El gobernador Marcelo Orrego participó de la mesa plenaria de Energías y Minería de Argentina Week París y presentó las oportunidades de inversión de San Juan. También mantuvo un encuentro con el CEO global de Glencore, Gary Nagle, y el titular de la compañía en Argentina, Martín Pérez de Solay.

Durante su exposición, el mandatario provincial puso el acento en el crecimiento de la minería metalífera y en la necesidad de acompañar ese proceso con inversiones en infraestructura y conectividad. Según señaló, la provincia tiene comprometidos proyectos por más de US$35.000 millones, varios de ellos en etapas avanzadas o de construcción.

Orrego vinculó esas oportunidades con las condiciones macroeconómicas y regulatorias de la Argentina. “La estabilidad fiscal y la seguridad jurídica”, junto con la eliminación de restricciones cambiarias y el tratamiento de la Ley de Inversiones, conforman, según planteó, un marco favorable para desarrollar minerales considerados estratégicos para la transición energética.

El gobernador subrayó especialmente el papel del cobre, al que definió como un recurso sin sustituto frente al crecimiento de la electrificación y la electromovilidad. “El litio cumple un papel sumamente importante, pero el cobre es estratégico porque no puede ser reemplazado por otro material”, afirmó.

La agenda internacional incluyó además una reunión con la conducción de Glencore, una de las principales compañías mineras del mundo. Del encuentro participaron Gary Nagle, CEO global de Glencore PLC, y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

La compañía mantiene intereses relevantes en la minería argentina y su presencia en San Juan está vinculada con proyectos cupríferos de gran escala, entre ellos El Pachón, una de las iniciativas que la provincia busca impulsar dentro de su estrategia de desarrollo minero.

El Jefe de Gobierno también planteó ante los inversores que el crecimiento previsto para San Juan exigirá ampliar la infraestructura disponible. “Tenemos que mejorar la infraestructura, y mejorar la infraestructura significa también apelar al financiamiento”, sostuvo, al remarcar la necesidad de anticiparse a los requerimientos de nuevos proyectos productivos.

La participación sanjuanina se produjo en el marco de una jornada que reunió a funcionarios, gobernadores, empresas e inversores en distintas mesas sectoriales, entre ellas Energías y Minería, Economía del Conocimiento y Agroindustria.

Para la provincia, la presencia en París forma parte de una agenda destinada a ampliar los vínculos con capitales internacionales y exhibir oportunidades vinculadas principalmente con el cobre, la energía y las obras necesarias para sostener el crecimiento de los proyectos mineros. La reunión con Glencore agregó, en ese aspecto, un componente empresarial concreto a la presentación institucional de San Juan ante el mercado europeo.

El empleo registrado en la construcción cayó 1,1% en solo un mes y quedó en 352.511 trabajadores, según el IERIC. Son casi 4.000 puestos menos que un mes antes y un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese período.

La ocupación formal en la industria de la construcción volvió a retroceder en julio. Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el mes cerró con 352.511 trabajadores registrados, 1,1% menos que en junio.

La variación representa la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo en apenas 30 días y profundiza la distancia respecto de los niveles habituales para esta época del año. El volumen de ocupación quedó 11,5% por debajo del promedio histórico de julio, calculado por el IERIC a partir de los registros correspondientes al período 2011-2025.

La referencia histórica para ese mes alcanza los 398.380 trabajadores formales, de modo que la cantidad actual se encuentra a más de 45.000 puestos de ese nivel medio. El indicador refleja una contracción que excede las fluctuaciones propias de un mes y mantiene al empleo de la construcción por debajo de sus registros habituales.

El retroceso se produce sobre una base laboral que ya había sufrido una fuerte reducción durante los últimos períodos. La evolución del empleo formal constituye uno de los principales indicadores para medir el ritmo de las obras privadas y públicas, dado que la construcción tiene una elevada sensibilidad frente a la inversión y al nivel de actividad económica.

Aun con los números negativos de julio, el IERIC identificó señales tempranas de una posible recuperación en los meses siguientes. Los indicadores preliminares relevados por el instituto anticipan una leve mejora de la ocupación, aunque todavía no permiten establecer si se trata del inicio de una recuperación sostenida.

La oposición pidió formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que vuelve a colocar en el centro del debate el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares. El pedido reúne 32 firmas de ocho bloques y deberá superar ahora el primer obstáculo: alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el recinto.

La convocatoria fue suscripta por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los firmantes figuran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

El punto de mayor impacto político es el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La oposición pretende que Diputados rechace el decreto y, de ese modo, avanzar hacia la restitución del régimen que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El tratamiento parlamentario tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el DNU 70/23. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del decreto. Por lo tanto, si Diputados consigue el quórum y también vota en contra, el Congreso completaría el procedimiento legislativo previsto para dejarlo sin efecto.

La ofensiva legislativa se produjo después del reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal centró su decisión en la falta de legitimación del CECIM para promover aquella demanda y no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo. El efecto práctico fue mantener vigente la derogación de la Ley de Tierras.

La norma de 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% del territorio nacional para la titularidad extranjera de tierras rurales, con topes equivalentes en provincias y municipios. También fijaba límites individuales y prohibiciones específicas para determinadas zonas de frontera y áreas vinculadas con grandes cuerpos de agua.

En simultaneo, el Senado recibió un proyecto de José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino para derogar el artículo 154 y restablecer la legislación sobre tierras rurales. Esa iniciativa deberá seguir su propio recorrido parlamentario.

El segundo punto de la sesión será el proyecto sobre endeudamiento familiar, incorporado al temario como Orden del Día 433. La iniciativa reúne propuestas destinadas a establecer herramientas frente al sobreendeudamiento de los hogares y ya cuenta con dictamen de comisión.

El tercer asunto será la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplada en el Orden del Día 350. También se trata de un proyecto que cuenta con dictamen y que los bloques opositores buscan llevar al recinto en la misma jornada.

La fecha elegida coincidirá además con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, lo que podría concentrar frente al Congreso una movilización vinculada con el financiamiento de las universidades mientras en el recinto se discuten los tres proyectos.

La convocatoria todavía no garantiza la sesión. El primer desafío será reunir los 129 diputados requeridos para el quórum; después, cada iniciativa deberá alcanzar las mayorías correspondientes. En el caso del DNU, el dato determinante será la votación de Diputados: con el rechazo ya expresado por el Senado, una decisión negativa de la Cámara baja completaría el trámite previsto por la legislación vigente.