El gobernador sanjuanino expresó un contundente respaldo a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete de la Nación, confirmó que asistirá a su jura en la Casa Rosada y sostuvo que el recambio en el principal órgano de coordinación política del Gobierno puede traducirse en una relación más dinámica entre la administración nacional y las provincias.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no solo reconfigura el equilibrio interno del Gobierno de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni, sino que también comienza a redefinir el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. En ese nuevo tablero político, Marcelo Orrego fue uno de los primeros mandatarios provinciales en exteriorizar un respaldo explícito al flamante funcionario y en destacar el potencial impacto que su designación podría tener para la gestión federal.

El mandatario sanjuanino confirmó que este martes viajará a Buenos Aires para participar de la ceremonia de asunción que encabezará el Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada, un gesto político que acompaña las expresiones de apoyo difundidas en las últimas horas tanto en redes sociales como durante una rueda de prensa.

Más que una felicitación protocolar, Orrego buscó transmitir un mensaje de confianza sustentado en una relación construida durante los años en que ambos compartieron bancas en la Cámara de Diputados. Esa experiencia, afirmó, permitió consolidar un vínculo institucional y personal que hoy puede facilitar la articulación entre San Juan y el Gobierno nacional.

«Es un dirigente que sabe construir acuerdos, resolver diferencias y generar consensos. Lo conozco desde hace muchos años y confío plenamente en su capacidad para desempeñar una responsabilidad de esta magnitud», sostuvo el gobernador.

Uno de los conceptos que atravesó todo su mensaje fue la necesidad de que la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete preserve una visión federal en la toma de decisiones. Para Orrego, ese atributo será determinante en una etapa donde las provincias buscan mantener abiertas las instancias de diálogo con la Nación para garantizar el avance de obras, programas y proyectos estratégicos.

El mandatario también destacó el perfil político del nuevo jefe de Gabinete al definirlo como un dirigente con experiencia de gestión, capacidad para conducir equipos y vocación por el consenso, condiciones que —a su entender— serán decisivas para encabezar el área encargada de coordinar el funcionamiento del gabinete nacional y la relación institucional con las provincias.

«La mirada federal es indispensable para una Argentina con realidades muy diversas. Confío en que esa impronta se reflejará también en las decisiones que involucren a San Juan», remarcó.

En un contexto político atravesado por la reorganización del gabinete nacional, el posicionamiento del gobernador sanjuanino adquiere una lectura que excede el plano personal. Su respaldo al nuevo jefe de Gabinete refleja la expectativa de numerosas provincias de preservar canales de negociación con la Casa Rosada y garantizar continuidad en la gestión de iniciativas estratégicas, en un presente donde la articulación entre Nación y los gobiernos provinciales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.

Los salarios del empleo privado registrado exhibieron en marzo una marcada dispersión territorial. Impulsadas por la actividad hidrocarburífera y extractiva, las provincias patagónicas volvieron a concentrar las remuneraciones más elevadas del país, mientras gran parte del norte argentino permaneció en los últimos puestos del ranking. Aunque el promedio nacional superó los $2,2 millones, apenas tres jurisdicciones lograron mejorar el poder adquisitivo respecto del año anterior.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una estructura profundamente desigual, donde el lugar de residencia y la matriz productiva de cada provincia condicionan de manera determinante el nivel de ingresos de los trabajadores registrados.

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, a partir de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, confirma que las economías vinculadas a la explotación de recursos energéticos y mineros mantienen una ventaja salarial ampliamente superior al resto del país.

Durante marzo, el salario bruto promedio nacional del sector privado registrado alcanzó los $2.207.129. Sin embargo, esa referencia esconde diferencias de enorme magnitud entre jurisdicciones.

Neuquén volvió a ocupar el primer lugar con una remuneración promedio de $3.808.627, seguida muy de cerca por Santa Cruz, con $3.768.615. Ambas fueron las únicas provincias que superaron el umbral de los $3 millones mensuales. El podio se completó con Chubut, cuyos trabajadores registrados percibieron en promedio $2.958.750.

Detrás se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.722.942, y Tierra del Fuego, con $2.715.173, consolidando nuevamente el predominio de la Patagonia y del principal centro financiero del país en la franja de mayores remuneraciones.

En un segundo escalón aparecen Río Negro ($2.132.808), el Gran Buenos Aires ($2.085.471) y el resto de la provincia de Buenos Aires ($2.053.172). Más abajo se posicionan Santa Fe ($1.978.080), Catamarca ($1.826.270), La Pampa ($1.801.357) y San Juan ($1.798.580), que quedó apenas por debajo de la barrera de los $1,8 millones. El lote intermedio se completa con Salta ($1.786.369), Jujuy ($1.780.179), San Luis ($1.767.492), Córdoba ($1.749.108), Entre Ríos ($1.640.337) y Mendoza ($1.628.096).

Entre las remuneraciones más reducidas aparecen Formosa ($1.525.717), Chaco ($1.448.454), Corrientes ($1.437.891), Misiones ($1.410.385), Tucumán ($1.391.999), Santiago del Estero ($1.353.059) y La Rioja ($1.308.235), que cerró el ranking nacional.

La comparación refleja la magnitud de las disparidades existentes: el salario promedio registrado de Neuquén prácticamente triplica al observado en La Rioja, una diferencia que evidencia el peso que tienen la estructura productiva, la especialización económica y la composición sectorial del empleo sobre los niveles de remuneración.

Poder adquisitivo: pocas provincias lograron avanzar

El estudio también aporta una lectura menos favorable al analizar la evolución real de los ingresos, es decir, descontando el efecto de la inflación.
Durante el primer trimestre del año, el salario promedio registró una caída real interanual de 0,9% a nivel nacional, confirmando que la recuperación nominal todavía no alcanza para consolidar una mejora generalizada del poder de compra.

En ese sentido, únicamente Catamarca, con un incremento real del 5%, San Juan, con una mejora del 0,8%, y Formosa, con un 0,3%, consiguieron cerrar el período con variaciones positivas.

El resto de las jurisdicciones exhibió retrocesos de distinta intensidad. La mayoría registró bajas inferiores al 4% real, mientras que Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut fueron las provincias con las pérdidas más pronunciadas.

Energía, minería y finanzas continúan marcando la diferencia

La distribución de los salarios también responde al perfil productivo de cada economía regional.

Las actividades vinculadas con la explotación de minas y canteras, el sector de electricidad, gas y agua y la intermediación financiera volvieron a encabezar el ranking de remuneraciones promedio, impulsadas por elevados niveles de productividad, mayor calificación laboral y convenios colectivos con escalas superiores.

No obstante, el informe advierte que estos sectores concentran una participación relativamente reducida dentro del empleo privado total de cada provincia, por lo que su elevada remuneración no alcanza para modificar la estructura general del mercado laboral.

En el extremo opuesto se ubicaron la enseñanza, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, junto con hoteles y restaurantes, actividades que continúan registrando los ingresos promedio más bajos del empleo formal privado.

La radiografía salarial confirma así una constante de la economía argentina: la recuperación de los ingresos continúa siendo heterogénea y profundamente condicionada por la localización geográfica y el perfil productivo de cada región. Mientras las provincias impulsadas por la energía y los recursos naturales sostienen remuneraciones significativamente superiores al promedio nacional, amplias zonas del país mantienen salarios considerablemente más bajos, consolidando una brecha territorial que sigue siendo uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral argentino.

El Ministerio de Gobierno difundió el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización previa de la Inspección General de Personería Jurídica. El trámite, obligatorio para garantizar la legalidad de las decisiones institucionales, exige presentar la documentación con al menos ocho días de anticipación e incluye requisitos estatutarios, administrativos y de fiscalización.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Gobierno recordó el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización de una Asamblea General Extraordinaria ante la Inspección General de Personería Jurídica, requisito indispensable para otorgar plena validez a las resoluciones que adopten sus órganos de conducción.

La autorización previa constituye uno de los principales mecanismos de fiscalización del Estado sobre las entidades civiles, ya que permite verificar que la convocatoria respete las disposiciones estatutarias y que las decisiones se adopten bajo condiciones de legalidad, representación y participación de los asociados.

El trámite comienza con la presentación de una nota dirigida al inspector o inspectora general solicitando la autorización para celebrar la asamblea. La documentación debe consignar el domicilio legal de la institución, la fecha prevista para la reunión, el horario de la primera y segunda convocatoria, el lugar de realización y el orden del día que será sometido a consideración de los asociados. Asimismo, la solicitud debe estar suscripta por el presidente y el secretario de la entidad.

Entre los requisitos exigidos también figura la presentación de la convocatoria confeccionada conforme a las previsiones del estatuto social y el Libro de Registro de Asociados debidamente actualizado al mes inmediato anterior a la asamblea, documentación que permite constatar la legitimidad del padrón habilitado para participar de las deliberaciones.

Otro aspecto central del procedimiento es el plazo de presentación. La solicitud deberá ingresarse con una anticipación mínima de ocho días corridos, requisito que posibilita a la autoridad de control analizar la documentación y autorizar formalmente la realización del acto institucional.

Las asociaciones también deberán abonar el derecho de inspección correspondiente, cuyo monto se determina de acuerdo con el patrimonio neto de cada institución. No obstante, la normativa vigente contempla la exención de ese arancel para las bibliotecas populares y las uniones vecinales, en reconocimiento de la función social que desarrollan dentro de sus comunidades.

Toda la documentación debe presentarse en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Personería Jurídica, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, segundo piso, ala sur, donde se realiza el control administrativo previo a la emisión de la autorización.

Desde el organismo recordaron que la gestión reviste carácter exclusivo para la entidad interesada, por lo que la responsabilidad de iniciar el trámite, aportar la documentación exigida y cumplir los plazos establecidos recae íntegramente sobre las autoridades de cada asociación.