La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor pidió a la Secretaría de Transporte que intime a la cámara empresaria Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros a restablecer los horarios habituales tras el inicio del ciclo lectivo 2026. Denuncian que el esquema de verano elimina tiempos de descanso y anticipan que podrían adoptar medidas gremiales.

La UTA formalizó un reclamo ante la Secretaría de Transporte provincial para que, en su carácter de órgano de contralor, intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restituir de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia.

El planteo sindical apunta a la continuidad del cronograma de verano pese al regreso masivo de estudiantes y trabajadores a la actividad regular. Según la entidad gremial, el actual esquema resulta inviable desde el punto de vista operativo y laboral.

“Es imposible cumplir con esos horarios y, en la mayoría de las vueltas, se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”, advirtieron desde el sindicato en un comunicado difundido este lunes. La conducción local, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado, sostuvo que la situación expone a los choferes a jornadas exigentes sin pausas adecuadas, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

El eje del conflicto: descansos y organización del servicio

El núcleo del reclamo radica en la supresión efectiva de los tiempos de recuperación entre recorridos. Para el gremio, la extensión del cronograma estival altera la planificación habitual y obliga a los conductores a sostener ritmos de trabajo que afectan su bienestar y la seguridad operativa.

Desde la UTA señalan que el diferendo entre el sector empresario y el Gobierno provincial no puede traducirse en una sobrecarga para los trabajadores. “Una vez más, los perjudicados son los compañeros”, remarcaron, en alusión a las tensiones que arrastra el sistema en materia de costos y subsidios.

El sindicato también puso el foco en la calidad del servicio. Con mayor circulación de usuarios por el retorno escolar, sostienen que mantener frecuencias de verano no sólo impacta en las condiciones laborales, sino también en la organización general del transporte urbano.

Advertencia gremial y escenario abierto

La advertencia fue explícita: si no se regulariza la situación, podrían adoptarse medidas de acción directa. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados.

El reclamo abre así un nuevo frente de rigidez en el sistema de transporte público sanjuanino, donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y demandas sindicales. La intervención de la Secretaría de Transporte será determinante para evitar que el conflicto escale y derive en interrupciones del servicio.

En un marco provincial atravesado por discusiones salariales y ajustes operativos en distintos sectores, el transporte emerge como otro punto sensible. La ecuación es compleja: garantizar frecuencias acordes a la demanda, sostener la viabilidad económica del sistema y preservar condiciones laborales dignas.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para encauzar el diálogo antes de que la advertencia gremial se traduzca en hechos. Con el ciclo lectivo en marcha y miles de usuarios dependientes del servicio, cualquier medida de fuerza tendría impacto inmediato en la vida cotidiana de la provincia.

La cadena de supermercados Hiper ChangoMás, propiedad del grupo Dorinka, notificó el despido de 11 trabajadores en tres sucursales de San Juan. La medida, enmarcada en un ajuste nacional que afectó a 200 empleados, refleja la problemática que atraviesa el sector comercial ante la caída del consumo y la precarización laboral.

El pasado viernes, cerca de las 8 de la mañana, la Secretaría Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) fue informada sobre las desvinculaciones en San Juan.

Mirna Moral, anticipó que los recortes se distribuyeron entre las sucursales de Rivadavia, Capital y Rawson: cuatro trabajadores en cada una de las primeras dos y tres en la última.

“Nos dijeron que, por ahora, son esas 11 personas. Consultamos si habrá más despidos y la respuesta fue ambigua: ni sí ni no. Eso genera inquietud lógica entre los trabajadores”, explicó Moral, destacando que la Comisión Directiva y los delegados ya habían tomado conocimiento de la situación desde la noche anterior.

Los afectados son, en su mayoría, empleados con menos de un año de antigüedad, algunos aún en período de prueba. La empresa aplicó el criterio legal de priorizar desvinculaciones según la menor permanencia en la firma. El SEC ya dispuso asistencia para orientar a los extrabajadores sobre sus liquidaciones y derechos laborales, y mantiene prevista una audiencia con Dorinka para evaluar la situación y posibles nuevos recortes.

La crisis en ChangoMás no es exclusiva de San Juan. La cadena, parte de la firma Dorinka, propiedad del empresario Francisco de Narváez, despidió a aproximadamente 200 trabajadores a nivel nacional. La baja en las ventas impacta de manera directa en la gestión de recursos humanos, especialmente sobre quienes ingresaron recientemente a la empresa.

La dirigente sindical describe un cambio estructural en los hábitos de consumo: “La gente ahora compara precios y compra solo lo que necesita. Ya no es solo cambiar de marca, sino dejar de adquirir productos que antes eran habituales”. Esta transformación afecta particularmente a hipermercados, que enfrentan dificultades para ajustar sus costos a la nueva dinámica del mercado.

El empleo en el sector se caracteriza por la modalidad “part time”, contratos con distintas cargas horarias semanales que permiten a las empresas evitar pagos adicionales por feriados y fines de semana. “Evitan utilizar al empleado que deberían pagarle doble y también evitan incorporar trabajadores a planta permanente cuando superan determinada cantidad de horas”, denunció Moral, calificando estas prácticas como “contratos basura”.

El trasfondo de esta situación es económico: los salarios han quedado rezagados frente al costo de vida, restringiendo la capacidad de compra. Salvo en sectores con paritarias más favorables, la mayoría de los trabajadores enfrenta precariedad o niveles cercanos a la pobreza.

Ante la persistente caída en ventas, Moral advirtió que “la primera variable de ajuste termina siendo el trabajador”, anticipando un escenario incierto para el comercio local.

El ajuste de ChangoMás en San Juan evidencia la intersección entre la crisis del consumo, la precarización laboral y la vulnerabilidad económica de los trabajadores. Más allá de las cifras, estos despidos reflejan un cambio profundo en el comportamiento del mercado y la necesidad urgente de políticas que protejan el empleo y fortalezcan la capacidad adquisitiva de los consumidores. En un contexto donde la incertidumbre se convierte en norma, la resiliencia del sector dependerá de la capacidad de empresas, gremios y Estado para equilibrar rentabilidad y justicia social.

Con un acatamiento que llegó al 90% y una convocatoria urgente a la paritaria nacional este mediodía, San Juan dio comienzo al ciclo lectivo 2026 atravesado por la protesta impulsada por CTERA. La definición provincial quedó supeditada a la reunión prevista para el miércoles entre los gremios y el Ejecutivo local.

El ciclo lectivo 2026 comenzó este lunes 2 de marzo en San Juan bajo un escenario de marcada tensión sindical. Mientras los estudiantes de nivel inicial y primario regresaban a las aulas —el secundario iniciará el miércoles—, la jornada estuvo atravesada por el paro nacional convocado por CTERA, con adhesión en la provincia de UDAP, UDA y AMET.

El inicio formal de clases contrastó con la postal de numerosas escuelas con actividad parcial o directamente sin funcionamiento. Un relevamiento realizado en establecimientos de Capital evidenció niveles de adhesión significativos. En la Escuela Superior Sarmiento el acatamiento fue total: no se registró presencia docente ni directiva. En la Normal Sarmiento y en la EPET N° 4, la inasistencia rondó el 85%. Desde los gremios aseguran que, en promedio, la medida superó el 90% en toda la provincia.

El tablero nacional: fallo judicial y convocatoria urgente

La protesta se sostuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los sindicatos a una mesa paritaria para este lunes al mediodía, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel federal. La jornada incluyó además una movilización al Congreso desde las 11.30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar.

En ese marco, CTERA ratificó el “Paro Nacional y Movilización” y delineó un pliego de demandas que excede lo estrictamente salarial: recomposición de haberes, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor financiamiento educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. El sindicato también expresó su rechazo a la reciente reforma laboral, al considerar que profundiza la precarización y consolida un esquema de ajuste que impacta sobre el sistema educativo.

El trasfondo político resulta inocultable. La sanción de la reforma en el Senado el viernes pasado añadió un componente de confrontación que trasciende la discusión paritaria y coloca a la educación en el centro de una disputa más amplia sobre el rol del Estado y las condiciones laborales en el sector público.

La negociación provincial: oferta rechazada y malestar en ascenso

En San Juan, el conflicto tiene su propia dinámica. El viernes 27 de febrero, en la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 10% en dos tramos con cláusula de revisión. La propuesta fue considerada insuficiente por UDAP, UDA y AMET, que tras consultar a las bases ratificaron la huelga.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, explicó que los sindicatos presentaron una alternativa que contempla la modificación de tramos del nomenclador (E66 y E60), la actualización por inflación de diciembre, enero y eventualmente febrero —período no contemplado en la oferta oficial—, y mejoras en antigüedad y radios desfavorables.

“Hicimos mandatos en todas las escuelas y el 99% votó por paro y movilización”, aseguró el dirigente, al subrayar el nivel de respaldo interno. Según sostuvo, la distancia entre las partes no logró acortarse y el Ejecutivo planteó variantes que no respondieron al reclamo central de recomposición.

La próxima reunión fue convocada para el miércoles a las 15, en un intento por evitar que el conflicto se profundice cuando el nivel secundario inicie el ciclo lectivo. No obstante, desde el frente sindical ya anticiparon que, de no mediar avances sustanciales, podría evaluarse un paro de 48 horas.

El arranque del calendario escolar en San Juan quedó así marcado por la incertidumbre. Aulas abiertas en algunos casos, cerradas en otros; docentes movilizados y una negociación que, por ahora, no encuentra punto de equilibrio.

La reunión del miércoles será decisiva no sólo para destrabar la discusión salarial inmediata, sino para definir el tono del vínculo entre el Gobierno provincial y los gremios en los próximos meses. Si no hay señales concretas de acercamiento, el conflicto amenaza con escalar y prolongar un clima de inestabilidad que impacta directamente en estudiantes y familias.