La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) anunció la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debido al atraso salarial del Gobierno. La medida se suma a un plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.

La situación en las universidades nacionales es crítica. Los docentes universitarios están sufriendo un atraso salarial que ha llevado a una caída del poder adquisitivo de hasta el 100%. En este contexto Adiuc lanzó una medida de fuerza que incluye la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la UNC. La decisión fue tomada tras una consulta docente universitaria que mostró que el 99,2% de los participantes se manifestaron en favor de la continuidad y profundización de las acciones en demanda de una recomposición salarial y presupuestaria para las universidades y la ciencia.

La lucha por la universidad pública

La Adiuc exige una serie de medidas para resolver la crisis en la universidad pública. Entre ellas, se encuentran la recuperación de salarios, la actualización del presupuesto universitario, el incremento de las becas estudiantiles y el presupuesto para el sistema científico. La entidad también exige el urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La situación es especialmente difícil para los docentes universitarios, que están sufriendo un impacto significativo en sus condiciones de vida. El 90% de los docentes dijo estar siendo «muy afectado» en sus condiciones de vida por las políticas de ajuste. La Adiuc está decidida a profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.

Con un contunde mensaje, Adiuc llama a los docentes universitarios y a la comunidad académica a sumarse a la medida de fuerza y a exigir una solución a la crisis en la universidad pública. La entidad también propone un esquema de medidas de fuerza rotativas y progresivas en cada dependencia.

La jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo Nº3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, que restringía el derecho de huelga en varias actividades laborales. La decisión ratifica una sentencia interlocutoria previa y refuerza la protección de los derechos laborales y el principio de división de poderes.

La sentencia de la jueza Moira Fullana es un duro golpe para el Gobierno, que había intentado limitar el derecho de huelga en varias actividades laborales a través del DNU 340/2025. La norma, que incorporaba a la Marina Mercante y actividades conexas como servicios esenciales, imponía restricciones al derecho de huelga, exigiendo servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en sectores esenciales.

La inconstitucionalidad del DNU

La jueza Fullana declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU, argumentando que el Gobierno no justificó una emergencia concreta que requiriera eludir el trámite legislativo ordinario. Además, destacó que el Congreso estaba en sesiones ordinarias al momento del dictado del DNU, lo que deslegitima su uso. La falta de control parlamentario previsto por la Ley 26.122 también fue subrayada por la jueza.

La sentencia tiene un impacto significativo en los derechos laborales, ya que refuerza la protección de la libertad sindical y el derecho de huelga. La jueza Fullana subrayó que las restricciones al derecho de huelga afectaban la libertad sindical, un pilar protegido por normas constitucionales y tratados internacionales.

En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el fallo como un hito en la defensa de los derechos laborales. El Gobierno, que aún no emitió un comunicado oficial, podría apelar ante la Corte Suprema, donde ya está pendiente una resolución sobre el DNU 70/23, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El referente de los trabajadores químicos en San Juan celebró un nuevo acuerdo paritario que garantiza aumentos trimestrales según el índice de inflación, aunque advierte que el cálculo oficial no siempre refleja la realidad. Gratificaciones, sumas fijas y solidaridad entre compañeros, ejes de la negociación.

En un contexto nacional atravesado por recortes, congelamiento de paritarias y pérdida del poder adquisitivo, el sector de los trabajadores químicos en San Juan logró cerrar un acuerdo anual que trae algo de previsibilidad. Así lo confirmó Mario García, referente gremial del sector, en diálogo con Mundo Laboral SJ.

“El acuerdo se logró con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Está estructurado en bloques trimestrales, ajustables por IPC, lo que representa un paso importante tras meses de negociaciones cortas e inestables”, explicó.

El esquema acordado prevé que cada trimestre (abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre y enero-marzo) se actualizará el salario según el índice de precios al consumidor (IPC). El ajuste será retroactivo al primer mes de cada período.

“Esto significa que los aumentos que se registren, por ejemplo, en abril, mayo y junio, se aplicarán y pagarán desde abril. Lo mismo ocurrirá con los siguientes trimestres”, detalló García.

Además, el acuerdo contempla:

Una suma fija no remunerativa (solidaria), que se ajusta automáticamente con cada suba salarial.

Una gratificación extraordinaria de fin de año, que también incorpora los aumentos acumulados a lo largo del período.

La preservación de beneficios por antigüedad y categoría, conforme al convenio colectivo.

La crítica al IPC oficial: “No refleja lo que realmente vivimos”

A pesar de valorar el acuerdo alcanzado, García no dejó de manifestar una crítica que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: “La inflación que se mide oficialmente no representa lo que sienten los trabajadores en su bolsillo. Se toman ítems que no reflejan los consumos reales”.

Y agregó: “Aun así, es mejor tener un aumento pactado que no tener ninguno. Es una herramienta que sirve para amortiguar un poco los golpes del ajuste, pero no alcanza por sí sola”.

El rol del gremio y la importancia de la información

Mario García también valoró el rol de los medios comprometidos con el mundo del trabajo. “Es clave tener canales como Mundo Laboral SJ que informen a los compañeros sobre sus derechos, sobre lo que se gana en las paritarias y sobre los desafíos que vienen. Sin información, es más difícil organizarse y defenderse”.

El acuerdo paritario anual para los trabajadores químicos representa un respiro dentro de un clima general adverso. Pero la vigilancia continúa: “Vamos a seguir de cerca cada cifra de inflación, cada medida que pueda afectar al sector. Nuestro compromiso es con la defensa del salario y la dignidad de los compañeros”, concluyó García.