La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria otorgó el reconocimiento oficial provisorio a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan. El rector Tadeo Berenguer destacó el trabajo articulado con organismos nacionales, el Gobierno provincial y especialistas externos. Es un día histórico que abre un nuevo capítulo para la formación en salud en la provincia.

La Universidad Nacional de San Juan alcanzó un hito académico y político de enorme trascendencia: la CONEAU aprobó la creación de la carrera de Medicina, marcando el inicio de una nueva etapa para la educación superior en la provincia.

El rector Tadeo Berenguer confirmó la noticia al dar lectura a los fragmentos del dictamen emitido en el acta 641, donde el organismo evaluador recomienda otorgar el reconocimiento oficial provisorio al proyecto presentado por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, con sede en el departamento de Albardón. La resolución corona un proceso institucional iniciado en 2023 y construido con asesoramiento nacional y respaldo gubernamental.

“Dos días atrás hemos recibido la grata noticia de que nuestra carrera de Medicina ha sido aprobada”, anunció Berenguer, acompañado por autoridades de la UNSJ, representantes del Ministerio de Salud y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante el acto, el rector subrayó la magnitud del trabajo conjunto que hizo posible este logro. Destacó la “actitud de articulación permanente” entre la universidad y los gobiernos provincial y municipales, así como el acompañamiento del sector empresarial y del sistema sanitario. “Las políticas públicas, como es la discusión del conocimiento, deben ser sustentadas por todos los ámbitos de nuestra comunidad”, afirmó.

El director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, trazó una cronología minuciosa del proyecto. Recordó que la iniciativa nació en 2023 con el apoyo de especialistas externos y la tutoría de tres decanos de universidades nacionales: Pablo Barr y Pedro Silbermann (Universidad Nacional del Sur) y Germán Gaunareschi (Universidad Nacional de Río Negro).

El proceso incluyó:

Septiembre 2023: aprobación de la carrera en el Consejo Superior mediante ordenanza 19/23.

Octubre 2023: presentación formal ante CONEAU y firma del acta con el Ministerio de Salud para utilizar espacios sanitarios provinciales.

Junio 2024: ratificación del acuerdo por decreto 1128 del gobernador Marcelo Orrego.

Noviembre 2025: aprobación final de la CONEAU para el dictado de la carrera en San Juan.

Pinto celebró que la provincia complete un mapa académico federal: “Somos la única provincia que faltaba la carrera. Hoy se cierra esa brecha y San Juan se suma al país con su propia formación médica”.

El apoyo del Ministerio de Salud: “Trabajando juntos se logran más cosas”

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, resaltó el impacto educativo y sanitario de la aprobación. “Esto es el resultado del trabajo de muchas personas detrás”, afirmó, y remarcó que el Gobierno provincial garantizó acompañamiento pleno mediante el decreto firmado por el gobernador Orrego.

Además, confirmó que hospitales y centros sanitarios estarán disponibles para las prácticas de los futuros estudiantes, una pieza fundamental para la formación clínica. “La carrera mejora científicamente y educacionalmente a la provincia y la posiciona de manera diferencial”, sostuvo.

El desafío que viene: financiamiento, infraestructura y el inicio del dictado

Con la aprobación de la CONEAU, la UNSJ ingresa en la última fase: asegurar el financiamiento nacional ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, definir la planta docente inicial y culminar las adecuaciones edilicias, entre ellas el nuevo laboratorio central de simulación, que será clave para la formación práctica.

El rector y el director coincidieron en que esta etapa será decisiva para fijar fechas definitivas de inicio y garantizar estándares de calidad en el arranque del ciclo académico.

La paritaria docente de San Juan entró nuevamente en una fase clave. Este viernes, durante la quinta sesión de la cuarta negociación salarial del año, el Gobierno provincial formalizó una nueva propuesta integral que apunta a recomponer los haberes del sector docente hacia fin de año y proyectar aumentos para los primeros meses de 2026. Los gremios decidieron trasladar la propuesta a sus bases y retomar la negociación el 12 de diciembre.

Pese a la expectativa generada, la reunión concluyó sin una definición final. Tal como lo establece el procedimiento estatutario, los tres gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— resolvieron trasladar la oferta a sus bases, donde será evaluada antes de dar una respuesta en la próxima convocatoria.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañados por funcionarios de ambas carteras. Por el lado sindical, las conducciones gremiales participaron con sus equipos técnicos y asesores legales.

Los puntos centrales de la propuesta oficial

El Ejecutivo provincial detalló una oferta que combina actualizaciones inmediatas y proyecciones hacia 2026. Los principales ejes son:

Incremento del valor índice para diciembre, aplicando la variación mensual del IPC informada por el INDEC correspondiente al mes previo.

Aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente, a partir de diciembre.

Suba de 5 puntos en el código E60, que alcanzará los 44 puntos desde diciembre de 2025.

Incremento del 5% del valor índice para marzo de 2026, tomando como base el valor de diciembre de 2025.

Según explicaron desde la mesa negociadora, se trata de una actualización que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y, al mismo tiempo, ordenar la estructura salarial docente hacia el inicio del ciclo lectivo 2026.

Quiénes estuvieron presentes

En representación del Gobierno participaron:

Roberto Gutiérrez, ministro de Economía

Silvia Fuentes, ministra de Educación

Emilio Achem, secretario General de la Gobernación

Mariela Mingorance, secretaria de Hacienda

Mariela Lueje, secretaria de Educación

Rodolfo Navas y Abel Farías, directores de Educación

Sergio Castro, director de Recursos Humanos

Vanesa Mestre, jefa de Asesoría Letrada

Martín Recabarren y Adriana Aguirre, asesores jurídicos

Por los sindicatos:

UDAP: Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré, Walter Ríos

AMET: Daniel Quiroga, Adrián Ruiz

(La representación de UDA también estuvo presente, aunque sin detalle nominal en el acta difundida).

Un cuarto intermedio que abre un compás de espera

La decisión de pasar a cuarto intermedio hasta el 12 de diciembre a las 14 horas responde a la necesidad de que cada gremio consulte la propuesta con sus afiliados, un paso que siempre resulta determinante en negociaciones de alto impacto como la salarial.

En el Gobierno hay expectativa de obtener una respuesta favorable, aunque las conducciones gremiales advierten que la definición estará en manos de las bases, que evaluarán si la oferta responde a sus demandas en un cierre de año marcado por la tensión económica.

En un contexto marcado por paros, banderazos y reclamos, los trabajadores judiciales nacionales denuncian una pérdida salarial del 29%, un aumento crítico de la carga laboral y señales de alarma ante una posible reforma laboral que —advierten— podría agravar la precariedad en el sector. Desde San Juan, Alfredo Collado describe un escenario de tensión creciente y un 2025 que dejó al desnudo el deterioro de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial.

La conflictividad gremial en el Poder Judicial no dio respiro durante todo 2025. Los trabajadores judiciales nacionales protagonizaron un año de movilizaciones continuas, paros de 24 horas y banderazos semanales que se replicaron de norte a sur del país. “Venimos de un año de lucha constante, con una pérdida de poder adquisitivo del 29% desde el inicio de este gobierno”, afirmó Alfredo Collado, referente nacional del sector y miembro de la CGT Regional San Juan.

El dirigente en diálogo con Mundo Laboral SJ sostuvo que la mirada pública sobre el Poder Judicial suele simplificar el panorama: “Muchos creen que todos los que trabajamos allí somos jueces. La mayoría somos empleados de expedientes, trabajadores de la trinchera, los que tratamos casos reales de personas que dependen de nuestras decisiones”. Esa distancia entre la percepción social y la realidad laboral profundiza, según dijo, el impacto de la caída salarial. “No llegar a fin de mes tras romperse el lomo trabajando genera un desgarrón enorme”.

Presión laboral, agotamiento y nuevas demandas

A la pérdida del ingreso se suma —señaló Collado— una carga laboral creciente, agravada por la implementación del nuevo Código Penal, que exige mayor dedicación, sobre todo en las áreas penales. Un relevamiento reciente del Equipo de Salud Laboral de la Federación Judicial Argentina reveló que ocho de cada diez empleados sufren problemas de salud vinculados al trabajo, y que más del 40% supera habitualmente las horas reglamentarias.

“El trabajo judicial requiere atención constante; siempre hay plazos urgentes y derechos en juego —explicó el referente gremial—. Pero esa responsabilidad no se ve reflejada en la remuneración. Además, la mayoría somos abogados con títulos bloqueados: no podemos abrir un estudio ni tener un comercio. No tenemos una segunda fuente de ingreso para compensar lo que se pierde”.

Las medidas que vienen

El calendario de protestas de diciembre será definido —indicó Collado— en un plenario nacional de delegados. La tendencia, según anticipó, apunta a sostener la dinámica marcada a lo largo del año: banderazos a mitad de semana y paros de 24 horas los días viernes. “Vamos a mantenernos firmes en defensa del salario y los derechos. La coherencia es clave cuando el deterioro llega al 29%”.

La reforma laboral y el debate sobre el modelo de país

En su rol dentro de la CGT regional, Collado también analizó el escenario político y el intento del Gobierno nacional de avanzar con una reforma laboral sin convocar a los espacios de negociación. “Plantean que el país mejora si el trabajador gana menos. Esa idea de que la competitividad se logra abaratando salarios es un error profundo”, sostuvo.

Para Collado, la discusión central no pasa por flexibilizar derechos, sino por definir un rumbo productivo. “El futuro es industrializar, generar trabajo genuino. Hacer creer que el problema del país son los derechos laborales es engañoso. Cuando se recorta al trabajador, no solo se afecta a la persona: se afecta a su familia completa”.

El deterioro del salario —añadió— ya se percibe con claridad en múltiples sectores. “Pensá en quienes trabajan jornada completa y aun así siguen bajo la línea de pobreza. Es insostenible. Y es más grave en los rubros de ingresos más bajos. No se puede seguir ajustando por el trabajador”.

Collado también hizo una lectura histórica: “Cada flexibilización que se intentó profundizó la desigualdad. Hoy el salario mínimo en Argentina es uno de los más bajos de Sudamérica. Los jubilados destinan la mitad de su ingreso a medicamentos que antes tenían más cobertura. Todo va en contra del trabajador”.

El sindicalista subrayó que la sociedad debe mirar la realidad más allá del discurso político. “Esto no es ideología: es mirar el bolsillo, ver qué vida tenés, cómo vive tu familia. No podemos seguir creyendo en promesas de ‘veranitos’ que nunca llegan”.

El conflicto de los judiciales nacionales no es solo una disputa salarial: es la expresión de un sistema laboral tensionado, con trabajadores agotados, ingresos deteriorados y una incertidumbre creciente ante cambios que podrían redefinir derechos históricos. La combinación de paros sostenidos, diagnósticos de salud preocupantes y demandas urgentes revela un diagnóstico más amplio: el modelo laboral argentino está en un punto crítico.

Mientras los trabajadores mantienen la protesta y esperan respuestas, la discusión sobre la reforma laboral se instala como una de las grandes batallas del 2026. Entre la defensa de derechos, la presión económica y el reclamo de una política productiva que recupere salarios y condiciones dignas, los judiciales se paran como un espejo del resto del país: un sector que trabaja, sostiene el sistema y exige —simplemente— poder vivir de su salario.