La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) firmó el acuerdo salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La actualización contempla incrementos mensuales para todas las categorías del convenio y llevará el salario bruto conformado del Vigilador General hasta $1.930.000 en diciembre, con una mejora acumulada del 17,35% respecto de junio.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la seguridad privada que establece una recomposición salarial escalonada entre julio y diciembre de 2026. El entendimiento fija incrementos mensuales para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo y busca preservar el poder adquisitivo de una de las actividades con mayor crecimiento en materia de empleo durante los últimos años.

La referencia principal del convenio corresponde a la categoría Vigilador General, cuyo salario bruto conformado pasará de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre. La diferencia representa un incremento acumulado de $285.350, equivalente al 17,35%, mediante una secuencia de actualizaciones distribuidas a lo largo del semestre.

El cronograma salarial establece que el ingreso bruto alcanzará $1.706.800 en julio, $1.744.800 en agosto, $1.791.600 en septiembre, $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y $1.930.000 en diciembre, otorgando previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores en un período caracterizado por negociaciones periódicas y revisiones salariales.

Uno de los componentes con mayor crecimiento será el salario básico, que aumentará desde $911.650 hasta $1.085.000, con una mejora acumulada del 19,02%, porcentaje superior al incremento del salario conformado. Por su parte, el adicional por presentismo pasará de $165.000 a $180.000, mientras que el viático ascenderá de $498.000 a $545.000, consolidando la actualización de los conceptos que integran la remuneración habitual de los trabajadores.

El acuerdo también incorpora una suma no remunerativa de carácter progresivo que comenzará en $20.000 durante julio, aumentará a $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y alcanzará los $120.000 en diciembre, mecanismo que permite reforzar los ingresos durante el semestre sin modificar de inmediato la totalidad de la estructura remunerativa.

La negociación no se limita a la categoría de Vigilador General. Las nuevas escalas comprenden además a Vigiladores Bomberos, Vigiladores Principales, Operadores de Monitoreo, Verificadores de Eventos, Administrativos, Guías Técnicos, Instaladores de Sistemas Electrónicos y Controladores de Admisión y Permanencia, además de actualizar los adicionales específicos correspondientes a tareas aeroportuarias, zonas especiales como Neuquén y servicios vacacionales.

La seguridad privada constituye una de las principales ramas de servicios del país y emplea a decenas de miles de trabajadores distribuidos en empresas que prestan servicios en industrias, bancos, centros comerciales, hospitales, organismos públicos, barrios privados, complejos logísticos y eventos masivos. La evolución de sus salarios suele ser observada como un indicador relevante dentro del universo de convenios de servicios, debido a la magnitud de la actividad y a la diversidad de funciones que comprende.

La firma de esta paritaria se suma a la intensa dinámica de negociaciones colectivas que atraviesa 2026, marcada por acuerdos de corta duración y cláusulas de actualización periódica para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder de compra de los salarios. En ese marco, la recomposición obtenida por UPSRA garantiza una referencia salarial para el segundo semestre y deja abierta la expectativa de una nueva discusión convencional hacia el cierre del año, cuando gremio y empleadores vuelvan a evaluar la evolución de la economía, la inflación y las condiciones del mercado laboral.

La CGT confirmó que el próximo 22 de julio encabezará una movilización junto a las dos CTA y la UTEP en respaldo a los jubilados. La protesta inaugurará una nueva etapa de coordinación sindical y social frente a las políticas económicas del Gobierno y podría derivar en un nuevo paro general si no hay respuestas a los reclamos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes el inicio de una nueva fase de confrontación con la administración de Javier Milei al confirmar su participación en la movilización convocada para el miércoles 22 de julio, una protesta que reunirá además a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La convocatoria tendrá como principal consigna la defensa del sistema previsional y de los ingresos de los jubilados, aunque detrás de esa bandera se inscribe una estrategia sindical de mayor alcance destinada a profundizar la resistencia frente al programa económico del Gobierno nacional.

La concentración fue fijada para las 15 hs en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones marcharán para reclamar una recomposición de los haberes previsionales, la protección de la seguridad social y políticas que garanticen condiciones de vida dignas para los adultos mayores. Bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», la CGT buscará exhibir una amplia capacidad de movilización junto a otros actores del movimiento sindical y de la economía popular.

La manifestación representa mucho más que una protesta puntual. Constituye el primer paso de un cronograma de acciones consensuado durante las reuniones que, en las últimas semanas, mantuvieron la conducción cegetista, las dos centrales de trabajadores y la UTEP. Ese espacio de coordinación consolidó una agenda común basada en el rechazo a las políticas de ajuste, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el deterioro del empleo, el incremento de la conflictividad social y las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada.

La convergencia entre la CGT y los movimientos sociales adquiere especial relevancia en un presente marcado por la eliminación de programas sociales, entre ellos Volver al Trabajo, decisión que profundizó el acercamiento entre la central obrera y la UTEP. Esa coincidencia amplió el frente opositor al Gobierno y fortaleció la construcción de una estrategia compartida para sostener la presión sindical y territorial durante los próximos meses.

La protesta de los jubilados muestra cómo el movimiento obrero se preocupa cada vez más por la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones. Las organizaciones sostienen que los ingresos de los adultos mayores continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y consideran que la defensa de la seguridad social constituye uno de los principales ejes de la disputa con el Ejecutivo.

La movilización del 22 de julio se inscribe además en una secuencia de acciones que la CGT viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En poco más de un año y medio de gobierno, la central obrera impulsó varias movilizaciones nacionales y concretó tres paros generales, una frecuencia inédita en comparación con administraciones anteriores. El endurecimiento del conflicto responde al rechazo sindical a las reformas laborales, previsionales y económicas promovidas por el oficialismo, así como al impacto que, según las organizaciones gremiales, tienen las políticas de ajuste sobre el empleo registrado, los salarios y la producción.

En la conducción cegetista admiten que el plan de acción permanecerá abierto y sujeto a la evolución del vínculo con el Gobierno. Si las demandas vinculadas con jubilaciones, salarios, negociación colectiva y protección del empleo continúan sin respuesta, las distintas organizaciones no descartan avanzar hacia nuevas movilizaciones nacionales e incluso convocar a un cuarto paro general, alternativa que comenzó a ganar consenso durante los últimos encuentros entre las centrales sindicales.

El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una de las reformas tributarias más sensibles para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La iniciativa, impulsada en el ámbito del Consejo de Mayo y alineada con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, propone restringir el Monotributo a las categorías de menor facturación y trasladar al resto de los profesionales hacia un nuevo régimen impositivo. La discusión abre interrogantes sobre la carga fiscal, los aportes previsionales, la cobertura de salud y el impacto sobre la formalidad laboral.

La reforma del sistema tributario volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas que analiza el Ministerio de Economía figura una profunda modificación del Monotributo, régimen que desde hace casi tres décadas constituye la principal herramienta de formalización para millones de trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

La propuesta comenzó a tomar forma dentro del Consejo de Mayo, el ámbito de diálogo político creado por el Poder Ejecutivo para avanzar en reformas estructurales y que reúne a representantes del Gobierno, gobernadores, empresarios y organizaciones sindicales. Entre las recomendaciones elaboradas por ese organismo aparece la reducción del universo de monotributistas como uno de los capítulos centrales de la futura reforma impositiva.

El esquema en estudio contempla mantener únicamente el Monotributo Social y las categorías A, B y C, mientras que quienes superen esos niveles de facturación deberían abandonar el régimen simplificado para incorporarse a un sistema de transición que desembocaría posteriormente en el Régimen General.

Como alternativa al salto directo hacia las obligaciones tributarias tradicionales, el proyecto prevé recrear una figura prácticamente desaparecida del sistema argentino: el Responsable No Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado. Ese régimen fue eliminado en 2004 debido a las distorsiones que generaba tanto para los contribuyentes como para las operaciones comerciales.

Más obligaciones y mayores costos administrativos

Uno de los principales cambios recaería sobre la estructura de costos de los trabajadores independientes. Al dejar el Monotributo desaparecería el sistema de pago unificado que actualmente concentra impuestos nacionales, aportes jubilatorios y obra social en una sola cuota mensual.

Los contribuyentes alcanzados deberían comenzar a tributar como autónomos, efectuar aportes previsionales independientes, afrontar liquidaciones impositivas más complejas y, en la mayoría de los casos, contratar servicios profesionales de contabilidad para cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

A ello se suma otra modificación relevante: la pérdida de la cobertura médica vinculada al Monotributo. Quienes abandonen el régimen deberían gestionar su incorporación a una obra social habilitada o contratar una empresa de medicina prepaga, incrementando significativamente sus gastos mensuales.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta incorpora un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado exclusivamente a quienes migren desde el Monotributo. La idea consiste en aplicar una alícuota fija del 25%, evitando que esos contribuyentes deban presentar las tradicionales declaraciones juradas mensuales del IVA.

Sin embargo, detrás de esa simplificación aparece uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos entre especialistas tributarios: el eventual regreso del mecanismo conocido históricamente como «IVA por acrecentamiento».

Durante la vigencia del antiguo régimen de Responsables No Inscriptos, los proveedores aplicaban el IVA correspondiente y adicionaban un recargo equivalente al 50% del impuesto.

Cuando la alícuota general era del 18%, el efecto económico representaba una carga del 27%. Con el IVA vigente del 21%, distintos tributaristas estiman que la incidencia teórica alcanzaría el 31,5%, aunque la propuesta oficial procura reemplazar ese mecanismo por una tasa fija del 25% dentro del Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El riesgo de incentivar la informalidad

Diversos especialistas advierten que una mayor presión tributaria y administrativa sobre los pequeños contribuyentes podría generar un efecto contrario al buscado por la reforma: aumentar la informalidad.

El Monotributo fue creado en 1998, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes al sistema formal mediante un régimen simple, previsible y de bajo costo administrativo. La unificación de impuestos nacionales, aportes jubilatorios y cobertura de salud permitió ampliar considerablemente la base de contribuyentes registrados durante las últimas décadas.

Desde entonces, el régimen se consolidó como una herramienta central para profesionales, comerciantes, emprendedores, trabajadores de oficios y prestadores de servicios, reduciendo barreras de ingreso a la formalidad.

La eventual reducción de su alcance reabre un debate que trasciende lo estrictamente tributario. Mientras el Gobierno sostiene que busca disminuir las distorsiones entre el régimen simplificado y el general, distintos analistas sostienen que un incremento de las obligaciones fiscales podría desalentar la registración de miles de pequeños contribuyentes cuyos ingresos reales ya muestran un deterioro frente al costo de vida.