Reducen el impuesto a las ganancias a las empresas
Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,
En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».
El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».
La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.
También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.
El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».
La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.
El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.
Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.
El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.
De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.
El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.
En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.
En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.
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La CGT renovó autoridades y ratificó un triunvirato de poder compartido hasta 2029
La Confederación General del Trabajo (CGT) definió su nueva conducción en el Congreso Nacional Ordinario realizado en Obras Sanitarias. Con 1.604 votos a favor, la lista de unidad “Celeste y Blanca” ratificó un triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, que conducirá la central obrera durante el período 2025-2029. La jornada dejó tensiones, reacomodamientos y un delicado equilibrio entre los principales sectores del sindicalismo argentino.
La CGT cerró un capítulo clave de su historia reciente. En una jornada extensa y cargada de negociaciones, el Congreso Nacional Ordinario definió la nueva conducción del período 2025-2029. La lista de unidad “Celeste y Blanca” se impuso con 1.604 votos sobre 1.639 delegados, consolidando un triunvirato que buscará mantener la cohesión interna frente a un escenario político y económico en tensión.
El flamante esquema de poder estará encabezado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (SEIVARA) y Octavio Argüello (Camioneros). Cada uno representa un eje de la estructura cegetista: los “gordos” y “independientes”, la nueva generación sindical y el moyanismo, respectivamente. La presencia de Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario general adjunto refuerza la línea de continuidad institucional, aportando experiencia y capacidad de articulación política.
“Logramos sostener la unidad en la diversidad”, fue la frase que se escuchó repetirse en los pasillos del estadio de Obras Sanitarias, donde el acto tuvo lugar. Sin embargo, esa unidad tuvo un costo: largas horas de negociación, concesiones cruzadas y una delicada distribución de cargos en las secretarías más sensibles del Consejo Directivo Nacional.
Reacomodamientos y tensiones controladas
Entre los cambios de mayor peso, la Secretaría Gremial pasó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aunque no será conducida por su titular nacional Abel Furlán, sino por Osvaldo Lobato, referente de la seccional San Martín y actual secretario de Acción Social del gremio metalúrgico.
En la Secretaría del Interior, el experimentado Héctor Daer (Sanidad) asumirá la coordinación política interna, mientras que la Secretaría de Prensa y Comunicación quedará bajo la dupla Horacio Arreceygor y Susana Benítez (SATSAID), reemplazando a Sola, ahora en la conducción principal.
La UTA, encabezada por Roberto Fernández, fue la única organización de peso que decidió apartarse de la estructura, en desacuerdo con el nuevo esquema tripartito. Pese a ello, otros sectores históricamente críticos —como los alineados con Luis Barrionuevo y Omar Maturano— optaron por mantenerse dentro de la central, conservando posiciones relevantes: Argentino “Tito” Geneiro (UTHGRA) seguirá al frente de Capacitación Profesional y Sebastián Maturano (La Fraternidad) continuará al mando de Juventud.
En paralelo, se consolidaron figuras con proyección dentro del movimiento obrero. Carla Gaudensi (FATPREN) asumirá la Secretaría de Género; José Voytenco (UATRE) la de Protección a la Niñez; y Nahuel Chancel (SUPEH) la de Salud Laboral. Estas incorporaciones reflejan una búsqueda de renovación generacional y de apertura hacia agendas vinculadas a derechos, inclusión y políticas sociales.
Estructura del nuevo Consejo Directivo Nacional (2025–2029)
Secretaría General: Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (SEIVARA), Octavio Argüello (Camioneros)
Secretaría General Adjunta: Andrés Rodríguez (UPCN)
Secretaría Gremial: Osvaldo Lobato (UOM)
Relaciones Internacionales: Gerardo Martínez (UOCRA)
Interior: Héctor Daer (Sanidad)
Relaciones Institucionales: Daniel Lovera y Romina Santana (Comercio)
Prensa y Comunicación: Horacio Arreceygor y Susana Benítez (SATSAID)
Seguridad Social: Hugo Benítez (Textiles)
Cultura: Miguel Paniagua y María Belén Ratto (SUTEP)
Ciencia y Técnica: Marina Jaureguiberry y Hernán Escudero (SADOP)
Administrativa: Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Lamas (La Bancaria)
Vivienda: Sergio Sasia (Unión Ferroviaria)
Turismo: Carlos Acuña (Estaciones de Servicios)
Acción Social: José Luis Lingeri y Karina Navone (FENTOS)
Actas: Enrique Lorenzo y Laura Fernández (Cerveceros)
Finanzas: Gastón Frutos (Panaderos)
Derechos Humanos: Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales)
Igualdad de Oportunidades: Luna Villar (Guardavidas)
Género: Carla Gaudensi (FATPREN)
Asuntos Legislativos: Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra (APL)
Políticas Económicas y Sociales: Oscar Rojas (Maestranza)
Estadísticas y Registros: Víctor Santa María (Encargados de edificios)
Defensa del Consumidor: Pablo Flores y María Lorena Attinese (AEFIP)
Empleo: Juan Carlos Schmid y Yesica Gesteiro (Dragado y Balizamiento)
Capacitación Profesional: Argentino Geneiro (UTHGRA)
Juventud: Sebastián Maturano (La Fraternidad)
Protección de la Niñez: José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui (UATRE)
Salud Laboral: Nahuel Chancel (SUPEH)
Medio Ambiente: Jorge Mancini (AGOEC)
Políticas Educativas: Sergio Romero (UDA)
Industria y Producción: Rodolfo Daer (Alimentación)
Asuntos Municipales: Amadeo Genta (COEMA)
Asuntos Energéticos: Guillermo Moser (Luz y Fuerza)
Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour y Vanesa Núñez (UTEDYC)
Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone (Gas)
Deportes: Juan Pablo Brey (Aeronavegantes)
La renovación del Consejo Directivo marca un punto de inflexión en la CGT. El nuevo triunvirato Sola–Jerónimo–Argüello asume con la promesa de preservar la unidad en medio de un clima social y político desafiante, donde el movimiento obrero enfrenta la doble tarea de resistir reformas regresivas y redefinir su papel en el debate público.
Con una estructura amplia, que combina experiencia, juventud y representación territorial, la CGT apuesta a mostrarse como un bloque cohesionado frente a un gobierno que impulsa transformaciones profundas en el mundo del trabajo. Pero la verdadera prueba comenzará ahora: sostener la unidad en la acción, evitar fracturas internas y traducir la legitimidad del Congreso en poder efectivo en la calle y en la negociación política.
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Según la UCA, uno de cada seis trabajadores no logra alimentarse adecuadamente
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, es decir, dificultades para acceder de forma estable y suficiente a los alimentos. La incidencia alcanza al 24% de los trabajadores informales, al 9,8% de los empleados registrados y al 14,1% del sector público. El estudio expone que el fenómeno ya no distingue entre empleo y exclusión, y refleja el deterioro estructural del poder adquisitivo y las condiciones de vida en la Argentina.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un informe que enciende luces de alarma sobre una problemática que crece incluso entre quienes tienen trabajo: la inseguridad alimentaria. Según los datos relevados, el 15% de los asalariados no logra garantizar una alimentación adecuada para sí o para su familia.
El dato es particularmente preocupante porque incluye a empleados formales, que hasta hace pocos años constituían un segmento relativamente protegido del deterioro social. Entre ellos, el 9,8% padece inseguridad alimentaria, mientras que en el sector público la incidencia trepa al 14,1%. En el sector informal, en tanto, el porcentaje asciende al 24%, lo que demuestra la profundidad del fenómeno entre quienes carecen de protección laboral y social.
“La afectación entre trabajadores formales y públicos refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, advierte el informe, que analiza el impacto del deterioro salarial, la inflación persistente y la informalidad creciente.
Educación, pobreza y región: las brechas más marcadas
El estudio identifica tres factores centrales que amplifican la vulnerabilidad: el nivel educativo, la condición de pobreza y la región geográfica.
Entre quienes no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza un 34%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria o superior apenas llega al 4,6%.
En los trabajadores pobres, el impacto es abrumador: el 38,6% sufre inseguridad alimentaria, frente a un 6,9% entre los no pobres.
En el Conurbano bonaerense, el fenómeno registra los valores más altos del país (18,9%), seguido por el interior (14,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%).
El factor tiempo: los subocupados, los más golpeados
El informe también detecta una correlación entre las horas trabajadas y la capacidad de acceso a los alimentos. Los subocupados —personas con menos de 35 horas semanales— son los más afectados (21,1%), por encima incluso de los sobreocupados (13,3%) y quienes trabajan jornada completa (12%). Esto sugiere que la cantidad de horas no garantiza estabilidad económica cuando los ingresos son bajos o irregulares.
Género, edad y sindicalización
Otras variables también fueron consideradas. La diferencia por género resulta mínima: 15,5% de las mujeres frente a 15% de los hombres. En cambio, la edad sí marca una tendencia: los trabajadores de entre 35 y 54 años —en plena etapa productiva— son los más afectados (17,1%).
Un dato positivo lo aporta la sindicalización: el ODSA detecta que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a presentar mayor seguridad alimentaria, probablemente por mejores convenios y capacidad de negociación salarial.
El informe de la UCA vuelve a exponer una realidad estructural: en la Argentina actual, tener empleo no garantiza escapar de la pobreza ni del hambre. La erosión del poder adquisitivo, la inflación alimentaria y la precarización del mercado laboral profundizan la distancia entre ocupación y bienestar.
En este contexto, el trabajo dejó de ser un escudo contra la exclusión y se convirtió, para millones, en una condición insuficiente para vivir dignamente. El desafío, advierten los especialistas, es reconstruir un modelo económico que restituya al empleo su función social: la de asegurar no sólo ingresos, sino también seguridad alimentaria y calidad de vida.
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Triunvirato confirmado: la CGT le cerró el paso al unicato que impulsaba Barrionuevo
El Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su nueva conducción tras una votación categórica que rechazó la moción de unicato impulsada por Luis Barrionuevo. Con más del 90% de los congresales presentes, la central obrera ratificó un triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello. La decisión consolida un acuerdo entre los sectores mayoritarios y busca contener las fracturas en medio de un clima de alta tirantez política y sindical.
En una jornada cargada de simbolismo y tensiones, la CGT definió su nuevo esquema de conducción en el estadio de Obras Sanitarias, donde más de dos mil congresales participaron de una votación a mano alzada que terminó por sellar el futuro inmediato de la central. La propuesta de unicato —una jefatura única promovida por Luis Barrionuevo y sus aliados— fue rechazada por una abrumadora mayoría, dando paso al consenso en torno a un triunvirato.
El nuevo mando estará compuesto por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), un equilibrio entre experiencia, juventud y representación sectorial. La definición fue el corolario de una extensa negociación que se resolvió la noche anterior en la sede de la UOCRA, con la participación de los principales referentes del sindicalismo tradicional: Héctor Daer, Armando Cavalieri, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Sergio Sasia.
El acuerdo, que busca mantener la unidad formal de la CGT, no disimula las heridas internas. Barrionuevo, que llegó al Congreso con el respaldo de gremios poderosos como Gastronómicos, UTA, La Fraternidad y Carga y Descarga, sufrió una derrota contundente. Según fuentes presentes en el estadio, los delegados de la UTA se retiraron del recinto tras la votación adversa, en un gesto que exhibió la persistente división del mapa sindical.
Más allá del reparto en la cúpula, las negociaciones por las secretarías estratégicas se convirtieron en el nuevo eje de disputa. Entre los movimientos que se barajan, Héctor Daer asumiría en la Secretaría del Interior, Abel Furlán (UOM) en la Secretaría Gremial, Horacio Arreceygor (SATSAID) en Prensa y Omar Plaini (Canillitas) en Finanzas. La composición final será definida en las próximas horas, cuando el Congreso retome el cuarto intermedio dispuesto para ordenar los cargos restantes.
En paralelo, el Congreso fue escenario de un reclamo sostenido por parte de las mujeres sindicalistas, que expresaron su descontento ante la exclusión femenina en la conducción. “No venimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT”, cantaron desde las gradas, visibilizando una demanda que atraviesa todas las centrales obreras y que, una vez más, quedó postergada. A pesar del avance discursivo en materia de paridad, el nuevo triunvirato no incluye mujeres en ninguno de los tres asientos principales.
El trasfondo político de la votación no pasó inadvertido. Con el gobierno nacional presionando por una reforma laboral y un nuevo esquema de diálogo social, la CGT se ve obligada a proyectar cohesión hacia afuera mientras lidia con sus propias tensiones internas. La derrota de Barrionuevo, que pretendía un liderazgo más concentrado, fue leída como una victoria de los sectores que apuestan a preservar la estructura tradicional, sin alterar el delicado equilibrio de poder entre los grandes gremios.
El nuevo triunvirato de la CGT llega en un momento de extrema sensibilidad económica y política, con una inflación persistente, caída del salario real y conflictividad en aumento. Aunque la fórmula tripartita garantiza, en principio, continuidad y contención, la fractura con los gremios alineados a Barrionuevo y la persistente falta de representación femenina exponen los límites de la renovación sindical.
En este escenario, la central obrera enfrenta el desafío de reconstruir una voz unificada frente a un gobierno que avanza con reformas estructurales y un movimiento obrero que reclama protagonismo real, no sólo equilibrio interno.
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