instancias de impugnación.

El proceso se inscribe en una serie de resoluciones que ya han limitado la aplicación de distintos artículos de la norma, lo que evidencia la complejidad del debate en tribunales. La eventual intervención del máximo tribunal podría convertirse en el punto de inflexión para definir el alcance definitivo de la legislación.

El traslado de la causa al fuero contencioso representa un avance estratégico para el Ejecutivo en una disputa que excede lo técnico y adquiere dimensión institucional. La reforma laboral, uno de los pilares del programa oficial, continúa atravesada por cuestionamientos que mantienen en suspenso su implementación plena.

A partir de ahora, la evolución del expediente y las decisiones judiciales que se adopten marcarán el rumbo de un conflicto con impacto directo en el mundo del trabajo y en el equilibrio entre las políticas públicas y los derechos laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió retomar la iniciativa en el escenario público con una convocatoria a movilizarse el próximo 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en la antesala del Día del Trabajador. La decisión se adoptó en el marco de una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo, donde la central delineó una estrategia que combina presión callejera, posicionamiento político y reivindicación simbólica.

La protesta se inscribe en una etapa de reconfiguración del movimiento obrero, luego de una serie de fallos judiciales que limitaron aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. En ese clima, la conducción cegetista busca recuperar protagonismo frente a un esquema económico que —según denuncian— condiciona las negociaciones salariales.

Uno de los ejes del reclamo apunta directamente a la política de ingresos. Desde la central sostienen que el Gobierno fijó un límite implícito en las paritarias que se ubica por debajo de la evolución de los precios, lo que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores. “Se impone un techo que no refleja la realidad inflacionaria”, advirtió Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.

El dirigente, referente del Sindicato del Seguro, remarcó la necesidad de garantizar negociaciones libres y sin condicionamientos, con acuerdos que respondan a las particularidades de cada actividad. En esa línea, el planteo sindical apunta a recuperar margen de discusión en un escenario donde los ingresos muestran dificultades para acompañar el ritmo de los precios.

La jornada del 30 de abril tendrá además un componente simbólico y religioso. La central obrera confirmó que se realizará una ceremonia en homenaje al Papa Francisco, destacando su histórica cercanía con el mundo del trabajo y su prédica en favor de la justicia social. La figura del pontífice será un eje articulador del mensaje que la CGT buscará proyectar durante la movilización.

Se prevé una amplia participación de distintos sectores. A la convocatoria se sumarán organizaciones sociales agrupadas en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que en los últimos días protagonizaron protestas en rechazo a decisiones del Ministerio de Capital Humano vinculadas a la reducción de programas de asistencia. La confluencia entre el sindicalismo tradicional y los movimientos sociales configura un frente más amplio de oposición a las políticas oficiales.

La actividad industrial argentina profundizó su retroceso durante febrero y alcanzó uno de los niveles más bajos de la última década. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción manufacturera cayó un 8,7% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que en el acumulado del primer bimestre la contracción llegó al 6,0%.

El dato mensual también refleja un deterioro marcado: la actividad se redujo un 4,0% respecto de enero, configurando la caída más pronunciada desde marzo del año pasado. En términos históricos, la serie original registró el peor febrero desde el inicio de la medición en 2016, un indicador que dimensiona la magnitud del retroceso.

El desplome fue extendido a casi toda la estructura industrial. Catorce de las dieciséis divisiones relevadas exhibieron variaciones negativas, lo que evidencia una afectación transversal del entramado productivo. Entre los sectores más golpeados se destacan la industria textil, con una baja del 33,2%, la fabricación de maquinaria y equipo (-29,4%) y la producción de otros equipos y aparatos (-24,6%), rubro en el que incidió una caída del 50,1% en la fabricación de teléfonos celulares.

La industria automotriz también mostró cifras alarmantes, con una retracción del 24,6%. Las ventas a concesionarios de unidades nacionales se desplomaron un 45,9%, mientras que las exportaciones de vehículos cayeron un 37,2%, con impacto directo en el comercio con Brasil, principal destino del sector.

En el caso del segmento textil, uno de los más sensibles, los indicadores reflejan un deterioro profundo: los tejidos y acabados retrocedieron un 47,0% y los hilados de algodón un 30,7%. Desde el sector señalan que la combinación de caída de la demanda interna y mayor competencia de productos importados configura un escenario adverso para la producción local. La fabricación de prendas de vestir y calzado también registró bajas significativas, del 14,2% y 26,6% respectivamente.

Entre los grandes rubros, el sector de alimentos y bebidas —de mayor peso en la estructura industrial— experimentó una contracción del 6,9%, con caídas relevantes en la molienda de oleaginosas (-21,9%) y en la industria cárnica. En contraste, el único bloque que mostró una evolución positiva fue el de refinación de petróleo y productos químicos, con un crecimiento del 2,7%, impulsado por una mayor producción de combustibles como gasoil y naftas.

Lectura económica y sectorial

El cuadro general revela un deterioro extendido de la actividad manufacturera, con impacto directo en la capacidad productiva y el empleo. Distintos actores del sector industrial atribuyen este desempeño a una combinación de factores, entre los que destacan la caída del consumo interno, el aumento de costos y una mayor apertura a las importaciones.

En este aspecto, organizaciones sindicales advierten que el ritmo actual compromete la sostenibilidad de numerosas ramas industriales, especialmente aquellas con menor capacidad de competir frente a bienes provenientes del exterior. A su vez, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios limita la recuperación de la demanda, lo que retroalimenta la contracción del sector.

El escenario se inscribe en el programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, que promueve una reconfiguración del esquema productivo con eje en la liberalización de mercados y la reducción del gasto público.

Los datos difundidos por el INDEC consolidan un panorama crítico para la industria argentina, con caídas profundas y extendidas que afectan a la mayoría de los sectores. La magnitud del retroceso no sólo refleja un ciclo adverso, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación en el corto plazo.

En estas cifras, la evolución del consumo interno, la competitividad frente a importaciones y las definiciones de política económica serán determinantes para definir el rumbo del entramado productivo. La industria, históricamente uno de los motores del empleo y la generación de valor, enfrenta así uno de sus momentos más desafiantes de los últimos años.