La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.

El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.

Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.

Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.

También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.

En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.

Menor recaudación nacional

El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.

En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.

Impacto en Nación y provincias

La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.

En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.

Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.

La reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso sumó un nuevo cuestionamiento en los tribunales. El Tribunal del Trabajo N.º 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802, una de las disposiciones centrales que regula la actualización de los créditos laborales en juicios por indemnización. El fallo se suma a una decisión similar dictada en Córdoba y refuerza el frente judicial contra la norma.

Los jueces consideraron que el mecanismo establecido por la norma puede generar una actualización insuficiente frente al contexto inflacionario, lo que vulneraría garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo y al derecho de propiedad.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la disposición resulta incompatible con principios consagrados en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional Argentina, al afectar el derecho de los trabajadores a una reparación adecuada frente a un incumplimiento laboral.

El caso que originó la sentencia

La decisión judicial se produjo en el marco de una demanda iniciada por un trabajador gastronómico contra los responsables de un establecimiento de comidas, a quienes finalmente se condenó a pagar más de 12,8 millones de pesos en concepto de indemnizaciones laborales.

Según consta en el expediente, el trabajador decidió considerarse despedido ante la falta de registración del vínculo laboral, la ausencia de tareas asignadas y la falta de pago de salarios.

Los empleadores no respondieron a la demanda, lo que derivó en su declaración de rebeldía procesal. Frente a esta situación, el tribunal tuvo por acreditados los hechos denunciados y reconoció el derecho del trabajador a percibir indemnizaciones por despido, salarios adeudados, aguinaldos y otras compensaciones.

Cuestionamientos al sistema de actualización

El aspecto más relevante del fallo fue el análisis del artículo 55 de la reforma laboral, que establece un sistema especial para actualizar las deudas derivadas de juicios laborales.

Según los magistrados, aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero frente a la inflación puede terminar reduciendo de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones.

En ese sentido, el tribunal señaló que la mora del empleador no puede convertirse en un beneficio para el deudor mediante mecanismos de actualización insuficientes. También advirtió que diferenciar los créditos laborales según el momento en que se inició el juicio resulta una distinción irrazonable.

“Es sabido que el principio constitucional de igualdad no implica una igualdad meramente aritmética o formal”, señalaron los jueces en el fallo, al explicar que el legislador no logró justificar adecuadamente la diferenciación introducida por la reforma.

Aplicación de la normativa anterior

Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, el tribunal decidió dejar sin efecto la aplicación del artículo cuestionado y aplicar el mecanismo general previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo para actualizar el crédito laboral.

Además, los magistrados remarcaron que en casos de trabajo no registrado el empleador debe asumir plenamente las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de sus obligaciones.

Finalmente, el tribunal condenó solidariamente a los demandados a pagar una suma de $12.819.011 al trabajador dentro de un plazo de diez días.

Un nuevo frente judicial para la reforma

Aunque se trata de un fallo de primera instancia, el pronunciamiento representa un nuevo golpe para el artículo 55 de la reforma laboral. La decisión se suma a una resolución reciente dictada por la Cámara del Trabajo de Córdoba, donde el juez Ricardo Giletta también declaró inconstitucional esa disposición.

La acumulación de fallos adversos comienza a delinear un escenario de creciente litigiosidad en torno a la aplicación de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

El nuevo pronunciamiento judicial refuerza las dudas sobre la constitucionalidad del sistema de actualización de créditos laborales incorporado por la reforma. Si otros tribunales adoptan criterios similares, el artículo 55 podría enfrentar una creciente cadena de impugnaciones que obligaría a revisar uno de los puntos centrales de la normativa.

Con un paro previsto para este lunes, docentes y nodocentes universitarios ponen en marcha un plan de lucha en todo el país. Reclaman recomposición salarial, la reapertura urgente de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto podría escalar con nuevas huelgas y una marcha federal prevista para abril.

El sistema universitario público argentino inicia una semana de fuerte conflictividad gremial. Con un paro nacional de 24 horas convocado para este lunes 16 de marzo, docentes y nodocentes de todo el país comienzan un plan de lucha que busca visibilizar lo que califican como “la mayor pérdida salarial de la historia” del sector.

La protesta fue convocada por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, junto a otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las medidas abarcarán a las más de 60 universidades públicas del país y marcan el inicio de un ciclo de movilizaciones que podría extenderse durante gran parte del primer cuatrimestre.

El reclamo central apunta a la recomposición salarial frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación, así como al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y aún sin aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Reclamo salarial y presión por paritarias

Los gremios universitarios advierten que los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes han sufrido un fuerte retroceso real en los últimos años. Según denuncian, los incrementos salariales quedaron muy por debajo de la evolución de los precios, generando una pérdida acumulada que compromete la estabilidad laboral del sector.

En este aspecto, las organizaciones sindicales exigen la convocatoria urgente a paritarias y la actualización de los salarios en línea con la inflación.

La semana de protestas se organizará en dos etapas: la primera entre el 16 y el 21 de marzo y la segunda entre el 23 y el 30 de marzo. Durante esos días se realizarán paros, asambleas, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto en las universidades de todo el país.

El objetivo, sostienen los gremios, es alertar sobre una situación que ya comienza a impactar en el funcionamiento del sistema educativo superior.

La ley de financiamiento en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La norma establece un esquema de incremento presupuestario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar el cálculo de las paritarias docentes y nodocentes.

A pesar de la presión de la comunidad universitaria y de dos fallos judiciales que ordenaron su aplicación, el Gobierno nacional aún no avanzó con su implementación.

En cambio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca reemplazar el esquema vigente. Según un informe elaborado por el Centro CIEN y el gremio FEDUBA, esa iniciativa implicaría un deterioro adicional de los ingresos universitarios.

El documento advierte que la propuesta oficial no reconoce la recomposición salarial correspondiente al período 2023–2024, plantea aumentos parciales del 4% en tres tramos durante 2026 y no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación. Además, omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades. Para los sindicatos, ese enfoque profundizaría el ajuste sobre el sistema universitario público.

Plan de lucha escalonado y nuevas protestas

La problemática no se limita a la jornada de paro de este lunes. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, confirmó que ampliará el plan de lucha con nuevas huelgas de 24 horas en las siguientes fechas: 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

En ese sentido, el Congreso de CONADU resolvió profundizar las medidas con paros de una semana completa en dos períodos: el que comienza el 30 de marzo y el que iniciará el 27 de abril.

En ese marco, también se analiza la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria. La fecha propuesta es el 23 de abril y su organización se coordinará con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y distintos actores de la comunidad académica.

El objetivo es instalar nuevamente el debate sobre el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda pública.

Un conflicto que amenaza el inicio del ciclo lectivo

Mientras las clases comienzan en gran parte del sistema universitario, el conflicto salarial amenaza con afectar el normal desarrollo del primer cuatrimestre.

Los gremios advierten que la combinación de bajos salarios, precarización laboral y falta de presupuesto está provocando una creciente fuga de profesionales e investigadores del sistema público.

Si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional, el conflicto universitario podría escalar en las próximas semanas y derivar en nuevas medidas de fuerza que impacten de lleno en el calendario académico.