En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Carla Costabile, referente de ASIJEMIN, analizó el escenario actual del empleo femenino en la minería, cuestionó el impacto de la reforma laboral y planteó los desafíos pendientes para garantizar condiciones de trabajo equitativas y libres de violencia.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse, en los últimos días, en un escenario de expresión colectiva. En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones sociales, sindicales y feministas confluyeron en una jornada de visibilización que puso en agenda viejas desigualdades aún vigentes en el mundo del trabajo.

Para Carla Costabile, el balance de la convocatoria fue contundente: la jornada dejó al descubierto una creciente conciencia colectiva frente a un contexto que —según advierte— vuelve a poner bajo discusión derechos que parecían consolidados.

“El balance es muy positivo. Se vio unidad y el poder de las mujeres en la lucha por sus derechos. Hoy hay conquistas que parecían incuestionables y, sin embargo, están siendo atacadas o puestas en duda”, señaló durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El diagnóstico no se limita al plano simbólico. En el universo del empleo, la dirigente sindical considera que las transformaciones impulsadas desde el Gobierno bajo el paraguas de la “modernización laboral” generan preocupación entre distintos sectores gremiales.

Desde su perspectiva, el debate actual no sólo interpela al conjunto de los trabajadores, sino que también tiene implicancias específicas para las mujeres. “La reforma laboral afecta a todos los trabajadores, pero impacta aún más sobre las mujeres porque profundiza desigualdades que ya existen”, explicó.

Costabile sostiene que las brechas estructurales —como la segmentación del empleo, la mayor precarización y los salarios más bajos— continúan atravesando la experiencia laboral femenina. En ese sentido, advierte que cualquier proceso de flexibilización corre el riesgo de ampliar esas diferencias.

“Las mujeres somos quienes más sufrimos las jornadas extendidas, la informalidad o los empleos peor remunerados. Cuando se quitan derechos, esas desigualdades se profundizan”, afirmó. Y añadió que, incluso en escenarios de crecimiento económico, la reducción de la brecha salarial ha sido históricamente lenta: “Si no se aplican políticas activas, cerrar esa brecha puede llevar décadas”.

El desafío de la igualdad en la minería

El debate adquiere una dimensión particular cuando se traslada al sector minero, una actividad tradicionalmente dominada por varones, pero que en los últimos años comenzó a incorporar una presencia femenina cada vez mayor.

Según Costabile, la participación de mujeres en la industria creció de manera sostenida. Sin embargo, la expansión numérica no siempre se traduce en trayectorias laborales estables.
“Hoy vemos más mujeres ingresando a la minería, eso es una realidad. Pero el problema aparece cuando analizamos la permanencia y los planes de carrera”, explicó.

El diagnóstico apunta a múltiples factores. Entre ellos, las condiciones laborales propias de la actividad —como los sistemas de turnos prolongados o “rosters”—, los entornos altamente masculinizados y las dificultades para compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado.
“La mayoría de las mujeres, en algún momento de su trayectoria, termina dejando su puesto porque no están dadas las condiciones para sostenerlo”, sostuvo.

A ello se suman problemáticas vinculadas a la violencia laboral o simbólica, una cuestión que, según la referente gremial, continúa siendo un obstáculo en ciertos espacios productivos.
“En muchos casos se trata de ambientes hostiles o con dinámicas muy masculinizadas. Por eso es fundamental avanzar en herramientas que permitan prevenir y atender esas situaciones”, remarcó.

Protocolos y políticas de cuidado

Desde ASIJEMIN, el sindicato que nuclea a trabajadores jerárquicos del sector minero, se impulsan diversas iniciativas orientadas a revertir esos obstáculos.

Una de las principales herramientas es la implementación de protocolos para abordar situaciones de violencia laboral y de género. No obstante, Costabile reconoce que su alcance suele verse limitado si no existe una articulación directa con las empresas.

“Nosotros contamos con un protocolo sindical para atender casos de violencia, pero muchas veces necesitamos que las compañías también adopten mecanismos similares para que las medidas sean realmente efectivas”, puntualizó.

En simultaneo, el sindicato avanzó en acuerdos con el sector empresario para incorporar licencias vinculadas al cuidado y la vida familiar, un aspecto que la dirigente considera clave para sostener la participación femenina en la actividad.

Entre las medidas implementadas se encuentran la extensión de la licencia por maternidad, la ampliación de la licencia por paternidad, permisos por adopción y licencias específicas en situaciones de violencia de género.

“Firmamos acuerdos para sumar 30 días adicionales a la licencia por maternidad y ampliar la licencia por paternidad a 15 días. También se incorporaron licencias por adopción, por interrupción del embarazo y por situaciones de violencia de género”, detalló. Estas herramientas, según plantea, representan un avance concreto hacia un modelo laboral más equitativo, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Un debate abierto

En este marco, la discusión sobre la reforma laboral se entrelaza con un debate más amplio sobre el futuro del trabajo y el lugar de las mujeres en los sectores estratégicos de la economía.
Para Costabile, cualquier transformación normativa debería partir de un reconocimiento explícito de las desigualdades estructurales que aún atraviesan el mercado laboral.

“No se puede hablar de modernización si se ignoran las desigualdades que siguen existiendo”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, el movimiento sindical —especialmente sus espacios vinculados a la agenda de género— enfrenta el desafío de sostener la defensa de derechos en un escenario político y económico que, según advierten, tiende a tensionarlos.

“La lucha continúa porque es una demanda de las propias trabajadoras. Ellas esperan que el sindicato represente sus intereses y defienda sus derechos”, concluyó.

La creciente participación femenina en sectores históricamente masculinizados, como la minería, constituye uno de los cambios más significativos en el mapa laboral de las últimas décadas. Sin embargo, el desafío ya no pasa sólo por abrir las puertas de ingreso, sino por garantizar trayectorias laborales sostenibles, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

En ese terreno, las discusiones sobre reformas laborales, políticas de cuidado y condiciones de trabajo adquieren un peso determinante. Porque, como advierten desde el sindicalismo con perspectiva de género, la verdadera modernización del mundo laboral no se mide únicamente en términos de productividad o competitividad, sino también en la capacidad de construir ámbitos de trabajo más justos, inclusivos y equitativos.

La medida, comunicada por el Ministerio de Gobierno de San Juan, establece que el nuevo plazo para registrarse se extenderá hasta el 31 de marzo, con el objetivo de ampliar las oportunidades para que los beneficiarios puedan completar el trámite correspondiente.

El Gobierno de la provincia de San Juan anunció la prórroga del período de inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito, un programa destinado a garantizar el acceso al transporte público para estudiantes y trabajadores de la educación durante el ciclo lectivo.

El beneficio alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos y a docentes que desarrollan su actividad en establecimientos de la provincia. La iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la educación, reduciendo uno de los costos más sensibles para las familias y el personal educativo: el transporte cotidiano hacia escuelas, colegios y centros de formación.

Trámite digital y canales oficiales

Desde el el Ejecutivo recordaron que la inscripción debe realizarse exclusivamente de manera online, a través de los canales oficiales habilitados. Los interesados pueden completar el procedimiento mediante el sitio web del programa o utilizando el sistema de gestión digital de la provincia.

El trámite se encuentra disponible en la plataforma del boleto escolar provincial y también mediante el sistema CIDi San Juan, donde los usuarios deben seguir los pasos indicados para validar sus datos y formalizar la solicitud del beneficio.

Las autoridades remarcaron la importancia de utilizar únicamente estas vías institucionales, ya que son las únicas que garantizan la correcta carga de información y la posterior activación del beneficio dentro del sistema de transporte.

Una herramienta clave para sostener la escolaridad

El Boleto Escolar y Docente Gratuito constituye una de las herramientas de apoyo más relevantes dentro de la política educativa provincial. En una situación económica compleja, el acceso sin costo al transporte público representa un alivio significativo para miles de familias y trabajadores de la educación que dependen del traslado diario para cumplir con sus actividades académicas y laborales.

La extensión del plazo, en este sentido, busca evitar que estudiantes o docentes queden fuera del programa por demoras administrativas o dificultades en la inscripción inicial.

Con la ampliación del período de registro hasta el 31 de marzo, el Gobierno de San Juan intenta asegurar que el beneficio alcance a la mayor cantidad posible de usuarios del sistema educativo. La decisión refuerza el objetivo de sostener la accesibilidad a la educación y acompañar a quienes diariamente deben trasladarse para estudiar o enseñar en distintos puntos de la provincia.

Tras la viralización de un presunto mensaje interno de la empresa La Positiva que ordenaría a los choferes no utilizar el aire acondicionado, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan inició una investigación. El caso reavivó el debate sobre las condiciones del servicio en la Red Tulum y puso en evidencia las deficiencias estructurales del sistema, mientras el Gobierno impulsa una nueva ley para reformar el transporte público provincial.

Una captura de pantalla difundida en redes sociales fue suficiente para desatar una fuerte controversia en torno al transporte público sanjuanino. El mensaje, atribuido a la gerencia de la empresa de colectivos La Positiva, indicaba a los conductores que evitaran utilizar el aire acondicionado en las unidades, bajo advertencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

La circulación de esa comunicación generó una inmediata reacción entre los usuarios de la Red Tulum, quienes cuestionaron la eventual decisión empresarial por su impacto directo en las condiciones de viaje, especialmente en una época de altas temperaturas que caracterizan al verano en la provincia.

Frente al malestar social que comenzó a multiplicarse en redes y grupos de mensajería, la Secretaría de Tránsito y Transporte decidió intervenir para determinar si la directiva existió efectivamente y si vulnera las obligaciones contractuales de las concesionarias.

El marco regulatorio es claro: el contrato de concesión establece que las empresas deben garantizar niveles mínimos de confort para los pasajeros. En ese esquema, el funcionamiento del sistema de refrigeración no constituye un servicio opcional, sino una prestación obligatoria cuando las condiciones climáticas así lo requieren.

En diálogo con medios locales, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, reconoció que el problema del aire acondicionado excede el episodio puntual y responde a una falencia estructural del sistema.

“Cuando asumimos no había un 50% de colectivos con aire acondicionado. El sistema de refrigeración debe funcionar cuando la temperatura supera los 25 grados”, explicó el funcionario.

El diagnóstico oficial revela un escenario todavía incompleto en materia de modernización. Si bien durante el último año se incorporaron entre 80 y 90 unidades nuevas, la situación dista de estar resuelta. Según admitió Molina, muchas empresas continúan rezagadas en el mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos de climatización.

“Las empresas siguen atrasadas con el tema de los aires, pero estamos analizando la situación”, sostuvo.

La polémica expone así un problema más amplio: la distancia entre los estándares previstos en la regulación del sistema y la experiencia cotidiana de los usuarios, que reclaman mejoras en confort, frecuencia y calidad del servicio.

Hacia una reforma del sistema de transporte

A la par del conflicto, el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un proyecto de nueva ley de transporte, con el objetivo de actualizar el marco normativo y reorganizar el funcionamiento del sector.

La iniciativa busca introducir cambios estructurales orientados a modernizar el servicio, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la participación de prestadores mediante un esquema de competencia regulada.

“El cambio que planteamos es una ley para los usuarios y los trabajadores, que resuelva los inconvenientes del sistema. Buscamos un transporte moderno y seguro”, afirmó Molina.

Entre los ejes centrales del proyecto aparecen varias transformaciones relevantes. Por un lado, se propone ampliar la competencia, habilitando la participación de más empresas mediante un aumento en la cantidad de licencias disponibles por habitante.

Al mismo tiempo, el texto prevé mayores exigencias para los conductores, quienes deberán  reunir condiciones específicas vinculadas al respeto de la normativa vial y la seguridad de los pasajeros.

Otro punto novedoso será la incorporación de plataformas digitales como herramienta para la prestación de servicios, lo que permitiría integrar aplicaciones tecnológicas al esquema de movilidad urbana.

Finalmente, el Gobierno plantea una reducción de la carga impositiva del sector, con el objetivo de estimular inversiones y facilitar la renovación de las flotas.

“Queremos que todos puedan trabajar con las plataformas que quieran. La intención es quitar la mayor tasa de impuestos posible y asegurar el mejor servicio para los usuarios”, agregó el funcionario.

Un debate que trasciende un episodio puntual

Más allá de la investigación sobre la empresa señalada, el episodio puso de manifiesto un malestar persistente dentro del sistema de transporte público: la necesidad de equilibrar sostenibilidad económica, calidad del servicio y cumplimiento de estándares mínimos para los pasajeros.

 Bajo estas circunstancias, el aire acondicionado se transformó en un símbolo de una discusión mayor: la modernización efectiva del transporte urbano y la capacidad del Estado para garantizar que las mejoras prometidas se traduzcan en condiciones reales de viaje.

La investigación sobre la presunta prohibición del aire acondicionado en una empresa de colectivos terminó abriendo una ventana hacia un problema más profundo del transporte sanjuanino. La falta de equipamiento plenamente operativo, las dificultades de mantenimiento y desequilibrios surgidos entre costos empresariales y calidad del servicio configuran un escenario que exige definiciones estructurales.

La futura ley de transporte aparece, en ese marco, como una oportunidad para redefinir las reglas del sistema y elevar los estándares de prestación. Sin embargo, el verdadero desafío no radicará únicamente en la redacción de una nueva normativa, sino en su capacidad de traducirse en un servicio más eficiente, moderno y, sobre todo, digno para quienes dependen del transporte público cada día.