En una muestra de fractura expuesta dentro del movimiento obrero organizado, Hugo Moyano lideró el retiro de la CGT de la convocatoria impulsada por el kirchnerismo. Entre acusaciones de relegamiento histórico y tensiones familiares, el sindicalismo peronista reconfigura sus vínculos con la política partidaria. Una decisión con consecuencias políticas que exceden el calendario inmediato.

La historia del peronismo está signada por tensiones internas que, lejos de resolverse, se reciclan con nuevos protagonistas pero viejos vicios. En esta oportunidad, el escenario lo ofreció la sede de la Federación de Sanidad, donde tuvo lugar una reunión que derivó en una decisión de peso político y simbólico: la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió bajarse de la movilización en respaldo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

El dato no pasó desapercibido, no solo por la magnitud del actor que se retira del juego —la central obrera—, sino por la contundencia de los argumentos. Hugo Moyano, uno de los emblemas del sindicalismo argentino, tomó la palabra en ese cónclave y dejó en claro que no era una retirada inocente. Sus declaraciones fueron lapidarias: “Siempre relegaron al peronismo y al movimiento sindical”, expresó con dureza, apuntando directamente al núcleo kirchnerista.

Esta frase, que podría leerse como una queja circunstancial, revela en verdad una tensión de fondo: la constante disputa por la centralidad en el espacio peronista. La relación entre el sindicalismo tradicional y La Cámpora, así como con el aparato kirchnerista en general, ha estado marcada por una combinación incómoda de necesidad mutua y recelo permanente. Moyano, con su verborragia habitual, esta vez puso fin a las ambigüedades.

Las diferencias no se limitaron al plano ideológico o estratégico. La interna también alcanzó ribetes familiares. La ausencia de la CGT contrastó de manera flagrante con la presencia de Pablo Moyano, hijo del líder camionero, quien días antes había visitado a la ex presidenta en su domicilio para expresarle su respaldo. La distancia entre ambos dirigentes —padre e hijo— funciona como metáfora de una división más amplia que atraviesa a todo el universo sindical: ¿acompañar o no al kirchnerismo en su deriva hacia una épica defensiva y personalizada?

En ese contexto, el comunicado posterior de la CGT fue tan breve como elocuente: se limitó a señalar que “aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes”. Un mensaje frío, administrativo, pero que encierra una advertencia clara: el movimiento obrero no será furgón de cola de ninguna narrativa ajena a su interés inmediato.

La decisión se gestó en una reunión que reunió a pesos pesados del sindicalismo: Héctor Daer, Octavio Argüello, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Juan Pablo Brey, Jorge Sola, Omar Plaini, Miguel Paniagua y dirigentes del Consejo Nacional del PJ como Víctor Santa María y Guillermo Moser. Todos ellos compartieron una lectura común: no era el momento, ni el contexto, para seguir una agenda impuesta unilateralmente.

Detrás de las palabras, hay también una estrategia: distanciarse de una imagen pública cada vez más polarizante como la de CFK y, al mismo tiempo, reordenar el tablero de cara a futuras negociaciones dentro del peronismo. El mensaje es claro: el sindicalismo quiere volver a tener voz y voto, no ser simplemente una fuerza de apoyo logístico.

El trasfondo de esta ruptura parcial remite a un viejo dilema: ¿puede el sindicalismo mantener autonomía política en un país donde la política lo atraviesa todo? Moyano parece creer que sí. O al menos, intenta demostrar que el sindicalismo tiene margen para marcarle la cancha al peronismo partidario. En este caso, al kirchnerismo.

La jugada de Hugo Moyano no es sólo una reacción coyuntural sino un posicionamiento político de largo aliento. Marca un límite, traza una frontera y deja en evidencia que el peronismo sindical ya no está dispuesto a delegar su protagonismo histórico. El silencio institucional de la CGT es, en realidad, un grito: el grito de una estructura que reclama ser escuchada, no como soporte, sino como actor de peso en la definición del rumbo nacional.

El conflicto expone además una contradicción que ha recorrido toda la etapa kirchnerista: su relación ambigua con las estructuras clásicas del peronismo. La tensión entre la mística juvenil de La Cámpora y el músculo del sindicalismo tradicional sigue sin resolverse. Y cada vez que el peronismo debe salir a la calle, esa fisura se vuelve grieta.

En la disputa entre Moyano padre y su descendencia política, se juega más que un drama familiar: se pone en jaque la unidad de acción de un movimiento obrero que, aunque golpeado, conserva su capacidad de condicionamiento. Mientras tanto, el resto del arco político observa y toma nota: en la Argentina del presente, cada gesto, cada ausencia, y cada palabra no dicha, vale más que una consigna.

En un gesto de unidad y defensa de la democracia, el Partido Justicialista (PJ) decidió no marchar a los tribunales de Comodoro Py, pero convocó a una concentración para expresar su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner y rechazar el fallo que la condena. La medida fue acompañada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también dispuso una concentración popular para repudiar la decisión judicial.

Esta decisión del PJ de no marchar a Comodoro Py, pero sí convocar a una concentración, refleja la estrategia del partido para expresar su rechazo al fallo judicial que considera «proscriptivo» contra Cristina Kirchner. Según el senador y vicepresidente primero del PJ, José Mayans, «no hay marcha a Comodoro Py, pero va a haber concentración». Mayans afirmó que la medida judicial es «exagerada» y que la ex presidenta «siempre estuvo a derecho».

La concentración tiene como objetivo expresar la preocupación por lo que está pasando en el país y rechazar el fallo de la Corte que considera «proscriptivo» contra Cristina Kirchner. La medida judicial ha generado un gran debate en la sociedad argentina, el PJ y la CGT consideran que es un ataque a la democracia y a la participación política.

En este sentido, la CGT también se sumó a la convocatoria y dispuso la realización de una concentración popular para repudiar la decisión judicial. La central obrera consideró que la medida es «injusta, parcial y arbitraria» y que afecta no solo a Cristina Kirchner, sino también a la democracia argentina. La central obrera destacó que la decisión judicial es un intento de «limitar la participación política» de la ex presidenta y de «socavar la institucionalidad democrática».

La importancia de la unidad

La unidad del PJ y la CGT en esta causa es un paso importante para defender los derechos y las instituciones democráticas en la Argentina. La concentración popular será un espacio para expresar la preocupación y el rechazo a la medida judicial, y para exigir que se respete la participación política de la ex presidenta. La movilización también será un gesto de solidaridad con Cristina Kirchner, quien ha sido objeto de una serie de decisiones judiciales que han generado controversia en la sociedad argentina.

El Gobierno nacional planea implementar un plan de retiros voluntarios y desvinculaciones en Radio y Televisión Argentina (RTA) con el objetivo de reducir la planta en un 45%. La medida afecta principalmente a Radio Nacional, donde se prevé desvincular a casi la mitad de sus trabajadores.

El Gobierno de Javier Milei está decidido a desguazar a los medios públicos, según confirmaron fuentes oficiales. Se prevé que en las próximas dos semanas se inicie un proceso de retiros voluntarios en RTA para luego avanzar con desvinculaciones. El objetivo es reducir la planta en un 45%, lo que implica la salida de casi 965 trabajadores de un total de 2246.

La medida afecta principalmente a Radio Nacional, donde se pretende desvincular a 584 de 1169 trabajadores, lo que representa una reducción del 50%. En la TV Pública, se busca desvincular a 153 de 849 trabajadores (18%). Además, se pretende desvincular a todos los ex empleados de Télam que continúan bajo la órbita de la empresa estatal.

Un sector del Gobierno explica que la decisión fue empujada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien advirtió el peso económico que tienen los salarios de los trabajadores en el balance de RTA. Sin embargo, cerca de Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios, aseguraron que no fue decisión de Sturzenegger, sino que el Gobierno está llevando adelante su agenda.

La decisión se tomó en medio de una interna entre Adorni y el interventor designado al frente de RTA, Eduardo Roberto González, a quien le reprochan su forma de negociar las cuestiones salariales y su falta de compromiso con la batalla cultural que pretende dar el presidente Milei.