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La FESPROSA aseguró que ya registran unos 80.000 infectados y unos 500 fallecidos por el COVID 19

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) remarcó que “el equipo de salud encara la segunda ola agotado y con sus reclamos (laborales y salariales insatisfechos”. En ese marco, indicó que ya llevan unos 80.000 trabajadores y trabajadoras infectadas y 500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Ante esta situación, la Federación ratificó la jornada de protesta nacional que se llevará a cabo este miércoles.

La organización gremial apuntó que “a pesar de ser prioridad en el esquema de vacunación, el porcentaje de trabajadores de salud infectados sigue siendo elevado, similar al de la población general. Esto se desprende del informe especial publicado por el Ministerio de Salud de la Nación el 17 de marzo”.

La Federación reclamó “la reparación de la deuda salarial con los trabajadores sanitarios” y pidió “la continuidad y actualización del bono estímulo y la convocatoria a una paritaria nacional de salud”.

Señaló que firmó un petitorio exigiendo el cese de la exportación de la vacuna de AstraZeneca y su envasado en el país. “El mismo será entregado el 7 de abril a las 10 en el Ministerio de Salud de la Nación como parte de las actividades de la Jornada Nacional de Lucha”, informó.

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Acuerdo salarial en el sector TIC y audiovisual: suba del 2,8% y revisión en febrero

El Sindicato Argentino de Televisión y la cámara ATVC alcanzaron un principio de acuerdo para enero que contempla un aumento del 2,8%, una gratificación extraordinaria para compensar retenciones y una nueva audiencia en febrero. La propuesta será sometida a votación en asambleas hasta el 21 de enero.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) informó que alcanzó un principio de entendimiento con la cámara empresarial ATVC en el marco de la negociación paritaria correspondiente a los trabajadores del sector TIC, Video y Conectividad. El acuerdo, que alcanza a quienes se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, establece un incremento salarial del 2,8% para el mes de enero. La propuesta será puesta a consideración de los afiliados a través de asambleas en todas las empresas del sector, antes de su eventual homologación y firma definitiva.

Cómo se aplicará el aumento

Según lo estipulado en el acta paritaria, el incremento se calculará sobre la totalidad de los rubros —remunerativos y no remunerativos— vigentes al mes de diciembre de 2025. No obstante, el acuerdo establece una aplicación escalonada: la suba será liquidada como asignación no remunerativa hasta fines de febrero, para incorporarse de manera permanente al salario básico a partir del 1° de marzo de 2026. Este esquema busca atender las restricciones financieras del sector, sin resignar la consolidación del aumento en el haber mensual de los trabajadores.

Retenciones y compensación al salario

Uno de los puntos centrales del acuerdo está vinculado a la aplicación del Artículo 123 del convenio colectivo. En ese marco, las partes resolvieron aplicar de forma íntegra la retención correspondiente, lo que implica que las empresas retendrán el total del incremento neto del primer mes.

Para mitigar el impacto inmediato de esta medida sobre el poder adquisitivo, se acordó el pago de una gratificación extraordinaria. Las empresas deberán abonar a cada trabajador un monto equivalente al 50% del incremento neto correspondiente al aumento de enero, permitiendo así recuperar parte de la suba en forma directa y excepcional.

Esquema diferencial para PyMES

El acuerdo también contempla condiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas y aquellas nucleadas en la Red Intercable. En estos casos, se estableció un esquema de pago diferido para las retenciones: el 50% se abonará junto con los haberes de enero de 2026, mientras que el saldo restante se depositará recién en febrero de 2027.

Esta modalidad busca aliviar la situación financiera de las empresas más pequeñas sin modificar el alcance del acuerdo salarial.
Revisión en febrero y definición gremial
Las partes fijaron una nueva audiencia para el próximo 10 de febrero a las 17:00 horas. En ese encuentro se evaluará el impacto del acuerdo alcanzado y se avanzará en la continuidad de la paritaria anual.

En este aspecto, el Consejo Directivo Nacional del SATSAID dispuso que la propuesta sea sometida a votación en asambleas realizadas en todas las empresas de televisión por cable, servicios de internet y telecomunicaciones del país. Los resultados deberán ser informados a la conducción nacional antes de las 13:00 horas del miércoles 21 de enero, momento en el que el gremio definirá su posición final para proceder —o no— a la firma definitiva del acuerdo.

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Biró acusa al peronismo y al Gobierno por la entrega de la soberanía de los cielos

El secretario general de APLA, Pablo Biró, cuestionó con dureza la gestión libertaria en Aerolíneas Argentinas, denunció desinversión y “contabilidad creativa” para simular superávit, y lanzó una crítica demoledora al peronismo por su silencio ante la extranjerización del mercado aéreo. “No solo estamos así por Milei: hay complicidad”, afirmó.

Biró, es una de las voces más firmes y controvertidas del sindicalismo del transporte. Protagonista de los conflictos durante el macrismo y blanco frecuente del aparato comunicacional libertario, el dirigente volvió a encender el debate con fuertes definiciones sobre Aerolíneas Argentinas, la política aerocomercial del Gobierno y el rol de la oposición.

En diálogo con InfoGremiales, Biró desmenuzó lo que considera una estrategia deliberada de vaciamiento de la aerolínea de bandera y una entrega inédita de la soberanía aérea, al tiempo que cuestionó con dureza al peronismo por su falta de reacción.

Aerolíneas Argentinas: ajuste, desinversión y “contabilidad creativa”

Consultado sobre las versiones de una posible privatización de Aerolíneas Argentinas, Biró sostuvo que, aunque no hay una presentación formal en curso, la intención del Gobierno es clara. “Nunca hablaron de hacerla rentable, de expandir rutas o mejorar la conectividad. Ni siquiera de cuidar el patrimonio”, remarcó.

El dirigente desmintió de plano los anuncios oficiales sobre un supuesto superávit de la compañía durante la gestión de Javier Milei. “Eso se logra difiriendo gastos y no invirtiendo en flota. Estamos hablando de millones de dólares. Es contabilidad creativa. De ninguna manera Aerolíneas está ganando plata”, aseguró.

Según Biró, la exclusión de los representantes sindicales del Directorio responde justamente a la intención de ocultar ese desmanejo. “Nos sacan para que no tengamos acceso a los números”, denunció. Su nombramiento como director por el Programa de Propiedad Participada fue ratificado por la Asamblea de accionistas, pero el Gobierno impidió su asunción, lo que derivó en un conflicto judicial aún abierto.

Pérdida de mercado y retroceso estratégico

El titular de APLA detalló que Aerolíneas Argentinas pasó de concentrar cerca del 70% del mercado doméstico a rondar el 50% bajo la actual gestión. “Es una caída brutal”, advirtió. Ese retroceso se explica, según Biró, por la pérdida de participación frente a competidores nacionales, regionales e internacionales, el cierre de rutas, la reducción de la plantilla y la ausencia total de inversión en flota. “Es un cóctel explosivo que se explica por sí solo”, sintetizó.

Desregulación y extranjerización del cielo argentino

Biró amplió su crítica al modelo aerocomercial en su conjunto. Denunció una desregulación que, lejos de fomentar competencia, degrada estándares de seguridad, control estatal y empleo argentino. Como ejemplo, señaló la concesión de la novena libertad del aire a LAN Chile, que le permite operar vuelos de cabotaje con tripulación, flota y controles extranjeros.
“El Estado argentino no puede auditar a compañías extranjeras. Esto no es solo un ataque a los trabajadores, es un ataque directo a la soberanía”, afirmó, y recordó que son muy pocos los países en el mundo que conceden ese tipo de libertades.

Intercargo, transporte y un modelo “entreguista”

El dirigente también cuestionó la apertura del servicio de rampa, históricamente concentrado en Intercargo. “Tenés una empresa eficiente y superavitaria, y promovés competidores para bajarle el precio. Es la misma lógica en todo Transporte”, sostuvo.

Biró amplió el diagnóstico al conjunto del sector: ausencia de marina mercante, flota pesquera extranjerizada y desregulación en beneficio de intereses foráneos. Desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), aseguró, impulsaron numerosas protestas apuntando directamente al ministro Federico Sturzenegger, a quien identifica como el ideólogo del esquema.

CGT, reforma laboral y falta de confrontación

Sobre la reforma laboral y el rol de la CGT, Biró fue categórico: “Nadie negocia con débiles. Si la CGT se pone combativa y resiste, puede cambiar la realidad. Si no, le van a gritar ‘poné la fecha’”. Sin cuestionar orgánicamente a la central obrera, advirtió que las bases reclaman respuestas. “Un plan de lucha con paros nacionales puede interpelar al Gobierno. Videos de TikTok no”, ironizó.

Crítica al peronismo y advertencia política

El tramo más explosivo de la entrevista llegó al referirse al peronismo. Para Biró, la crisis del espacio no es nueva y se replica en lógicas de conducción cerradas. Pero fue más allá: “El peronismo no dijo nada sobre la entrega de los cielos a Chile. Eso es complicidad”.
“¿Cristina, Máximo o Recalde no lo saben? Claro que lo saben. No solo estamos como estamos por Milei: el peronismo es funcional y cipayo, entregador de la soberanía aérea”, disparó, al subrayar que ni siquiera hubo comunicados de repudio.

Mirada hacia 2027

De cara al futuro, Biró sostuvo que aún hay margen para recomponer una alternativa dentro del PJ, pero advirtió que eso exige abandonar el sectarismo y construir acuerdos programáticos reales. En ese escenario, destacó la figura de Abel Furlán, secretario gremial del partido, por su trabajo territorial y su rol en la normalización de las regionales de la CGT.

Las declaraciones de Pablo Biró condensan un diagnóstico crudo sobre el rumbo del transporte aéreo argentino: ajuste, desinversión y extranjerización, con un Estado que se retira y una oposición que, para el dirigente, guarda silencio. En ese cruce de responsabilidades, el líder de los pilotos plantea una advertencia política de fondo: sin confrontación real y sin defensa de la soberanía, el deterioro no es un accidente, sino una decisión.

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Presupuesto 2026: Docentes y no docentes advierten sobre un conflicto educativo de escala nacional

Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipan una nueva caída del financiamiento universitario, con salarios docentes en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y crecientes advertencias gremiales sobre la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo. Desde el sector denuncian un ajuste que excede lo fiscal y responde a una disputa ideológica con la universidad pública.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público escala hacia un escenario crítico de cara a 2026. De acuerdo con las proyecciones surgidas del Presupuesto aprobado a fines de 2025, si el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario —que permanece suspendida y que el oficialismo incluso intentó derogar—, la inversión destinada a las universidades nacionales sería la más baja de los últimos veinte años.


El recorte presupuestario previsto para el sector universitario alcanza el 7,2% en relación con 2025 y un 34,3% respecto de 2023. En términos macroeconómicos, la educación universitaria recibiría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno, una cifra que marca un piso histórico. En este aspecto, el Presupuesto elimina el objetivo del 6% del PBI para educación en general y la meta del 1% para ciencia y tecnología, profundizando el ajuste sobre el sistema científico nacional.

Esta decisión impacta de manera directa sobre organismos clave como el CONICET, el INTI, el INTA, el Instituto Malbrán y la CONAE, entre otros, configurando lo que desde el sector académico describen como un ataque integral al entramado de producción de conocimiento del país.

A ello se suma una disposición particularmente sensible: el Presupuesto le otorga a la Secretaría de Educación la facultad de interrumpir transferencias o congelar partidas a las universidades si considera “inadecuado” el uso de los fondos, una medida que distintos especialistas y gremios advierten como una violación directa del principio constitucional de autonomía universitaria.

Salarios en mínimos históricos

Desde el Frente Sindical Universitario advirtieron que el cierre de 2025 consolidó un escenario crítico. “Cerramos el año con la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada y reafirmada por el Congreso por enorme mayoría, incluso existiendo una cautelar judicial”, señalaron.

El panorama salarial profundiza la crisis: los docentes universitarios acumulan meses sin recomposición, con un 0% de aumento en diciembre, la eliminación del bono y una pérdida sostenida frente a la inflación. “Hay una clara discriminación respecto de otros trabajadores del Estado nacional, en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento”, remarcaron.

Según las estimaciones gremiales, los salarios docentes universitarios se encuentran en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia, hace más de 40 años.


“Está en riesgo el ciclo lectivo 2026”

La nueva secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al describir el escenario: “Están poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de dos millones de estudiantes en todo el país. Con un recorte que ya se acerca al 50% y docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”.

Chevalier sostuvo que el ajuste tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: “Hay docentes que cobran alrededor de 500 mil pesos y no pueden cubrir ni el alquiler ni la comida”. Y agregó una definición política que atraviesa todo el conflicto: “Hay un ensañamiento con la universidad y con la ciencia que no es solo económico: es un enfrentamiento puramente ideológico”.

Alerta por no inicio y conflicto nacional

La posibilidad de un no inicio del ciclo lectivo ya comenzó a instalarse formalmente en el debate gremial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) anticiparon que el escenario de 2026 podría comenzar con medidas de fuerza si el Gobierno insiste en mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —recordaron— “fue votada cuatro veces por el Congreso contra todos los intentos del oficialismo”.

Además, advirtieron que el Ejecutivo podría apelar el reciente fallo judicial que lo obliga a cumplir con la ley, lo que profundizaría el conflicto. “No estamos ante un ajuste más: estamos frente a un intento de destrucción de un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, afirmaron.

Los reclamos también alcanzan a los trabajadores no docentes. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvieron mantener el estado de “alerta y movilización” y advirtieron que, si no hay respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país”.

Con financiamiento en mínimos históricos, salarios pulverizados y una ley vigente que el Ejecutivo se niega a aplicar, el ajuste sobre la universidad pública aparece cada vez menos como una medida fiscal y más como una definición ideológica. En este escenario, el riesgo de un no inicio del ciclo lectivo deja de ser una advertencia retórica y comienza a perfilarse como una posibilidad concreta de alcance nacional.

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